DESAFIOS

La salida de la emergencia debiera incluir el cambio de matriz productiva, dos caras de un mismo problema.

A poco mas de diez días del cambio de gobierno ecos de un pasado tumultuoso salen a la luz. Diversos sectores sociales cuestionan las políticas anunciadas por el nuevo gobierno pues consideran que las mismas los perjudican. Este ruido se suma a la amenaza de una inminente especulación con precios y tipo de cambio, fenómeno que en el pasado ha puesto en jaque a diversos gobiernos elegidos en democracia. Estas turbulencias ocurren a pesar de que el plan anunciado por el gobierno ha sido bien recibido por el mercado financiero internacional. Esta semana el riesgo país bajo a los niveles que tenia en el mes de octubre y los precios de los bonos de la deuda argentina mejoraron sustancialmente. Pareciera que los acreedores internacionales consideran que la búsqueda de “equilibrio macroeconómico” y crecimiento propuestos por el nuevo gobierno aleja el peligro de insolvencia y muestra que el país esta dispuesto a negociar. El Presidente ha delineado un plan de emergencia para salir de la catástrofe económica y social heredada. Sin financiación disponible, acude a un cambio en la orientación del Ajuste aplicado durante los últimos cuatro años: “no les podemos pedir mas ..a los sectores de mayor vulnerabilidad,” otros deberán aportar recursos para que la economía vuelva a crecer.

 

El Presidente busca lograr un equilibrio macroeconómico sin acudir a la emisión monetaria y reduciendo el déficit fiscal. Al mismo tiempo, se propone reactivar la economía para volver a generar los dólares que le permitan equilibrar el balance de pagos y saldar la deuda. Lo prioritario, sin embargo es “tranquilizar a la economía” para que“ deje de caer.” Esto se lograra reasignando recursos hacia los sectores que han caído en “el pozo de la pobreza”. Dado el alto grado de capacidad ociosa instalada en la economía, se considera que el estimulo al consumo de estos sectores sociales empezar+a a encender la actividad económica poniendo gradualmente en marcha al conjunto del país.

 

El gobierno impusló un rápido tratamiento por el Congreso de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para poner inmediatamente en marcha las políticas delineadas en su plan de emergencia. La ley contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar y aplicar políticas en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. A agrandes rasgos el proyecto propone: un cambio de la formula de la movilidad de los haberes jubilatorios a realizarse en los próximo 180 días. Mientras esto ocurre se pagara un bono de $2000 para los beneficiarios de AUH, otro bono de $5000 en diciembre y otro idéntico en enero para las jubilaciones y haberes mínimos. Esto implica que, de un total cercano a los 6.800.000 jubilados, unos 4.712.000 que cobran haberes que no superan los $19.000 mensuales recibirán compensación por el deterioro de sus ingresos y estarán protegidos durante el tiempo que dura la revisión del régimen jubilatorio. A esto se suman otras medidas destinadas a proteger a los mas vulnerables, entre otras: disminución del 8% en el precio de los medicamentos, doble indemnización por desempleo, incremento por decreto de los niveles salariales mas bajos en la actividad privada, congelamiento por 180 días y revisión de las tarifas de gas y electricidad. Asimismo se incluye una moratoria impositiva para las pymes y entidades sin fines de lucro y se disponen gravámenes a la tenencia de activos financieros en el exterior y aumentos en la alícuota del impuesto a los bienes personales. Se eliminan además impuestos que gravan el ahorro en pesos y se introduce un gravamen del 30% a la compra de divisas para atesoramiento, turismo y gastos en moneda extrajera. El 70% de lo que se recaudará por este concepto irá a financiar a la seguridad social y el 30% restante financiará la obra publica. A esto se suma un aumento de las retenciones a las exportaciones del agro, minería e hidrocarburos. En el caso del agro se cambian los topes: para la soja del 30 al 33% mientras que para el maíz y el trigo el aumento pasara del 12 al 15%.

 

El anuncio de estas medidas provocó el inmediato rugido del “campo”, que “una vez mas se sintió discriminado” y acusó al gobierno de maltrato por no haber sido convocado a discutir las medidas antes de que las mismas fuesen anunciadas. Esta reacción era esperable. Desde que el FdT ganó las elecciones las entidades gremiales del campo han vociferado su oposición a todo aumento de las retenciones y los productores han vendido en forma adelantada buena parte de la cosecha del 2020 para disminuir precisamente el impacto de un posible aumento de retenciones. A esto se sumó en las últimas semanas la convocatoria de grupos de productores independientes a movilizarse a la vera de las rutas, como ocurriera en el conflicto contra las retenciones impuestas en 2008. La actualización de las retenciones de acuerdo a la inflación ocurrida el ultimo año, sin previa discusión con los involucrados, brindó la oportunidad para el enfrentamiento con un sector que apoya masivamente a Macri.

