DEMOCRACIA Y DERECHOS PARA TODXS

Documento de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz a 43 años de los secuestros

 

Se cumplen 43 años de que nuestros familiares y compañeros fueran secuestrados, entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977: Azucena Villaflor de De Vincenti, Mary Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Oviedo, Angela Auad, Horacio Elbert, Julio Fondovilla, Remo Berardo, Raquel Bulit, Gabriel Horane, Leonie Duquet y Alice Domon. Todos llevados a la ESMA y luego arrojados vivos al mar. Se cumplen 15 años de la identificación de aquellos cuerpos que volvieron con el mar, pudiendo así devolverles sus nombres: Azucena, Mary, Esther, Leonie y Ángela Auad.

La MEMORIA es una tarea colectiva, es el pueblo el que se pone de pie y en marcha atravesando miedos y negacionismos, para conservarla, cuidarla y transmitirla a las nuevas generaciones.

En diciembre de 1977 cinco cuerpos aparecieron en las costas de Santa Teresita y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, en un intento por borrar totalmente su existencia. Dos décadas y media después, en 2003, el pueblo de la costa, entrelazando búsquedas, encontró las primeras huellas de la VERDAD, abrió el camino de la JUSTICIA, fortaleciendo la MEMORIA.

Allí estuvo el Equipo Argentino de Antropología Forense, concluyendo el camino iniciado por los estudiantes de periodismo de la Universidad de La Plata.

Tuvieron que pasar 28 años para reencontrarnos con ellas, y en ese camino de coraje, dolor, frustraciones y logros las recuperamos, y la Verdad se hizo historia, la Memoria y la Justicia presente y futuro.

Este nuevo aniversario es una oportunidad para hacer un balance sobre el año recorrido.

 

 

Los derechos humanos como política de Estado

Acaba de cumplirse el primer año del mandato de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, un gobierno que volvió a poner en valor la política de derechos humanos como lo hicieron Néstor y Cristina, con el que caminamos juntos en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, y que se propuso seguir consolidando derechos. Hoy celebramos la media sanción del proyecto de ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo yd el proyecto de los 1.000 días que garantiza la atención y asistencia a las personas gestantes y su hijo o hija.

 

 

 

El año pasado iniciamos nuestro acto de conmemoración con las esperanzas renovadas ante el comienzo del nuevo gobierno, al que consideramos nuestro. Veníamos de cuatro años de oscuridad neoliberal, donde redoblamos los esfuerzos para luchar contra una política de cómplices de la dictadura, que asumió negando el genocidio y afirmando que los derechos humanos eran un curro. Un Presidente, Mauricio Macri, que actuó favoreciendo la impunidad de los genocidas.

En este sentido, con relación a los Juicios por delitos de Lesa Humanidad existen a la fecha un número de mil condenados pero más de seiscientos de esos represores están con prisión domiciliaria. De este modo, mientras ellos gozan de la tranquilidad de su hogar, sin romper el pacto de silencio, nosotros continuamos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva, con la necesidad de saber qué pasó con los 30.000 compañeros y compañeras. Resulta inaceptable que seamos los familiares y los sobrevivientes quienes tengamos que pagar las consecuencias de tantos años de impunidad, con jueces que nos siguen negando el derecho a la justicia, otorgando beneficios a genocidas, violando pactos internacionales que determinan claramente que las condenas a culpables de delitos de lesa humanidad no pueden ser morigeradas.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia han demostrado la falta de compromiso en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, otorgando en forma silenciosa pero eficaz la impunidad biológica a los genocidas y sus cómplices civiles. Ejemplo de ello es la inexplicable lentitud en la resolución de estas causas, cuyo caso paradigmático es el de Carlos Pedro Blaquier, que tienen en estudio y sin resolver desde hace más de cinco años.

Por su parte, la sociedad argentina demostró que no está dispuesta a convivir con genocidas. Lo hace cada 24 de marzo y en innumerables marchas multitudinarias, como la histórica movilización contra el 2×1 con que la Corte Suprema pretendía beneficiarlos. En estas marchas también seguimos reclamando Verdad y Justicia por Jorge Julio López, quien lleva 14 años desaparecido. Verdad y Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Esclarecimiento de la muerte de Facundo Astudillo Castro. Libertad definitiva de Milagro Sala y las y los tupaqueros, libertad para Amado Boudou, Julio de Vido, Roberto Baratta, Luis D’Elía, Juan Pablo Schiavi y todos los compañeros y compañeras víctimas de la persecución política del gobierno macrista.

