De propietario a inquilino

El negocio de subastar lo público y alquilar a privados

 

En la Ciudad de Buenos Aires, donde alrededor del 40% de la población es inquilina y el sueño de la casa propia parece una quimera, el gobierno porteño se esfuerza en nadar contra la corriente y contra el sentido común: vende lo propio para alquilar lo ajeno. Un comportamiento tan sorprendente como redituable para los privados.

El caso del edificio ubicado en Beruti 3345 sirve de ejemplo. El inmueble público de 8.475 m2, donde actualmente funciona la sede de la Comuna 14, oficinas del Poder Judicial de la Ciudad y el Registro Civil de Palermo fue subastado por el GCBA hace pocos días. ¿Por qué se subasta ahora? No se sabe. ¿Dónde van a funcionar los servicios que allí se brindan? También se desconoce, aunque todo indica que pasarán a engrosar la lista de inquilinos.

Desde que comenzó la pandemia y se declaró la Emergencia Económica y Sanitaria en la Ciudad, el GCBA intentó subastar 85 inmuebles, de los cuales vendió –al menos– 70. De esa tanda se destacan los edificios donde funcionaban la Secretaría de Tercera Edad y el Servicio Zonal 12 y un predio donado a la escuela 3 del distrito escolar 10, que tuvieron hasta tres llamados a subasta con rebajas del 32%.

Esta descapitalización de los bienes públicos tiene como contrapartida un gasto creciente en el alquiler de edificios y oficinas privadas. Según datos parciales brindados por el propio gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta –luego de un pedido de acceso a la información pública que realizamos desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)– en 2022 se destinarán más de 1.300 millones de pesos a alquilar 138 inmuebles que suman 305.113 m2.

Dentro del listado, se destaca que:

  1. El 40% de los predios alquilados son destinados a jardines, escuelas primarias, secundarias y centros de formación educativa. El Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña le alquila, entre otros, a la Asociación Civil Universidad John F. Kennedy para la Escuela de Comercio N° 27, ubicada en San Telmo, y a la Asociación de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina para el CENS N° 5, que funciona en Pieres 258.
  2. Sólo en los primeros seis meses de 2022, el gobierno destinará 40.200.000 de pesos en alquiler del predio ubicado en Los Patos 2151, donde funcionan dependencias de la Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana y de la Dirección General de Patrimonio. El alquiler se lo abona a Valpafe S.A., inmobiliaria a la que también le alquila por $1.650.000 mensuales un predio en Pola 1952 que utilizan, justamente, la Dirección General de Administración de Bienes y de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno.
  3. Las dos sedes del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad son alquiladas.
  4. Luego de reformar y privatizar distintas áreas del Teatro Colón, el gobierno trasladó el Instituto Superior de Arte a un edificio ubicado en avenida Corrientes 1681 por el que paga casi 4 millones de pesos mensuales ($3.940.000). El dueño del inmueble es S.A. Instrumentos Musicales, el mismo que fue beneficiado con un convenio urbanístico en 2021.
  5. Al menos cuatro sedes comunales no tienen edificio propio: la Sede Comunal N° 3 (que funciona en el Shopping Spinetto y se le alquila a COTO por 520.000 mensuales), la N° 4, N° 10 y la N° 11. A eso habría que agregarle la Subsede Comunal N° 2, que funciona en el exclusivo Recoleta Mall, cuyo monto de alquiler se desconoce.
  6. Casi todas las defensorías zonales que dependen del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son alquiladas: la sede Villa 21-24, el Centro de Atención Transitoria III –en Formosa 448–, y las defensorías que funcionan en las comunas 2, 3, 8, 10, 11 y 15.
  7. La Dirección General de Infracciones funciona en un predio ubicado en Hipólito Yrigoyen 2346 por el que el gobierno porteño paga 4.700.000 por mes a Alberto Russoniello.

 

 

 

El Edificio del Plata

Ubicado en Carlos Pellegrini 211 –a dos cuadras del Obelisco- en el emblemático Edificio del Plata (inmueble de 42.256 m2, nueve pisos y tres subsuelos) que pertenecía a la ciudad, funcionaba el Ministerio de Desarrollo Urbano, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y la Dirección de Infracciones, además de una importante sucursal del Banco Ciudad.

En abril de 2016, el GCBA lo subastó por 68.114.000 de dólares, pagaderos en pesos a valor del dólar oficial el día de la cancelación, que para esa fecha representaban casi 1.000 millones de pesos ($960.407.400).

Según aseguró el gobierno porteño por entonces, ese dinero sería utilizado para comprarle al Banco Ciudad el edificio de Uspallata 3100, donde ya venía funcionando la sede de la Jefatura de Gobierno. Hasta entonces, el banco estatal le alquilaba la propiedad al propio Estado por 2.800.000 pesos por mes.

