De la seguridad a la soberanía alimentaria

En el principio existía la palabra

El primero de marzo de 2020 el Presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones de la asamblea legislativa. En un compacto discurso de poco menos de hora y media, pasó inadvertida una precisión conceptual que utilizó para describir el drama del hambre en nuestro país: la seguridad alimentaria. Expresó Alberto:

“La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que la inseguridad alimentaria tuvo un incremento del 71 % entre 2015 y 2018 en nuestro país, y fue uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial”.

Sutil, casi imperceptiblemente, estaba definiendo el marco conceptual que definiría el camino a transitarse en términos de producción de alimentos. ¿Qué es la seguridad alimentaria? En un documento de 2006 la FAO la define así: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” [1]. El concepto surgió en la década del '70 del siglo pasado, originalmente vinculado a la producción y disponibilidad de alimentos a escala global y nacional. En los '80 el concepto añadió la idea del acceso a dichos alimentos y finalmente en los '90 la definición incorporó la inocuidad de los mismos. La elaboración actual del concepto se desarrolló en la Cumbre Mundial de la Alimentación, que se celebró en Roma en 1996.

Por lo tanto, la seguridad alimentaria se podría reducir a la política necesaria para hacer frente a una necesidad: el hambre. Frente a ese panorama se lanzó desde la cartera manejada por Daniel Arroyo el plan Argentina contra el hambre. El plan se encuentra en el marco del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, creado en 2003. Lógicamente, una política pública, inscripta en el marco de conceptual fijado por los organismos internacionales.

Sin embargo, en la misma década que el concepto de seguridad alimentaria alcanzaba su definición actual, los movimientos sociales indígenas y campesinos avanzaban en el desarrollo de un concepto que definiera más concretamente sus inquietudes. En el debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, Vía Campesina propuso el concepto de soberanía alimentaria.  La página de la Vía Campesina la define de la siguiente manera: “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros”. Esto incluye por un lado priorizar la producción agrícola local, el acceso de los campesinos sin tierra a las tierras, al agua, a las semillas y al crédito. Por otro el derecho de los campesinos a decidir qué alimentos producir y “la participación de los pueblos en la definición de política agraria”. Es decir, hay un salto sustancial entre los conceptos de seguridad y de soberanía alimentaria. Si el primero se reduce a garantizar el consumo de alimentos, el segundo incorpora definiciones respecto a las condiciones de producción de dichos alimentos.

Las organizaciones campesinas e indígenas del país transitaron la construcción territorial y política del concepto durante más de veinte años. Finalmente, en mayo del año pasado, en el estadio de Ferrocarril Oeste convocaron un foro para acercar posiciones. La apuesta política se bautizó: Foro Nacional por un Programa Agrario y Popular. La soberanía alimentaria se consolidó como una posición común para el casi centenar de organizaciones que participaron del debate.

 

 

Pandemia y oportunidad

La situación de Vicentin se dio a conocer en las primeras semanas de febrero de este año. Inmediatamente, el 13 de febrero, las organizaciones campesinas nucleadas en el Foro Nacional por un Programa Agrario y Popular publicaron un documento que destacaba la oportunidad histórica. El sugestivo título fue “Propuesta política para que Vicentin sea YPF”. Y concluía: “En definitiva, que Vicentin se transforme en un Empresa Nacional con participación del Estado, que intervenga en el Comercio Exterior, bregando por un modo de producción diferente, con Soberanía Alimentaria, sustentable e inclusivo, que cuide las divisas que tanto cuestan a nuestro país, y que mejore la inserción de pymes, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas en el comercio exterior”. El documento parecía perderse en la maraña de noticias cotidianas.

Veinte días después de la apertura de sesiones de la asamblea legislativa, la llegada de los primeros casos de coronavirus cambió rotundamente el escenario. Se anunció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que puso sobre la mesa la necesidad de garantizar una logística alimentaria. A poco de andar el gobierno realizó un nombramiento en un área que —en condiciones normales— probablemente hubiera pasado desapercibido, pero que en el marco de la cuarentena se volvió clave para garantizar el abastecimiento de alimentos en el área metropolitana. Al frente del mercado central se designó a Nahuel Levaggi, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones que forman parte del Foro Nacional por un Programa Agrario y Popular. Un guiño, sí. Pero también un pedido de auxilio a un actor que podía dar soluciones concretas.

El pasado lunes 8 de junio sorprendió la noticia de la conferencia de prensa por la expropiación de la multi implantada cerealera Vicentin, sexta agroexportadora del país. Luego de explicar la situación y de anunciar la intervención de la empresa, Alberto Fernández enunció: “Estamos dando un paso a la soberanía alimentaria”. ¿Casualidad? No, lo que hubo fue un desplazamiento discursivo, un nuevo concepto ingresó el lunes a la definición de políticas públicas. Por primera vez el Presidente utiliza la elaboración conceptual de los movimientos campesinos.

Hasta ahora la intervención de Vicentin genera más preguntas que certezas. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay un largo trecho, pero si hay algo que podemos afirmar es que las organizaciones sociales, después de varias décadas, ya ganaron. Pusieron en disputa una terminología y lograron instalar en un discurso presidencial un programa de acción.

 

 

 

* Profesor de Historia. Doctorando en historia y maestrando en Estudios Culturales de América Latina (ambos en la Universidad de Buenos Aires). Investiga las reformas agrarias en América Latina, fundamentalmente en el área centroamericana.

 

 

[1] Citado en Gordillo, Gustavo y Obed Méndez Jerónimo (2013). Seguridad y Soberanía alimentaria. Documento base para discusión. FAO.

 

 

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