 

 

 

 

 

 

 

Lawfare, una guerra sin armas y sin leyes

El gobierno de Alberto Fernández, quien prometió terminar con los “sótanos de la democracia”, ha dado pasos significativos en este camino, entre los que tenemos que resaltar la intervención de la AFI, la separación de la misma de las causas judiciales eliminando el espionaje político, el envío de la reforma judicial para su tratamiento legislativo, la convocatoria al consejo consultivo para estudiar las reformas a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público, medidas necesarias aunque no suficientes.

En los cuatro años de gobierno de Macri hemos asistido a la continua degradación del Estado de Derecho a través de la aplicación sistemática del lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos, utilizando procedimientos judiciales y administrativos ilegales por parte de funcionarios públicos y de sectores del Poder Judicial, quienes en coordinación con los medios de comunicación hegemónicos se constituyen en verdaderos grupos de tareas. Se trata de un plan estratégico de Estados Unidos para derrocar gobiernos populares mediante el uso de una parte del Poder Judicial, como lo expresara el embajador Edward Prado, quien ofreció los servicios de su país para investigar la corrupción y “mejorar el funcionamiento de la justicia”.

En nuestro país, podemos identificar los siguientes pasos que tuvo este plan sistemático:

  • La designación por decreto de dos miembros de la Corte Suprema (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti).
  • El forzamiento a la renuncia de la procuradora de la nación doctora Gils Carbó.
  • El traslado irregular de los jueces Bruglia y Bertuzzi a puestos estratégicos en Comodoro Py.
  • El traspaso de las escuchas judiciales a la órbita de la Corte Suprema.
  • La conformación de la Mesa Judicial.

Todas maniobras que le permitieron al gobierno de Macri cumplir con su objetivo de perseguir y encarcelar a dirigentes políticos y sociales, empresarios y ex funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina, armando causas con falsos arrepentidos y testigos guionados. Plan que fue ideado principalmente para llevar a cabo una persecución inédita y feroz a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, constituyendo un escándalo histórico y sin precedentes, que debe ser reparado en forma urgente, ya que fueron los jueces los que se convirtieron, como ella misma dijera, “en el ariete indispensable para identificar a la política y los cambios con la corrupción”. Fue la demonización de un proyecto político nacional y popular a través del armado de causas judiciales.

Y nuevamente, la Corte Suprema de Justicia en un vergonzoso fallo, respecto a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, demuestra su compromiso con el lawfare, haciendo uso de sus facultades constitucionales para atentar contra la democracia y el Estado de Derecho.

Resultan más que pertinentes las palabras del ex Presidente Néstor Kirchner el 4 de junio de 2003: “Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias”. Palabras que le caben al Consejo de la Magistratura y a los órganos competentes del Ministerio Público, para remover a jueces y fiscales que son parte del entramado del lawfare, una guerra sin armas y sin leyes.

 

 

 

Economía y pandemia

Sabíamos en diciembre de 2019 que el gobierno de Alberto y Cristina significaba la vuelta de un proyecto nacional y popular que debía resolver las secuelas que nos dejó el neoliberalismo de Macri. Lo que jamás imaginamos es que, a poco de andar, una pandemia sin precedentes azotaría al mundo entero, dejando en evidencia las profundas desigualdades existentes en nuestro país, agravadas por los cuatro años de gobierno neoliberal.

Aprendimos que el virus no nos afecta a todos por igual, sino mucho más a las poblaciones más vulneradas. En este sentido, desde el primer momento el gobierno dio un claro mensaje a la sociedad sobre cuidar la vida y la salud por encima de cualquier interés particular, con lo que coincidimos plenamente ya que la vida y la salud son derechos humanos básicos. De esta manera, implementó con éxito una cuarentena temprana, la cual se mantuvo estricta por dos meses, comenzando luego una campaña sistemática y persistente de la oposición, los grupos de poder y los medios concentrados de comunicación, forzando aperturas innecesarias, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo resultado fue la extensión del virus al Conurbano y al resto del país, con las consecuencias por todos conocidas, con miles de muertes en su gran mayoría evitables.

El gobierno no sólo asiste sanitaria y económicamente a la población de toda la Argentina sino que además está trabajando en la reactivación que vendrá con mayor equidad en la distribución de la riqueza, con el objetivo estratégico de construir una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y feminista. Desde el primer momento trabajó también para que, cuando estén disponibles, nuestro país cuente con las vacunas necesarias para ser aplicadas, a fin de poner fin a esta pesadilla. Mientras tanto cuidarnos y cuidar al otro es un acto de humanidad y solidaridad.

