De la seguridad a la soberanía alimentaria

¿Pandemia y radicalización?

En el principio existía la palabra

El primero de marzo de 2020 el Presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones de la asamblea legislativa. En un compacto discurso de poco menos de hora y media, pasó inadvertida una precisión conceptual que utilizó para describir el drama del hambre en nuestro país: la seguridad alimentaria. Expresó Alberto:

“La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que la inseguridad alimentaria tuvo un incremento del 71 % entre 2015 y 2018 en nuestro país, y fue uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial”.

Sutil, casi imperceptiblemente, estaba definiendo el marco conceptual que definiría el camino a transitarse en términos de producción de alimentos. ¿Qué es la seguridad alimentaria? En un documento de 2006 la FAO la define así: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” [1]. El concepto surgió en la década del ’70 del siglo pasado, originalmente vinculado a la producción y disponibilidad de alimentos a escala global y nacional. En los ’80 el concepto añadió la idea del acceso a dichos alimentos y finalmente en los ’90 la definición incorporó la inocuidad de los mismos. La elaboración actual del concepto se desarrolló en la Cumbre Mundial de la Alimentación, que se celebró en Roma en 1996.

Por lo tanto, la seguridad alimentaria se podría reducir a la política necesaria para hacer frente a una necesidad: el hambre. Frente a ese panorama se lanzó desde la cartera manejada por Daniel Arroyo el plan Argentina contra el hambre. El plan se encuentra en el marco del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, creado en 2003. Lógicamente, una política pública, inscripta en el marco de conceptual fijado por los organismos internacionales.

Sin embargo, en la misma década que el concepto de seguridad alimentaria alcanzaba su definición actual, los movimientos sociales indígenas y campesinos avanzaban en el desarrollo de un concepto que definiera más concretamente sus inquietudes. En el debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, Vía Campesina propuso el concepto de soberanía alimentaria.  La página de la Vía Campesina la define de la siguiente manera: “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros”. Esto incluye por un lado priorizar la producción agrícola local, el acceso de los campesinos sin tierra a las tierras, al agua, a las semillas y al crédito. Por otro el derecho de los campesinos a decidir qué alimentos producir y “la participación de los pueblos en la definición de política agraria”. Es decir, hay un salto sustancial entre los conceptos de seguridad y de soberanía alimentaria. Si el primero se reduce a garantizar el consumo de alimentos, el segundo incorpora definiciones respecto a las condiciones de producción de dichos alimentos.

Las organizaciones campesinas e indígenas del país transitaron la construcción territorial y política del concepto durante más de veinte años. Finalmente, en mayo del año pasado, en el estadio de Ferrocarril Oeste convocaron un foro para acercar posiciones. La apuesta política se bautizó: Foro Nacional por un Programa Agrario y Popular. La soberanía alimentaria se consolidó como una posición común para el casi centenar de organizaciones que participaron del debate.

 

 

Pandemia y oportunidad

La situación de Vicentin se dio a conocer en las primeras semanas de febrero de este año. Inmediatamente, el 13 de febrero, las organizaciones campesinas nucleadas en el Foro Nacional por un Programa Agrario y Popular publicaron un documento que destacaba la oportunidad histórica. El sugestivo título fue “Propuesta política para que Vicentin sea YPF”. Y concluía: “En definitiva, que Vicentin se transforme en un Empresa Nacional con participación del Estado, que intervenga en el Comercio Exterior, bregando por un modo de producción diferente, con Soberanía Alimentaria, sustentable e inclusivo, que cuide las divisas que tanto cuestan a nuestro país, y que mejore la inserción de pymes, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas en el comercio exterior”. El documento parecía perderse en la maraña de noticias cotidianas.

