Donald Trump tiene la puntería puesta en América Latina y el Caribe y está dispuesto a ponerlos bajo su égida exclusiva con mano dura. El jueves ha convocado a una cumbre presidencial con quienes considera sus aliados ideológicos y estratégicos en Miami para el 7 de marzo. El objetivo es articular un bloque regional alineado con Washington y fortalecer los lazos de cooperación estratégica en materia de seguridad. Además, busca promover objetivos de desarrollo compartido y estabilidad democrática. De paso, busca contener la creciente influencia de China en la región. Por el momento han sido convocados los Presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras) y José Jerí (Perú), cuya destitución por incapacidad moral permanente está siendo debatida en el Congreso, cuatro meses después de que se vacara a Dina Boluarte y faltando apenas dos meses para las elecciones presidenciales en abril.
También esta semana, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, convocó a una Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental con el objetivo de coordinar estrategias regionales de defensa y seguridad con altos funcionarios militares de 34 países de la región. En el evento, realizado en Washington D.C., los asistentes coincidieron en la importancia de conformar alianzas sólidas, cooperación continua y esfuerzos conjuntos para contrarrestar a las organizaciones criminales y terroristas transnacionales, así como a los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regionales.
La creciente presencia china en la región en términos comerciales, de inversión en infraestructura, tecnología y recursos naturales es una preocupación central del gobierno estadounidense, la cual se expresa en la “Estrategia Nacional de Seguridad” de Estados Unidos publicada en diciembre pasado. En ella se señala explícitamente que el país debe tener un rol hegemónico en la región, para lo cual debe desplazarse la presencia china.
Es mi hemisferio
Lo primero que hizo su secretario de Estado, Marco Rubio, después de que asumiera el gobierno el 20 de enero de 2025, fue visitar Guatemala, El Salvador, Panamá y República Dominicana, países donde dejó claro que Estados Unidos continuaría brindando asistencia si se alineaban con sus “intereses nacionales”. Fue la primera vez en más de 100 años que un secretario de Estado visitaba la región centroamericana y caribeña en su primera salida oficial.
En Panamá, el gobierno fue obligado a retirarse de la iniciativa china de modernización e interconexión de infraestructura física y digital denominada la Franja y la Ruta (BRI). En abril del año pasado, los ejercicios militares que se realizan desde 2006 en el marco del acuerdo bilateral de cooperación en materia de defensa denominado Panamax-Alpha, para proteger el Canal de Panamá contra amenazas transnacionales, adquirieron relevancia estratégica. No solo tuvieron una duración prolongada, sino que hubo una mayor participación de fuerzas especiales que coincidió con el despliegue militar sin precedentes del Pentágono en el Caribe, que incluyó el envío de buques de guerra, submarinos de propulsión nuclear y hasta el portaaviones USS Gerald R. Ford, para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y luego asfixiar a la economía y a la población civil de Cuba.
En Perú, la construcción del megapuerto de Chancay ha despertado desconfianza. Los entonces canciller, Elmer Schialer, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, debieron viajar a Washington para reunirse con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aprovechó para advertirles sobre la creciente preocupación de Washington con respecto a China: “Representa una amenaza potencial para la paz y la seguridad hemisférica. No podemos ignorar su expansión encubierta bajo el disfraz del desarrollo (…). Pekín invierte para dominar, no para cooperar”.
A principios de mayo, en Washington, Marco Rubio les dijo a los mandatarios del Caribe oriental (San Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Granada y las Bahamas) que se mantuvieran alejados de China porque era un "agente maligno". Sus actividades económicas y culturales en la región son una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Les manifestó que deben tomar decisiones "responsables y transparentes" sobre los proveedores y contratistas que eligen para construir infraestructura para no ser "vulnerables a riesgos de privacidad y seguridad". Les urgió a que se coordinaran en materia de seguridad e intercambio de información a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, una asociación de seguridad compartida entre Estados Unidos y las naciones caribeñas establecida en el 2010.
