Des/equilibrios

La esperable nevada en Villa La Angostura y la construcción política del caos

 

Cincuenta centímetros de nieve acumulada en promedio —una nevada esperada y esperable, que caía desde muchos días antes en buena parte de la Patagonia —, puso al descubierto en Villa La Angostura fallas profundas de todas las instancias del Estado en la gestión pública ante fenómenos de la naturaleza. Confirmó, a la vez, la falta de mecanismos de diálogo y participación elementales de la sociedad local, que redujo a miles de [email protected] y turistas a la condición de víctimas desprovistas de todo tipo de herramientas para enfrentar una emergencia.

 

 

El viernes 19 de julio la lluvia persistente finalmente se transformó en nieve en la parte baja; los cerros estaban cubiertos desde hacía semanas. La falta de los trabajos de preparación y mantenimiento previos de la infraestructura de servicios básicos los hizo colapsar en pocas horas, manteniendo a toda la población a oscuras, sin agua potable y sin energía para calefacción por días en el mejor de los casos, por semanas en otros.

El lunes 23 a la tarde se desplomó un bloque de roca del Desfiladero Huemul, sobre la costa norte del lago Nahuel Huapi. Dañó la ruta nacional 40 e interrumpió el tránsito por la principal vía de comunicación terrestre de La Angostura con el resto del mundo. Minutos antes, la intervención profesional oportuna de un trabajador de Vialidad Nacional evitó que el desplome alcanzara a personas en tránsito.

 

 

Para evitar la finalización abrupta de la temporada invernal de turismo y restablecer el movimiento de personas y bienes, se habilitó para el tránsito pesado de combustible la ruta nacional Siete Lagos a pesar que está expresamente prohibido. El jueves 25, a la altura del río Pichi Traful, a mitad de camino entre San Martín de los Andes y La Angostura, se produjo un accidente múltiple que se cobró la vida de dos personas, dos heridos de gravedad que permanecen hospitalizado y otros lesionados.

La urbanización y el desarrollo de la vida en el bosque andino requieren prácticas sociales y de gestión política y administrativa que respeten los ciclos de la naturaleza en general, con sus particularidades que restringen la acción humana. En esta crisis estalló el diseño desigual, injusto y técnicamente dudoso del trazado urbano en unas 8.000 hectáreas que bordean la costa norte del Nahuel Huapi, entre las cotas 750 y 1000 metros sobre el nivel del mar, a pocos kilómetros de la cordillera de los Andes. Alberga a unas 18.000 personas en forma estable, mas la población estacional como turista o de segunda residencia.

Además esta crisis irradió su onda expansiva a los pobladores del paraje El Rincón, asentamiento irregular dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi que es prácticamente un barrio más a metros del paso internacional Samoré, así como a la comunidad Quintupuray sobre el lago Correntoso, más aislados que el resto.

La sobrecarga a las vías alternativas de transporte terrestre se hizo sentir inmediatamente. No resistió la ruta provincial 65 de tierra que atraviesa Traful, un poco más al norte. Los camioneros que trasladan combustible desde Plaza Huincul advierten que el puente de La Rinconada, sobre el río Collón Curá, cercano a Junín de los Andes, puede verse afectado.

 

Emergencia de qué tipo

Los hechos se (des)encadenaron como catarata. Todos pusieron a prueba la capacidad individual, grupal y comunitaria de entender y afrontar dificultades que actualizaron la memoria de la experiencia de la erupción del volcán Puyehue en julio de 2011 y su gestión política inmediata y de largo plazo.

 

 

La nevada de 50 centímetros no fue un temporal y no es comparable con la erupción del volcán y los alcances de la pluma de ceniza que esparció, la que aún se encuentra acumulada en la montaña por varios centímetros. Esa puede ser una base mínima para identificar qué determinó la emergencia, qué desató el caos que le costó la vida a un trabajador del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y a una turista chilena, por mencionar solamente los daños irreparables. En definitiva, qué tipo de emergencia se planteó con la nevada y hasta estos días: climática o política y de gestión estatal.

Actuaron (o no) antes y durante esta crisis los gobiernos e instituciones de los poderes ejecutivo municipal, provincial y nacional. El gobierno local está a cargo de Guillermo Caruso, maestro mayor de obras, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que no estuvo nunca al frente de la situación ni en lo operativo ni en lo político ante la sociedad. Nunca habló al conjunto, ni se conoció si impartió órdenes, ni convocó a los distintos actores económicos, sociales, políticos. En lo formal es el titular de la defensa civil en la localidad, lo que no se confirmó en los hechos ya que cada organismo interviniente enfatizó todo el tiempo los alcances y límites de sus propias juridicciones. Luego de Caruso, el responsable directo de cualquier dispositivo de emergencia es Rubén Osmar Monzón, efectivo de la policía de Neuquén en actividad, titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana, Transporte, Tránsito y Protección Civil.

 

Los ministros Aguad y Dietrich, el gobernador Gutiérrez, el intendente de La Angostura y funcionarios de Vialidad.