Veinte días después de la apertura de sesiones de la asamblea legislativa, la llegada de los primeros casos de coronavirus cambió rotundamente el escenario. Se anunció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que puso sobre la mesa la necesidad de garantizar una logística alimentaria. A poco de andar el gobierno realizó un nombramiento en un área que —en condiciones normales— probablemente hubiera pasado desapercibido, pero que en el marco de la cuarentena se volvió clave para garantizar el abastecimiento de alimentos en el área metropolitana. Al frente del mercado central se designó a Nahuel Levaggi, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones que forman parte del Foro Nacional por un Programa Agrario y Popular. Un guiño, sí. Pero también un pedido de auxilio a un actor que podía dar soluciones concretas.

El pasado lunes 8 de junio sorprendió la noticia de la conferencia de prensa por la expropiación de la multi implantada cerealera Vicentin, sexta agroexportadora del país. Luego de explicar la situación y de anunciar la intervención de la empresa, Alberto Fernández enunció: “Estamos dando un paso a la soberanía alimentaria”. ¿Casualidad? No, lo que hubo fue un desplazamiento discursivo, un nuevo concepto ingresó el lunes a la definición de políticas públicas. Por primera vez el Presidente utiliza la elaboración conceptual de los movimientos campesinos.

Hasta ahora la intervención de Vicentin genera más preguntas que certezas. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay un largo trecho, pero si hay algo que podemos afirmar es que las organizaciones sociales, después de varias décadas, ya ganaron. Pusieron en disputa una terminología y lograron instalar en un discurso presidencial un programa de acción.

 

 

 

* Profesor de Historia. Doctorando en historia y maestrando en Estudios Culturales de América Latina (ambos en la Universidad de Buenos Aires). Investiga las reformas agrarias en América Latina, fundamentalmente en el área centroamericana.

 

 

[1] Citado en Gordillo, Gustavo y Obed Méndez Jerónimo (2013). Seguridad y Soberanía alimentaria. Documento base para discusión. FAO.

 

 

5 Comentarios
  1. Nelson Castillo dice

    Por supuesto, se introdujo un nuevo concepto en el discurso público; sin embargo, ello implica ser consecuente.
    La Seguridad Alimentaria reduce el problema a una cuestión técnica en un marco desarrollista (industrializante), esto es, a la provisión de bienes para satisfacer la demanda. Se puede recurrir a la celebración de Tratados de Libre Comercio y/o la importación de alimentos (esto puede conllevar desestímulo para la producción local, relativo a la estructura internacional de precios, la sujeción a mercados y, paradójicamente, «inseguridad» alimentaria).
    La soberanía implica formas de ser (estar, producir, consumir, decidir, convivir, participar, valorar, sentir, soñar) autónomas y enfoques territoriales a la hora de planificar («asegurar») las formas de existencia rural.
    Planteado en términos de política pública, seguridad y soberanía alimentaria resultan en antítesis y toda antítesis se resuelve haciéndola imposible (eliminándola). Es bastante problemático plantear la coexistencia de la servidumbre (empleo, salario, ocupación, jornal) con la autonomía y la soberanía… es menester decidir (ser consecuente).

  2. p.b. dice

    Intervención de Vicentín: salvataje al agronegocio. Un paso más hacia la legitimación del modelo ¡Nada que festejar!

