De la exclusión a la inclusión social

La agenda de urgencias que deberá atender el nuevo gobierno tras cuatro años de macrismo

 

A partir de las sucesivas crisis económicas, de los efectos no deseados de la globalización, del resurgimiento de sentimientos xenófobos y de rechazo a la inmigración, de la expulsión de trabajadores originada a partir del incremento de la productividad laboral y de la longevidad de las personas, en los últimos años el término exclusión se ha aplicado de forma gradual a un número cada vez mayor de categorías de vulnerabilidades sociales, redefiniendo su alcance para abarcar a nuevos grupos y situaciones sociales.

Hoy en día la idea de exclusión abarca situaciones que se presentan en diversos ámbitos, no solo en aquellos relacionados con aspectos económicos o sociales sino también con aspectos vinculados con la ciudadanía y la moral. En ese sentido, la exclusión tiene lugar cuando se priva a los individuos de los medios normales para la manutención de una vida digna; del acceso a la propiedad individual, al crédito, a la tierra o a la vivienda habitación; de la obtención de un empleo seguro y permanente; de ingresos mínimos y de un nivel básico de consumo; de acceso a la educación, a las calificaciones profesionales y al capital cultural que le provean una oportunidad para el ascenso social; de la generación y del disfrute de los bienes públicos; de la condición de ciudadano y de igualdad ante la ley; del ejercicio cívico periódico a partir de la intervención en el proceso democrático; de la pertenencia a una familia; de la sociabilidad y del trato humano, el respeto, la realización personal, la comprensión. Asimismo, la palabra exclusión no solo abarca los efectos del desempleo a largo plazo o crónico, los efectos de la minusvalía física o mental, los sentimientos de los inmigrantes o la sensación de no poder afrontar con dignidad una vida moderna y competitiva, sino también la creciente inestabilidad de los vínculos sociales.

Por otro lado, las situaciones de dominación e injusticia más insoportables suelen padecerlas los que no poseen información, voz o ámbito donde esta sea escuchada. La exclusión, ya sea activa o pasiva, resulta el medio más efectivo para mantener el poder y los privilegios entre determinados grupos.

Para prevenir el fenómeno de la exclusión se requiere una concepción de la justicia social diferente de la que intentan plantear los sectores dominantes de la sociedad. Como enseña Adela Cortina, el llamado “Estado de bienestar” debe mutar hacia un Estado de Justicia que satisfaga las exigencias de la ciudadanía social, entendiendo como ciudadano aquel que, en una comunidad política, goza no solo de los derechos civiles y políticos —vinculados con el ejercicio de la libertad individual y la participación política—, sino también de los derechos sociales, cristalizados a partir del acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud y a las prestaciones sociales en tiempos de especial vulnerabilidad. Estos derechos sociales deberían estar asegurados por el Estado nacional, entendiendo a este como el Estado social de derecho. Tanto la Constitución Nacional y las convenciones internacionales así como la mayoría de las cartas magnas de las naciones democráticas establecen el principio de igualdad entre quienes la integran. Esa igualdad es una derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido político.

La pelea por la igualdad es, ha sido y por largo tiempo seguirá siendo la lucha por la inclusión de los que menos tienen. Al decir de Karl Marx: “Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta».

 

Foto Prensa FOL/ ANRed.

 

Producto de la irrupción en nuestro país del neoliberalismo en el escenario nacional, desde 2015 la pérdida de derechos alcanzó niveles grotescos, generando una nueva oleada de excluidos, producto de la desocupación, la disminución de salarios, la perdida de poder adquisitivo de los beneficios sociales, el incremento desmesurado de las tarifas de los servicios públicos, la liberación del precio de los medicamento y la devaluación constante que dio pie a la virtual dolarización de economía, entre otros males. Estos nuevos excluidos serán los parias del futuro si no se ataca el problema en forma inmediata. Luego de haber alcanzado niveles de inclusión inéditos hasta 2015, ha reaparecido el hambre en el seno de la sociedad argentina. Sin duda esta es la prioridad y así ha sido resuelto por el Presidente electo.

