De utilidad pública

 

La última semana, el Senado convirtió en ley el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos ocupados por 4.416 asentamientos y villas de emergencia. La sanción contó con 56 votos y sólo se opusieron los cuatro senadores justicialistas de La Pampa y Formosa (José Mayans, Teresa González, Norma Durango y Daniel Lovera), por considerar que viola sus autonomías al disponer expropiaciones de tierras provinciales y municipales. Pero ninguno de los principales bloques quiso oponerse, aun cuando tuviera reparos, debido a la fuerte expectativa que el proyecto suscitó en quienes habitan en los barrios populares relevados. El proyecto fue presentado por Elisa Carrió, Federico Pinedo y Mario Negri, quienes no participaron en su elaboración, compartida entre organizaciones sociales como la CTEP y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.  Para los residentes en esos barrios populares, es una gran noticia que la ley suspenda los desalojos y para el gobierno un fuerte instrumento electoral tendiente a contrariar la idea generalizada de un gobierno de ricos para ricos.

Sobre su aplicación real hay fundadas dudas. La ley crea un fideicomiso por diez años pero no especifica el origen de los fondos con que se pagarían las expropiaciones y se realizaría la urbanización de los barrios. Las primeras estimaciones en las que está trabajando el CELS, aún en fase preliminar, entienden que las expropiaciones de la tierra en todos los barrios relevados insumirían no menos de 14.000 millones de dólares; y la urbanización con redes de infraestructura básica y construcción de equipamientos sociales mínimos, pero sin mejora ni construcción de vivienda nueva, 28.000 millones. Es decir, al menos 42.000 millones de dólares. El Presupuesto para 2019 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso aún antes de firmar el segundo y más restrictivo acuerdo con el FMI, no contempla ni una moneda para el cumplimiento de esta ley. En cambio, reduce en 39% las partidas asignadas a vivienda, merma nominal a la que hay que sumarle la inflación. Con ese presupuesto de déficit cero, los especialistas entienden que no podrían construirse más de 13.000 viviendas, tres veces menos que el promedio de las últimas décadas (con excepción de la crisis de 2001/2002, parecida a la situación actual).

 

 

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