DERECHO DE PROPIEDAD Y TIERRA PÚBLICA

 

Las ocupaciones de predios privados en Guernica y en Entre Ríos generaron un fuerte debate con relación a la defensa y alcance de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda. En este contexto, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hizo una serie de consideraciones sobre el derecho de propiedad por Twitter. Escribió lo siguiente:

“Los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos son condición para el desarrollo, el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos. Es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de derecho y el imperio de la ley. Y no hay ley más importante que la Constitución Nacional. Y, como marca la Constitución en su artículo 17, la propiedad es inviolable y sólo una sentencia fundada en ley puede privar a alguien del derecho a la misma. Para disponer de los bienes, producir e invertir, es esencial contar con la certeza de los derechos de propiedad. Es una obligación del Estado protegerlos. Esto no significa que no haya que atender las situaciones de un enorme déficit habitacional que la Argentina no tiene. Hay que atender las dos situaciones en simultáneo. Por un lado, la defensa irrestricta de la propiedad privada y la vigencia de la ley; y, por el otro, la urgencia de generar suelo urbano asequible, urbanización e integración social. Un derecho no puede ser en desmedro del otro”.

Observando el posicionamiento de Rodríguez Larreta en la defensa del derecho a la propiedad privada, resulta oportuno analizar cómo su gobierno protege y defiende la propiedad pública, principalmente la de las tierras públicas de la ciudadanía porteña.

 

 

 

Tierras públicas que ya no son

El derecho de propiedad del Estado sucumbe frente al principal desarrollador inmobiliario y terrateniente urbano en la ciudad que es la empresa IRSA.

La Justicia en 2019 ha sentenciado que el shopping a cielo abierto de la empresa IRSA conocido como Distrito Arcos está ocupando ilegalmente tierras de la ciudad. De acuerdo con las leyes de planificación para la urbanización de dichos terrenos ferroviarios, se debió transferir la propiedad del 65% del predio a la ciudad para que sea destinado a espacios públicos y espacios verdes. Este shopping fue inaugurado en 2014. Hace más de seis años que la empresa está explotando más de dos hectáreas que deberían estar destinadas al uso común bajo la propiedad estatal.

Este año también la empresa IRSA, conjuntamente con el Grupo Portland, tuvieron un revés judicial que suspendió la construcción del emprendimiento inmobiliario llamado Ciudad Palmera en las proximidades del playón ferroviario de Caballito. El Tribunal detectó conflictos con los permisos ilegales. Las organizaciones actoras también denunciaron que el GCBA no exigió a la empresa IRSA la entrega para la ciudad de una superficie de terreno de entre 6.000 y 12.000 metros cuadrados. El Código de Planeamiento es muy claro. Al urbanizar un predio mayor a 1,5 hectáreas, entre el 25% y el 50% deben ser transferidos al dominio estatal también para ser destinados a espacios públicos y espacios verdes. Ni un metro cuadrado fue cedido. Sobre estas tierras que deberían disfrutar libremente la ciudadanía se ha planeado construir otro shopping a cielo abierto (street mall) y un complejo inmobiliario con edificios de diez pisos.

 

 

 

 

 

Venta de tierras públicas sin ley previa

La afirmación de que sólo una ley previa indemnización puede privar del derecho de propiedad sobre un bien, tampoco es respetada plenamente en la ciudad. El GCBA vendió durante la gestión del PRO los predios de Casa Amarilla al Club Atlético Boca Juniors. Esta privación de la propiedad de la ciudadanía porteña no tuvo ninguna aprobación por parte de la Legislatura porteña. La ley 2.240 que declaró la emergencia urbanística y ambiental del Barrio La Boca había destinado estas manzanas para la construcción de un gran parque público.

 

 

Parques públicos vendidos con leyes que no son leyes

Otro parque público que la gestión de Rodríguez Larreta vendió son los predios de Costa Salguero, ubicados en la Costanera Norte, que tanto la Constitución como el Plan Urbano Ambiental y las leyes de mayor jerarquía de la ciudad determinaban que en la totalidad de su superficie debían ser un espacio de libre acceso y circulación. Hasta la ley del Distrito Joven aprobada durante la gestión de Rodríguez Larreta en 2018 estableció que el sector estaba destinado a un Parque Público, Recreativo, Cultural y Esparcimiento. A fines de 2019 se aprobó la ley 6.289 que autorizó la venta de este predio, que hace más de 25 años espera para transformarse en un parque público y hacer realidad la recuperación de la Costanera y la mirada al río como exige la Constitución. La justicia suspendió cautelarmente la venta del predio de Costa Salguero porque detectó que la ley no había cumplido el procedimiento de sanción de leyes que establece la Constitución de la ciudad.

