Una semana después de las elecciones presidenciales y congresales en el Perú, todavía no se ha definido quién será la pareja del baile electoral de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio. Los contrincantes que disputan el desafío con la “perpetua perdedora”, como la define la BBC, quien obtuvo el 17% de los votos válidos, son el izquierdista radical Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, del ultraderechista Renovación Popular.
Con el 93,47% de actas escrutadas, y con una diferencia de apenas 13.600 votos a favor de Sánchez, el final aún está abierto. Falta esperar el resultado de más de 5.760 actas de votación impugnadas (6,2% del total), que están siendo revisadas por Jurados Especiales de Elecciones. Si los personeros de los partidos que dirimen la validez de las actas no resuelven sus desacuerdos en esta instancia, estas pasarán al Jurado Nacional Electoral (JNE), máxima instancia del poder electoral.
Este proceso, que puede llevar unas dos semanas, tendrá en vilo a los peruanos, tal como ocurrió durante la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en 2021. La diferencia es que esto ocurre ya en la primera vuelta, en la que ha reaparecido la imprevista sombra de Pedro Castillo, quien le ha regalado un sombrero de ala ancha a Roberto Sánchez, que lo ha usado en su campaña electoral.
Una elección particular
Durante las elecciones del domingo pasado, un total de 211 mesas de sufragio, en 15 locales, no pudieron ser instaladas debido a la falta de entrega del material electoral. Este incidente afectó a aproximadamente 63,300 ciudadanos en algunos distritos limeños y en las ciudades de Orlando en Florida y Paterson en Nueva Jersey. Hubo, además, varias mesas que abrieron tarde por la misma razón. Para dar solución a esta desorganización logística, el JNE retrasó una hora el horario de votación y autorizó, por primera vez en la historia republicana del Perú, que se abrieran las mesas electorales al día siguiente para que todas las personas pudieran ejercer su derecho a votar. Sin embargo, las principales encuestas ya habían dado los flashes electorales a boca de urna al finalizar el proceso electoral, lo que permitió que los ciudadanos que votaron el lunes dispusieran de información que el resto no tuvo el día anterior.
Es importante destacar que ninguna de las encuestadoras que publicó sus resultados dos o tres días antes de las elecciones acertó en sus pronósticos. Estas colocaban en primer lugar a Keiko Fujimori, y daban un triple empate entre Ricardo Belmont, el empresario mediático autodefinido como nacionalista que ofreció indultar a Pedro Castillo, del Partido Cívico Obras; el cómico Carlos Álvarez, un outsider autodefinido como "de izquierda, derecha y centro", de País Para Todos; y el otrora favorito Rafael López Aliaga, quien llegó a encabezar las encuestas a principios de año. Si bien las encuestadoras advirtieron una tendencia creciente de Roberto Sánchez en las últimas semanas, lo ubicaron en un sexto lugar. No lo vieron venir a la velocidad real.
De todos modos, IPSOS, una de las dos grandes encuestadoras que publican el conteo rápido el día de la votación, le dio el segundo lugar a Roberto Sánchez, mientras que Datum se lo dio a López Aliaga. Como los votantes de López Aliaga se concentran en Lima, y son los primeros resultados que llegan, este ocupaba al inicio del conteo un cómodo segundo lugar. Pero el martes, Roberto Sánchez igualó, para luego superar a López Aliaga con los votos que empezaban a llegar de la sierra y zonas más alejadas de la capital, tendencia que se mantiene.
Ese mismo día por la tarde, López Aliaga armó una tarima frente al Jurado Nacional de Elecciones y, en presencia de a una “multitud” de menos de 500 personas, transportadas en autobuses, pronunció un patético discurso de extrema vulgaridad y torpeza política. Le lanzó un ultimátum directo al presidente del JNE, Roberto Burneo, para anular el proceso electoral bajo la amenaza de insurgencia civil, figura prevista en la Constitución, pero inaplicable en este caso. “Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude. Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones; le voy a meter todo mi plan Morrocoy bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”, le advirtió. López Aliaga utiliza el término Morrocoy, una tortuga terrestre conocida por su lentitud, para denunciar una supuesta estrategia de retraso intencional en la apertura de mesas de votación. Según él, esto se hizo para cansar a los votantes y forzar un ausentismo masivo que afectaría sus resultados.
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El candidato de Renovación Popular ha dicho que no aceptarán los resultados aunque pasaran a la segunda vuelta y ha cuestionado al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien acusó de “atentar contra el voto popular”, por lo que “debe terminar en la cárcel” y ser “enmarrocado de una vez”. Asimismo, les ha dicho a sus simpatizantes: “Si es necesario entregar la vida, lo haremos”. Ha convocado a una gran movilización nacional para hoy, con el fin de exigir la nulidad del proceso bajo la premisa de fraude.
López Aliaga ha sido denunciado penalmente ante el Ministerio Público por solicitar al JNE la nulidad de las elecciones generales y exhortar a sus simpatizantes a sumarse a la denominada “insurgencia civil si se termina de consumar el fraude”. La denuncia fue interpuesta por el abogado Rubén Serpa, vinculado al líder etnocacerista Antauro Humala, quien solicitó “en defensa del orden constitucional y democrático” la detención del exalcalde capitalino, a quien le atribuyó “la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular, contra los poderes del Estado y el orden constitucional”.