Es largo el camino a transitar, lidiando con una oposición que representa a los sectores económicos concentrados, que nos han endeudado, fugado divisas y que hoy vuelven una vez más al ataque económico y especulativo. La actual gestión seguirá trabajando para garantizar a los sectores más golpeados de la sociedad el acceso a todos los derechos humanos que le posibiliten una vida digna. Porque volvimos para reparar y construir tal como lo hizo Néstor. Volvimos porque los sectores más vulnerados no pueden soportar ningún ajuste más de los padecidos durante los cuatro años de gobierno neoliberal, sumado a las secuelas que dejará la pandemia. Volvimos también para que los jubilados tengan los mejores ingresos de América Latina como cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato en 2015, y no que ocupen el tristísimo undécimo lugar donde cayeron debido a las políticas de ajuste de Mauricio Macri. Volvimos para decirle al Fondo Monetario Internacional lo expresado por el bloque de senadores del Frente de Todos en la carta del pasado 16 de noviembre a su directora Kristalina Georgieva: “Ante las nuevas negociaciones iniciadas por nuestro gobierno del Presidente Alberto Fernández, solicitamos se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años… Tal y como advirtió́ oportunamente el Papa Francisco: ‘No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables’”.

 

 

 

Latinoamérica, nueva oleada virtuosa

Luego de años en que los Presidentes de América Latina se parecieran a sus pueblos, la unidad de Latinoamericana tuvo un período de retroceso con la reinstalación de gobiernos neoliberales en la región.

Pero como bien lo señala el compañero Álvaro García Linera, las transformaciones se dan por oleadas, de victorias y derrotas temporales, por eso el repliegue de lo social tiende a terminar y de esta manera vemos como nuevamente vuelven los gobiernos que representan a las mayorías populares como en México, Argentina y Bolivia. América Latina está en un proceso de recuperación de la democracia, la soberanía y la autodeterminación. Entendemos el llamado del Presidente Alberto Fernández a la reconstrucción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como un paso necesario y urgente para la integración de América Latina y el Caribe, cuya unidad hará más sólida nuestra vinculación con el resto del mundo.

En este contexto regional, Chile también ha sido en 2019 protagonista de acontecimientos inéditos en mucho tiempo. Se destaca allí la lucha multitudinaria de sus jóvenes y de los movimientos feministas, que en las calles hicieron retroceder al gobierno neoliberal de Piñera, obligándolo a realizar un histórico plebiscito este año, cuyo resultado fue el fin de la constitución pinochetista y la conformación de una Convención Constitucional, de la que surgirá la nueva Constitución, que será la primera en el mundo redactada con paridad de género.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno venezolano ante la posición de la Cancillería argentina en la reunión de la Comisión de DDHH de la ONU, que contradice los principios fundamentales de no injerencia y libre determinación de los pueblos. La decisión de construir una patria grande, libre y soberana no puede sufrir este retroceso. Condenamos una vez más el bloqueo y la injerencia de los Estados Unidos en el país hermano.

El 9 de noviembre, un día después de asumir Luis Arce como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma regresó a su tierra, de la que tuvo que salir rumbo al exilio once meses antes. Cruzó caminando el puente internacional desde La Quiaca hacia Villazón junto a Alberto Fernández, quien con la ayuda solidaria de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un operativo de rescate que salvó la vida de Evo y su Vicepresidente Álvaro García Linera. El retorno a su Patria fue un acto histórico, de alto contenido político y simbólico. Fueron recibidos por multitudes que festejaron no sólo la llegada de sus líderes sino también la restitución de la democracia. Este gran triunfo en Bolivia puso fin a la dictadura financiada por la embajada de Estados Unidos a través del secretario general de la OEA, el mercenario uruguayo Luis Almagro.

 

 

 

 

 

Nuestro camino

Somos conscientes de la difícil situación que enfrentamos en el país y en el mundo. Las derechas y el poder económico intentan permanentemente desestabilizar las democracias que representan los intereses de las mayorías populares; sólo un pueblo atento y en lucha como hemos visto en los ejemplos de la región pueden contrarrestarlas.

Si hay un símbolo de lucha permanente en nuestro país, no cabe ninguna duda que lo representan nuestras Madres de la Plaza. Con su voluntad, perseverancia y valentía, ellas nos siguen mostrando el camino de lucha que iniciaron nuestros 30.000. Banderas que son levantadas hoy por la gran mayoría del pueblo argentino al grito de 30.000 compañeros y compañeras detenidxs desaparecidxs, presentes, ahora y siempre.

 

Aplausos para Evo Morales durante el acto virtual de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

 

 

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