Del aislamiento a la unidad

Un plan oficial que requiere respuesta articulada

Los docentes cumplieron su promesa de responder con un paro nacional a la creciente ola de represión que están soportando sus afiliados en las distintas provincias. La columna de varias cuadras de largo, con nutridas delegaciones de todo el país, recorrió la amplia avenida Callao desde el Congreso hasta el Palacio Pizzurno. Estas verdaderas clases públicas de instrucción cívica por el contenido de sus consignas nunca podrán ser rebatidas por los funcionarios porque hacen a la defensa de la educación, de la escuela pública, de la ética ciudadana, tan arraigadas en la cultura popular y en las clases medias educadas en ese modelo laico de enseñanza. Es el quinto paro general en lo que va del año y el reclamo central sigue siendo la apertura de la paritaria nacional.

En el mismo momento en que autorizan al sindicato de comercio de Armando Cavalieri a aumentar en cuentagotas 10 puntos a la paritaria que habían firmado en el 15%, a los docentes no los reciben. La última propuesta fue un mísero 15%, para colmo fraccionado. Lo que al gobierno parece molestarla es la existencia misma de la representación sindical de los educadores. Desde el asesinato de Carlos Fuentealba en adelante, los juramentados neoliberales argentinos se han propuesto debilitar al máximo posible al sindicalismo de los trabajadores que educan a nuestros hijos. Mientras tanto, en Chubut continúa el acampe y, más allá de los gritos, la oferta del gobierno provincial está muy cerca del mínimo indispensable para que pueda ser aceptada por la asamblea de los maestros. Pasadas las vacaciones de invierno el gobernador Mariano Arcioni, sucesor de Mario Das Neves, deberá decidir si tiene espalda suficiente para soportar un año entero sin ciclo lectivo.

En esta lógica se entiende la compulsión represiva que desarrolla el macrismo en todos los conflictos. Con una ministra de Seguridad que no trepida en sostener los relatos más alucinantes, como el de que los docentes de Chubut secuestraron a un ministro. Fue desmentida hasta por los funcionarios del gobierno provincial. Este delirio es el discurso de un manual que históricamente precedió a la acción represiva en todas sus graduaciones, desde la golpiza masiva hasta la desaparición forzada de personas. El drama es que rescaten aquellas voces estos personeros. Cuando un gobierno se vincula con el mundo del trabajo a través de las fuerzas represivas termina prisionero de esa lógica. Muestra su incapacidad para desenvolverse en una negociación donde cuentan no solamente los resultados sino los puentes comunes que se construyen para dar continuidad a la acción de gobierno y le impiden estructurar un discurso público que supere la mera amenaza permanente.

Otro colectivo laboral atacado por el gobierno fue el de los trabajadores de Télam. El impacto social y político de esta especie de carnicería laboral, sumada a la forma en que se ejecutó la desvinculación de los empleados de la agencia de noticias creada por el peronismo auroral y coronado por la escasa justificación del borrado ministro Lombardi, nos despierta en la realidad de los '90, cuando se amenazaba y se cumplía con despidos masivos. Lo que cambia es la conciencia de los trabajadores como arma de autodefensa y la opinión pública mayoritaria sobre la inutilidad de estas políticas.

Resulta llamativo el apoyo y solidaridad que están logrando los despedidos. La dirección de la agencia está totalmente desaparecida. Hernán Lombardi ignoró la citación parlamentaria para dar explicaciones y Rodolfo Pousá, quien mejor encarna el discurso desde los lejanos años '70 cuando acercaba complaciente el micrófono al general Viola, repite lo que hizo durante el gobierno de la Alianza: despedir masivamente trabajadores en nombre de la modernidad y los desafíos del futuro. Es llamativo cómo en los medios de comunicación, aquellos que ensayan explicaciones son nutridos por una generosa pauta oficial. Duros tiempos para quienes creen que esta profesión exige “decir lo que se piensa y vivir como se habla”.

Tanto mensaje oficial comienza a prender en el sector privado. Son varias las empresas que empiezan a endurecer sus políticas de recursos humanos. Algunas practican lock outs patronales para modificar las condiciones laborales. La flexibilización siempre implica políticas autoritarias que ponen al trabajador en la alternativa de ser despedido o aceptar desmejoras en sus condiciones contractuales vigentes. La fábrica de motos Guerrero de San Lorenzo, Santa Fe, cerró sus puertas el fin de semana y el día lunes, a instancias del Ministerio de Trabajo de la provincia, accedió a reabrir la planta exigiendo discutir las condiciones de trabajo. La productora de café La Virginia convocó a la Gendarmería y detuvo durante varias horas a una delegada, incautando un peligroso megáfono con el cual se dirigió a una asamblea del personal. La policía de la provincia de Córdoba irrumpió en la planta baja de la Empresa provincial de la Energía y en el acceso al Centro de Cómputos de la EPEC, de donde fue despedido el ingeniero Héctor Tosco y que pretende tercerizar. Esta medida intimidatoria fue acompañada con la aplicación de 15 días de suspensión a 7 profesionales que trabajan en dicho Centro de Cómputos. En La Matanza, la papelera Materpel se encuentra en conflicto por un reclamo de sus empleados para que les sea reconocida la antigüedad por cambio de propietarios de la firma. Reclamo legal y justo si los hay. El piquete instalado en la puerta de acceso, Sarandí 5480, fue agredido a balazos por una persona que salió de las oficinas de la empresa.

FATE, la empresa fabricante de neumáticos, cerró las puertas ante la negativa de los trabajadores de un sector a llenar una nueva planilla, generando un paro parcial que luego devino en general. El sindicato recurrió al Ministerio de Trabajo con una movilización, pero solo pudieron entregar una nota en mesa de entradas tras la negativa de los funcionarios a recibirlos. Tras una nueva asamblea el sindicato decidió retomar las tareas sin obtener ninguna instancia de negociación. Todo esto sucedió en el marco de la paritaria, donde vemos claramente una forma de actuar de las patronales montando provocaciones en busca de debilitar la fuerza de la organización gremial.

Todo cierra como un círculo. Si los despidos se acompañan con políticas crecientemente represivas tanto en lo público como en lo privado, tras la corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, crece al mismo tiempo la desocupación y se precarizan las condiciones de trabajo: un nuevo ciclo se habrá instalado definitivamente en nuestro país. Lo que aparecía “como sucesos aislados” empieza a mostrarse como un plan sistemático. De ahí la importancia de enhebrar respuestas conjuntas que economicen los esfuerzos y convertir la diferentes resistencias en un verdadero plan de lucha.

En ese arduo camino, el 9 de Julio nos volverá a regalar un ciudadanazo en la avenida homónima, que actuará como bálsamo unificante de esa inmensa multitud pacífica y comprometida, consciente de que en esta batalla contra el Fondo Monetario Internacional nos va la Patria.

 

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