Desinversión y desidia

La grave crisis de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires

 

“Ni el más grande de los ‘gracias’ alcanza para decirles a las médicas y médicos de la Ciudad por el ENORME esfuerzo que están haciendo”. Así se expresaba el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta en un posteo en sus redes durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19. Era mayo de 2020, transitábamos el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), no existían las vacunas contra el virus, los médicos aún eran aplaudidos cada noche por arriesgar sus vidas y los hospitales públicos eran acondicionados esperando el pico de la pandemia. Dos años después, las palabras de Larreta se descascaran y el reconocimiento por parte de la Ciudad parece haberse esfumado, mientras el sector de la salud atraviesa una de las peores crisis de los últimos 40 años.

Sólo en la última semana, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el “estado de alerta y movilización” en los hospitales porteños en rechazo a la propuesta salarial realizada por el Gobierno de la Ciudad en las negociaciones paritarias y denunció que el Ejecutivo paga “salarios de pobreza”; enfermeros, residentes y concurrentes marcharon el jueves, Día de la Sanidad, pidiendo aumentos salariales, mejores condiciones laborales y ser reconocidos; y desde los hospitales denunciaron que la falta de insumos y profesionales y las malas condiciones edilicias y tecnológicas provocan una postergación de casi tres meses de las intervenciones quirúrgicas programadas.

Desde los primeros años de la llegada del PRO en la Ciudad, hace 14 años, trabajadores de la salud pública porteña denuncian desinversión y desidia por parte del Estado. Sin embargo, hoy aseguran que, dejando de lado el estallido vivido en 2001 en todo el país, esta es la peor crisis que vive la salud pública de la Ciudad.

Héctor Ortiz, enfermero y delegado de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, contó a El Cohete a la Luna que la situación se agravó desde que a mitad del año pasado los centros de salud retomaron el ritmo de su actividad pre-pandémica. “La demanda, que había bajado en el momento de los picos de contagios, volvió a ser mucha y el hospital no tiene los recursos para cubrirla”, explicó.

El Durand tiene más de mil cirugías postergadas. Antes de la pandemia, en el hospital se hacían cerca de 30 operaciones diarias, en dos turnos. Hoy no se superan las 10 intervenciones por día. Según afirman los trabajadores, no hay insumos para hacerlas. Los servicios de traumatología se paran porque no se consiguen prótesis, se demoran las intervenciones odontológicas porque no hay material ni para sacar una muela y en el servicio de gastroenterología los equipos para hacer endoscopías son obsoletos, por lo cual los pacientes son derivados a otros hospitales o al sector privado. Además, los trabajadores denunciaron que en el servicio de neurocirugía no hay casi profesionales y es una tragedia si se debe realizar una operación de urgencia, por ejemplo, producto de un accidente de tránsito. “Además de no haber insumos, no tenemos equipos tecnológicos para seguir las operaciones complejas; hay médicos que se han jubilado y no fueron reemplazados y faltan anestesistas, que prefieren irse al sector privado porque ganan tres veces más. El recurso humano de enfermería también es escaso”, afirmó el delegado.

La misma situación se replica en la mayoría de los hospitales públicos de la Ciudad. Luis Ledesma, quien trabaja como enfermero desde hace 25 años en el hospital Ramos Mejía y es también delegado de la agrupación Hospitales de la Ciudad, explica que “después del pico de la pandemia se reabrieron los quirófanos y vemos que se estableció un desfasaje con respecto a las operaciones. Antes, una intervención simple de vesícula se programaba a 15 ó 20 días y ahora se hace a dos o tres meses. Se está llevando al extremo a los pacientes, para que toleren en muchos casos el dolor la mayor cantidad de tiempo posible para llegar a una operación programada. No tenemos insumos en los servicios, lo que hay es solamente para las urgencias y entonces se prioriza justamente aquello que tengan riesgo de vida en lo inmediato”. Además, la mayoría de las terapias intensivas que se habían abierto en los hospitales públicos se cerraron cuando bajaron los contagios.

Una de las consecuencias de la crisis es que no está funcionando la red de hospitales porteños, que implica la derivación de un paciente a otro de los 35 centros médicos que conforman el sistema público de salud cuando el establecimiento en donde está se encuentra colapsado.

Alrededor del 60% de los accidentes ocurridos en la Ciudad son derivados a la guardia del Durand y la imposibilidad de contar con una red de hospitales que funcione marca la diferencia entre la vida y la muerte. “Estamos desbordados. Muchas veces se intenta derivar a los pacientes, pero es muy difícil encontrar camas y servicios con profesionales que puedan recibirlos en el corto plazo. Los casos graves, si no se resuelven rápidamente, lamentablemente tienen el peor final”, sentenció Ortiz.

 

 

 

Salarios de pobreza

Carina Goya es médica residente de tercer año de Pediatría en el Hospital Elizalde. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Junto a cientos de residentes y concurrentes marchó a Plaza de Mayo el pasado 21 de septiembre para reclamar mejoras salariales, en las condiciones laborales y de formación. “Exigimos un aumento del salario básico a 250.000 pesos, ya que hoy un residente de primer año cobra solo 110.000”, detalló a El Cohete. A principio de año, los médicos recibieron un 60% de aumento en cuotas, pero ya no alcanza: la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año llegó a 56,4% y algunas consultoras privadas calculan que podría llegar a más de 95% a fin de año. La situación de los residentes porteños es desigual a la de aquellos que trabajan en hospitales de la Provincia de Buenos Aires o nacionales. Estos últimos reciben un salario mínimo de 180.000 pesos mensuales.

