DE LA CRISIS ECONÓMICA A LA POLÍTICA

Las formas de unidad nacional contra el ajuste de Macri

 

El pasado fin de semana el país asistió a un acto teatral reminiscente de la colonia: el arribo de la Jefa del FMI para evaluar in situ el cumplimiento del Acuerdo stand-by firmado por el gobierno. Un Presidente balbuceante y rendido a sus pies; buena parte de la oposición súbitamente muda y el fragor de una inflación desmadrada completaron la escenografía. El veredicto fue lapidario: más allá de las dificultades del momento, las metas de inflación deberán cumplirse indefectiblemente.

Este acto del drama argentino expone con crudeza la relevancia de “lo económico” en la coyuntura política actual al descarnar la incapacidad del gobierno para eliminar una corrida cambiaria que, a pesar de la calma del momento, continúa acechando amenazante. El gobierno continúa sustituyendo deuda en pesos (LEBACs) por mayor deuda en dólares a corto plazo (LETES) y toma parte de los dólares depósitos de los bancos para financiar al Tesoro nacional. “El mercado” responde con mayor fuga de capitales y creciente dolarización de activos. Así, mientras la ingeniería desplegada para contener la corrida genera más especulación financiera y mayor endeudamiento externo, se vuelve evidente que los dólares “frescos” del FMI no alcanzarán para cubrir, antes de las elecciones de 2019, los vencimientos de la deuda externa de corto plazo. Su reestructuración y el refinanciamiento de sus intereses se darán en una coyuntura financiera internacional de alta volatilidad y signada por la amenaza de una guerra comercial. Esto permite anticipar una creciente dificultad para obtener nuevo financiamiento externo y contribuye a la desconfianza del “mercado” y la inminencia de una nueva corrida cambiaria. Sin embargo, esto no es todo. La visita de Lagarde ha colocado a la fragilidad de las instituciones democráticas en el centro del escenario político, contribuyendo así a aumentar la combustión de la crisis económica.

Dos días después de la partida de la Jefa del FMI, el gobierno anuncio su intención de militarizar la seguridad interna modificando por decreto el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad y defensa del país. Así, no dejó dudas sobre su voluntad de atropellar la legislación vigente que hizo posible el mantenimiento de las Fuerzas Armadas en sus cuarteles a lo largo de los últimos treinta años de vida democrática. En su desesperada fuga hacia adelante, Macri trata de convencer a la “comunidad internacional”, al “ mercado” y al poder económico que constituye su principal base de apoyo, que tiene “la sartén por el mango” y puede contener la protesta social que se anticipa. El despliegue de la tropa militar será ahora la garantía del Acuerdo firmado con el FMI. Los ecos de un caótico pasado represivo no tan lejano inundan el momento actual e imponen un nuevo ritmo al drama argentino. La historia demuestra que el uso abierto de la coerción en la resolución de los conflictos sociales de un país tiene un costo muy alto: la pérdida de legitimidad de la “autoridad” y más específicamente de las instituciones que reproducen la gobernabilidad. La violación de la legalidad vigente por un decreto que modifica el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna contribuye a iluminar la gravedad de la situación actual y anticipa el posible desencadenamiento de una crisis política a corto plazo, cuyo desenlace es impredecible.

Desde los orígenes del tiempo, la humanidad ha enfrentado el drama de la desposesión y de la dominación buscando gobernabilidad social a través de distintas formas de organización social, política y cultural. En el mundo occidental las instituciones democráticas hicieron posible durante mucho tiempo una gobernabilidad asentada en el principio del “gobierno del pueblo y para el pueblo,” y de la consagración del Interés General de la sociedad por encima de los intereses sectoriales en pugna. En nuestro país, esta síntesis superadora de los conflictos sociales no ha ocurrido, y la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas ha sido una constante durante la mayor parte de nuestra historia.

