Javier Milei ha hecho de la grandilocuencia y la hiperbolización rasgos estructurales de su discurso presidencial. Desde su particular óptica, el suyo es el “mejor gobierno de la historia”, su ajuste fiscal es el “más grande de la historia”, hace dos meses experimentó a manos del consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí la “campaña electoral más sucia de la historia de la humanidad” y su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, pasó de “fumarse 15.000 millones de dólares” en épocas de Macri a ser el “mejor ministro de Economía de la historia”.
Estos ditirambos, sin embargo, pueden transformarse raudamente en las más feroces invectivas. En efecto, con la misma velocidad con que se reproducen las injurias presidenciales —según un relevamiento de La Nación, Milei propinó la nada despreciable marca de 611 insultos en apenas 100 días— se suceden las desmesuras en materia de concesiones soberanas. En una agenda que comprende los temas más diversos, el gobierno libertario ha desplegado en las últimas dos semanas un nivel de condescendencia a los centros del poder mundial que no registra —parafraseando al propio Milei— parangón en la historia.
Esto reflejaría, según la clásica categorización del internacionalista Juan Carlos Puig [1], la firme decisión del Presidente libertario de entrar en una fase hasta ahora desconocida para la Argentina: la de la dependencia para-colonial.
Lamelas botas
Según la Asociación de Academias de la Lengua Española, el término “lamebotas” refiere a una persona “aduladora y servil”. En efecto, los lambiscones con cartera ministerial se reproducen en el gobierno de La Libertad Avanza con la misma prontitud que los improperios presidenciales. En las últimas semanas han picado en punta, en este terreno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes se han entrevistado recientemente con personalidades de la seguridad nacional y la inteligencia estadounidenses, a los que han hecho saber hasta qué punto están dispuestos a sacrificar soberanía en el altar de la Embajada.
Antes de describir las más recientes exhibiciones de subordinación a Washington de los miembros del gabinete, conviene recordar las expresiones de Peter Lamelas, el empresario y médico cubano-norteamericano nominado por Donald Trump para ocupar la embajada en Buenos Aires, durante su comparecencia el 22 de julio ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Estas constituyen un buen punto de partida para encuadrar la aspiración libertaria a la para-colonialidad:
- “Hay 23 provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros… Y eso también puede prestarse a la corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias para tener una verdadera asociación con esos gobernadores y asegurarnos de eliminar la corrupción”.
- “Mi papel es asegurarme de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”.
- “Ella [en referencia a Cristina] está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí. Obviamente ella no estuvo involucrada en el atentado de la AMIA, pero definitivamente de alguna manera estuvo involucrada en el encubrimiento, y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal [Nisman]”.
- “Tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato”.
- “Sigue habiendo un movimiento kirchnerista. Está probablemente más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que tenemos que seguir vigilando”.
De Kristi Noem a Joe Lewis y Tim Ballard
El desparpajo con que se ha manifestado Lamelas —a quien la oposición en el Congreso argentino pidió declarar “persona no grata”— ha dejado casi en un lugar secundario al injerencismo del célebre embajador estadounidense Spruille Braden, a quien Perón se encargó de instalar como “jefe de la oposición” con su inolvidable fórmula “Braden o Perón”.
Envalentonados por la retórica de Lamelas, Bullrich y Cúneo Libarona exhibieron sin reparos su aquiescencia a Washington. En el caso de Bullrich, se conoció el anuncio de su “par” estadounidense, la secretaria de Seguridad Nacional y ex gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, sobre la readmisión de la Argentina al programa que permite a sus ciudadanos ingresar a los Estados Unidos y permanecer hasta 90 días sin el trámite previo de la visa. El marco para la “buena nueva” estuvo dado por una serie de actividades en la guarnición Campo de Mayo de Gendarmería Nacional, que incluyó una simpática cabalgata entre las mujeres al frente de Homeland Security en presencia del canciller, Gerardo Werthein.
Según precisó Horacio Verbitsky en El Cohete la semana pasada: “La Argentina fue una de las 29 naciones dentro del programa, desde 1995, bajo la presidencia de Carlos Menem. Y también la primera en ser excluida, en 2002 (…) Pero fue necesario el alineamiento incondicional de Milei con Trump, para que se reanudara el waiver, siempre que se cumplan estrictas exigencias de seguridad, no referidas a los argentinos sino a quienes llegan desde otros países (como Rusia y Ucrania), tramitan sin dificultad el pasaporte argentino, con el que luego viajan a Estados Unidos. Esa adhesión se refleja incluso en la anunciada visita a la Argentina del premier israelí, Benjamín Netanyahu, cuya detención y juzgamiento por crímenes de guerra y de lesa humanidad es requerida por el Tribunal Penal Internacional”.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, pidió la interpelación de la ministra de Seguridad, para que informe sobre los memorándums suscriptos el pasado 28 de julio. Tras recordar que Noem es quien instrumenta la reaccionaria política migratoria de Trump, basada en el cierre de fronteras y la deportación masiva de inmigrantes por parte de fuerzas federales y el ejército, Propato señaló que “nos preocupa que la Argentina asuma compromisos de evaluación y monitoreo en materia de seguridad pública por parte de los Estados Unidos, y que esto implique aspectos injerencistas bajo el argumento de lograr los estándares requeridos para el ingreso al programa de exención de visados”.
