El lunes 5 de enero de 2026, la calle Carlos Calvo al 550, en el corazón del histórico y empedrado barrio de San Telmo, se convirtió en el escenario de una farsa trágica que expuso la incompetencia y la negligencia del Gobierno de la Ciudad. Un operativo desproporcionado, digno de una situación de toma de rehenes o terrorismo, se desplegó con infantería, camiones de mudanza, vallas y funcionarios de la Guardia de Auxilio. El objetivo: desalojar a 23 familias vulnerables que habitaban el inmueble desde hacía más de dos décadas.
El pretexto oficial esgrimido por los funcionarios en el lugar fue un supuesto “peligro de derrumbe inminente” y así lo indica la faja de clausura. Sin embargo, la trama detrás de este desalojo revela una negligencia administrativa y una complicidad política que roza el ridículo, si no fuera por el dolor irreparable infligido a las víctimas: Jorge Macri ejecutó este desalojo instigado, manipulado y “estafado” por un falso sacerdote.
El edificio de Carlos Calvo 550 ha sido objeto de una disputa histórica, pero sus ocupantes no eran paracaidistas recientes. Las familias residentes, compuestas por niños, ancianos y personas con discapacidades graves —específicamente una mujer con esclerosis múltiple, una menor con discapacidad y un adulto mayor con cáncer de hueso— poseían el inmueble de manera pacífica desde hacía más de 25 años. De hecho, algunas familias iniciaron procesos judiciales de usucapión (prescripción adquisitiva), actualmente en curso en la justicia civil. De acuerdo con el Código Civil y Comercial, los poseedores de un inmueble por más de 20 años ya son propietarios, cuyo derecho debe ser reconocido en una causa judicial.
La figura central de este despojo, y el artífice del engaño al Jefe de Gobierno, es Alejandro Iwaszewicz. Este personaje se presentó ante las autoridades porteñas y ante la opinión pública como un sacerdote representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa, reclamando la “restitución” de la propiedad eclesiástica. El alcalde porteño, ansioso por sumar una nueva estrella a su estadística de desalojos y mostrarse alineado con la defensa de la propiedad, compró el relato sin realizar las verificaciones más elementales que exige la prudencia administrativa. El gobierno debía haber estudiado qué tipo de posesión ostentan las 20 familias antes de expulsarlas por la fuerza pública (sobre todo porque no interviene el Poder Judicial) y qué poder o mandato de la institución eclesiástica tenía el supuesto representante. Nada de eso sucedió. El jefe de Gobierno cree que le está restituyendo la propiedad a la Iglesia Ortodoxa Rusa, que, como veremos, tampoco es la propietaria registral del inmueble, pero fue engañado, como ese emperador que andaba desnudo por todos lados. El extremo de la irresponsabilidad y el despilfarro de los recursos públicos.
La realidad es que Iwaszewicz es un ex sacerdote expulsado. La propia Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero (ROCOR) ha comunicado oficialmente y en reiteradas oportunidades que Iwaszewicz fue removido de todos sus cargos eclesiásticos, suspendido en el ejercicio del sacerdocio en 2010 y finalmente expulsado en 2017. Iwaszewicz no tiene autoridad legal para actuar en nombre de la institución.
A pesar de esta situación de conocimiento público, el jefe de Gobierno validó la legitimidad de este impostor como representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de ésta como propietaria del inmueble. Además, puso a disposición la fuerza pública de la Ciudad —incluyendo a la Policía de la Ciudad, la Fiscalía Penal y Contravencional, la Guardia de Auxilio, la Red de Atención, Buenos Aires Presente (BAP), el SAME y Logística— para satisfacer el reclamo de un particular sin legitimidad y para que actúen como fuerza de choque privada de un actor desautorizado por su propia iglesia.
Para intensificar el disparate, la Iglesia Ortodoxa Rusa tampoco es propietaria del inmueble. En el Informe de Dominio emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) de la Capital Federal, fechado el 7 de enero, se informa que “para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 540/50 entre calles Bolívar y Perú (nomenclatura catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 22, Parcela 5A), el ‘Dominio’ corresponde a la ASOCIACIÓN ORTODOXA RUSA EN LA ARGENTINA, sin haberse asentado titularidad distinta con posterioridad. La asociación desapareció de hecho a principios de siglo veinte, habiendo fallecido todos los integrantes”.
Por eso es importante destacar un intento de la Iglesia Ortodoxa Rusa por reivindicar la titularidad del inmueble en 1956, que fue rechazado por el Poder Judicial. En el “Asiento 5” se inscribe la sentencia dictada en los autos caratulados “IGLESIA ORTODOXA RUSA C/ASOCIACIÓN ORTODOXA RUSA EN LA ARGENTINA S/REIVINDICACION EXP.4814/1956”, que rechaza la acción de reivindicación presentada por la Iglesia Ortodoxa Rusa, por carecer de derecho sobre el inmueble.