Nada de ello impidió que, ese mismo mes, la cuarta Reunión Ministerial del Foro Celac-China, realizada en Beijing, se llevara puestas las amenazas del gobierno estadounidense para alejar la presencia china de la región. Con excepción de la Argentina —alineada obsecuentemente con los intereses del gobierno de Trump—, tres Presidentes latinoamericanos (Lula, Petro, Boric), una veintena de cancilleres y altos representantes de 32 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) suscribieron la Declaración de Beijing y el Plan de Acción Conjunto CELAC-China para la Cooperación en áreas clave (2025-2027), que serían abordadas de manera coordinada en los temas de interés para las partes involucradas. Solo el lema bajo el que se reunieron, “Planificando juntos el desarrollo y la revitalización, construyendo conjuntamente una comunidad chino-americana latina y caribeña con un futuro compartido”, resultó perturbador para los oídos estadounidenses.
El entonces almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur (quien renunció por su desacuerdo con el bombardeo a lanchas en el mar Caribe), advirtió sobre los riesgos del despliegue de China en América Latina y el Caribe y señaló que su presencia en la región encierra "programas militares potenciales”. Holsey parecía olvidar que Estados Unidos cuenta con bases militares en casi toda la región, la más antigua en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
Un mega-puerto chino en el continente americano
En noviembre de 2024, fue inaugurado el mega-puerto de aguas profundas Chancay por el Presidente de China, Xi Jinping, y la entonces Presidenta del Perú, Dina Boluarte. Desde sus inicios despertó alarmas en Estados Unidos, que lo calificó como parte de una estrategia civil-militar de China, que podría albergar barcos de guerra en un potencial conflicto. Ubicado a 70 kilómetros al norte de la capital peruana, es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de América Latina, que se fortalecerá si se concreta el corredor biocéanico entre Brasil y Perú. Este se enmarca en la estrategia china de conexión de infraestructuras BRI, que tiene lugar en un contexto de creciente presencia de comercio y de las inversiones de ese país en la región.
Para contrarrestar esa presencia, pocos días antes de la inauguración del puerto, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de Perú (CONIDA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) firmaron un Memorando de Entendimiento. Este memorando busca impulsar la cooperación espacial, incluyendo el lanzamiento de cohetes sonda desde Perú, con planes para el 2028. Asimismo, la Agencia de Cooperación para la Defensa (DSCA) de Estados Unidos aprobó a mediados de enero de este año el suministro de equipos y servicios por 1.500 millones de dólares para modernizar la nueva Base Naval del Callao, muy cerca del mega puerto. El contratista principal sería el Cuerpo de Ingenieros del US Army.
Para equilibrar la potencial presencia militar china, el gobierno ecuatoriano, otro aliado incondicional de Washington, en un acto inconstitucional, autorizó en diciembre de 2024 la instalación de una base militar estadounidense en el archipiélago de las Galápagos.
En la nueva Constitución de 2008 se prohibió la presencia de fuerzas o bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El antecedente más inmediato de la presencia de una base militar en ese país data de 1999 en la ciudad costera de Manta. El entonces Presidente Rafael Correa no renovó el contrato para operar en esa base, que vencía en 2009. Por ello, el Presidente Noboa tuvo que enviar al Parlamento, en marzo de 2025, una reforma parcial a la Constitución para eliminar el artículo que prohíbe esa presencia de otros países, la cual fue aprobada a principios de junio, pero rechazada en el referéndum de noviembre de 2025 por un 61% de la población.
En días pasados, el mega-puerto fue centro de duros intercambios entre China y Estados Unidos, debido a que el Poder Judicial, en primera instancia, bloqueó las facultades del ente regulador peruano (Ositrán) sobre el mega-puerto y dictaminó que debía abstenerse de ejercer sus facultades de supervisión, fiscalización y sanción, aunque sí regulará la fijación de tarifas a los usuarios finales.
