Desclasificados

Las historias que cuentan los documentos entregados por Estados Unidos

 

Pocos días después del desembarco en las islas Malvinas en abril de 1982, los militares argentinos ya tenían otros planes en el ámbito doméstico: secuestrar a personal de la embajada de Estados Unidos si Washington adoptaba la postura pro-británica. El temible Batallón de Inteligencia 601 estaba detrás de la operación, según información que manejaba la propia CIA, y tenía una coartada para culpar a Montoneros. La información surge de los documentos que desclasificó Estados Unidos en los últimos años a pedido de los organismos de derechos humanos, y que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta pusieron a disposición en una base de datos online.

En la nochecita del 11 de abril de 1982, había actividad en la esquina de Viamonte y Callao. Ahí funcionaba el Batallón de Inteligencia 601. Lo había creado el Ejército cuando reestructuró su área de inteligencia en 1968 y, desde 1975, estaba dedicado de lleno a la “lucha anti-subversiva”. En el Batallón estaban pergeñando planes de contingencia si Estados Unidos apoyaba al Reino Unido. Los planes implicaban desaparecer a ciudadanos estadounidenses.

— En la terminología del Batallón 601, “desaparecido” no es encarcelado – le aclaró una fuente a la CIA –. Desaparecido probablemente significa muerto.

El informante no dijo quiénes ni cuántos podrían desaparecer en las garras del 601. Pero sí deslizó que podía ser personal de inteligencia o de seguridad de la Embajada. También que la operación podría entrar en marcha en solo 48 horas si Washington se alineaba con los ingleses.

“Al menos a algunos integrantes del Batallón 601 les ordenaron que informaran a sus superiores para la mañana del 12 de abril todo lo que sabían acerca del personal de la embajada de Estados Unidos”, dice el cable de la CIA.

El informe también sostiene que el Batallón se estaba preparando para “desaparecer” a 500 británicos en la Argentina después del inicio de la guerra y que iba a tapar sus operaciones con una declaración de Montoneros.

¿Qué iba a usar? Un comunicado que el 9 de abril había enviado Mario Firmenich desde La Habana. Ahí, el dirigente de Montoneros llamaba a ocupar y exigir la nacionalización de empresas de capital británico, como Shell, Banco de Londres – Lloyds Bank, Nobleza Piccardo – British American Tobacco y Grupo Unitam- La Forestal.

Comunicado de Mario Firmenich. Fuente: Topo Blindado.

“Si el Batallón de Inteligencia 601 atenta contra sujetos británicos, esta instrucción será usada como cobertura y harán que aparezcan como acciones de Montoneros”, agregaba el informe de la CIA.

Toda la información se construía en base a un informante que proporcionaba información desde adentro del Batallón 601. Quién era esa fuente es un misterio porque esos datos aparecen tachados en los documentos desclasificados.

 

Los métodos

En agosto de 1975, el Operativo Independencia estaba en pleno apogeo en Tucumán. Para esa época, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya sabía que el comandante a cargo ya les había dicho a los subordinados que no quería más prisioneros, y que, por ende, se ejecutaba a quienes caían en manos del Ejército.

“Una tercera fuente también remarcó que no se retenía más a los prisioneros de guerra, sino que eran meticulosamente interrogados y después asesinados”, dice un cable de 1975.

Dos años más tarde, el Departamento de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos también sabía que los enfrentamientos en los que se reportaban muertos de las organizaciones guerrilleras no eran tales.

“De acuerdo con una fuente, a los subversivos que son capturados para ser eliminados se les dice cuál va a ser su destino. Se les da la opción de cooperar con los interrogadores y de morir con dignidad, o de que les extraigan información por medios forzosos y morir en el proceso. Aparentemente esta opción es muy persuasiva”, dice el cable.

“Cuando dejan de considerar productivo al subversivo, lo llevan solo o en grupos de tres o cuatro a un lugar preseleccionado y los meten en un auto pequeño. Incluso les brindan armas, de acuerdo con una fuente, y les dan un poco de ventaja antes que una fuerza de seguridad fuertemente armada los empiece a perseguir y eso derive en un tiroteo. A pesar de que los subversivos tienen una mínima chance de escapar, la fuente dijo que ninguno lo ha hecho hasta ahora. Las fuerzas de seguridad después lo registran como un tiroteo en el que todos los subversivos resultaron muertos”, dice el cable.