    Las y los abajo firmantes nos posicionamos públicamente ante la intervención de las empresas Vicentín, dejando bien claro que esta medida no es ningún paso hacia la soberanía sino todo lo contrario, ya que legitima desde el mismo Estado al modelo del agronegocio. Nuestro posicionamiento contra el agronegocio y a favor de la agroecología como único camino productivo, social y ambiental hacia la soberanía alimentaria, nos lleva a evaluar la medida de manera integral, evitando festejar por un mero cambio de manos.
    La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su política alimentaria “priorizando la producción agrícola de alimentos sanos y suficientes a nivel local para la población, el acceso de los/as campesinos/as a la tierra, al agua, a las semillas y a los medios necesarios para la producción” (Vía Campesina). La empresa Vicentín es un ejemplo en el desarrollo de un modelo agrícola que utiliza semillas transgénicas y agrotóxicos, que promueve la concentración de la tierra y la exportación de commodities, todos estos principios contrarios al concepto que han difundido organizaciones como Vía Campesina.
    Junto con esto, ninguno de los anuncios oficiales nos lleva a pensar en la posibilidad de discutir cuál es la forma deseable de producir alimentos. Según lo conocido hasta ahora, el organismo fiduciario de Vicentín será YPF Agro y su interventor Gabriel Delgado. Aquí dos muestras claras de la intencionalidad gubernamental, ya que YPF Agro es la pata sojera de YPF que avanza en la investigación y producción de agro-combustibles. Mientras, Delgado es un público defensor del modelo biotecnológico agrario contaminante, destructor de montes, saqueador de tierras y explotador de la clase trabajadora, y ex-Secretario de Agricultura en el segundo mandato de Cristina Fernández. La información oficial escasea, pero no obstante sabemos que la supuesta expropiación del holding Vicentín no será tal. Aparecen dos posibles escenarios en el horizonte: el Estado realizando un salvataje financiero para luego devolverla a manos privadas, o intentando construir una nueva YPF, que se rige por legislación internacional y que expolia nuestros territorios como cualquier empresa completamente privada. Nuestra posición en defensa de los puestos laborales y por un ambiente sano, no cambia.
    Tomando cualquiera de estas dos posibles medidas, el Estado argentino se garantiza ser parte del agronegocio, al menos por un tiempo, y así obtener divisas de manera segura. Comprar Vicentín no significa que controlarán el agronegocio, sino que se sentarán en la mesa del mismo. Para la lógica capitalista del Estado la medida es correcta, ya que contribuye al cumplimiento de su objetivo de obtener dólares para el pago de la deuda. Es más, la última propuesta del gobierno nacional de renegociación de la deuda externa, fue ofrecer un cupón atado a las exportaciones agrícolas del país, en vez de vincularlo al PBI (Producto Bruto Interno), como se hizo históricamente. Pero hay que ser claros, los objetivos e intereses del Estado no son los nuestros. Además, será la población en general la que pague la compra de la empresa (varios miles de millones de dólares) y la condonación de la deuda que tienen con el Banco Nación (más de U$S 1.300.000.000), por lo cual la población será la que pague.
    El gobierno nacional se encargó de decir que la intervención del holding es un paso más hacia la soberanía alimentaria, algo festejado por distintas organizaciones políticas ligadas a aquel, incluyendo parte del movimiento campesino del país. No esperamos nada de un gobierno extractivista y pro-capitalista, pero sí lamentamos profundamente que organizaciones que luchan o lucharon en su momento por la soberanía alimentaria (algunas hasta han construido este concepto), contra el modelo biotecnológico agrario y la explotación de nuestra clase social, ahora reivindiquen la intervención de un gigante sojero para acceder a dólares para pagar la fraudulenta deuda externa, “celebren” esta intervención y que digan que es un paso hacia la soberanía alimentaria. Estas expresiones no hacen más que hacerle el juego al agronegocio, ya que confunden no sólo a la población, sino también a los diversos espacios que se referencien con aquellas.
    Es ya de público conocimiento que los agrotóxicos debilitan nuestro sistema inmunológico, y esto nos expone a contraer enfermedades, no sólo el COVID-19, como lo demuestran gran cantidad de estudios científicos.
    En síntesis, quienes luchamos contra el agronegocio y por la agroecología, tenemos muy en claro que no se puede estar de acuerdo con ambos modelos productivos, ya que son antagónicos y la existencia de uno –el agronegocio- no permite la existencia del otro. Hoy nos vemos con gran cantidad de iniciativas agroecológicas surgidas desde abajo, pero al vivir en un país, y una región, envenenada, sabemos que la deriva es incontrolada y por eso toda iniciativa agroecológica siempre está afectada por los agrotóxicos.
    Nos solidarizamos con los/as trabajadores/as, y nos sumamos a la lucha por la Defensa de los puestos de trabajo. Exigimos que, no sólo mantengan su trabajo, sino que también mejoren sus condiciones laborales, hoy sujetas a una clara precarización basada en su exposición a los agrotóxicos.
    Una vez más desde los distintos poderes fácticos y formales nos quieren dar el lugar de asistentes ante una disputa por la renta agraria, como ocurrió en 2008 con la Resolución 125 por las retenciones agrarias.
    Pero al igual que en ese conflicto, hoy también emergen muchas otras voces que expresan que el agronegocio, nacional o transnacional, privado o estatal, nos mata igual. ¡¡No queremos agronegocio en nuestros territorios!!
    Nuestra respuesta es que seguiremos construyendo colectivamente una salida basada en la producción y el consumo agroecológico, sin explotadores/as ni explotados/as, el cual consideramos el único camino posible por el cual avanzar hacia una sociedad justa, que respete el ambiente en general, del cual formamos parte.

