Muy lejos de esa imagen centrada en la austeridad y la ética del trabajo que el sociólogo alemán Max Weber asoció a la expansión del capitalismo industrial y comercial, el nuevo capital financiero del siglo XXI opera con la velocidad y la voracidad de un algoritmo sobre lo que parecería ser su único interés: el rendimiento inmediato.
Más allá de los matices nacionales, este nuevo capitalismo esconde un trasfondo común: la subordinación de lo social y lo colectivo a formas de poder que buscan el control directo tanto de los recursos estratégicos (a través de la reconfiguración de un orden político favorable a intereses concentrados), como de los sujetos (a partir de la suspensión de la normatividad democrática y la imposición de un régimen de hecho que ignora los derechos adquiridos y las autonomías institucionales).
Pero no solo se caracteriza por la búsqueda de retornos acelerados, la circulación opaca de capitales y la apropiación y comercialización de bienes comunes, sino que también invierte grandes capitales en lo que el doctor en Medicina y Filosofía estadounidense Peter Hotez dio en llamar “el mortal ascenso de la anticiencia”. En una entrevista, Hotez señala que algunas empresas de capital privado y sociedades de inversión canalizan dinero hacia grupos anticiencias y antivacunas, que se han convertido en la nueva identidad del extremismo político y el autoritarismo.
Según el economista británico Anatole Kaletsky, este nuevo “capitalismo 4.0” sobrevive a sus crisis mutando rápidamente sus reglas. En su más reciente adaptación, más que interesarse en esquemas productivos a largo plazo, este nuevo capital financiero adquiere activos que otros construyeron, los deglute y se retira cuando la credibilidad y la rentabilidad se desploman. Sus agentes, desdibujados detrás de grandes fondos de inversión y conglomerados transnacionales, avanzan contaminando ecosistemas, empobreciendo países, o incluso desarticulando comunidades que hayan construido valor público durante décadas, como es el caso de las ciencias.
En este entramado, financiar grupos anticiencias y antivacunas parecería enmarcarse en una estrategia más amplia: la disolución deliberada de aquellos consensos colectivos que no resultan funcionales a sus intereses, destruyendo ese suelo común identitario en el cual una sociedad se apoya para poder discutir y disentir dentro de un marco de posibilidades cotejables. Sin acuerdos que arbitren la conversación pública, solo quedan versiones que compiten por imposición o repetición. Sin los cimientos históricamente acordados en los que apoyarse, el entorno se vuelve ilegible y cada discusión demanda reponer décadas y hasta siglos de historia. Semejante hazaña requiere de un esfuerzo argumental agotador que da paso al silencio y la inacción, quedando el terreno allanado para quienes inviertan en controlar el relato.
Entonces cabe la pregunta: ¿qué pasaría si se resquebraja ese ethos colectivo basado en consensos y discusiones históricamente consolidadas por el que las diversas comunidades científicas, desde distintas racionalidades y fundamentos epistemológicos, acordaban formas de comprender el mundo social y natural? Quizás el sistema científico se acercaría más al modelo laboral de plataformas: individuos reemplazables, sin acuerdos colectivos y sin capacidad de decisión sobre lo que es científica y éticamente válido y lo que no lo es, transfiriendo esa capacidad a los grandes capitales concentrados.
En el caso de la Argentina, esa plataformización de la práctica científica se traduce en el desmantelamiento del sistema científico, a través del desfinanciamiento de las líneas de investigación, la privatización de sectores estratégicos y la deslegitimación de las universidades públicas como articuladoras de conocimientos. Pero en países donde el esquema de financiamiento de las ciencias tiene un entramado más diverso y complejo, esa combinación entre voracidad financiera y resquebrajamiento deliberado del ethos comunitario de las ciencias está generando otro tipo de prácticas.
Mientras los procesos de investigación científica –que requieren más tiempo, conocimiento acumulado, reflexión y experimentación– suelen demandar otros escenarios especulativos, el interés de este capital financiero anticiencias y cortoplacista se concentra en aquellos entornos de gran circulación de capitales en los que las ciencias generan bienes transables con bajas barreras de entrada, es decir, productos fácilmente clonables, que demandan pocos conocimientos para ser reproducidos. Uno de esos entornos es la instancia de publicación de los avances o resultados de una investigación a través de artículos o papers, textos que no solo materializan conocimientos, sino que en la propia acción de hacerse públicos ponen en juego la aceptación de una narrativa como científicamente válida para la comunidad de pares, la conformación simbólica del prestigio, la evaluación institucional de la productividad, la competencia por el financiamiento, las métricas globales de producción científica, la necesidad profesional y humana de comunicar los avances de aquello en lo que se está trabajando, pero también el aval científico que habilita la comercialización de productos desarrollados por las industrias (fármacos, aditivos alimentarios, sustancias químicas, etc.). Este entrecruzamiento de expectativas, necesidades e intereses transformó el ecosistema editorial en un entorno históricamente permeable a las lógicas del capital. Sin embargo, las prácticas actuales del capital financiero y de las inversiones anticiencias lo alteraron sustancialmente y es en ese terreno de rentabilidad simbólica y material donde el nuevo orden se despliega a sus anchas.
