Despojar, acumular y vender

La estrategia de tercerizar el conflicto territorial

 

A fines del siglo XIX, cuando nadie ni siquiera imaginaba una provincia llamada Chubut, la costa del río Lepá fue el lugar que recibió a un puñado de familias que en la diáspora de la post-guerra de la “conquista del desierto” llegó desde la zona del fuerte militar de Junín de los Andes (Neuquén). Los hermanos Zenón y Manuel Antieco lideraron y consolidaron ese reasentamiento territorial; días atrás, sus descendientes recuperaron parte de esas tierras despojadas en un proceso de décadas.

El tablero político del noroeste del Chubut se sacudió el 13 de julio cuando la Lof Newentuaiñ Iñchin recuperó una fracción del territorio tradicional despojado en la década del ’40 por un inmigrante sirio-libanés cuya descendencia creció tanto que hoy ocupa cargos políticos institucionales importantes en la provincia, y amasó el suficiente dinero como para convertirse en empresaria. Pero los despojadores de ayer revendieron a terceros que confrontan cara a cara con la comunidad mapuche-tehuelche, mientras el poder real apela a los más variados mecanismos y actores para impedir una salida política al conflicto.

Eusebio Antieco, lonko de la lof, anunció el regreso a la chacra junto a la vera del río Lepá donde vivió su tío Martín, sector de la antigua colonia agropastoril Gualjaina que se apropió el comerciante Melhem Bestene. En la tranquera hay un cartel que dice “Establecimiento El Mallín”, que el empresario Oscar Bestene permutó hace menos de dos años a los hermanos Marcos y Tomás Pinto, productores ganaderos de Esquel.

 

 

Tanto la comunidad como los particulares coinciden en no querer judicializar el conflicto, situación sin precedentes en la región que permite vislumbrar posibilidades de construir herramientas políticas desde la sociedad civil ante un Estado que niega sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios y boicotea la vía del diálogo para la resolución de conflictos. Con sus matices lógicos ante intereses contrapuestos, la comunidad reclamó una mesa de diálogo en tanto que los hermanos Pinto propusieron una mesa arbitral.

Con responsabilidad, en la posición de estas partes pesa la desaparición y muerte de Santiago Maldonado durante la represión a la lof en Resistencia Cushamen en una fracción del territorio que el grupo trasnacional Benetton reclama en propiedad privada. Pesa, además, la cerrada posición del gobierno de la provincia que no aceptó un fallo de primera instancia, de marzo de este año, que pretendió llevar al Ejecutivo a la vía del diálogo para encausar ese caso.

Aún así, al cierre de este informe parecían infructuosos los gestos para hacerlo posible sin una intervención responsable por parte de las autoridades directamente involucradas, según interpretamos después de mantener numerosas entrevistas y consultas en estas semanas.

Costa del Lepá está a unos 50 kilómetros al este de Esquel, en el mismo departamento Gualjaina de Resistencia Cushamen y de la comunidad Vuelta del Río, sobre el río Chubut. Es el mismo espacio territorial y de memoria.

 

 

 

Días y hechos

La reafirmación territorial desató una cascada de movimientos políticos e institucionales, algunos de perfiles opacos por ahora.

La directora de la escuela rural del paraje convocó a una asamblea en la que se resolvió declarar persona “non grata” a Eusebio Antieco, en una evidente intención de poner en duda la legitimidad de la autoridad del lonko. Después Marcos Pinto denunció ante la Unidad Fiscal de Esquel la presunta usurpación de la vivienda que él ocupa en el campo recuperado, lo que motivó que la Justicia dispusiera un allanamiento de la vivienda y la constatación de la identidad de los ocupantes. Hubo confusión sobre los alcances de la denuncia y el origen del procedimiento que se hizo el miércoles 24 por la mañana. Ante la posibilidad de un desalojo y/o represión, ese mismo día por la tarde se convocaron en el lugar la representante legal de Newentuaiñ Iñchin, activistas de organizaciones sociales de la zona y una representante del Consejo Consultivo para Pueblos Indígenas (secretaría de Derechos Humanos de Nación); también lo hicieron productores agropecuarios con explotaciones vecinas al lugar del conflicto. Esa tarde ventosa hubo algunos elementos de mucha tensión:

  • Los ganaderos interceptaron un vehículo porque llevaba un bidón con combustible para quemar la vivienda;
  • Sonia Ivanoff, abogada de la comunidad, aseguró que era combustible para el grupo electrógeno;
  • Armando Elvio Capandeguy, autor del disparo con arma de fuego contra un adolescente integrante de la comunidad, estaba entre los que fueron a arengar contra los mapuche. Esta misma semana pasada prestó declaración como imputado por la agresión de hace dos años;
  • Ana Lía Boletti, cuyo establecimiento se llama Quiñemapu (en mapuzundun, lengua mapuche), referente de una asociación de productores, se identificó entre los que gritaron expresiones racistas y de apología de la corriente migratoria de los galeses como “superior” a la nativa.