    Multisectorial contra el agronegocio – la 41
    Agrupación Docente Coral
    Agrupación Lila en la Conducción de Suteba Marcos Paz
    Las Floras Libertarias
    Manada Ecofeminista la Tierra que nos parió
    SUBVERSIÓN

  3. Ecotopias dice

    Que desorientada esta gente del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria

  4. Marina fattorello dice

    Exelente comentario del frente de lucha por la soberania alimentaria, argentina

  5. Pablo B. dice

    SOBERANÍA ALIMENTARIA, AUTONOMÍA Y EXTRACTIVISMO (A partir del anuncio sobre Vicentín)

    Por Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria, Argentina.
    Junio 2020

    Si hay algo que hasta hace unos días quedaba claro para una buena parte de la población, es que la pandemia del COVID 19 vino a poner sobre la mesa la urgente y necesaria transformación que debemos realizar para vivir de una forma más saludable y para dejarles un mundo mejor a las futuras generaciones. El aspecto socio ambiental cobró importancia y la alimentación, como pilar fundamental de una sociedad, se ganó un lugarcito de debate en muchos ámbitos como el periodístico, el académico, el institucional, y también en la esfera familiar. Las ollas, los comedores, los nodos de consumo local, las compras directas de bolsones a productores familiares y ecológicos, todas iniciativas coordinadas desde la organización popular, demostraron que si hay algo de lo que no podemos prescindir es de un circuito alimentario del y para el pueblo.
    Volvimos a pensar, entonces, en la alimentación y en el ambiente, dos aristas que recién cuando se articulan con la idea de independencia y autonomía, nos permiten comenzar a hablar de Soberanía Alimentaria: el poder de decidir y definir, como comunidades, de manera autónoma, nuestros sistemas o circuitos alimentarios. Si bien el concepto de Soberanía Alimentaria ya ha sido explicado vastamente con el fin de arrojar luz a los debates en torno al tema “Vicentín”, no viene mal resaltar que dicho concepto no tiene más de una acepción. Según la definición de la Vía Campesina es “el derecho de los pueblos del mundo a diseñar sus propias políticas agroalimentarias, promoviendo la producción y distribución de productos campesinos en los mercados locales, conforme a las exigencias y necesidades de las poblaciones, respetando el medio ambiente y los derechos de lxs campesinxs y consumidorxs. Hacer realidad la Soberanía Alimentaria significa preservar las semillas, cuidar el agua, los bosques y la biodiversidad. Implica promover ferias, intercambio de producción, exigir precios justos y recuperar las comidas sanas y propias de cada territorio. La soberanía alimentaria exige participación, organización colectiva y autonomía en la construcción de las decisiones que afectan a las comunidades”. Es esta la definición la que nos representa y por la que luchamos, no solo los campesinos que están en el centro del circuito alimentario y ocupan un rol esencial, sino miles de organizaciones y movimientos de agricultores, de huerteros, de pueblos originarios; movimientos de consumidores y emprendedores, asambleas socioambientales, colectivos de pueblos fumigados y comunidades en defensa del agua pura, todos en acción constante y conscientes de la necesidad de un cambio de modelo hacia el Buen Vivir, para dejar de morir en nombre del Progreso, de la Economía y del Desarrollo.
