El diputado nacional José Luis Espert se presentó en un programa de la señal de cable A24 después de haber sido recibido ese día por Karina Milei y de que trascendiera nuevamente que el Presidente lo quiere en la lista de las legislativas de octubre como candidato por la provincia de Buenos Aires. Demostró una vez más tener respuesta fácil a temas complejos. Avaló la ejecución sumaria o extrajudicial que considera propuesta para revertir el mal de la inseguridad bonaerense.
Espert: Con el Presidente tenemos un proyecto, que es reformar la provincia de Buenos Aires haciendo una reforma espejo a la que se está haciendo a nivel nacional. Es un proyecto de mucha sustancia el que tenemos con el Presidente. Por lo tanto, no es un proyectito. Estamos todos alineados para ganar la provincia ahora y ganar la ejecutiva en el 2027.
Periodista I: ¿Qué van a hacer con la inseguridad?
Espert: Con la seguridad o la inseguridad…
Periodista I: Es tremenda la inseguridad.
Periodista II: Estamos en Moreno donde hay toma de rehenes, hay un policía solo...
Espert: La inseguridad… Los problemas en la Argentina son, en primer lugar, de índole política. Por eso el Presidente hace la reforma que está haciendo. Porque en campaña dijo la reforma que hay que hacer desde el punto de vista conceptual. En la provincia, lo mismo. Hay que dar una discusión claramente política con el tema de la inseguridad. ¿Por qué digo política? Porque es una decisión política de parte del gobernador Axel Kicillof que la provincia sea un baño de sangre de inocentes. Es una decisión estratégica: "Acá quiero que gobiernen los delincuentes", ha dicho Kicillof. Que la gente de bien, el laburante, viva cagado de miedo. De salir de su casa a laburar o de laburar a su casa. En la provincia de Buenos Aires gobierna la doctrina abolicionista de la pena, que es la doctrina Zaffaroni. Nosotros vamos a hacer campaña—y lo digo desde hoy— diciendo que nosotros adherimos a la doctrina punitivista.
Periodista II: ¿Qué significa?
Espert: Esto es, para el delincuente, cárcel y, si se resiste a la cárcel, es bala. No es la puerta giratoria de hoy.
Periodista I: Pero, ¿qué significa lo de bala, que siempre hace mucho ruido?
Espert: Pero, ¡qué ruido! Es aplicar el Código Penal. Habrá que reformar la ley de ordenamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no le deja hacer nada a la policía frente a los delincuentes. Para que tengan una idea conceptual, hoy la ley de ordenamiento de la provincia de Buenos Aires, básicamente, a la policía le permite hacer con un arma de fuego sólo lo que el Código Penal les permite hacer a los civiles.
Periodista I: ¿Y usted qué quiere que hagan?
Espert: Con el delincuente que se resiste a ser arrestado, como hizo (Luis) Chocobar, bala al delincuente.
Espert miente. Luis Chocobar no disparó a alguien que se resistió al arresto, disparó por la espalda. Fue el 8 de diciembre de 2017, cuando el policía local de Avellaneda estaba saliendo de su casa del barrio de La Boca e intervino después de un robo en el que había resultado gravemente herido un turista. El policía persiguió y mató a Juan Pablo Kukoc, uno de los asaltantes, disparándole por la espalda. Por ese suceso había sido condenado. Pero la Cámara de Casación porteña anuló el juicio oral y público contra el efectivo y ordenó realizar uno nuevo. El policía solicitó la “baja voluntaria” de la bonaerense. El diputado y candidato nuevamente pone como ejemplo a Chocobar para justificar las ejecuciones extrajudiciales que propone.
El periodista que durante la entrevista se refiere a la toma de rehenes en Moreno no desarrolla la noticia, pero la información completa revelaba que una mujer había sido asesinada por un oficial de la Policía de la ciudad, quien luego se atrincheró en un gimnasio tomando de rehén a su ex mujer. Finalmente, se dio un disparo en la cabeza y falleció camino al hospital. La víctima era la novia de la expareja del policía.
Tampoco los periodistas se ocuparon de hacerle ver al candidato que las puertas giratorias en las unidades penitenciarias bonaerenses parecen estar trabadas. Cualquier rigurosidad sobre el tema les podría advertir que el sistema penitenciario tiene superpoblación; por lo tanto, no hay quienes entran y salen, sino quienes siempre quedan. Y la condición socioeconómica de los que se quedan sabemos cuál es. La propuesta de cárcel de Espert no parece abarcar a quienes han tenido vínculo con algún empresario acusado y detenido por tráfico y lavado, que haya facilitado avión y camioneta para campaña electoral, como su amigo Fred Machado; nada de eso. Espert propone cárcel o balas para otros, siempre habla en representación del bien, porque el mal para él está en otro lado.