Finalizada la guerra civil a mediados del siglo 19, se articuló un proyecto de país que impulsó los intereses de los sectores económicos más poderosos basados en la provincia de Buenos Aires y su puerto, en detrimento de los intereses del resto de la población. A poco de andar se hizo evidente que este proyecto no era capaz ni de conciliar entre si a las distintas demandas económicas y políticas de los segmentos dominantes, ni de legitimarse frente al conjunto de la sociedad incorporando las demandas de los sectores más pobres. Estas carencias dieron lugar a conflictos crecientes en un contexto político caracterizado por la sistemática incapacidad por parte de los más ricos y poderosos de llegar al gobierno a través de la vía democrática. Y como la historia de un pueblo no puede ser controlada a perpetuidad a través de la coerción abierta, los sectores sociales que tienen menos y siempre son los más, encontraron el modo de articular un proyecto de país más inclusivo en lo económico, lo político y lo social, y de llegar al gobierno a través de la vía electoral.

El yrigoyenismo primero y luego el peronismo constituyeron los movimientos sociales que —nucleando respectivamente a las clases medias y a la clase obrera— llegaron por la vía democrática al control del Estado. Sendos golpes militares terminaron con estos intentos de cambio de la estructura de poder.

Se configuró así una paradoja que explica el estancamiento económico argentino desde 1930 en adelante: el recurrente enfrentamiento entre los sectores dominantes, y entre estos y los sectores populares, por imponer proyectos de poder diferentes y a veces antagónicos, en un contexto político en el que los sectores populares podían llegar al control del Estado y de sus recursos a través del sistema electoral. De ahí el fraude, la proscripción política y la expresión cruda y sin atenuantes de la voluntad de poder de los sectores más poderosos de la economía ejercida a través de los golpes militares y la presión corporativa de las grandes empresas ubicadas en distintos sectores de la economía. Esto configuró un escenario político caracterizado por la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas.

Conciliar intereses significa hacer concesiones, postergar o renunciar parcial o totalmente a ciertas ventajas económicas y políticas inmediatas a fin de lograr beneficios mediatos y de largo plazo. Esto hace posible alianzas donde todos los involucrados ceden algo en lo inmediato para lograr un beneficio común a la Nación en un futuro. Implica pensar al país como un todo que incluye a la población desposeída y olvidada y no simplemente como un agregado de individuos compitiendo para acrecentar sin límites los bolsillos propios a costa de la desposesión ajena. La conciliación de intereses y la búsqueda de consenso remiten a la consideración crítica del rol de la producción, la apropiación y la distribución del excedente en la construcción de una Nación y en la participación relativa de los distintos estratos de su población en los beneficios derivados del crecimiento económico. Estas problemáticas han estado ausentes en la resolución de los conflictos a lo largo de la mayor parte de nuestra historia, agudizándose así la perdida de legitimidad institucional y desembocando, en un pasado no tan lejano, en la terrible aberración del Terrorismo de Estado. Su derrumbe abrió un periodo de 30 años de funcionamiento de las instituciones democráticas, con elecciones libres y sin proscripciones políticas. Esto fue posible porque durante todo este periodo, la lucha por consolidar el Estado de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos fue permanente y sin claudicaciones, obligando a los militares a desempeñarse en las funciones que les asigna la legislación vigente. Sin embargo, este mismo periodo democrático también se caracterizó por la injerencia endémica de los servicios de inteligencia en la vida política y en la manipulación de los tres poderes del Estado, por la existencia de vastas redes de clientelismo y corrupción, por el bloqueo de la representación tanto dentro de los partidos políticos como de los sindicatos y por la fragilidad de la libertad de expresión. Macri y su gobierno han desnudado todas estas falencias institucionales y han puesto en evidencia una vasta estructura de relaciones mafiosas que, como un Estado en las Sombras, se reproduce oscuramente dentro de las instituciones democráticas, las vacía de contenido y asegura la imposición de intereses específicos de poder y de dinero que son la antítesis del Interés General de la sociedad.