“La fuente dijo – agrega – que otra técnica para encubrir la eliminación de subversivos es la historia de que fueron abatidos cuando hacían pintadas. Resaltó que esta técnica se desarrolló después de que se dieran efectivamente algunos enfrentamientos con subversivos a los que se los agarraba en estas actividades. En la situación de cobertura, o se mata a los subversivos antes y después se los deja en la escena, o se los lleva vivos y se los elimina en un intercambio unilateral con las fuerzas de seguridad”.

Los métodos que describen los archivos de inteligencia de la Defensa norteamericana muestran que no se trataba de una “Guerra Sucia” como aun los anglófonos califican a la dictadura, sino de un exterminio decidido y planificado. Y que ellos recibían información precisa de cómo se ejecutaban.

 

Plan Cóndor

La CIA publica un diario, que se distribuye únicamente entre los directores de la agencia. Se llama The National Intelligence Daily (el diario de la inteligencia nacional). El martes 10 de agosto de 1976 publicó el número 187 del tercer volumen. Un recuadrito hablaba de un plan antisubversivo en América del Sur. Decía que los funcionarios de Chile, Argentina y Uruguay estaban reunidos en algún lado que no puede leerse porque fue tachado. ¿Para qué? “Para expandir sus actividades de cooperación anti-subversivas para incluir el asesinato de terroristas de primer nivel exiliados en Europa”. Agregaba que los tres países iban a entrenar a sus equipos en Buenos Aires para las misiones en Europa occidental y planteaba que la mayor concentración de latinoamericanos exiliados se daba en París.

Fechado tres días después, un informe encontrado en la biblioteca del entonces presidente Gerald Ford decía que los tres países habían decidido suspender el inicio del plan hasta que Brasil dijera si va a participar en las operaciones en Europa. La preocupación sobre el rol de Brasil en el Cóndor aparecía en un cable del Departamento de Estado del 3 de agosto de ese año, que informaba de la escasa presencia del Planalto en las operaciones para asesinar.

Estos cables, incluidos en la desclasificación, ya habían sido analizados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 en el juicio por el Plan Cóndor, que, en la sentencia de mayo de 2016, describió a la coordinación represiva del Cono Sur como una asociación ilícita regional.

Otros cables desclasificados  muestran que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tenía un rol clave en el Plan Cóndor. Argentina comandó la operación  en 1977 mientras la SIDE estuvo dirigida por el general Carlos Enrique Laidlaw. Todo hace suponer que antes había estado al mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile y que esa dirección rotaba año a año.

La llegada de Laidlaw a la SIDE se produjo tras la salida de Otto Paladino y con el fin de Automotores Orletti — el centro clandestino que dependía directamente de la agencia de inteligencia. Tuvo un breve paso por la Secretaría. En los primeros días de 1978, juró como ministro de Planeamiento. Las informaciones indican que Laidlaw sigue vivo.

Argentina asume la conducción del Cóndor.

 

 

La cacería de Montoneros

Para noviembre de 1979, había indicadores de un “incremento en la actividad terrorista”. Era, claro, la época de la Contraofensiva montonera y de la cacería desplegada por el Ejército. Desde hace un año, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín examina la responsabilidad de un grupo de militares en el secuestro, tortura y asesinato de 94 víctimas.

Un informe del Departamento de Defensa describe para entonces la actividad de las Tropas Especiales de Agitación (TEA) y de las Tropas Especiales de Infantería (TEI) de Montoneros. Dice que eran integradas por aproximadamente 100 personas: 30 combatientes de las TEI y 70 que integraban las TEA. También sostiene que estaban en el país desde abril y bajo la conducción de Raúl Yager y que (Horacio) Mendizábal había sido el hombre enviado al país para reunir a los grupos y hacer que las operaciones empezaran.

Cuando el cable se escribió, Mendizábal ya había sido asesinado, al igual que Armando Croatto. El documento detalla qué había pasado con ellos. También dice que entre diez y doce “terroristas” ya habían sido capturados.

Lo curioso del cable es que habla de dos fuentes locales, pero fueron tachadas cuando Estados Unidos desclasificó los materiales. ¿Quién les informaba a los estadounidenses? Saber eso puede ser clave para ampliar el proceso de justicia y buscar a otras personas que hayan participado en los crímenes de la dictadura.

Algo similar sucede con un cable de la CIA de 1983, que fue recientemente desclasificado. El documento tiene seis páginas, pero cuatro siguen estando clasificadas como secretas. Habla de distintas caídas que, desde abril de 1983, explican las de Yager, Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereya Rossi.