    Dicho esto, nos sorprendió que el Presidente Alberto Fernández mencionara a la Soberanía Alimentaria como un objetivo en la intervención y posible expropiación de una empresa que por naturaleza y por estructura está en las antípodas de la alimentación, del cuidado del ambiente y de la autonomía de los pueblos. Vicentín representa, al igual que Syngenta, Bayer/Monsanto, Cargill o cualquiera de las agroexportadoras, al modelo ecocida de Agronegocios y de dictadura alimentaria (dos caras de la misma moneda) que arrasa con montes y familias rurales para hacer monocultivo y para contaminar, a la vez que nos obliga a todxs a depender del supermercadismo, del oligopolio de precios y de la comida chatarra. Es más, aún si se tomara posesión de la empresa (de granos para agrocombustible y comida para ganado) y pasara a formar parte del patrimonio del Estado, debería reconvertirse al 100 % su estructura industrial para ser funcional a la producción de alimento para humanos (y entendemos que ese no fue el anuncio). Por ello nos resulta por lo menos contradictorio que se utilice el concepto de Soberanía Alimentaria como argumento para anunciar la intervención de una empresa de estas características. La posible expropiación se justificó también con la excusa de tratarse de una empresa estratégica de interés nacional, pero la idea que se propone, hasta ahora, no es hacerla estatal siquiera, y mucho menos se dijo que produciría alimento. Para ello el Estado debería tener el total control sobre Vicentín pero lo que aseguró Fernández es que todos los activos pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión se le encomendará a YPF-Agro”. Y ¿a qué se dedica YPF Agro? ¿A la alimentación? No. Ni siquiera a producir comida chatarra. Se trata de una empresa más del conglomerado sojero que fabrica glifosato, ese mismo veneno con el cual se están contaminando nuestros ríos, suelos y a nuestros pueblos, y por el cual han muertos niñxs, familias y muchxs compañerxs de lucha. Otro hecho que ponemos sobre la mesa, y que también ubica a la propuesta del gobierno en las antípodas de la Soberanía Alimentaria, es el interventor designado, Gabriel Delgado. Este personaje, especializado en Finanzas Rurales y ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante el periodo del 2013 al 2015, se muestra siempre a favor de los productos transgénicos y su paquete tecnológico, y enfatiza la necesidad de que esa biotecnología llegue también a los pequeños productores y a la agricultura familiar. En la conferencia dada junto al presidente, manifestó: “Nosotros, los que trabajamos en el sector agropecuario, entendemos y apoyamos mucho el proyecto de Vaca Muerta, y creo que, ahora también, a YPF le toca tener la Vaca Viva”. YPF Agro y Delgado, los únicos dos datos certeros que podemos analizar respecto al caso Vicentín, están del lado opuesto a lo que nosotrxs entendemos por Alimentación, y mucho más lejos de lo que entendemos por Soberanía. Ojalá no fuera así, pero tratamos de ser realistas y sinceros: no tenemos otra información oficial o concreta que nos aliente a tener esperanzas en el anuncio, ya que como decimos, todos estos actores, incluyendo al grupo Vicentín son pro-veneno, saqueo y contaminación.
    Por otro lado, es necesario recordar que hace apenas un par de semanas, cientos de asambleas, organizaciones de agricultores y movimientos socioambientales de todo el país reclamaron al Ejecutivo el cese de las fumigaciones (que se llevan adelante gracias a empresas como Vicentín) entre otras actividades extractivas que han sido exceptuadas de la cuarentena por el Gobierno Nacional. Los pueblos fumigados y colectivos hermanos basamos nuestro pedido en el más que comprobado envenenamiento masivo que provocan y en las graves consecuencias que esto tiene en el sistema inmunológico de las comunidades. También se ha solicitado el cese del uso del glifosato en particular, que el Estado fabrica a través de YPF Agro, como ya se dijo. Otro dato a considerar y que es de público conocimiento: las comunidades del Sur y del NOA ya han puesto en claro, con suma contundencia, que no hay licencia social para el avance megaminero y de fracking. Sin embargo, el Presidente insiste en profundizar este saqueo e incluso se habla de que YPF (además del fracking que ya desarrolla con Vaca Muerta) se abriría a los horizontes mineros.
