Sheldon S. Wolin (1922-2015) fue un filósofo y politólogo estadounidense, profesor emérito de la Universidad de Princeton, considerado uno de los más destacados teóricos de la democracia norteamericana. Su obra más difundida ha sido Democracia SA. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido, publicada en español por la Editorial Katz en 2008. La incisiva crítica que Wolin formula tiene enorme actualidad en momentos en que existe una rebelión de las bases del Partido Demócrata, liderada por una corriente de “socialistas democráticos”, que aspira a provocar una renovación en el interior del partido. En las primarias demócratas para el Senado, que han tenido lugar el martes en Michigan, el médico Abdul El-Sayed ha derrotado por un estrecho margen a la representante del establishment demócrata Haley Stevens, en una contienda ampliamente considerada como un referéndum sobre Israel, la influencia del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-israelí (AIPAC) y la postura del Partido Demócrata sobre ambos temas. La relevancia que tenía la elección ha quedado de manifiesto con la reacción del Presidente Donald Trump a la victoria de El-Sayed, calificándola de “una gran noticia para el partido republicano” y tachando a El-Sayed de “perdedor comunista que odia a los judíos e Israel”.
La democracia dirigida
En Democracia SA, Sheldon S. Wolin describe a la democracia dirigida o administrada como el espectáculo rutinario de la política electoral, donde el papel de la ciudadanía se va difuminando para quedar reducido estrictamente al ejercicio del voto. Los ciudadanos desorientados dejan las manos libres a líderes populistas que no dudan en imponer la agenda de las grandes corporaciones. A esta democracia administrada, meramente gestionada en beneficio de las corporaciones, Wolin la considera una nueva forma de totalitarismo, al que llama totalitarismo invertido por oposición al totalitarismo clásico. “El totalitarismo invertido marca un momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico, confinado principalmente al terreno interno de la empresa privada, y evoluciona hasta transformarse en una coparticipación globalizadora con el Estado: una transmutación doble de corporación y Estado. La primera se vuelve más política, el segundo más orientado al mercado”. Es invertido porque a diferencia del totalitarismo clásico no surge de una revolución desde abajo para conquistar el poder, sino que busca la desmovilización de las masas desde arriba para devolverlas a un estado de neutralidad e impotencia.
Wolin, que escribió su ensayo antes de que aparecieran personajes como Trump y Milei, añade que el predominio del ejecutivo y el dominio de la élite son elementos básicos del totalitarismo invertido. La antidemocracia no adopta la forma de ataques explícitos a la idea del gobierno por el pueblo, pero significa alentar lo que denomina “desmovilización cívica”: “Se alienta a los ciudadanos a desconfiar del gobierno y de los políticos; a concentrarse en sus propios intereses; a quejarse de los impuestos; a cambiar el compromiso activo por las gratificaciones simbólicas del patriotismo, la soberbia moral colectiva y la proeza militar”. Sobre todo, se promueve la despolitización envolviendo a la sociedad en una atmósfera de temor colectivo y de impotencia individual, por la pérdida de los puestos de trabajo, la incertidumbre sobre los planes de jubilación, los costos médicos elevadísimos y los gastos de educación en ascenso. Se instala un perpetuo estado de preocupación, donde los ciudadanos anhelan estabilidad política más que compromiso cívico; protección más que participación política. En Estados Unidos los recursos que podrían usarse para mejorar la atención sanitaria, la educación y la protección del medio ambiente son destinados a cubrir los exorbitantes gastos de defensa, que consumen el porcentaje más elevado del presupuesto nacional.
El establishment demócrata
Bajo el totalitarismo invertido el Partido Demócrata ha venido cumpliendo la función de una falsa oposición. Según Wolin, “se ha despojado de sus elementos reformistas y ha desconocido el rótulo de liberal para quedar atrapado por nuevas reglas de juego que prescriben que un partido existe para ganar elecciones más que para promover la concepción de la buena sociedad”. El poder de las corporaciones se traduce en la proliferación de lobbistas en Washington, lo que demuestra a quiénes realmente se está representando. Si los candidatos demócratas finalmente resultan elegidos gracias a la financiación obtenida de las corporaciones, quedarían tan condicionados que no podrían alterar significativamente el rumbo de la sociedad. De allí que los socialistas democráticos sostengan la necesidad de terminar con el dinero opaco de la política.