Liderando una coalición de partidos políticos apoyada por las fracciones más poderosas del capital y por sectores de las clases medias, Macri llego al control de los resortes y recursos del Estado a través de su triunfo electoral en diciembre de 2015. Sin embargo, gozando de legitimidad de origen este gobierno se dedicó a destruir en forma sistemática la legitimidad de las instituciones democráticas. Sus políticas económicas traicionaron las promesas de la campaña electoral. La pobreza cero, los brotes verdes y la transparencia fueron sustituidos por una política económica basada en enormes y despiadadas transferencias de ingresos y riqueza desde los que menos hacia los que más tienen y en el acelerado e impune enriquecimiento de un grupo de familiares, amigos y entenados distribuidos en puestos clave del Estado nacional y de varios provinciales. Como si esto fuera poco, acumulando un poder político y económico inédito, Macri y su gobierno pretendieron naturalizar la coerción y las redes mafiosas que corroen desde tiempo atrás a las instituciones. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, los fusilamientos por la espalda, el armado de causas judiciales y la prisión preventiva de dirigentes de la oposición, la represión de la protesta social, las operaciones mediático/judiciales para ocultar la corrupción oficial y apretar o reprimir a dirigentes opositores, la anulación del disenso a través del blindaje mediático, las noticias falsas y el relato único y la reproducción del clientelismo a lo largo y a lo ancho del país son formas de coerción que buscan naturalizar el disciplinamiento social y garantizar la permanencia de la alianza gobernante en el poder.

Ante la creciente erosión del Estado de Derecho, la lucha salvaje entre las fracciones locales del capital (extranjero y nacional) que dominan los sectores estratégicos de la economía y determinan monopólicamente los precios, detonó la desestabilización del gobierno que los representa. Como ha ocurrido a lo largo de los últimos treinta años de vida democrática, esta lucha que tiene por norte la apropiación de una mayor cuota de los ingresos de la población ha desembocado en una inflación imposible de doblegar. Asimismo, reiterando las formas de presión sobre el poder político ejercidas contra todos los gobiernos democráticos, esta lucha desembocó en una corrida cambiaria que habría de anticipar en vísperas de las elecciones de medio término, los acontecimientos iniciados en abril de este año. En consecuencia, hoy la economía está a las puertas de la hiperinflación y se precipita en una recesión de magnitud desconocida mientras la amenaza latente de otra corrida cambiaria y de un default a corto plazo se agolpan en el horizonte. Esto ocurre al mismo tiempo que estallan dos escándalos políticos que dinamitan la credibilidad del gobierno: el caso del intendente Varisco en Paraná y el de los aportantes truchos a las campañas electorales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. El primer caso ilumina la relación que existe entre el clientelismo político impulsado por la alianza Cambiemos, el funcionamiento de la municipalidad de Paraná y las redes mafiosas del narcotráfico. A su vez los aportes truchos no sólo ponen en evidencia el robo con fines políticos de las bases de datos que poseen distintas dependencias del gobierno nacional, sino también la inescrupulosidad en el despojo de la identidad de los propios militantes de Cambiemos y la elaboración de un método destinado a lavar sistemáticamente el dinero utilizado en las campañas electorales. Esto apunta al origen oculto y posiblemente delictivo del dinero utilizado. De este modo, y a pesar del blindaje mediático, el periodismo independiente logró arrojar un potente haz de luz sobre la relación existente entre el clientelismo político y las mafias, y más precisamente, sobre la corrupción de las instituciones democráticas por el propio gobierno.

Este gobierno ha conducido al país a un callejón sin salida. El futuro que promete el Acuerdo con el FMI es el de un país saqueado e inviable, crecientemente conflictivo y militarizado con el objetivo de contener la protesta social. Este futuro no es sólo de coerción abierta. Por el contrario, un elemento central es el solapado vaciamiento de ideas y de propuestas alternativas, la confusión y la desarticulación de recursos y resortes del Estado que son imprescindibles para concretar una salida alternativa al Ajuste. El gobierno convoca a los gobernadores y a sectores de la oposición a fin de lograr un pacto que permita la gobernabilidad en la implementación del Ajuste, que busca naturalizar, y el consiguiente endeudamiento externo, volverlos inevitables e inamovibles, blindarlos de la posibilidad de un cambio.