Simular “peligro de derrumbe” para desalojar
Para eludir los tiempos, las garantías y el escrutinio de un proceso judicial de desalojo formal —donde los jueces civiles habrían exigido pruebas de titularidad que Iwaszewicz no podía sostener legítimamente debido a su expulsión—, el Gobierno de la Ciudad recurrió a una trampa administrativa: declarar el “peligro de derrumbe”.
Esta figura legal está diseñada para salvar vidas ante catástrofes inminentes, permitiendo a la Guardia de Auxilio intervenir de inmediato por razones de seguridad pública. Sin embargo, en el caso de Carlos Calvo 550, los testimonios y la evidencia sugieren que fue una simulación orquestada para vaciar el inmueble.
La supuesta ruina estructural presentaba una característica selectiva inverosímil. Se clausuró y tapió la entrada del edificio correspondiente al número 550, pero curiosamente no se desalojó a los ocupantes del primer piso del frente (Carlos Calvo 544), que comparten la misma estructura física, los mismos cimientos y las mismas losas. Si hubiera existido un riesgo estructural real de colapso, todo el edificio estaría comprometido y todos sus habitantes en peligro. La “ruina” solo afectaba a quienes Iwaszewicz quería echar.
A las familias afectadas, en medio de la desesperación de la madrugada, no se les exhibió un informe técnico detallado, ni un plano de riesgo, ni un número de expediente administrativo completo que avalara la medida extrema. La orden era verbal y la ejecución, policial.
El mismo día del desalojo, mientras las familias lloraban en la vereda, el gobierno celebró en las redes antisociales la “recuperación” de la propiedad para devolverla a sus “dueños”. Si el motivo real era el derrumbe, la celebración oficial debería haber sido por “salvar vidas” ante una catástrofe, no por restituir un bien inmobiliario. El tuit funcionó como una confesión de parte: el objetivo nunca fue la seguridad, sino el desalojo sumario disfrazado de prevención.
Insólito, pero real. Casi tres décadas reclamando para recuperar algo que ya era suyo.
Este edificio de la Asociación Ortodoxa Rusa estuvo tomado desde 1999: sus dueños estuvieron más de 25 años intentando recuperarlo. Hacer respetar la propiedad privada es reconocer el trabajo,… pic.twitter.com/t5qBUmuT39
— Jorge Macri (@jorgemacri) January 6, 2026
Cuando se desaloja por peligro de ruina no se tapian las puertas con ladrillos, sino que tan solo se fija una faja de clausura, porque los propietarios o poseedores no pierden la posesión del inmueble. Tienen el derecho a ingresar con profesionales para observar los trabajos que se deben realizar para que el edificio deje de estar en estado de ruina. Además, de esta forma pueden elaborar el plan de trabajo para presentar al GCBA y de esa forma levantar la clausura. Las puertas tapiadas implican exclusión permanente de la vivienda a poseedores legítimos.
La insensibilidad fue total y absoluta. Familias con niños con discapacidad, que requieren estabilidad y rutinas, y pacientes oncológicos en situaciones de extrema fragilidad, fueron arrojadas a la incertidumbre de la calle. Sus pertenencias, acumuladas durante una vida de trabajo, fueron cargadas en camiones del gobierno hacia depósitos lejanos, bajo la amenaza constante de la infantería armada. Todo esto, para entregar la llave a un hombre que la propia Iglesia Ortodoxa desconoce. Jorge Macri no solo fue insensible; fue operativamente incompetente, actuando como el brazo armado de una estafa privada.
Nada por dentro de la ley
Si lo ocurrido en San Telmo fue una farsa grotesca basada en un engaño, lo ocurrido en el Barrio Rodrigo Bueno el jueves 8 de enero representa un quiebre institucional de una gravedad inusitada. Aquí, el alcalde porteño no fue una víctima de un engaño; aquí decidió consciente, deliberadamente y con pleno conocimiento de causa violar la ley para imponer su voluntad política.
El título de este capítulo no es una metáfora periodística. Es la descripción literal de un gobierno que, al encontrar límites legales y constitucionales a su ambición de “limpieza” territorial, decidió saltar el cerco del Estado de Derecho. Macri pretende tapar el desastre de su gestión con desalojos, forzando la ley todos los días para alimentar una estadística macabra de prácticamente un desalojo diario, sin importar si para ello debe llevarse puesta a la propia Justicia.