Al problema salarial se suman las precarias condiciones de trabajo y las jornadas laborales interminables y guardias que no se pagan extra. “Trabajamos, en promedio, entre 75 y 100 horas semanales. Entonces, haciendo el cálculo, vemos que un residente ingresante gana alrededor de 280 pesos la hora”, indicó Lucas Rodríguez, también residente de la Ciudad. Desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA expresaron en un comunicado: “El salario de miseria que percibimos por nuestra tarea es una forma de maltrato y ninguneo de nuestra tarea, al igual que las jornadas interminables de trabajo a las que nos someten”.

 

 

 

 

La protesta de residentes coincidió con la de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), que se concentró en Callao y Corrientes y se movilizó hacia el Obelisco. Los enfermeros porteños reclaman su reconocimiento como profesionales de la salud, a partir de la inclusión en la Ley 6.035. Esta contempla profesionales como médicos, bioquímicos, kinesiólogos, licenciados en obstetricia, odontólogos, farmacéuticos, psicólogos, musicoterapeutas, entre otros. Los licenciados en Enfermería hoy son relegados al escalafón administrativo.

Ortiz aseguró que luego de años de reclamar, el gobierno de Rodríguez Larreta les ofreció este año “una carrera paralela a los licenciados de enfermería, que no se condice con las expectativas que tenemos. Nosotros queremos estar incluidos en la ley 6.035, donde nos corresponde por nuestra formación”. Un licenciado de enfermería ingresante gana entre 70 y 80.000 pesos, mientras que un licenciado de la carrera profesional en ese nivel, cerca de 140.000. Los enfermeros señalan también que no les pagan las horas extras al 100%. “Para ganar 70.000 pesos necesitamos trabajar 120 ó 140 horas mensuales y duplicando estas horas con módulos de enfermería, las mal llamadas horas extras, no llegas a juntar 20.000 pesos más por mes”, explicó Ortiz.

La falta de profesionales en enfermería es una constante en los hospitales públicos en todo el país. En promedio, hay 35 enfermeros cada 10.000 habitantes, mientras que a nivel mundial esa cifra asciende a 81. Sin embargo, en junio de este año se despidieron 65 trabajadores de la salud en distintos centros asistenciales porteños que habían sido contratados durante las olas de contagio.

 

 

 

La salud pública no garpa

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) realiza todos los años informes analizando el estado de situación de los hospitales. El último, publicado en abril de este año, señaló fallas edilicias y administrativas en los centros de salud porteños y apuntó a los riesgos que estas implican. El organismo de control revisó las condiciones del Hospital de Agudos Enrique Tornú y alertó sobre desprendimiento de mampostería, paredes, pisos y cielorrasos descascarados, con roturas o rajaduras; falta de mantenimiento de pintura, de sanitarios, aberturas o de mobiliario; carencia de agua y de matafuegos; cables y caños expuestos, pérdida de gas en mecheros y presencia de material combustible. Todas estas graves condiciones son producto de la desinversión por parte del gobierno porteño.

Las irregularidades se repiten en cada informe. Años atrás, el organismo inspeccionó la situación del Hospital Vélez Sarsfield y denunció que la falta de mantenimiento de la cámara mortuoria hizo que un cuerpo se encontrase en descomposición durante todo el período analizado. “Esta falencia apunta principalmente al Ministerio de Salud, ya que se verificó en el efector documentación respaldatoria sobre los reclamos efectuados en tiempo y forma”, aseguró el documento. En 2018, otra auditoría marcó que el Hospital de Quemados tenía deficiencias en la registración “entre los que se destacan motivos de suspensión de cirugías, inconsistencias y falta de información de algunas áreas referidas a registros legales, residuos patogénicos y equipamiento médico”.

Otra situación muy seria que se encontró es que en los Servicios de Neonatología de los hospitales generales de agudos de CABA (Argerich, Durand, Penna, Piñero y Rivadavia) faltan recursos humanos críticos especializados en población infantil: neonatólogos, cardiólogos y neurólogos, entre otros.

 

 

La protesta del pasado 21 de septiembre.

 

 

Ledesma opinó quehay una falta de interés por parte de una Ciudad en la salud pública porque no le genera ingresos” y remarcó que “el gobierno no comprende que acá no se trata de eso, sino de brindar un sistema de salud público que pueda cumplir con las necesidades de la población. En una ciudad donde hay 3.300.000 habitantes, no es posible que en los últimos años no hayan hecho hospitales nuevos, no se haya mejorado la estructura, no se haya hecho una inyección de dinero para comprar insumos”.

En la misma línea, Ortiz subrayó que en la Ciudad con el tercer presupuesto más alto del país, “es una vergüenza que los hospitales se encuentren en este estado. Hay que buscar una solución de fondo, contratar enfermeros, anestesistas, pagar buenos sueldos a los médicos, habilitar los quirófanos, poner insumos, incorporar capital”. Añadió que la desinversión lleva años: “Cuando asumió (Mauricio) Macri, la salud tenía un presupuesto de un 23% y hoy se destina sólo un 15%. La desidia, el desinterés y la falta de inversión por parte del gobierno porteño parecen así haber llegado a su máxima expresión.

 

 

 

 

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