Sobre la Policía, José Luis Espert dice que se necesita una mejor ley para que pueda actuar; los comunicadores le podrían haber señalado la cantidad de violencia institucional policial existente en la provincia de Buenos Aires, que se supone es el terreno que conoce, para advertirle que los policías actúan. El problema existente, si velara como diputado y nuevamente candidato, es que se respeten los derechos humanos, es que lo hagan bien. Pero para ello no se necesitan mayores permisos para abusar, disparar y luego preguntar, como parece ser el deseo de Espert, que tiene ganas de darle mayor potestad a las fuerzas de seguridad, sino que lo que se necesita es que tengan mayor formación y que esa formación no la abandonen en sus prácticas por discursos como el suyo.
Lo cierto es que cada vez que el diputado nacional se refirió y refiere a la inseguridad, su abordaje se centra en generar más alarma con lo que expresa que en brindar una propuesta seria a una temática compleja. El tema no le interesa, sino cobrar notoriedad por sus dichos. Su tratamiento es banalizante, estigmatizante, reduccionista y descontextualizante. Como no tiene propuesta —ni cuidado de sus expresiones en tribunas que dejan que su disparate circule con facilidad—, remarca con brutalidad lo que había afirmado en otras oportunidades: “Para nosotros es cárcel o bala”.
Espert utiliza el plural porque habla en nombre de La Libertad Avanza. El candidato de la pareja de hermanos gobernantes repite un discurso peligroso.
Arturo Jauretche citaba la frase de George Winter, para decir que la historia es política pasada y la política, historia presente. Los dichos de Espert son política pasada, comparables con aquellos que aportaron tragedia y no soluciones.
La historia enseña del peligro
Discursos similares al del candidato actual tenían en la campaña electoral de octubre de 1999 Carlos Ruckauf y Luis Abelardo Patti, que competían como candidatos para gobernar la provincia de Buenos Aires. Los dos alentaban —al igual que Espert— a que la policía mate. Eso trajo las balas de la fuerza policial en aquel asalto con tomas de rehenes del 16 de septiembre de 1999 en la sucursal del Banco Nación de Villa Ramallo y su resultado trágico de la madrugada del 17.
La campaña electoral para octubre de 1999 en la provincia de Buenos Aires fue la antesala de aquel episodio. Abelardo Patti todavía no era atrapado por sus crímenes de lesa humanidad debido a la impunidad reinante de las leyes del perdón (obediencia debida y punto final) que todavía seguían vigentes asegurando impunidad para genocidas como él. El intendente de Escobar se proponía escalar en la política y se sumaba como candidato a la gobernación. Su competidor Carlos Ruckauf no pensaba dejarle el camino libre, y para eso utilizaban un discurso de mano dura que trajo consecuencias fatales. Espert es tan irresponsable como lo fueron en su momento Patti y Ruckauf, pero lo peor de todo es que nada se aprendió de aquella triste historia.
En julio de aquel año, el asesinato de un remisero le permitió a Patti mostrarse duro frente a aquel suceso en Escobar para expresar: “¡O nos dan una respuesta satisfactoria, reforzando la seguridad y controlando los remises y los colectivos, o nosotros vamos a organizar piquetes armados!”, vociferó. Luego de una manifestación en ese distrito, Patti brindó una nota al diario Clarín: “Si los delincuentes usan armas, nosotros no vamos a ir con gomeras”, lanzó.
“Cuando un asesino se tirotee con un policía, siempre estaré respaldando al efectivo, para que quede claro que la bala que mató a un asesino es una bala de la sociedad que está harta de que desalmados maten a mansalva a gente inocente”, expresó Carlos Ruckauf en un acto de campaña en La Plata a principios de agosto de 1999. Al otro día, declaró: “Hay que meterles bala a los ladrones, combatirlos sin piedad. Yo no soy un garantista, voy a plantear una estructura vertical con un jefe policial”.
Al declararse no garantista e instalarse como hombre duro, el por entonces Vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, y candidato a gobernador, puso en aprietos al gobernador Eduardo Duhalde, que revisó su política de seguridad, precipitando la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanián. En su reemplazo fue designado el por entonces juez federal de Zárate-Campana, Osvaldo Lorenzo. Duhalde no quería mostrarse como garantista en su campaña presidencial, palabra que ya era utilizada negativamente hacia quienes abordaran la seguridad apostando a que se respeten —nada más y nada menos— las garantías constitucionales.