Se trata de un engranaje complejo, que comienza a girar por la acción de ciertos actores y la inacción de tantos otros; por los intereses de unos y el desinterés de muchos otros que, en su conjunto, generan un efecto devastador. Uno de estos engranajes es la actual proliferación de paper mills o fábricas industriales de artículos científicos que ensamblan textos generados con inteligencia artificial, datos apócrifos y bibliografías recicladas. Al igual que las granjas de bots, verdaderos ejércitos digitales creados para aumentar las visualizaciones y los “likes” de los posteos en las redes sociales, las paper mills invaden el ecosistema editorial con artículos fraudulentos que no solo tienen la función de aumentar ficticiamente las citas de ciertos artículos, sino que desestabilizan los propios cimientos de las ciencias, tal como señala el neurólogo Malcolm MacLeod, profesor de la Universidad de Edimburgo: “Si como científico quiero consultar todos los artículos sobre un medicamento concreto que podría ser eficaz contra el cáncer o los accidentes cerebrovasculares, me resulta muy difícil evitar los que son falsos. El conocimiento científico se está viendo contaminado por material inventado. Nos enfrentamos a una crisis”.
Para que este engranaje se ponga en movimiento, las paper mills necesitan asociarse a revistas consolidadas que les abran sus puertas, y suelen hacerlo de dos maneras. Por un lado, a través de empresas intermediarias que contactan a las revistas para ofrecerles bloques de artículos “pre-aprobados” que aseguran una entrada constante de dinero y, por otro, por medio de la compra especulativa de revistas: grupos empresariales que adquieren títulos consolidados, desmantelan sus equipos editoriales, reemplazan procesos de revisión por prácticas exprés y los integran a entramados donde coexisten dominios falsos, editoriales fantasma y sociedades pantalla creadas para mover capitales, diluir responsabilidades y aumentar las ganancias a costa de la reputación acumulada durante décadas. Una investigación del diario El País muestra el “turbio entramado” de compra de revistas científicas desde caserones en Inglaterra, con la finalidad de convertirlas en instrumentos financieros que aporten a la degradación del saber acumulado.
Uno de estos múltiples casos fue el El profesional de la información. Con más de tres décadas de trayectoria, fue comprada por una cifra cercana al millón de euros por la editorial inglesa OAText, que luego pasó a ser Oxbridge. En poco más de un año de prácticas fraudulentas, la revista fue expulsada del índice de revistas Web of Science. En una carta reciente, Tomàs Baiget, el editor fundador de El Profesional de la información, señaló que, con posterioridad a la venta de la revista, al revisar la bibliografía de varios artículos publicados, se dio cuenta de que Oxbridge había introducido referencias que no pertenecían a los artículos originales. Tiempo después se dio cuenta de que varios de los artículos publicados “estaban calcados entre sí: con toda seguridad estaban realizados por paper mills”. En tan solo un año, “el impacto fue devastador”: los editores invitados cancelaron convocatorias, muchos autores retiraron sus manuscritos y el flujo de envíos se desmoronó. El fondo de inversión entró, devoró, deglutió y arrasó con todo a su paso.
Pero estos ejemplos también se dan al interior de grandes corporaciones, como el caso reciente de la revista Science of the Total Environment, uno de los productos de la compañía Elsevier que pasó de publicar 656 artículos en 2011 a publicar 10.334 artículos en 2024, transformándose en “una revista de puertas abiertas que acepta casi cualquier cosa”. Con cargos de publicación por artículo de 4150 dólares, se tornó un negocio anual de casi 43 millones de dólares. Luego de detectar revisiones falsas firmadas con los nombres de científicos reales sin su consentimiento, entre otras prácticas fraudulentas, la revista fue denunciada y retirada de Web of Science. Esta histórica base de datos de bibliografía científica, responsable de jerarquizar y moldear el mainstream global de las ciencias durante la segunda mitad del siglo XX, se está reconfigurando en el siglo XXI como el adalid contra el fraude, denunciando cada caso como una falta ética individual, sin asociarlas a un problema social mayor.
Se estima que hay circulando más de 15.000 revistas científicas depredadoras, lo que lleva a pensar en un esquema más amplio: un nuevo escenario “depredador” que no solo altera la integridad de las publicaciones, sino que reconfigura por completo las condiciones de posibilidad de la investigación. Como señala Dorothy Bishop, profesora emérita de la Universidad de Oxford, “el nivel de publicación de artículos fraudulentos está creando graves problemas para la ciencia. En muchos campos, cada vez es más difícil desarrollar un enfoque acumulativo sobre un tema, ya que carecemos de una base sólida de hallazgos fiables. Y la situación empeora cada vez más”. Una nota reciente de la Royal Society señala que, solo en el área biomédica, se calcula que se publican unos 100.000 artículos falsos al año.