    Por estas razones, tenemos muchas dudas de que el Gobierno tenga una verdadera intención de ir hacia la Soberanía Alimentaria a partir de una empresa agroexportadora de granos como Vicentín (y porque no hay indicios de que quieran transformarla en otra cosa). Los anuncios hechos, apelando a la palabra Soberanía nos recuerdan a la promesa de Soberanía Energética en los inicios de la pseudo “estatización” de YPF, y ya hemos visto como terminó eso. Lastimosamente, hoy es una empresa mixta sobre la cual el Estado tiene poco y escaso poder (recuérdese el acuerdo secreto con Chevron). Y como si fuera poco, esa falsa promesa de soberanía se fue esfumando en el olvido colectivo, traduciéndose en más contaminación y explotación de nuestros suelos a través del fracking, una de las técnicas de extracción más corrosivas y peligrosas en la actualidad. Tratamos de aprender de la historia de Argentina tierra adentro, donde las políticas estatales, hasta ahora, solo han profundizado un modelo que va a contramano de la Soberanía.
    Si bien comprendemos el rol estratégico en términos económicos que puede significar que el Estado intervenga en una empresa como Vicentín –evitando que sea absorbida del todo por una trasnacional-, queremos abocarnos a la cuestión que nos convoca en el debate: la alimentación y la salud pública. Y es justamente en este sentido donde se nos presentan grandes interrogantes ¿De qué forma esta propuesta y con estos actores tan nefastos para la salud de las comunidades, aportaría en el camino a la Soberanía Alimentaria que tanto anhelamos? ¿De qué manera esta acción, tal y como fue planteada por el Gobierno, podría significar siquiera un paso hacia ese sueño, cuando el propio perfil agro exportador de commodities de Vicentín y el currículum de los actores que detentarán el poder de gestión van en sentido contrario? ¿Utilizando las divisas manchadas de sangre hermana y de suelos arrasados para financiar proyectos alimentarios? ¿Exportando soja transgénica cuya siembra requiere del exterminio de miles de hectáreas de monte nativo? Si queremos Soberanía Alimentaria, ¿no deberíamos apuntar a luchar contra la dependencia? En vez de rescatar a estos monstruos ¿no deberíamos propender a que desaparezcan? ¿No deberíamos utilizar nuestros recursos en los mercados justos territoriales y la agroecología familiar? Creemos que para avanzar en nuestros horizontes hacia otro modelo productivo debemos cuestionar y socavar, sin miramientos, las prácticas extractivistas, ya sea que estén en manos del Estado o en manos de privados; no solo por ser depredatorias del ambiente sino por ser la causa directa de la muerte y la enfermedad de millones de hermanos y hermanas a lo largo y ancho de nuestro querido territorio.
    Cabe señalar que, en otros ámbitos y a través de algunas políticas puntuales -conquistas logradas por las luchas de las organizaciones sociales-, sí se han desarrollado acciones que aportan a la construcción de Soberanía Alimentaria que promueven las comunidades. Es el caso de la creación de la Dirección de Agroecología con el compañero Eduardo Cerdá a la cabeza, y el de la designación del compañero Nahuel Levaggi, del movimiento campesino, al frente del Mercado Central. Así como reflexionamos sobre las desventajas de ciertas políticas, podemos señalar las bondades de otras. Sin embargo, creemos que no es suficiente para creer que este Gobierno esté encarando su proyecto integral hacia allí. Más bien creemos que lo que nos siguen proponiendo, como en las épocas de Emilio Pérsico en el Ministerio de Agricultura, es un sistema de convivencia entre Agronegocio y Agricultura Familiar, donde el primero es la estrella y la matriz productiva del modelo, y el segundo un apéndice que debe mantenerse contenido en pequeñas porciones de tierra, para que no complique las cosas a los grandes pooles de siembra.