El conflicto se centró en la cuarta manzana del Barrio Rodrigo Bueno, un sector histórico de este asentamiento ubicado en la Costanera Sur. Este terreno es una de las joyas más codiciadas por el mercado inmobiliario, dada su adyacencia directa al exclusivo barrio de Puerto Madero y los proyectos de torres de lujo en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
El Ejecutivo porteño había intentado, por la vía judicial correspondiente, que la justicia ordenara el desalojo forzoso de una familia ubicada en la cuarta manzana. Sin embargo, su pedido fue rechazado varias veces por el Poder Judicial de la Ciudad.
Ante la negativa judicial reiterada, la administración PRO optó por el camino de la autocracia administrativa. Ignorando la separación de poderes, el jueves último, funcionarios del GCBA y policías informaron sobre un Decreto Administrativo (Decreto 5/2026), que aún no se había publicado en el Boletín Oficial, exigiendo que la familia desaloje su casa.
Ante la resistencia de la familia y de las propias fuerzas policiales de acatar órdenes por decreto y falta de mandato judicial, el desalojo fue suspendido ese día.
En el considerando del propio decreto se reconoce que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la ciudad dispone la intervención judicial cuando se debe utilizar la coacción contra personas o bienes.
La ley no importó. Este decreto se ejecutó con una severa brutalidad al día siguiente, el viernes 9. Desoyendo las normativas internacionales de Derechos Humanos y las leyes locales que prohíben expresamente los desalojos nocturnos y los desalojos sin orden judicial que autorice el uso de la fuerza, más de 50 efectivos de la infantería de la Policía de la Ciudad se apersonaron en el barrio a las 4 de la mañana.
A esa hora, cuando la vulnerabilidad de las familias es máxima y la capacidad de reacción y defensa es nula, rompieron la puerta e ingresaron al domicilio. La familia fue tratada como una banda criminal de alta peligrosidad, tirándola al piso por la fuerza.
No hubo mediación previa ni notificación alguna de la orden de desalojo que habilitaba el uso de la violencia estatal. Solo la fuerza bruta de un Estado que llega de noche como un grupo de tareas.
El triple cepo legal violado
La gravedad institucional del Decreto 5/2026 y del operativo subsiguiente radica en que viola, de manera simultánea y flagrante, tres marcos legales vigentes que conforman el “bloque de legalidad” protectorio de los barrios populares en la Argentina.
La justificación del decreto es que la familia ocupaba un “espacio público”. Pero aquí reside la mentira fundacional del acto administrativo: ese espacio público no existe todavía; es un proyecto, una calle dibujada en un plano de urbanización futuro, no una realidad física preexistente que se estuviera obstruyendo. Se desalojó una realidad presente en nombre de una ficción administrativa futura.
- Ley Nacional 27.453 (RENABAP): Esta ley, conocida como Ley de Barrios Populares, y sus modificatorias vigentes, declaran la utilidad pública de los terrenos donde se asientan los barrios populares y suspenden los desalojos por un plazo de diez años, incluso cuando se requiera la relocalización de las familias para la realización de obras. El Barrio Rodrigo Bueno está debidamente inscrito en el Registro Nacional de Barrios Populares. Al ordenar el desalojo, Macri violó una ley de orden público nacional, cometiendo un acto de sedición administrativa contra la legislación federal.
- Ley CABA 5.798 (Reurbanización de Rodrigo Bueno): Esta ley es la carta magna específica para el proceso de integración del barrio. Establece taxativamente que cualquier relocalización debe ser consensuada y que se encuentran prohibidos los desalojos.
- Ley CABA 6.760: Esta normativa aprobada a fines de 2024 adhiere a la ciudad al régimen de integración socio-urbana nacional, reforzando la protección contra desplazamientos forzados involuntarios en el ámbito de la ciudad.
En este caso, a las familias les negaron su derecho y las obligaron a abandonar y perder para siempre su casa, sin ofrecerles una alternativa habitacional definitiva y digna, como manda la ley.
Al utilizar un decreto administrativo para saltarse la negativa explícita de los jueces competentes, la ciudad de Buenos Aires ha inaugurado una etapa peligrosa donde la voluntad del Ejecutivo se pretende situar por encima de la ley escrita y de las sentencias judiciales. El Desalojador Serial no solo está limpiando terrenos para futuros negocios inmobiliarios; está demoliendo las garantías constitucionales de los ciudadanos más desprotegidos de Buenos Aires. En su afán por mostrar orden y autoridad, ha sembrado el caos jurídico y el dolor humano, dejando en claro que, en su modelo de ciudad, los pobres no son ciudadanos con derechos plenos, sino obstáculos físicos a remover mediante la fuerza del Estado.