 

La interrupción del suministro de agua potable, la falta de mantenimiento de la red vial urbana, la falta de mantenimiento del parque automotor vial y su uso discrecional, la falta de liderazgo ante la planta de personal municipal que no volcó a las calles, la demora en el soterramiento del cableado eléctrico, el ocultamiento de la información real a los potenciales turistas, no informó sobre las posibilidades de albergue para evacuados, son algunos de los puntos que se le recriminan al gobierno local.

Por su parte, el gobierno provincial está desde hace década en manos del MPN. Omar Gutiérrez es el gobernador, reelecto además. De la provincia dependen la brigada de incendios forestales, el EPEN que genera y distribuye la energía eléctrica con una central local, el Sistema Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN), el hospital público local, la brigada de combate de incendios forestales (del Sistema Provincial de Manejo del Fuego) más la policía local y el refuerzo del “Operativo nieve”. El funcionario del área directamente responsable de conducir esta crisis junto al gobierno local es Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

 

 

La atención masiva estuvo puesta en el EPEN, cuyo cableado aéreo fue arrastrado en numerosos puntos por la caída de árboles. El cable usado resiste el peso de la nieve, aseguran fuentes internas del organismo, por lo que la falta de raleo y poda de sectores de bosque de coihue y lenga aparece como factor desencadenante de los cortes del suministro. La central nunca dejó de operar y contó con la reserva de combustible necesaria, aseguró la misma fuente. Al cierre de este informe, el viernes 2, todavía no había quedado restablecido en su totalidad, de acuerdo a testimonio de vecinos de los barrios afectados.

En algunas situaciones las responsabilidades parecen concurrentes entre provincia y municipio, como es el caso del estacionamiento en plena zona urbana de al menos dos camiones con gas butano y otros con sustancia contaminante, todos en un radio cercano a una expendedora de combustible sobre ruta nacional.

Vialidad y Gendarmería nacional tienen un papel activo y constante desde el comienzo de la crisis, en algunos casos como auxiliares y en otros central, como es el control de la habilitación y cierre del tránsito sobre la ruta Siete Lagos. Los Unimog del Ejército abrieron camino donde no pasaban las palas cargadoras; Prefectura trasladó de urgencia a pacientes que debían recibir tratamiento de diálisis en Bariloche.

La seccional Neuquén del Sindicato de los Viales señaló el panorama general de desfinanciamiento del organismo durante la administración Macri, lo que pasó casi desapercibido en el cúmulo de información. También los recortes de los brigadistas de Parques Nacionales, que conocían el terreno. Además, cuando ningún funcionario público explicaba nada, la presidenta de Vialidad pareció la primera voz sensata y con alguna precisión sobre las posibilidades de reapertura de la ruta 40 bloqueada.

Es indudable que el gobierno nacional auxilió a su aliado Gutiérrez, resolviendo rápido la contratación de una empresa especializada para resolver la estabilidad de la roca en el Desfiladero y la reanudación del tránsito. Este informe es sólo un panorama general, que necesita y debe profundizarse.

 

La expiación de la culpa

La ruta Siete Lagos es muy usada por el turismo que ingresa desde Chile por Samoré y los que hacen circuitos andinos. Es poco habilitada en invierno por el alto riesgo de las nevadas con un trazado de muchas curvas y contracurvas pronunciadas, y mucho desnivel en pocos metros. No permite el tránsito pesado ni ómnibus de pasajeros de doble piso.

En el segundo día de habilitación de esta ruta, el 19 de julio, la empresa Osvaldo Rodríguez SRL, contratista para YPF en la región, envió tres camiones cisterna con combustible a La Angostura por esta vía alternativa. Pasaron los dos primeros, poco después de las 14, el tercero volcó a mitad de camino, en una curva muy pronuncia durante la que se desciende unos cien metros, como consta en los mapas oficiales de cota de nivel.

Se produjo un choque con un vehículo de una familia de turistas de Chile que transitaba en sentido contrario. Además, en el vuelco habría enganchado a una camioneta del EPEN con tres operarios. Fallecieron una turista y el chofer del EPEN. El conductor del camión cisterna pelea por su vida mientras la justicia ordinaria de la IV Circunscripción inició una investigación por su presunta responsabilidad en el accidente múltiple.

El primer día que se habilitó el tránsito por esta ruta las autoridades gubernamentales aseguraron que sería de una sola mano y con acompañamiento con vehículos oficiales. Qué cambió en 24 horas para que se dispusiera circular doble mano y la caravana de tres camiones debiera salir de San Martín de los Andes sin guardia, aseguran numerosos testimonios.

La justicia penal puede circunscribir los hechos al vuelco, las muertes y lesionados. Los gobiernos y la sociedad local no pueden desentenderse de las responsabilidades políticas y operativas del funcionamiento de esa ruta, ni de la presión económica porque se abasteciera de combustible la localidad aislada.

La nevada no mató a nadie; la gestión de la crisis ardió en Pichi Leufú. La erupción del Puyehue no mató a nadie en Villa La Angostura; la gestión de esa crisis electrocutó a Eric, un niño de 10 años que jugaba en un acopio de arena volcánica.

Ni el gobierno municipal ni el provincial jamás rindieron los gastos y destinos de los fondos públicos recibidos por aquella emergencia. En esta al menos se podría honrar a los muertos con la verdad y cambios de fondo.

 

 

(Javier Grosso realizó la cartografía para este informe)

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