    Desde nuestro pequeño lugar, como ese granito de arena que somos en este mar de voluntades hacia el Buen Vivir, aportamos nuestra mirada y compartimos nuestros sentires, a la vez que intentamos preservar ciertos caminos que nos han legado a base de mucho sacrificio. Esos caminos, como hemos dicho, nos los fueron marcando nuestras ancestralidades en las resistencias comunitarias. Con este espíritu es que celebramos el nutricio debate que se viene dando en torno a la puesta en escena de una de nuestras causas madre, la Soberanía Alimentaria, y es eso lo que rescatamos como hecho positivo de la cuestión. Dependerá de todxs poner en jaque las políticas de saqueo y contaminación de un Modelo Ecocida, reafirmando nuestros No, como decía el querido ancestro Javier Rodríguez Pardo. Y, a la vez, quedará en nosotrxs lograr que en esa reafirmación de lo que no estamos dispuestos a permitir, florezcan y se expandan nuestros Sí, con propuestas y prácticas transformadoras. Esto ya lo venimos haciendo, cada quien desde lo que puede y sabe hacer, construyendo en los intersticios y grietas del sistema dominante otro modelo productivo y alimentario, desde una cosmovisión biocéntrica y orientada hacia el Buen Vivir.
    Para finalizar, recapitulamos colectivamente sobre la importancia del concepto de autonomía. Su práctica, ejercicio y desarrollo es para nosotrxs la base de cualquier proyecto emancipatorio. Pero es sabido que ningún Estado, por su propia esencia y conformación vertical, propenderá a su fortalecimiento para el empoderamiento de los pueblos. Eso es algo que deberemos hacer por nuestra cuenta. Este Estado, en manos de gobiernos más o menos progresistas, no se planteó nunca ni se planteará jamás una salida del sistema explotador capitalista. Ya lo han afirmado públicamente. Por el contrario, seguirán reproduciéndolo; y los que sufren las consecuencias siempre serán los más desprotegidos. Es por ello que nuestra perspectiva colectiva y nuestras apuestas activas van en el sentido de la autonomía de los pueblos respecto de las multinacionales pero también de los gobiernos, quienes han sido los garantes del hambre, de la pobreza, de la entrega de nuestros territorios y de la contaminación ambiental. A ellos no le debemos nada, pero entendemos que, solo por el hecho de haber sido colocados donde están por el poder que el pueblo les delegó con esperanza, tienen el deber y la obligación (legal y moral) de garantizar los derechos básicos y fundamentales como son, entre otros, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a un ambiente sano. Estos dos derechos deberán seguir siendo aclamados y exigidos por todos nosotrxs al mismo tiempo que construimos nuestra autonomía e independencia. Para que nunca más nuestro poder popular sea utilizado en contra nuestro. Para que, algún día, el peso de nuestras decisiones sea suficiente para transformar este modelo de producción y consumo genocida, que nos mata lentamente, en un modelo que nos permita Vivir Bien, de manera biodiversa y en armonía con la Tierra de la que somos parte.

    No queremos Soberanía del Estado si es para envenenar. Queremos Autonomía de los pueblos para poder vivir.

    “Avanzar hacia la Soberanía Alimentaria implica retroceder en el modelo extractivista”

    La salida es la que promueven las comunidades e implica dejar de contaminar para comenzar a valorizar la vida: la agroecología familiar, campesina e indígena y la economía regional, social y solidaria basadas en el respeto por la tierra y la diversidad. Es viable, posible y la estamos construyendo colectivamente, desde abajo, en los territorios, escuelas, universidades y en el barrio. Celebraremos cualquier medida concreta que potencie estas experiencias, que son las que sí promueven la necesaria y deseada Soberanía Alimentaria para los pueblos.

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