Asimismo, la diputada instó a que Bullrich informe si los acuerdos de cooperación incluyen “colaboración en materia de ciberseguridad, equipamiento técnico y nombramiento de asesores extranjeros”, como sucedió en el ministerio de Defensa con la escandalosa designación —por parte de la secretaría internacional de la cartera y a solicitud de la embajada estadounidense— de un comisario político estadounidense, Gustavo Víctor Santiago, en el Comando Conjunto de Ciberdefensa de la Argentina, con pleno acceso a las redes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, el asesoramiento experto de la mayor potencia del mundo no ha surtido efecto: unos meses más tarde de esa cesión de soberanía cibernética, se conoció un hackeo a las redes del Ejército Argentino y la filtración de información clasificada de 50.000 agentes, incluida la extracción de datos personales, fojas de servicio e historial de viajes de sus miembros. Adicionalmente, Propato solicitó que Bullrich aclare “si hay aspectos en los acuerdos que involucren al Atlántico Sur, la Antártida Argentina y las Islas Malvinas”. No está de más la consulta, toda vez que el 27 de abril de 2023 la entonces presidenta del PRO y actual ministra de Seguridad Nacional señaló, al rememorar la pandemia, que “Pfizer no pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas… bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”.
Por otra parte, se conoció, a través un video filtrado y divulgado por el programa Argenzuela, cómo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, prometió al ex agente de la CIA, Timothy Ballard, facilitar el acceso a jueces, proyectos de ley y periodistas. Cúneo Libarona, en su gesto de sumisión en Nueva York, también prometió hacerle llegar a Ballard un proyecto de ley con tipos penales que habría diseñado después de ver una película inspirada en la vida del ex espía [2]. En el video se observa que el ministro de Justicia ofrece a Ballard “todo lo que sea necesario” con el objetivo de subsanar el “malentendido que había existido”. Quienes han cubierto periodísticamente el tema infieren que se refiere a que Patricia Bullrich habría bloqueado un encuentro con Javier Milei después de denunciar que Ballard –que se presenta como un adalid en el combate contra la trata de personas– es, en realidad, “un abusador con 23 denuncias en su contra”.
Independientemente de la interna a cielo abierto entre Bullrich y Cúneo Libarona —que ya se cobró su primera víctima, el embajador Eugenio María Curia, quien participó con Cúneo Libarona de la reunión con Ballard y ocupaba el cargo de coordinador nacional para el Combate de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia—, lo verdaderamente relevante es la promiscuidad en la relación entre un ministro de Justicia argentino y un ex agente de la CIA, al que se le ofrece el “oro y el moro” en una reunión oficial. Como consecuencia de las relevaciones, ya hay pedidos de juicio político contra el titular de la cartera de Justicia y una denuncia penal por abuso de autoridad.
Las escenas cotidianas de la vida para-colonial no se detienen aquí. No todo es Estados Unidos en la vida. Londres también merece su parte. Así es cómo, según ha descrito minuciosamente Luciana Glezer en La Política Online, Milei le reconoció al billonario inglés Joe Lewis la propiedad de la hidroeléctrica de Lago Escondido. En efecto, la Secretaría de Energía aprobó la semana pasada, a través de la Resolución 324/2025 firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti —de estrecha confianza de Mauricio Macri— el cambio de titularidad de la Central Hidroeléctrica Río Escondido. La propiedad pasó de Patagonia Energía a Hidden Lake S.A., ambas vinculadas al magnate británico.
Según Glezer: “El acta de adjudicación establece las condiciones de explotación y operación, formalizando un contrato que, más que un trámite administrativo, parece una ironía de la realidad: el Estado entregando una represa de forma directa a una firma cuestionada por la justicia, los organismos de control y hasta por sus propios vecinos”. Debe recordarse que, como precisa la periodista, la Inspección General de Justicia (IGJ) lleva años denunciando a Hidden Lake. Tres años atrás, por ejemplo, pidió su intervención judicial y eventual liquidación, alegando que “la compañía es apenas una ‘pantalla’ para ocultar la verdadera propiedad: la del magnate británico Joe Lewis, el mismo que desde fines de los ‘90 compró más de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad fronteriza, en una operación que el propio Ministerio del Interior calificó como ilegal”. En este caso, la apropiación de ese emplazamiento paradisíaco de la Patagonia infringió la Ley 15.385 de “Zonas de Seguridad”, que establece, en sus artículos 2° y 4°, una franja de 150 kilómetros en las fronteras terrestres que sólo pueden ser adquiridas por argentinos nativos autorizados por una comisión especial.