En ese contexto fue que, luego de un mes, llegaría el acontecimiento conocido como “la masacre de Ramallo”. El 16 de septiembre de 1999 fue cuando se produjo el asalto con toma de rehenes en la sucursal del Banco Nación ubicada en pleno centro de la ciudad de Villa Ramallo y su trágico desenlace en la madrugada del día siguiente. Policías de las comisarías locales y limítrofes, comando radioeléctrico, Grupo Especial de Operaciones (GEO), grupo táctico Halcón —estos últimos dos, de la Policía bonaerense— estaban a las nueve menos cuarto de la mañana del 16 en la zona del banco, rodeándola; eran unos cincuenta uniformados y sobrevolaban dos helicópteros.
El juez federal de San Nicolás, Villafuerte Ruzo, se hizo cargo del caso al mediodía. Llegaron al lugar hombres del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF). El ministro de Seguridad, Osvaldo Lorenzo, envió a Villa Ramallo a su secretario de investigaciones judiciales, Bruno Corvo. Sobre el banco se ubicaron el grupo Halcón y unos pocos federales de GEOF. Sobre el techo mismo del banco, cinco halcones. Un poco más lejos, hombres de GEO.
Quien estaba a cargo del GEOF ofreció al juez un operativo comando que este desechó porque los federales no le garantizaban un cien por ciento de posibilidades de recuperación de todos los rehenes. La situación era tensa. La ansiedad de las fuerzas de seguridad se hizo notar cuando estaban en la escuela media n.º 1 “Dr. Antonio Nava” —edificio contiguo a la sucursal donde operaba el negociador, el juez y los uniformados— y forzaron la puerta del kiosco escolar, para comerse los chocolates y las golosinas existentes.
Las negociaciones daban resultado. El jefe de área de la institución, Ricardo Alberto Pasquali; el personal del correo de Oca, Fernando Raúl Vilches, y el empleado de Cablevisión, Diego José Serra, que habían sido tomados de rehenes, fueron liberados durante el 17. Pero todo era un embudo, según le expresaba el negociador al juez Villafuerte Ruzo, a cargo de la situación. Era necesario comenzar a garantizar a los asaltantes algo que les permitiera liberar a los tres rehenes restantes: el gerente, su mujer y el contador. Pegada a la sucursal del banco, estaba la casa del gerente que el banco les brindaba; eso explicaba la presencia de su mujer como rehén.
En la madrugada del 17 de septiembre de 1999, los tres asaltantes salieron del garaje de la casa pegada a la sucursal bancaria con los tres rehenes en el Volkswagen Polo del gerente que recibió de la policía una lluvia de balas que terminaron con la vida del gerente Carlos Chaves, el contador Carlos Santillán y uno de los asaltantes, Javier Hernández. Sobrevivió la esposa del gerente, Flora Lacave, al igual que el delincuente Carlos Martínez y Martín René Saldaña, que fue detenido y alojado en la celda de la comisaría segunda de Villa Ramallo; al otro día se lo encontró ahorcado.
No solamente fue el desastre organizativo y operacional de las fuerzas lo que terminó con la masacre en la madrugada del 17 de septiembre de 1999, sino que también la fuerza policial hizo posible su inicio. La responsabilidad no solamente estuvo en el resultado trágico en el que fueron los mayores culpables —condenados en juicio años después—, sino también en el haber suministrado datos precisos a quienes llevaron adelante el asalto con toma de rehenes, como lo hizo Aldo Antonio Cabral, cabo primero del Comando Radioeléctrico de San Nicolás, quien había proporcionado el dato bancario a través de un plano de la sucursal hallado en su vivienda.
El bien y el mal de aquella cruzada demonológica que se desarrolló con San Agustín en el siglo IV sigue vigente con Espert y La Libertad Avanza. El bien son las fuerzas del cielo libertarias que desean desembarcar en tierras bonaerenses para combatir el mal de la gobernación de delincuentes por decisión estratégica de Kicillof, como evalúa Espert. Creando ese enemigo es que adhiere, como afirma, a la doctrina punitivista. Decir cárcel o bala no es más que un pronunciamiento a favor de la ejecución sumaria, la pena de muerte para cualquier persona considerada “delincuente”, sin un proceso judicial formal y justo, y dista mucho de la idea de justicia que debe tener toda sociedad democrática. Espert espanta y la ciudadanía debería saber que su propuesta es violatoria del más elemental de los derechos humanos, la vida.
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