Rodríguez Larreta sostiene que la seguridad jurídica es un valor esencial. Pero sus legisladores y legisladoras votan leyes sin respetar las mayorías necesarias, el procedimiento de doble lectura o las convocatorias a audiencias públicas obligatorias que exige la Constitución. La ciudadanía porteña no tiene la seguridad jurídica de que lo que se publica en el Boletín Oficial como ley sea ley. Otro caso reciente fue la declaración judicial de la inconstitucionalidad de la ley de privatización del estacionamiento medido y acarreo de autos, que luego fue subsanada con una nueva ley.

 

 

Vaciamiento del banco de inmuebles

Por otra parte, en el vaciamiento histórico del banco de inmuebles de la ciudad tampoco se encuentra un interés de defensa de la propiedad pública. En los últimos 13 años se privatizaron más de 500 hectáreas de tierras públicas en la ciudad para la construcción de emprendimientos inmobiliarios suntuosos y explotaciones comerciales, y no para atender las problemáticas habitacionales, ambientales y alimentarias de la población.

 

 

Función social y ecológica de la propiedad pública

Cabe destacar que la propiedad, tanto la privada como la pública, deben cumplir una función social y ecológica. Vender sectores importantes de la Costanera para autorizar la construcción de torres en una ciudad que se encuentra en crisis ambiental y que tiene el mandato constitucional de recuperar la cultura ribereña y la mirada al río no es lo que se podría llamar un ejercicio adecuado de la propiedad pública. El derecho de propiedad se ejerce dentro de las leyes que regulan su ejercicio. Las leyes que regulan la gestión de la propiedad pública son desconocidas cotidianamente por la gestión de Rodríguez Larreta. El 29 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la autorización para instalar una estación de servicio en proximidades del Aeroparque (en el predio de Costa Salguero) y sobre un predio destinado a parque público. No existe ninguna normativa que autorice ese uso en dicho predio.

 

 

Ecobicis: arancelar servicios públicos sin sentido

Esta semana el GCBA también anunció un arancelamiento parcial del servicio público de bicicletas (las ecobicis). Cuando el GCBA privatizó este servicio prometió que sería totalmente gratuito durante toda la concesión. A menos de dos años de la privatización, van a trasladar los costos a los usuarios.

A este arancelamiento lo llaman la “La Revolución de la Bici”, según el título del proyecto de ley. Lo justifican con la expectativa de alcanzar las 400 estaciones y las 4.000 bicicletas en 12 ó 18 meses. La propuesta es que los usuarios paguen por usar la bicicleta los fines de semana y por usarla más de 35 minutos de lunes a viernes.

Con el dinero de la sociedad porteña, el GCBA construyó durante ocho años un sistema público de bicis gratuito que a fines de 2018 llegó a acumular 8 millones de viajes, 200 estaciones y 2.500 bicicletas, con un tiempo de uso de una hora de lunes a viernes y de dos horas los fines de semana y feriados. En 2018, cuando mejor estaba funcionando el servicio, decidieron concesionarlo a la única empresa que se presentó a la licitación: Tembici.

¿Cómo quedaron los tantos? De toda la infraestructura de ciclovías y su expansión se sigue haciendo cargo el GCBA. El GCBA le paga a la empresa un monto mensual de 3 millones de pesos que cubre todos los gastos operativos y de mantenimiento y el arreglo y reposición de las bicicletas. Además autorizó a la empresa a explotar el negocio de la publicidad exterior del sistema con 500 espacios en la vía pública, más el esponsoreo en las bicicletas, estaciones y en la aplicación móvil. Un regalo. Cero inversiones privadas, cero riesgos empresariales, ganancias aseguradas.

Privatizaron la Ecobici con la promesa de que el servicio mejoraría con la ampliación a 400 estaciones y 4000 bicicletas, pero la concesión empeoró el servicio. Desde diciembre de 2019 no se compró ni una bicicleta. Este año cerraron la mitad de las estaciones. Hoy en día la propia cuenta de Twitter de Ecobici permite ver que hay menos de 1.000 rodados disponibles. Ninguno de estos hechos motivó sanción alguna por parte del GCBA.

Durante la pandemia y el ASPO, en vez de alentar el uso de la bicicleta, el GCBA cerró el Sistema hasta mediados de mayo. Eso sí, el canon a Tembici se pagó puntualmente. La Ecobici volvió pero con la mitad de las estaciones: 200 estaciones y 2.000 bicicletas menos que las cantidades iniciales del contrato de privatización. En junio hicieron pago el sistema de manera solapada: empezaron a cobrar una multa después de los 30 minutos de uso. ¿Quién puede llegar de Flores al microcentro en 30 minutos?

Ahora el GCBA, en vez de rescindir el contrato con Tembici, que no cumplió ninguna de sus obligaciones, decide dar un nuevo paso para que seamos los usuarios y usuarias quienes paguemos el servicio. Así perderemos el único servicio gratuito de transporte público de la Ciudad. Mientras tanto las ciudades de vanguardia en el mundo se orientan hacia un sistema gratuito de uso del transporte público.

El conjunto de la ciudadanía porteña vive en la ciudad una desvirtuación institucional y democrática sumamente grave.

 

 

 

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