Es cierto también que el Partido Demócrata vive atormentado por un dilema desde 2016, cuando Bernie Sanders perdió las primarias contra Bill Clinton. Ha sido el argumento de la “elegibilidad” el que ha llevado a optar siempre por los candidatos moderados con la idea de que los candidatos situados más a la izquierda podían asustar a algunos votantes. Desde entonces, muchos progresistas están enojados con la cúpula del Partido Demócrata porque ese argumento solo ha servido para preservar el inmovilismo y perder las elecciones frente a los candidatos republicanos disruptivos como Trump. Lo cierto es que los demócratas tradicionales perdieron las elecciones presidenciales de 2016 y 2024, entregando el control del gobierno a los republicanos, de modo que hay motivos para que haya afiliados irritados. Las fallidas campañas presidenciales de Sanders en 2016 y 2020 sentaron las bases para el reciente levantamiento, que comenzó el año pasado con la elección de Zohran Mamdani, el popular alcalde socialista demócrata de Nueva York. Desde entonces, los votantes de las primarias demócratas han elegido a más candidatos comprometidos con la defensa firme de los valores progresistas.
La campaña de El-Sayed
La campaña en Michigan enfrentó a El-Sayed, un político carismático de 41 años, de religión musulmana y médico de salud pública, respaldado por el senador Bernie Sanders, contra la representante Haley Stevens, que contaba con el apoyo de gran parte del establishment demócrata. Los videos de la campaña de El-Sayed lo muestran como una persona ingeniosa y jovial. En 2007, fue el mejor alumno de su promoción en la Universidad de Michigan y por ese motivo leyó el discurso de fin de curso en presencia del Presidente Clinton. Haley Steevens recibió en su campaña más de 30 millones de dólares provenientes de donantes proisraelíes, pero El-Sayed tuvo la habilidad de utilizar en su contra ese apoyo financiero. El Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-israelí (AIPAC) acusó a El-Sayed de adoptar una “retórica extremista”, de impulsar “falsas acusaciones de genocidio” y de apoyar la suspensión de la ayuda a Israel. Efectivamente, El-Sayed ha calificado la actuación del gobierno israelí en Gaza como un “genocidio” y ha afirmado que Estados Unidos no debería financiar militarmente esas acciones. Por ese motivo ha pedido poner fin a la ayuda militar incondicional de Estados Unidos a Israel, argumentando que la asistencia exterior debería estar sujeta al respeto de los derechos humanos y que los recursos deberían priorizar necesidades internas de Estados Unidos. Al vincular persistentemente la ayuda militar estadounidense a Israel con las necesidades insatisfechas en su propio país, El-Sayed ha estado dando forma a una versión progresista de la política de “América First”, afirma el analista Peter Beinart. El-Sayed ha insistido en que criticar al gobierno de Israel no es antisemita y ha condenado el antisemitismo de forma explícita, afirmando que combatir el antisemitismo y la islamofobia son obligaciones morales igualmente importantes. Cuando CNN le preguntó a El-Sayed en julio si se podía ser sionista y progresista a la vez, respondió que “toda definición de un Estado (supremacista) judío termina por articular valores antiliberales, absolutamente todas”.