El discurso del Ejecutivo era descentralizar el gobierno, sacar los ministerios del centro y llevarlos al sur de la Ciudad, a la par que cuidar las arcas públicas.

De esta forma, la Jefatura se trasladó de Plaza de Mayo a Parque Patricios, y los ministerios, secretarías y dependencias que funcionaban en el Edificio del Plata se reubicaron en las cercanías del Parque Lezama. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte fueron emplazadas en la ex fábrica Canale (Martín García 364), y el Instituto de la Vivienda se instaló en Finochietto 435. “Esta re-ingeniería supone un ahorro de alquileres para la Ciudad de entre 90 y 95 millones de pesos”, aseguraban por entonces fuentes oficiales.

Sin embargo, a cinco años de la subasta del Edificio del Plata, la más grande que se desarrolló en la Ciudad, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya destinó el equivalente al 80% de lo recaudado a alquilar y refaccionar estos dos inmuebles que no son de su propiedad. Según la información brindada por el propio GCBA, el alquiler de estos dos edificios implicó la suma de 55.833.974 de dólares a valor oficial desde 2015 a la fecha.

Para darse una idea: sólo en el primer semestre de 2022 se van a ir 162.883.000 de pesos para alquilar el Palacio Lezama, tal como se denominó a la ex Fábrica Canale. La empresa que le alquila al GCBA es BAMAFER S.A.

En ambos predios –de propiedad privada–, el GCBA se comportó como un inquilino ejemplar: además de abonar los millonarios alquileres varios meses antes de mudarse, también pagó la remodelación de dichos inmuebles.

 

 

El Instituto de la Vivienda (ajena)

El Instituto de la Vivienda (IVC), que también funcionaba en el Edificio del Plata, se mudó en mayo de 2016 a Finochietto 435, edificio ubicado a una cuadra del Parque Lezama. Sin embargo, el GCBA ya venía pagando un alquiler a la empresa Lethe S.A. de entre 2,5 y 5 millones de pesos por ese predio desde un año antes. En ese lapso, el inmueble pasó de tener 5.414 a 10.487 metros cuadrados de superficie, lo que casi duplicó los montos de alquiler.

“El nuevo Edificio Finochietto tiene un diseño abierto que facilita la comunicación entre las diferentes áreas de trabajo. En su estructura restaurada funcionaba una ex planta de la empresa Pepsi. Hoy tiene cuatro pisos, un subsuelo y una terraza, con una superficie total de 10.487 metros cuadrados, en los que desempeñan sus tareas unos 800 empleados de la administración pública. Es el tercero que inaugura la Ciudad en el último año y medio con características ecológicas. Sus fachadas interiores están unidas por un pulmón verde destinado al descanso y relax del personal, al igual que parte de la terraza. La obra de arquitectura interior estuvo a cargo de Dirección General de Infraestructura Gubernamental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que encabeza la arquitecta Sonia Terreno”, describía el GCBA en 2016, apenas realizada la mudanza.

Cinco años más tarde, y luego de haber destinado, al menos, casi 10 millones de dólares en alquiler y refacciones (US$ 9.781.950), el Instituto de Vivienda se mudó a una nueva sede ubicada en Ciudad Oculta.

 

 

 

Macri y el Edificio Molina

Esta práctica del gobierno porteño se vuelve más escandalosa cuando los privados que se benefician son también (ex) funcionarios públicos. Tal es el caso de las 10 unidades que el Ministerio de Seguridad porteño alquila en el exclusivo Molina Ciudad, el edificio ubicado en avenida Patricios 1052 que tiene entre sus propietarios a Mauricio Macri, tal como se detalla en esta nota publicada en El Cohete.

 

 

Apuestas

Una vez más, el GCBA decidió apostar todo a los privados en lugar de conservar los recursos públicos. Por ejemplo, con relación al Edificio del Plata, podría haber acordado pagar en cuotas la deuda o, incluso, seguir pagando su alquiler en vez de destinar dicho dinero a privados.

Se vienen privatizando 500 hectáreas de tierras públicas. En pandemia, inició el remate desbocado de las parcelas del Parque de la Innovación. Están convocadas las subastas del inmueble de Pringles 340/2 y de Corrientes al 5400. En ambas ubicaciones, hay asambleas que están solicitando la construcción de escuelas infantiles. Otro ejemplo es el Barrio Olímpico, donde se vendieron 40 locales a una única persona. Al día de hoy no está funcionando allí ningún comercio: no hay, ni siquiera, un quiosco.

 

 

 

 

 

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