De la dependencia nacional a la para-colonial
En su exilio venezolano, el formidable académico rosarino y ex canciller (1973) Juan Carlos Puig escribió su clásico Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana. En el capítulo VI de la obra detalla que son cuatro los estadios que puede atravesar una nación hasta llegar a la autonomía (definida como “la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real”): dependencia para-colonial, dependencia nacional, autonomía heterodoxa y autonomía secesionista [3].
Dado que entre Milei y la autonomía en política exterior existe la misma cercanía que entre su ejercicio de la presidencia y el uso respetuoso del castellano, lo que se impone es un análisis que ponga el foco en la cuestión de la dependencia. Y es allí en donde el gobierno argentino se posiciona de un modo novedoso, exhibiendo importantes diferencias con etapas previas de dependentismo.
La dependencia nacional, en la mirada de Puig, tiene lugar cuando los grupos que detentan el poder real (los repartidores supremos nacionales) “racionalizan la dependencia y, por consiguiente, se fijan fines propios (que pueden llegar hasta conformar un ‘proyecto nacional’)”. Puesto de otro modo, la expresión “racionalizar la dependencia” implica que, en la práctica, la situación dependiente se acepta, pero tratando de sacar el máximo provecho de ella, incluso “con miras a lograr una mayor autonomía en el futuro”. Por otra parte, advierte Puig, también “se fijan ciertos límites a la acción de los repartidores supremos externos” [4].
La dependencia para-colonial, por el contrario, exhibe una situación en la que “el Estado posee formalmente un gobierno soberano, pero en realidad éste, y aun los grupos que detentan el poder efectivo en la sociedad nacional, no constituyen otra cosa que un apéndice del aparato gubernativo y de la estructura del poder real de otro Estado (la metrópoli, la Potencia dominante, el centro imperial)”. Al respecto, añade Puig, “puede decirse lícitamente que esta situación es de ‘paracolonialismo’ por cuanto, para todos los efectos, el país en cuestión ingresa al circuito político-económico mundial en condiciones similares a las de la colonia: sólo el hecho de contar con un gobierno formalmente soberano lo distingue de ella” [5].
Tras este ejercicio taxonómico, Puig se ocupa de revisar, en el capítulo VII de Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana, la percepción que las élites nacionales tuvieron del régimen internacional en el periodo que les tocó actuar, encuadrando cada etapa en alguna de las “gradaciones hacia la autonomía”. En esta clave, identifica los siguientes períodos en el desarrollo de la política exterior argentina y de sus tendencias profundas:
- Dependencia nacional con referencia a Gran Bretaña (desde el siglo XIX hasta 1914);
- Injertos revisionistas a la dependencia nacional (1914- 1945);
- Tercera posición: autonomía heterodoxa con referencia a Estados Unidos (1945-1955);
- Retorno a la dependencia nacional con resabios autonomistas (1955-1973);
- Un nuevo intento heterodoxo y su fracaso (1973-1976); y
- Persistencia del modelo heterodoxo en un contexto político disfuncional (1976-1979) [6].
Al margen de la discusión que podría derivarse respecto de la pertinencia de cada una de estas caracterizaciones —lo que excede ampliamente el objetivo de este artículo—, de lo que no quedan dudas es que la Argentina no ha llegado nunca, hasta el día de hoy, a una situación de dependencia para-colonial. Ello se ha debido, en gran medida, a los anticuerpos que ofrece una muy persistente tradición de resistencia en las fuerzas sociales y populares.
Sin embargo, lo que también está muy claro es que el gobierno de Milei procura ser, fiel a su retórica altisonante, el “primero de la historia argentina” en depositar al país en ese nivel extremo de dependencia internacional.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
[1] Puig, Juan Carlos (1980). Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana. Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar.
[2] Según relata Luciana Bertoia en Página/12: “En 2023, después de las PASO, Milei y Victoria Villarruel se reunieron con Eduardo Verástegui, que acababa de estrenar la película Sound of Freedom, que cuenta la historia de Ballard y es considerada una pieza de propaganda de la extrema derecha. La dupla presidencial firmó entonces un acta compromiso para erradicar la trata sexual infantil y el tráfico de órganos de niños y adolescentes. Ya la habían firmado Donald Trump y Nayib Bukele. [Sin embargo], Ballard ya había caído en desgracia. En junio de 2023, la ONG que él mismo había creado, Operation Underground Railroad (OUR), informó que ya no pertenecía a la entidad. En ese momento se habló de que siete mujeres lo denunciaban por abusos”.
[3] Puig, Juan Carlos (1980). Op. cit., p. 149.
[4] Ibídem, p. 150.
[5] Ibídem, p. 149.
[6] Ibídem, p. 157.
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