“Hay un rumor de que Fernando Vaca Narvaja, el segundo oficial en importancia en Montoneros, está en Argentina. () si lo logran detener, lo van a matar”, puede leerse en el cable. Alguien le estaba diciendo a la CIA cuáles eran los objetivos de los represores locales.

Una pista de la posible filiación de la fuente se da en el párrafo siguiente. “El Batallón 601 se sorprendió al enterarse que Montoneros tan prominentes estén en la Argentina. El Batallón 601 concluyó que la presencia de Montoneros y el nivel de actividad es significantemente superior al que se creía”, agrega.

La fuente probablemente era habitué del edificio de Callao y Viamonte.

 

Batallón 601. Foto: Infojus.

 

 

La desclasificación

Los cables de Estados Unidos muestran distintos entramados de circulación de la información entre la comunidad de inteligencia local con sus pares internacionales. Los temas son variados y, en algunos casos, sorprenden por el detallismo.

Desde que se reanudó el proceso de justicia, los cables fueron utilizados en distintos juicios. Por ejemplo, sirvieron en el juicio contra integrantes del 601 — que estuvo a cargo del juez Ariel Lijo — para identificar a Julio Cirino, que antes de sumarse al think tank del PRO, Fundación Pensar, había hecho camino en el Batallón.

Estados Unidos desclasificó documentos referidos a la represión en la Argentina en dos olas: en 2002 y en el período 2016-2019. En ambos casos, fue por pedido e insistencia de los organismos de derechos humanos.

La primera tanda de desclasificaciones había sido acordada durante el gobierno de Bill Clinton y se concretó durante la administración de George W. Bush. En ese momento, Estados Unidos entregó 4677 documentos.

En 2016, cuando Barack Obama anunció que iba a venir a Argentina para el 24 de marzo, los organismos solicitaron una nueva desclasificación, por la que Macri buscó sacar rédito.

Ese mismo año, hubo dos tantas de desclasificaciones. Una fue entregada por el entonces secretario de Estado John Kerry, y consistía de 1081 fojas. En diciembre, el entonces embajador Noah Mamet realizó una segunda entrega de 502 fojas pertenecientes a las bibliotecas presidenciales.

Para entonces empezó a funcionar en la Cancillería una mesa de seguimiento del proceso de desclasificación, que coordinaba la Comisión de Memoria Histórica del Palacio San Martín — creada durante el kirchnerismo y que subsistió a los embates del macrismo, y en la que participaban los organismos de derechos humanos y el Ministerio Público Fiscal. La mesa buscaba ajustar los pedidos para que la información que llegara sirviera para el proceso de verdad y justicia.

La tercera entrega se produjo en abril de 2017, cuando Macri viajó a Estados Unidos. Allí el Departamento de estado desclasificó 983 documentos que no habían sido incorporados en la entrega de 2002.

La última tanda, que llegó en abril del año pasado, fue la más grande que hizo Estados Unidos con 4903 documentos. La desclasificación incluyó al Departamento de Estado y a catorce agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses.

 

A desclasificar

El CELS, Abuelas y Memoria Abierta centraron su trabajo en las fuentes de inteligencia que fueron desclasificadas en la última entrega. El martes 24, publicaron la base de datos con mil de esos documentos. El trabajo continuará en los próximos meses hasta completar la base, que ordena la información para operadores judiciales, investigadores y periodistas.

La tarea de relevamiento y sistematización comenzó en agosto del año pasado junto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires – convocados a través del Instituto Antonio Gramsci – y del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. Otros estudiantes de la Escuela Normal de Lenguas Vivas, de la Universidad del Salvador y de la Universidad Nacional de La Plata se sumaron a la iniciativa.

“Seguimos reclamando la desclasificación de todos los archivos de inteligencia del país vinculados al terrorismo de Estado”, dijeron las tres organizaciones en la presentación del proyecto.

Una deuda es acceder a los registros de inteligencia de la Policía Federal Argentina y especialmente a los de la ex SIDE – actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –. La SIDE tuvo un rol clave durante la última dictadura: no sólo recibiendo la información del resto de las agencias de inteligencia locales sino como parte del Plan Cóndor — e incluso conducción, como lo muestran los desclasificados.

La interventora en la AFI, Cristina Caamaño, dispuso en enero, tal como contó El Cohete, el relevamiento de 250.000 fichas vinculadas al terrorismo de Estado antes de finales de junio. El gobierno deberá después resolver cómo se podrá acceder a esa información.

 

Podés acceder desde aquí a www.desclasificados.org.ar

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