Democracia en serio o semi colonia

El endeudamiento sin inversión productiva es una sangría constante de recursos y bienestar para el país

 

En Shanghái, la gigantesca segunda ciudad de importancia de China, existe una zona sumamente turística que se llama el Bund, al borde del río Huangpu. Sorprende allí la edificación diferenciada del resto de la ciudad: fueron los intereses británicos, franceses, alemanes y belgas, cuando China estaba postrada frente a las diversas potencias occidentales, quienes levantaron característicos edificios europeos para conducir sus negocios hechos a costa de China y de su soberanía.

Sobre todos esos edificios, flamea hoy la bandera de la República Popular China. Enfrente a este barrio, del otro lado del río, se encuentra Pudong, un barrio que hace décadas era despreciado por su pobreza, y que es donde actualmente se puede observar un imponente muestrario de espectaculares edificios, fruto del crecimiento acelerado y planificado por las autoridades chinas. Lo que medió entre aquel momento colonial y el presente de progreso en China fue una impresionante revolución social y nacional, que a lo largo de décadas supo desarrollar las capacidades potenciales del país, y usar el contexto mundial a favor, y no en contra de las necesidades del pueblo chino. Tiene que ver con una visión nacional, desde los intereses estratégicos chinos, sobre cómo estar en el mundo.

 

 

Bund y Pudong.

 

En nuestro país, sucesivas olas de gobiernos antinacionales han logrado hacernos recorrer el camino inverso. Nuestro país ha sido puesto a disposición de diversos intereses globales para que se potencie el progreso de otras regiones del mundo, a costa del bienestar de lxs argentinxs.

No otro es el significado de lo que se ha puesto de manifiesto esta semana. Aparece cada vez más claro, en la superficie de la vida social, el régimen de colonización económica que ha sufrido la Argentina desde el golpe cívico-militar de 1976, su modus operandi financiero y político, y los dilemas nacionales que aún están por resolverse.

 

 

El endeudamiento como una práctica política

El Presidente de la Nación al inaugurar el 139º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, realizó un discurso que tuvo varios puntos sobresalientes. Queremos centrarnos sólo en uno de ellos.

Alberto Fernández anunció su decisión de entablar una querella criminal contra los autores y partícipes del gobierno macrista por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos en relación al acuerdo firmado irregularmente con el Fondo Monetario Internacional, afirmando que era necesario que esos episodios de endeudamiento reiterado del país no queden impunes y que exista una sanción por el daño producido.

Más allá de los eventuales resultados que pueda deparar el poco confiable Poder Judicial argentino, la determinación presidencial sirve para poner en el centro del debate público uno de los problemas más graves que tiene nuestro país desde 1976, que se reitera sistemáticamente, y que no termina de ser comprendido por la mayoría de los ciudadanxs.

El endeudamiento sistemático de la Argentina ha sido la condición para que parte de la riqueza nacional se vaya reiteradamente al exterior todos los años, sin que pueda ser usada ni para consumo ni para inversión local. Esos son los “servicios” de la deuda externa: intereses que se pagan por grandes sumas que se le suministran al país, y que jamás van a parar a actividades que aumenten la capacidad de producción o de exportación de la economía nacional.

Fondos que siempre terminan envueltos en gigantescas maniobras bancarias y cambiarias que generan compromisos impagables que sirven para encadenar al país a los requerimientos de bancos, fondos de inversión u organismos financieros internacionales, comandados a su vez por los países centrales, en los cuales dichos bancos y fondos de inversión tienen sus casas matrices.

En términos económicos, el endeudamiento en esas condiciones (sin inversión productiva) termina significando una sangría constante de recursos y por lo tanto menos bienestar para la mayoría del país. No es gratis, todos los años, desperdiciar 2 ó 3 puntos de la riqueza nacional, teniendo que transferirlos a acreedores externos (que, debemos decirlo, en muchos casos son residentes argentinos poseedores de deuda del país).

En términos políticos, el endeudamiento refuerza la dependencia política de las principales potencias occidentales, y una mayor capacidad de injerencia de esos centros en los asuntos domésticos de Argentina. No sólo en las políticas económicas, impulsando medidas que agreden el desarrollo nacional, sino que también habilitan intervenciones sobre las políticas educativas, sanitarias, tecnológicas, etc.

Ya ocurrió en tres oportunidades: con la dictadura, con el menemismo y con Macri. Insistimos, no es nuevo el fenómeno del endeudamiento, ni es casual. Es un modus operandi.

A medida que se reiteran los episodios de endeudamiento, y aparecen similares personajes y protagonistas, y similares grupos de poder y comisionistas, y determinados estudios jurídicos y centros de pensamiento liberales, se puede observar que existe un lobby muy fuerte y organizado, dedicado a impulsar el endeudamiento externo en determinadas coyunturas favorables.