Esto obliga a la oposición a definirse respecto a las propuestas para salir de la crisis y a la búsqueda de nuevos caminos que permitan la unidad nacional contra el Ajuste. La definición de candidaturas y la búsqueda de alianzas entre grupos y desprendimientos de partidos políticos son necesarias e inevitables. Sin embargo, no pueden justificar la indefinición respecto a cómo salir de la crisis, ni excluir la búsqueda de otros campos de acción que permitan potenciar las energías y avanzar en el camino de la unidad nacional contra el Ajuste. La unidad de los sectores de la oposición en las movilizaciones y en la protesta en la calle es absolutamente indispensable. Sin embargo, tampoco agota la necesidad de buscar el consenso a través de otros medios y formas de organización que permitan dar mayor permanencia y continuidad a la lucha. En este sentido, la inflación desmadrada y el tarifazo adquieren cada vez más importancia política. Expresan la relación de fuerzas que domina la coyuntura política y castigan a todos los sectores sociales. Al mismo tiempo, brindan la posibilidad de construir espacios que permitan concretar un frente entre las organizaciones que representan a distintos sectores de la oposición, la movilización organizada y permanente, desde abajo y hacia arriba, y en distintos “territorios”: desde los barrios, las cadenas de valor, y los municipios hasta las provincias y la Nación. Estos espacios pueden hacer posible la construcción de consensos y de alianzas entre sectores sociales con intereses inmediatos diferentes y contradictorios. Al mismo tiempo, pueden permitir la construcción de formas de participación y control de gestión que constituyen la antítesis del clientelismo. Este camino no se agota en una elección. Sin embargo, contribuirá a recuperar el funcionamiento democrático de nuestras instituciones.

7 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Elocuente análisis, Mónica.
    No obstante, si ello fuere posible, habrá de cuidarse muy bien de los traidores, esos que valen por unos cuantos.
    Además, cabría buscar las formas de reformar la constitución para evitar que circunstanciales cipayos, ocupando puestos claves, vuelvan a entregar el país. Naturalmente, no alcanzaría sólo con una reforma constitucional, si quienes van a velar por su cumplimiento son los mismos jueces que, conforme las circunstancias, resultan la garantía final del saqueo y la entrega.
    La reforma del Poder Judicial en forma profunda, es a esta altura de la soiree, imprescindible. Y, hasta tanto no esté asegurada esa independencia y apego al estricto cumplimiento de las normas jurídicas y legales, al menos, sus sueldos no deberían resultar intangibles, ya que hasta el día de hoy se los pagan los que padecen sus procederes, no quienes se benefician de ello. Además, por el principio de igualdad ante la ley: a pagar impuesto a las ganancias muchachos, sin excepciones.
    Ciertamente, tampoco se podría avanzar sin una ley de medios de comunicación que suprima definitivamente los monopolios.
    Por si fuera poco, para que resulte creíble y ciertamente efectivo como uno de los poderes del Estado, no podrían ocupar bancas de diputados y/o senadores, aquellos que, a través de su proceder ocupando dichos puestos, hayan colaborado por acción u omisión, en el saqueo y empobrecimiento de un país.
    Tampoco se debería soslayar una profunda reforma de las fuerzas armadas con ámbitos estrictamente delimitados de procedimientos y el juramento sanmartiniano que jamás empuñarán sus armas contra su propio pueblo.
    Va de suyo, que no puede quedar fuera de ello, otra reforma imperiosa, referida a las fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios, tan emparentados con todo el crímen organizado y lacayos serviciales del poder económico a la hora de dar palos.
    Respecto del único poder intocable, el económico, cuanto menos, cabría imponer una ley que los obligue a colaborar efectivamente con el crecimiento sostenido del país: el 82% de la ganancia no invertida (salarios, inversiones y compras locales, ampliación de fábricas, etc.), automáticamente pasa al fisco. Que continúen de fiesta sólo con el 18% de ella.
    Algo como para empezar a dialogar, sin agotar la agenda que puede ser ampliada.
    Habrá que ver si el Imperio lo permite, porque al decir de Víctor Heredia en su canción «El misterioso Dragón»:
    La colina hay que subir,
    nada es sencillo aquí,
    y ante todo está EL DRAGON

  2. Pedro Reig dice

    Muy excplícito como esclarecedor. Pregunto: ¿Este tipo de artículos lo leen los asesores «del mejor equipo de los últimos cincuenta años?

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