Mientras tanto, su rival Roberto Sánchez también ha anunciado que convocará a movilizaciones, pero con un objetivo y discurso opuestos a los de López Aliaga. A diferencia del ex alcalde de Lima, quien pide anular el proceso, Sánchez exige que se respete el conteo actual. Ha declarado que el "voto profundo, andino y rural" es el que lo está llevando a la segunda vuelta y que no permitirá que sea invalidado por las quejas de fraude en Lima. Así, su agrupación, Juntos por el Perú, convocará a marchas nacionales si detectan que no se respeta la voluntad popular o si hay intentos de "desconocer" los resultados electorales.
Desorganización pero no fraude
El viernes, el presidente del JNE, Roberto Burneo, se presentó ante el Congreso y reconoció la existencia de “serias irregularidades” en la jornada electoral del domingo pasado. En una situación complicada, diferenció las fallas logísticas (que él llama "irregularidades") de la narrativa de fraude que denuncian algunos candidatos. Así, calificó la situación de la jornada electoral como "gravísima", pero enfocó sus deficiencias en el ámbito organizativo, descartando la manipulación de votos. Burneo reconoció que hubo centros de votación en Lima donde no llegó el material electoral a tiempo y que en varios locales de votación no hubo presencia de fiscalizadores del JNE ni de la policía, dejando el proceso sin la vigilancia prometida. Confirmó incidentes inusuales, como el hallazgo de cajas con cédulas de sufragio y actas en lugares no autorizados tras el transporte defectuoso de la empresa encargada.
A pesar de sus críticas a la logística de las elecciones, el presidente del JNE también afirma que existe una "narrativa de fraude" diseñada para deslegitimar los resultados por parte de quienes no pasaron al balotaje, similar a lo ocurrido en 2021. La estrategia del JNE es separar las "serias irregularidades" logísticas (que sí admiten) de la existencia de un fraude (que descartan tajantemente). Esta visión es compartida por la Misión de Observación de la OEA que, en su informe preliminar, advirtió con preocupación cómo la desorganización de la ONPE fue aprovechada para alimentar estas narrativas de fraude desde sectores políticos.
Los otros observadores internacionales se han expresado en el mismo sentido. La jefa de la misión de la Unión Europea ha señalado que, aunque hubo incidentes de gravedad (como los 13 centros de votación que no abrieron el domingo), estos se deben a fallas operativas y no a un plan para manipular votos. El Centro Carter ha emitido informes preliminares en los que validan la transparencia del proceso peruano, pero reconoció la baja confianza pública tras el caos del domingo. La asociación civil Transparencia, a nivel Perú, ha recomendado formalmente a la ONPE mejorar su logística para la segunda vuelta, enfocándose en la instalación de mesas y capacitación, sin validar las denuncias de fraude sistémico. En síntesis, los observadores extranjeros han señalado una desorganización severa, pero que los incidentes no constituyen una alteración de la voluntad popular orquestada desde las instituciones.
Con el torpe manejo logístico que hizo la ONPE del proceso electoral, difícilmente se logrará convencer a la ciudadanía de que "ineficiencia" no es lo mismo que "fraude" en el largo camino hacia la segunda vuelta. Por eso la suspensión del jefe de la ONPE es una posibilidad abierta. La única entidad que puede suspender o destituir a su jefe, Piero Corvetto, es la Junta Nacional de Justicia, que tiene facultades para abrir un proceso disciplinario inmediato por "falta grave". De hecho, el lunes, la procuraduría del JNE presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por delitos contra el derecho al sufragio y omisión de actos funcionales contra Corvetto y otros tres funcionarios.
El argumento legal sería que la omisión de funciones (no llevar las ánforas a tiempo) puso en riesgo el derecho constitucional al sufragio, lo que podría llevarlo a la suspensión preventiva mientras dura el proceso electoral, lo que debería tranquilizar a López Aliaga. En este caso, seguramente tomaría algún otro camino para enturbiar el proceso electoral y desestabilizar el país, salvo que pase a la segunda vuelta (a pesar de que ha dicho que aun en ese caso exigirá la anulación).
Si el JNE cediera y anulara las elecciones, Perú entraría en un terreno jurídico desconocido y peligroso. El mandato presidencial actual termina el 28 de julio, y no darían los tiempos para una nueva elección general completa. Anular una elección donde millones ya han expresado su voluntad (especialmente en el interior del país, donde el apoyo a opciones como la de Roberto Sánchez es fuerte) sería visto como un golpe de Estado institucional. Eso podría incendiar el país, porque esos "invisibles", los que sienten que nunca se les escucha, no se quedarían de brazos cruzados si les quitan el voto. En el interior del país se percibe que cualquier intento de anulación sería en realidad el reflejo de la voluntad de las élites por no aceptar un resultado adverso.
Si Sánchez pasara a la segunda vuelta tendría que necesariamente construir una alianza con sectores de la izquierda variopinta para converger en un programa común, sensato, de amplio consenso. Si así ocurriera, las advertencias de fraude provendrán de Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
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