Estas coyunturas son muy claras políticamente. Cada llegada de un gobierno que se autotitula “liberal”, “amigo de los mercados” o “abierto al mundo”, es una garantía de rápido endeudamiento, sin ningún fin productivo, en el que se malgastarán los fondos que ingresan –muchas veces son embolsados por la propia minoría endeudadora—, y que es lógicamente bienvenido y felicitado por la comunidad financiera internacional y por los gobiernos “líderes” de Occidente.

“Por fin hacen las políticas económicas correctas”, escriben en la gran prensa internacional.

El episodio protagonizado por Macri y Cambiemos es de manual. Implementaron una política irresponsable y aventurera en lo monetario y lo fiscal, y apenas hubo un pequeño cambio de humor en la economía norteamericana a comienzos de 2018, toda la macroeconomía se desmoronó, generando una crisis pavorosa.

La operación por la cual Estados Unidos presionó al FMI y a sus socios en ese organismo para salvar al gobierno de Macri es una de las más escandalosas de la historia del organismo.

Se le otorgaron a la Argentina 57.000 millones de dólares, porque estaba gobernada por un Presidente incondicional de los Estados Unidos y su estrategia regional. Un verdadero representante de los intereses extranjeros en el país. O describámoslo en forma más precisa: sus intereses individuales y los del sector empresarial que representa, su visión del mundo y su falta de compromiso con su país, calzan como anillo al dedo con la visión que en el norte tienen de la región sudamericana: un espacio para la provisión de materias primas y recursos naturales a los países en serio.

Si bien no se desembolsó todo el crédito, alcanzaron los 44.000 millones para que más allá de la suerte electoral que tuvo el pésimo gobierno macrista, el país como tal quedara supeditado a las presiones y restricciones que intenta imponer el núcleo de principales países miembros del FMI.

La acusación presidencial al macrismo es de una gravedad extraordinaria, acorde al daño que han hecho a la Argentina. Que Mauricio Macri todavía hoy ocupe un lugar central en esa formación política, siendo responsable de la degradación del país hacia los escalones más bajos de deuda y miseria, habla de lo poderosos que son los intereses antinacionales en ese espacio político partidario, y lo debilitada que está la conciencia nacional en la sociedad argentina en general.

 

 

El FMI todavía con el dedito levantado

Por otra parte, que el gobierno nacional haya encarado acciones judiciales formales en relación al episodio del endeudamiento, aunque parezca extraño, constituye una muy bienvenida “intromisión” en los asuntos internos del FMI.

En este momento se realiza en el seno de ese organismo una auditoría para determinar qué fue lo ocurrido con el mega préstamo a la Argentina, que violó todas las reglamentaciones internas y todos los límites crediticios, para establecer las responsabilidades que competen a los diversos niveles de decisión de ese organismo tan prolijo y tan profesional.

Por supuesto que todo es un formalismo hipócrita, ya que se sabe que Macri le pidió a Trump que salvara a su gobierno neo colonial, que Trump accedió y presionó a Christine Lagarde, quien comprendió la urgencia del mandatario norteamericano y pisoteó todas las disposiciones y regulaciones internas, ante la mirada incómoda, pero cómplice, de los europeos.

La “investigación” interna, de no mediar ningún escándalo, está destinada a perderse en el olvido, porque de alguna forma todos estaban de acuerdo en rescatar a Macri, dentro de la estrategia más general de subordinar a toda la región sudamericana a las necesidades de la globalización neoliberal e implantar en esta zona gobiernos serviles como fuera.

El golpe a Evo Morales, aceptado y avalado por todos los líderes de los países “democráticos”,  fue un ejemplo de la prioridad que le dio Occidente a la restauración de gobiernos semicoloniales en la región a costa de lo que fuera.

La decisión oficial argentina de jerarquizar políticamente el episodio no puede dejar de impactar en ese proceso formal dentro del FMI. Cuanta más difusión global tenga lo ocurrido, menos será posible resolverlo con un arreglo burocrático interno, y más se fortalecerá la comprensión universal de la irregularidad del episodio y de la necesidad argentina de un tratamiento diferencial del problema generado.

Hace dos semanas trascendieron declaraciones de un funcionario fondomonetarista, que intentaban desvincular las irregularidades cometidas en el préstamo al macrismo de las negociaciones en marcha con el actual gobierno, como si se tratara de una mera “violación de un reglamento interno”, que ya quedó en el pasado. Una desprolijidad que debería quedar en el olvido, pero eso sí, con la Argentina atada a la noria de un endeudamiento impagable.