Los fondos oscuros
En Estados Unidos, la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales depende casi por completo de fondos privados. Se basa en donaciones individuales —limitadas por la ley a determinado importe—, aportaciones ilimitadas de los propios candidatos y grandes sumas canalizadas a través de comités y organizaciones sin límite de gasto amparadas por la libertad de expresión. Según el Tribunal Supremo, en la decisión adoptada en 2010 en el fallo Citizens United, limitar el gasto electoral vulnera la Primera Enmienda de la Constitución, lo que ha permitido el flujo ilimitado de fondos corporativos. Los Comités de Acción Política (PAC) son organizaciones que reúnen dinero de ciudadanos para entregarlo a las campañas, pero están sujetos a restricciones de cantidad. Sin embargo, los súper-PACs (Comités de Acción Política Superiores) recaudan fondos ilimitados de personas ricas, empresas y corporaciones. Si bien no pueden coordinarse de forma directa con la campaña del candidato, pueden gastar millones en anuncios independientes para apoyarlo. Se supone que los súper-PACs deben operar independientemente de los candidatos y partidos políticos, pero esta independencia está definida por reglas débiles que casi nunca se cumplen, de modo que terminan formando parte del aparato de campaña de cada partido. A los súper-PACs deben sumarse las organizaciones sin fines de lucro (dark money), entidades exentas de revelar la identidad de sus donantes que pueden invertir sumas millonarias y anónimas en el debate político.
Los socialistas demócratas han venido adoptando posturas muy críticas hacia los fondos opacos empleados en las campañas electorales. Consideran que las donaciones cuyos financiadores permanecen ocultos permiten que grandes intereses económicos influyan en la política sin rendir cuentas, lo que reduce la transparencia y debilita la confianza pública. Sostienen que las grandes corporaciones, los multimillonarios y los grupos de presión pueden ejercer una influencia desproporcionada sobre el proceso democrático. Por consiguiente, defienden leyes que obliguen a revelar quiénes financian las campañas políticas y la publicidad electoral y buscan eliminar estructuras que permiten ocultar la identidad de los donantes. Varios proyectos de ley canalizando estas iniciativas duermen el sueño de los justos en el Congreso norteamericano. El Centro Brennan para la Justicia publicó recientemente una encuesta que muestra que los votantes estadounidenses creen que el país se enfrenta a un grave problema de corrupción corporativa, y que una amplia mayoría apoya la adopción de medidas importantes para acabar con el papel del dinero opaco en la política estadounidense. La encuesta, que consultó a 2.000 votantes registrados en todo el país, reveló que el 79% apoya “una enmienda constitucional para restablecer los límites al financiamiento electoral”.
La renovación
La posibilidad de que los demócratas ganen las elecciones de medio término en noviembre, dada la magnitud de los errores políticos cometidos por Trump, es muy elevada. El-Sayed se enfrenta ahora al enorme desafío de obtener una victoria en un Estado bisagra como Míchigan el próximo 3 de noviembre. Lo primero que tiene que hacer es unificar al Partido Demócrata, que en estas elecciones internas ha quedado partido en dos. El escaño del Senado en disputa está ahora en manos de los demócratas y si lo perdieran se complicaría el plan de hacerse con el control de la cámara alta. Hasta ahora el Partido Demócrata ha sustentado la teoría de que un centrista tendría más posibilidades de ganar unas elecciones generales en un Estado como Míchigan. Pero la irritación que se ha ido acumulando contra las políticas erráticas de Trump, su irresponsable guerra contra Irán y sus idas y venidas del brazo de Netanyahu —una figura definitivamente asociada con el genocidio en Gaza— permiten pensar que muchos electores se inclinarán por los candidatos más radicales en la oposición al trumpismo.
Sería deseable que las propuestas de los socialistas democráticos, consistentes en reforzar los servicios públicos, establecer una sanidad universal, fijar un salario mínimo digno o aumentar los impuestos a las grandes fortunas, vayan calando en el Partido Demócrata y reciban luego el respaldo de millones de votantes. Por otra parte, como advirtiera Wolin, nunca habrá un retorno a la verdadera democracia en Estados Unidos mientras no se reduzca el poder de las corporaciones y del complejo militar-industrial. Un estado en guerra permanente no puede ser un estado democrático, porque imperialismo y democracia son incompatibles. Las desaprensivas acciones de Trump en el terreno interno e internacional probablemente terminen siendo un inesperado incentivo para la adopción de políticas democráticas equitativas y justas.
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