Otro ejemplo es la editorial OMICS International. Según una investigación de la agencia Bloomberg, en una demanda presentada en 2016, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos denunció a OMICS como una editorial depredadora que erosionaba la confianza pública en la investigación científica. Según la misma investigación, OMICS International recibía fondos de la industria farmacéutica, pero ¿por qué las big pharma financiarían a una editorial depredadora? Una de las prácticas documentadas es la de introducir artículos fabricados para aumentar ficticiamente el número de citas de ciertos ensayos clínicos que movilizan grandes intereses comerciales. Pero otra de sus intenciones podría ser erosionar la credibilidad de la propia comunidad científica, como único agente social con capacidad de demostrar la toxicidad y la nocividad de ciertos productos industriales.
El engranaje continúa con el mercado paralelo de autorías, donde se venden lugares en artículos ya aceptados o incluso en números especiales completos, transformando la autoría científica en un commodity que se compra y se vende según tarifas que varían por disciplina, país y factor de impacto de la revista. En una investigación de la revista Science, una agencia de venta de autorías ofreció a un periodista encubierto un puesto como coautor principal de un artículo sobre cáncer por 14.800 dólares. El artículo se publicó unas semanas más tarde en Journal of Biochemistry & Cell Biology, revista editada ¿por quién?, por OMICS International, denunciada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos como una editorial depredadora.
El cuadro se completa con otra práctica muy extendida: las estrategias automatizadas para inflar métricas que luego funcionan como argumento de venta. El relato del editor de El Profesional de la información confirma este mecanismo al revelar la inserción clandestina de referencias en artículos ya aceptados, sin el consentimiento de sus autores.
Existen prácticas aún más difíciles de rastrear: el uso de inteligencia artificial para fabricar evaluaciones positivas, la compra de bases de datos para generar falsos historiales editoriales, la clonación de revistas prestigiosas para engañar a autores incautos y toda una serie de dispositivos destinados a simular legitimidad allí donde solo hay mecanismos fraudulentos.
Mientras el capitalismo industrial necesitaba de las ciencias para alimentar procesos productivos y el Estado de bienestar demandaba nuevas interpretaciones científicas sobre el entramado social para el diseño de políticas públicas, el capitalismo financiero opera sobre las ciencias como un activo más que como un insumo, y deja de interesarle los consensos que las ciencias producen. Las mismas puertas por las que antes ingresaban demandas de desarrollos productivos y de fundamentos para políticas públicas, son ahora las que permiten el ingreso de prácticas depredadoras, transacciones opacas y mecanismos especulativos que desestructuran comunidades enteras.
Cuando todos estos procesos convergen, lo que se destruye no es solo la calidad científica: se erosiona el tejido social que otorgaba valor a las ciencias. Se resquebraja el reconocimiento mutuo, la discusión crítica, el sentido de comunidad. Y lo que queda en su lugar es un mercado precarizado donde el valor de un resultado científico o de una revista ya no depende del conocimiento que publica, sino de su capacidad para operar como engranaje de una cadena global de especulación.
Si bien las ciencias siguen conservando un aura de territorio aséptico, neutral y ajeno a los pecados mundanos, como cualquier otra práctica social y colectiva, las ciencias son parte del entramado social que les da forma. Sus decisiones, prioridades y conflictos no emergen en un vacío, sino que respiran el mismo aire que respira la sociedad globalizada y, por ende, son terreno fértil para las prácticas de este nuevo capital financiero. En la misma entrevista a Peter Hotez citada al inicio, la entrevistadora le formula la siguiente pregunta: “La postura habitual de la comunidad científica es mantenerse públicamente neutrales, especialmente en lo que respecta a cuestiones políticas. Pero a la luz de la creciente ola de anticiencia, ¿cree que esto debe cambiar?” A lo que Hotez, entre otras cosas, responde: “Alguien que ganó el Premio Nobel del desarme nuclear dijo que la idea de que la ciencia es políticamente neutral se rompió con la bomba de Hiroshima. Creo que hay verdad en eso, y tenemos que empezar a pensar en esos términos y hablar de política para resolver problemas”.
Años antes de que Robert Oppenheimer dirigiera el grupo de científicos que diseñó la bomba detonada en Hiroshima, gran parte de las comunidades científicas ya se habían transformado en la mano de obra asalariada al servicio de los intereses industriales. Ese pasaje produjo la desarticulación de las redes científicas informales que generaban consensos y acuerdos, y facilitó que quienes trabajaban dentro de las industrias se distanciaran de los efectos nocivos de aquello que diseñaban. Esta “neutralidad” política sobre su propia práctica ya fragmentada es lo que hoy le abre la puerta al avance de este nuevo capitalismo anticiencias. Si la intención es que las ciencias sigan siendo una de las tantas formas humanas que las sociedades han encontrado para interpretar el mundo, es momento de que la propia comunidad científica se replantee su lugar en el tejido social para disputar el sentido social de sus prácticas.
* Viviana Martinovich es doctora en Salud Colectiva. Docente-investigadora, Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús. Editora responsable de la revista científica Salud Colectiva, directora editorial de la colección de libros Cuadernos del ISCo.
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