La magnitud descomunal del crédito irregular otorgado parece diseñada para condicionar con mucha fuerza a la Argentina y subordinar su política económica –de vuelta— a los lineamientos ajustadores diseñados para mantenerla establemente en el subdesarrollo.

Todos, ellos y nosotros, sabemos que cuando los créditos son de menor magnitud, pueden llegar a ser saldados por autoridades con una visión nacional de los problemas, como fue el caso de Néstor Kirchner, o de Lula da Silva en Brasil. Si Kirchner se hubiera encontrado con un monto de deuda del tamaño de la dejada por Macri, poco hubiera podido hacer para sacarse de encima el corset subdesarrollante del FMI, salvo sostener choques reiterados con el organismo y sus mandantes, además de desestabilizaciones internas permanentes.

Nuestro país está en una negociación muy difícil con el organismo, y no puede aceptar condiciones como las que se exigían en el pasado. Hay una situación de pandemia mundial con durísimas consecuencias sociales, y hay un grosero préstamo concedido con fines políticos inadmisibles.

Mostrar públicamente la brutalidad del episodio puede servir para aflojar el lazo que se le quiere colocar al país.

 

 

Decir lawfare no es un chiste

Que aún continúe el juicio popularmente denominado “dólar futuro” es un indicio de que el entramado judicial  que se empezó a construir desde la época del menemismo, y que se vio fortalecido por las acciones del macrismo, continúa en plena vigencia.

Algunos conocedores del ambiente judicial prefieren pintar a ese micromundo como un espacio más bien oportunista, que va para donde “corre el viento”. Sin embargo, el comportamiento del sistema judicial no parece haber recibido ninguna noticia del cambio de viento. Hasta las causas más aberrantes y ridículas siguen su camino. No es un poder veleta. Es un poder donde un sector muy relevante tomó partido por la militancia judicial para sostener a los representantes del proyecto semicolonial y la persecución a quienes no aceptan ni se resignan a tal situación.

La ex Presidenta Cristina Kirchner realizó en la audiencia ocurrida esta semana un poderoso alegato, no sólo contra este juicio insólito, sino contra el comportamiento político del Poder Judicial y su complicidad con la entronización del macrismo en el poder. Es un problema que no puede reducirse a una cuestión politiquera: no es que apoyan a amigos, a miembros de su sector social, sino que apoyan una política que viene destruyendo a la Argentina. Apoyaron, y hoy protegen, a los que hicieron el trabajo sucio del endeudamiento, el ataque a la educación, la salud, la ciencia y tecnología nacionales. Un poder colonial no lo podría haber hecho mejor, y con menos costo para el imperio.

Antes mencionamos a Brasil, y volvemos a hacerlo: el Poder Judicial de Brasil también es cómplice y culpable de la entronización en el poder del gobierno más irresponsable, entreguista y dañino de la historia de ese país. Con dos grandes avales, la alta burguesía brasileña que ha perdido completamente el rumbo nacional, y el apoyo de los Estados Unidos. Brasil y Argentina, hundidos y separados.

Los señalamientos realizados por Cristina son de un crudeza paralela a la insoportable verdad que enuncian: su análisis desborda el problema de jueces malos, o jueces vendidos, y conduce en la dirección de la funcionalidad del Poder Judicial en el entramado de intereses que se mueven para promover gobiernos semicoloniales en nuestro país.

Especialmente aguda es la idea de “hacer desaparecer políticamente a las personas, no físicamente”. En el mundo de las prácticas mafiosas se decía “que parezca un accidente”, cuando se quería ocultar un crimen. “Que parezca más o menos un juicio”, se diría ahora para ocultar la persecución, proscripción o aniquilación pública a los políticos que defienden lo nacional. En vez de dictaduras abiertas, noticias fake, instituciones judiciales fake, democracias fake.

La continuidad de estos regímenes semicoloniales civiles, con las dictaduras semicoloniales de otra época, se vuelve indisimulable. Cambian los métodos y las sutilezas, pero las políticas de desmantelamiento nacional son similares y reiteradas.

El entramado de intereses locales e internacionales que se cruzan en el lawfare es impresionante. Sin embargo, la necesidad de organizar un sistema de persecución tan vasto evidencia que se deben gastar ingentes recursos materiales y humanos para ir manipulando sociedades que sin esa intervención seguirían otros rumbos.

No sabemos cómo será el devenir de estas estruendosas verdades, ni cómo las procesará la sociedad argentina. Lo que sí sabemos es que es muy saludable que sean enunciadas. Y que son necesarias, porque desnudan realidades profundas y ayudan a salir de ensoñaciones y ficciones que sólo sirven para perpetuar la dominación.

 

 

 

 

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