 

La protesta del campo no se limita, sin embargo, al aumento de las retenciones. Apunta también a la política cambiaria que a juicio del vicepresidente de CRA contribuye a armar, junto con las retenciones, una “tormenta perfecta”: los costos del sector “están absolutamente dolarizados y dependen de la evolución del tipo de cambio libre o blue.” Como este dólar tiene un valor superior al dólar oficial, genera “una inflación en dólares que termina impactando sobre los costos de producción” (lanacion.com 17 12 2019) Aludía así a un doble problema: el valor de las cosechas se rige por el valor del dólar oficial al que se le descuentan las retenciones a la exportación (hoy :$41) . Este valor es menor que el que rige para las importaciones de insumos utilizados en la producción ($63 ) Esta brecha entre lo que reciben por lo que producen y lo que cuestan los insumos que utilizan afecta su rentabilidad, problema que se agranda, según sea la evolución de la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el que rige en el mercado paralelo. Esto último apunta a una realidad generalmente ignorada: la enorme concentración del capital y la capacidad de formar precios que existe en la economía argentina se hace sentir en todos los sectores económicos, incluido el agro y las importaciones. Esta formación de precios, tiene como valor de referencia al dólar blue.

 

La brecha cambiaria y la posibilidad de transferirla a los precios es una realidad que amenaza la rentabilidad de todos los sectores empresarios que no tienen capacidad de determinar precios. Esto también ocurre en el campo donde coexisten actores con poderes, situaciones y costos muy distintos, con distinto tamaño de empresas y distinto tipo de acceso a la tierra, siendo esta ultima mas o menos productiva y ubicada en regiones muy diferentes, más o menos alejados de los puertos etc. Esta estructura de producción estratificada y polarizada no debiera ser gravada por un mismo coeficiente de retenciones. Asimismo, el impacto de la brecha cambiaria sobre los costos, tampoco es el mismo. A excepción de 2015 en que se implementaron reintegros de retenciones según la escala de producción, los periodos de gobierno de CFK descuidaron estos problemas. Las consecuencias políticas fueron inmensas. A ultimo momento y antes de la discusión de la ley, el gobierno introdujo esta semana modificaciones, introduciendo  retenciones segmentadas.

 

Por otra parte, el gravamen del 30% a la compra de dólares para el turismo, uso de tarjeta para compra en dólares y “actividades no especificadas” propuesto por este proyecto de ley, ha dado lugar al nacimiento de un nuevo tipo de cambio “alternativo”.  Su mera posibilidad , sin embargo, ha provocado la estampida del dólar blue en el mercado paralelo. A mitad de esta semana este tipo de cambio alternativo, alcanzaba los $82. Así, el mercado de cambios se ha vuelto mas complejo y el impuesto del 30% a la compra de dólares implica una devaluación implícita que si se transfiere a precios, provocará mayores niveles de inflación futura.

Hay sin embargo, algo más : este desfasaje actual de los tipos de cambio en el mercado paralelo en relación al tipo de cambio oficial no ocurre en el vacío. Se da en una economía con una matriz productiva altamente concentrada y dominada por empresas transnacionales (locales y extranjeras) con dominio tecnológico de las cadenas de valor global de los bienes que producen y en mercados propensos a las transacciones “en negro” donde la sobrefacturación de importaciones florece incontenible e incontrolable. Si no se toman los recaudos pertinentes, el dólar alternativo o el dólar blue pueden convertirse en valor de referencia para los precios de las importaciones, a pesar de que las regulaciones estipulen que estas ultimas deben regirse por el valor del dólar oficial. Si esto ocurre, como ha ocurrido en el pasado, se profundizará el problema de la restricción externa al intensificar el desfasaje entre las divisas que se necesitan para importar y las que el país genera con sus exportaciones. Este fue uno de los grandes problemas de la política industrial aplicada durante los gobiernos K cuando estímulos al desarrollo de determinados sectores industriales derivaron en aumentos sobredimensionados de las importaciones en relación a los dólares generados por las exportaciones del país.

 

Estos problemas no parecen preocupar al gobierno. El Ministro de Economía ha dicho en su conferencia de prensa del 17 de diciembre que la transferencia del dólar “alternativo” a los precios no ocurrirá porque las importaciones se van a regir por el tipo de cambio oficial. También dijo que la capacidad instalada ociosa en la industria permite esperar que se crecerá sin aumentar precios. Asimismo, el presidente del Banco Central  confía en que el equilibrio macroeconómico y el Acuerdo de Precios y Salarios a ser suscripto con empresas y sindicatos, impedirá que la inflación se desmadre (brotes verdes, youtube.com 17 12 2019) Pareciera que se minimiza o ignora el carácter monopólico de la formación de precios en la Argentina, donde la inflación es crónica y los Acuerdos de precios y salarios han sido insostenible a lo largo del tiempo. La intervención del Estado en las ultimas décadas para aplicar leyes que impidan el abuso de la posición dominante y para imponer sanciones a los desvíos de lo que estipula la ley, ha sido prácticamente nula.