Inmediatamente el gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, dijo estar “preocupado” por la posibilidad de que el gobierno de Perú pierda facultades para supervisar el mega-puerto: "Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”. Minutos después, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, replicó el mensaje y añadió: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.
El jueves, la Embajada de China en el Perú rechazó las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la situación del puerto de Chancay ante la imposibilidad de que su operación sea supervisada por Ositrán y añadió que la naturaleza privada del puerto de Chancay no significa afectación alguna de la soberanía nacional. El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, también se pronunció en conferencia de prensa e indicó que "China se opone firmemente a la falsa acusación y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto Chancay". Cabe señalar que la mayoría de los analistas locales consideran que lo expresado por las autoridades estadounidenses constituye una intromisión indebida en los asuntos internos del país.
Retomar el canal de Panamá
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, no ha cesado de manifestar su deseo para que Estados Unidos retome el control del canal de Panamá. Ha presionado a las autoridades panameñas a retirarse del Acuerdo de la Franja y la Ruta (BRI) y a que les retiren los contratos a la empresa CK Hutchison de Hong Kong que opera los puertos de Balboa y Cristóbal en los dos extremos del canal. Y lo ha conseguido. A fines de enero, un tribunal de Panamá dictaminó que los contratos con dichas empresas eran inconstitucionales, lo que ha generado el enojo de la empresa y del gobierno chinos. La empresa ha advertido que Panamá pagará las consecuencias y llevará el caso a un arbitraje internacional.
Aun sabiendo que el canal es controlado por una entidad pública panameña, Trump ha acusado a China de controlar el canal. Sus presiones llevaron a que inicialmente la empresa CK Hutchison propusiera vender los dos puertos panameños a un consorcio de inversores dirigido por BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo. El anuncio entusiasmó a Trump, quien con su humildad característica vinculó la decisión a sus esfuerzos por devolver el control del canal de Panamá a Estados Unidos: “Mi gobierno recuperará el canal de Panamá, y ya hemos empezado a hacerlo (...) Hoy mismo, una gran empresa estadounidense ha anunciado que va a comprar los dos puertos que rodean el canal de Panamá”. Pero el gobierno chino se opuso al acuerdo y CK Hutchison anunció que estaba considerando la posibilidad de invitar a otro inversor, procedente de China, probablemente COSCO, el gigante naviero estatal chino, a participar en la operación, lo que a su vez enfureció a Trump.
El Presdiente estadounidense ha acusado falsamente a Panamá de permitir que soldados chinos controlen esa ruta marítima y de cobrarle de más a los buques estadounidenses, lo cual es absolutamente falso. “No hay soldados chinos en el canal, por el amor de Dios”, ha dicho el Presidente Mulino. Trump ha dicho que si esas tarifas no se reducen, exigirá que se conceda a Estados Unidos el control del canal “en su totalidad, rápidamente y sin cuestionamientos”. Para el historiador francés David Marcilhacy, las acusaciones de Trump de que Panamá no respeta la neutralidad por la supuesta influencia china no tienen ninguna base legal.
La injerencia del gobierno estadounidense en Perú y Panamá se añade a la que ocurrió en Brasil cuando Trump incrementó hasta 50% los aranceles a gran parte de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos como sanción a la condena a 27 años de prisión de su socio político Jair Bolsonaro, por liderar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Poco después, fue el secretario de Estado Marco Rubio quien arremetió contra la justicia colombiana por la condena del expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos por sus vínculos con grupos paramilitares. Luego, en octubre, la descarada injerencia de Trump en las elecciones legislativas de medio término en la Argentina, al condicionar el otorgamiento de créditos al triunfo del partido de Javier Milei, así como en las presidenciales de Honduras, en noviembre, cuando amenazó con gravar las remesas si no votaban por el ahora electo Presidente Nasry Asfura. Entonces Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, perteneciente al mismo partido de Asfura.
Con un gobierno injerencista como el de Trump, y con América Latina y el Caribe en el foco de su atención, el derecho a la autodeterminación y defensa de la soberanía en los países de la región están siendo seriamente vulnerados.
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