Pero esa inexorable prioridad no puede ni debe ser la única emergencia a afrontar. Es inexcusable resolver inmediatamente la necesidad alimentaria, pero es también prioritario atacar, en paralelo, la pobreza. Para ello, las políticas de seguridad social adquieren una relevancia muy especial.

El incremento del monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la incorporación a ese beneficio a más de un millón de niños que actualmente no la perciben requiere una política focal donde hay un campo de acción que puede ayudar a la reducción del hambre entre los que más necesitan. El incremento de las prestaciones de los discapacitados, que en la actualidad perciben $ 9.056 mensuales, la transformación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto asciende hoy a $10.350, y por supuesto las jubilaciones y pensiones, donde de los 7.111.523 jubilados y pensionados 4.527.974 tienen serias dificultades para acceder a la canasta básica alimentaria, complementan un cóctel de necesidades a atacar en lo inmediato.

Nuestro país ha suscripto y ratificado infinidad de acuerdos internacionales en los que se protege el derecho a la seguridad social, siendo los más trascendentes la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Todos ellos tienen lo que algunos doctrinarios llaman carácter supraconstitucional, y por ende son de cumplimiento obligatorio.

En todos estos pactos la idea subyacente es que en materia social, económica y cultural, los tres poderes del Estado tienen la obligación de observar la progresividad de las normas económicas, sociales y culturales. En palabras simples, el Estado se compromete a no tomar ninguna medida que restrinja derechos y que todas las decisiones deben garantizar un estadio superior al alcanzado hasta ese momento.

De más esta decir que, sistemáticamente, el gobierno macrista ha violado este principio de progresividad, haciendo que los sectores populares pierdan gran numero de derechos en un periodo muy corto de tiempo.

 

Foto Prensa FOL/ ANRed

 

Los beneficiarios de la seguridad social son centralmente trabajadores que han perdido la capacidad de prestar servicios efectivos, o futuros trabajadores a quienes tenemos que cuidar de forma que preserven su capacidad laboral para reemplazar, en el futuro, a los trabajadores actuales.

Lo que más dignifica a una persona es su cualidad de trabajador y ello significa prestar un servicio o haberlo prestado o prepararse para prestarlo en el futuro, cobrando una remuneración por ello. Por lo tanto, todos los males sociales como la pobreza, la indigencia y la crisis alimentaria se resuelven a partir del cobro de un salario con contraprestación de un servicio, o una jubilación o pensión digna para quienes ya no tienen capacidad de prestar el servicio, o con una asignación, como la AUH a los niños que serán los futuros trabajadores. Esta es la verdadera revolución social que tenemos que afrontar en estos tiempos, generar trabajo u otorgar una prestación social a cambio de un servicio —pasado en el caso del jubilado, o futuro en el caso de los niños—, de manera de cristalizar en los beneficios de la seguridad social un sentido de justicia que entrañan.

Si tenemos la capacidad de marcar un camino y no apartarnos de él, podremos entonar juntos el final de la la Oda al hombre sencillo de Pablo Neruda:

Yo sé hacia dónde vamos,

y es esta la palabra:

no sufras

porque ganaremos,

ganaremos nosotros,

los más sencillos,

ganaremos,

aunque tú no lo creas,

ganaremos.

 

 

 

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2 Comentarios
  1. Lucas Varela dice

    Estimado Dr. Miguel Fernandez Pastor, su escrito es impecable. Usted, simplemente , marca el camino.
    Muchas gracias.

  2. María Costa dice

    Gracias Dr. por ser una persona de bien. Gracias.
    Estoy leyendo su nota a mi mamá de 80 que a veces lamen8no entiende la gravedad de la situación.
    Saludos

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