La gestión de la crueldad y el desguace habitacional
La ciudad de Buenos Aires atraviesa desde 2024 una de las transformaciones más oscuras y regresivas de su historia contemporánea. La “recuperación del orden” se utiliza como un eufemismo para la limpieza demográfica de los sectores más vulnerables.
La gestión actual no busca resolver el déficit habitacional mediante la construcción de comunidad, sino ocultar las consecuencias de su propia política económica barriendo a las víctimas hacia los márgenes, fuera de la vista de la “ciudad formal”.
Se pretende tapar el desastre de la gestión con desalojos forzosos por toda la ciudad. En lugar de ufanarse por las soluciones habitacionales otorgadas —una métrica que cualquier estadista moderno exhibiría con orgullo como señal de desarrollo humano—, se ufana de la cantidad de familias que quedan en la calle. Ha convertido la tragedia habitacional en un spot de campaña permanente, celebrando cada operativo policial como una victoria militar contra la pobreza, a la que trata no como una condición social a remediar, sino como una infracción a penalizar.
La narrativa oficial construye una realidad paralela y aséptica, donde cada desalojo se presenta mediáticamente como una “recuperación” de espacios y la defensa de la propiedad privada, y cada familia expulsada se etiqueta bajo la categoría deshumanizante de “usurpador”. Sin embargo, el análisis exhaustivo de los hechos, especialmente durante la primera semana de enero, revela una maquinaria estatal que opera al margen de la sensibilidad humana y, frecuentemente, forzando los límites de la legalidad administrativa hasta romperlos.
El gobierno porteño ha celebrado recientemente, con una frialdad asombrosa, haber alcanzado los 500 desalojos de propiedades en lo que va de su gestión. Esta cifra, lejos de ser un indicador de éxito en la gestión urbana o de seguridad jurídica, es el síntoma de una crisis habitacional no resuelta. El GCBA ataca esta crisis por su consecuencia visible (la ocupación informal ante la falta de alternativas) y no por su causa raíz (la inaccesibilidad sistémica a la vivienda).
La administración ha naturalizado la violencia institucional como método predeterminado de gestión urbana. Los operativos se acelararon y pasaron de ser eventos esporádicos a una rutina casi diaria: “Un desalojo por día hábil”.
Presupuesto 2026: asfixia financiera como preludio al desalojo
Para comprender la violencia física de los desalojos ejecutados en enero es imperativo también analizar la violencia económica plasmada en la ley de leyes: el Presupuesto 2026.
Los datos son contundentes y desmienten cualquier retórica de preocupación social que pudiera emanar de los discursos oficiales sobre cuestiones habitacionales. Existe una correlación directa y planificada entre el desfinanciamiento de las soluciones habitacionales y el incremento del uso de la fuerza policial en desalojos.
El presupuesto para 2026 revela un recorte brutal y deliberado en las partidas destinadas a solucionar la crisis habitacional. Mientras la población en situación de calle en la ciudad se ha triplicado en los últimos años, alcanzando la alarmante cifra de casi 12.000 personas durmiendo a la intemperie, la inversión real en vivienda ha sufrido una caída del 11,6% en comparación con el ejercicio anterior.
Más grave aún es el desguace sistemático del organismo encargado de la reurbanización de villas y asentamientos. La partida destinada a la Urbanización de Barrios Populares se desplomó un 27,5%, alcanzando el nivel de inversión más bajo de los últimos 14 años. Esto significa que obras de infraestructura básica, apertura de calles, tendido de servicios públicos y mejoramiento habitacional en lugares críticos como la Villa 31, la Villa 1-11-14 o el propio Barrio Rodrigo Bueno están siendo financieramente estranguladas.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), ente rector de estas políticas y garante último del acceso a un techo digno, sufre un ajuste presupuestario del 15%. La ecuación que plantea es macabra pero simple: se retiran los fondos para urbanizar, construir e integrar, y se aumentan los recursos logísticos y operativos para las fuerzas de seguridad encargadas de ejecutar los desalojos.
La gestión del PRO que gobierna la ciudad no busca solucionar el déficit habitacional; busca invisibilizarlo mediante la fuerza. Al reducir un 8% el presupuesto real del programa de alquileres y subsidios habitacionales (como el subsidio 690), se empuja activamente a más familias a la informalidad, quitándoles la única red de contención que evitaba su caída en la indigencia habitacional, para luego criminalizarlas cínicamente cuando ocupan un espacio vacío para sobrevivir.
Estamos frente a una gestión que prioriza el marketing urbano y la muestra de gestión con estadísticas por sobre la vida humana.
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