 

Esta semana se presento un “Acuerdo social y productivo,” entre sindicatos y empresas del sector automotor. El objetivo del mismo es reactivar la producción de esta rama industrial, de gran importancia para el desarrollo industrial argentino. Sin embargo, como hemos visto en el pasado, los problemas que aquejan a la industria automotriz local no solo son consecuencia del Ajuste y la recesión local sino que están estrechamente relacionados con las necesidades y la racionalidad de las decisiones de un complejo empresario multinacional que nada tiene que ver con las necesidades o la racionalidad de las decisiones del país. Hoy la industria automotriz global está sumida en una profunda recesión acompañada por un cambio tecnológico de enorme repercusión sobre los productos y sobre los mercados de trabajo. Este Acuerdo local debería tener en cuenta estos problemas globales, para no profundizar errores que vienen de lejos.

 

 

 

Guerra comercial y tecnológica

 

El gobierno busca expandir las exportaciones para crecer y conseguir las divisas que el país necesita. Esto ocurre en un contexto internacional signado por una militarización creciente de la política económica norteamericana. Esto ha derivado en los últimos tiempos en un guerra comercial entre China y los Estados Unidos que es solo un aspecto de una competencia mas profunda por el dominio geopolítico y el control de la tecnología de guerra (zerohedge.com 5 11 2019).

 

El conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha provocado cimbronazos en las cadenas de valor global, especialmente en la producción de materias primas, alimentos y bienes de consumo. Asimismo, el conflicto arancelario empieza a desbordar la relación China/Estados Unidos para extenderse a las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y otros países aliados. El Presidente Trump ha amenazado recientemente a la Comunidad Europea con la posible imposición de aranceles del 100% a productos provenientes esta región (zerohedge.com 13 12 2019).También ha colocado aranceles a importaciones de acero provenientes de la Argentina y Brasil.

Estas tensiones en un contexto de inminente crisis de la producción global contribuyen a la aparición de tendencias proteccionistas y a la dislocación de las relaciones comerciales y de los precios de los bienes y servicios intercambiados. Esto coexiste, sin embargo, con la persistencia de una fuerte interpenetración de las cadenas de valor global de grandes corporaciones tecnológicas chinas y norteamericanas. Esto es particularmente relevante en el ámbito de tecnologías de espionaje y guerra aplicadas al control del espacio y del ciberespacio (wsj.com 26 11 201; zerohedge.com 17 7; 28 11 2019) En estos ámbitos, el desacople de las cadenas de valor global es mas complejo y difícil de lograr. Esto reverbera en la dificultad de desacople total también existente en las cadenas de valor global vinculadas a la producción de bienes utilizados en la vida cotidiana que incorporan tecnologías relacionadas con el espionaje y la guerra.

 

En los Estados Unidos, esta interpenetración, directa e indirecta, de las cadenas de valor global de corporaciones chinas y norteamericanas genera conflictos y contradicciones entre la política de seguridad nacional del gobierno norteamericano y la constante puja de grandes corporaciones tecnológicas norteamericanas por ampliar su poder económico y político.(defense.gov executive order 13806 september 2018; timesunion.com 17 11 018; zerohedge.com 1 6 2019, 12 9 2019). Todos estos fenómenos se reflejan en el área de la política exterior norteamericana, donde distintos grupos pugnan por imponer políticas que se relacionan con la expansión de sus propios intereses. En este sentido, el Rusiagate contra Trump, posteriormente seguido del Ucraniagate y el pedido de juicio político al Presidente promovido esta semana por los representantes del partido demócrata expresan en parte la temperatura política que alcanzan estas contradicciones.

 

En un mundo plagado de conflictos, existe la posibilidad de establecer alianzas regionales que permitan un desarrollo local mas integrado. Al mismo tiempo, la desarticulación de la producción y del comercio global y el surgimiento de tendencias proteccionistas afectara a nuestros mercados y a nuestras exportaciones. Paradójicamente, esta situación brinda la oportunidad de promover políticas para salir de la recesión actual al mismo tiempo que se tiende a reconvertir la matriz productiva según las necesidades de un crecimiento integrado, nacional e inclusivo. Esto implica, por un lado “vivir con lo nuestro” utilizando plenamente los recursos humanos y naturales buscando la integración del campo con la industria y desarrollando actividades industriales tradicionales, mano de obra intensivas, con fuerte participación del estado, las pymes y cooperativas auto gestionadas. Por el otro lado, esto también significa poner el conocimiento científico y tecnológico acumulado en el país a impulsar el desarrollo de áreas de importancia estratégicas, tanto desde el punto de vista territorial como espacial. Esto implica, entre otras cosas, impulsar el desarrollo de la energía nuclear, y energías renovables y no convencionales, (producción, equipamiento y valor agregado), la industria aeroespacial (satélites radares etc.) las telecomunicaciones, la biotecnología etc.

Todas las ilustraciones corresponden al artista sudafricano William Kentridge

 

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