 

 

La semana culminó con compromisos extraoficiales del Instituciones Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de intervenir activamente para destrabar el conflicto. El medio de medidas de fuerza de los judiciales en Chubut, el viernes último la comunidad presentó formalmente ante el fiscal Carlos Cavallo, que tramita la denuncia por presunta usurpación de la vivienda de Pinto, la solicitud al INAI de convocatoria a una mesa de diálogo.

Por su parte, el denunciante pidió a la comunidad acceder a su vivienda ya que allí quedó documentación personal, entre otros bienes, lo que finalmente no fue posible, relataron este viernes último al caer la tarde.

 

 

La larga y opaca sombra de Benetton

“No somos Benetton. No somos de la Sociedad Rural”, aseguró Tomás Pinto, durante dos entrevistas telefónicas en las que explicó la propuesta familiar de “mesa arbitral”, tomó distancia de las eventuales responsabilidades que podrían caberle a Oscar Bestene, cuestionó la judicialización de los conflictos y reclamó la necesidad de tener claridad sobre los derechos sobre la fracción de Costa de Lepá. A la vez, dijo: “Nosotros no manejamos a la policía ni a los productores del paraje”, refiriéndose a que fue la Justicia de Esquel quien dispuso el procedimiento y a que no convocaron a Capandeguy, el agresor del jovencito.

“Hace un año y medio permutamos el campo de 17.000 hectáreas con Oscar Bestene; el de Lepá por una chacra productiva en Esquel. En parte el río lo bordea y en otra lo atraviesa. No hacemos agricultura sino ganadería, a lo sumo alfalfa”.

“Proponemos una mesa arbitral que resuelva, para que el conflicto no se judicialice, para que llegue a una resolución que todos aceptemos. No sirve una respuesta coyuntural; necesitamos una solución de fondo: o nos tenemos que ir o nos quedamos”, argumentó Pinto con un lenguaje nada frecuente en los particulares en conflicto con pueblos originarios. Menos frecuente es su mirada crítica del proceso judicial de Benetton contra Resistencia Cushamen. “La Sociedad Rural (de Esquel) no es nuestra línea”, afirmó respecto a uno de los socios claves en la represión ilegal y la negación del derecho al territorio de las comunidades.

Confirmó que habló con Bestene sobre el conflicto, considerando incluso que el empresario debe participar de esa mesa arbitral que impulsa. “Queremos que sea un caso testigo, que profesionales de todas las partes, representantes de las universidades, investigadores, todos presenten argumentos y se llegue a una conclusión sobre derechos que todos aceptemos. La justicia no es la vía”.

“Hay investigaciones serias como las de la antropóloga Alma Tozzini (https://books.openedition.org/eunrn/460?lang=es https://interescuelasmardelplata.files.wordpress.com/2017/09/102-tozzini.pdf ) que tendrían que estar en esa mesa”, propuesta sorprendente cuando los abogados de Benetton y de Emanuel Ginóbili (contra la Paisil-Antreao) incorporan como prueba en los expedientes los escritos de Rodolfo Casamiquela, autor que negó sistemáticamente la existencia del mapuche como pueblo originario en lo que hoy es Argentina.

Eusebio es uno de doce hermanos. Como tantos tuvo que dejar el campo para ganarse la vida por la ciudad porque quedaron “arrinconados en un pedacito de tierra”; regresó hace seis años. Está al frente del reclamo en esta etapa, como otros de los suyos lo hicieron antes desde que los mayores Zenón y Manuel se asentaron en 1897. Poner en duda la representatividad de Eusebio, como pretendió esa reunión en el paraje, seguro lastima las relaciones familiares de los Antieco y de los pobladores que tejen comunidad con reglas propias, las reconozca o no el Estado, las reconozcan o no los grupos dominantes locales.

Este conflicto sugiere intenciones y posibilidades de salir del corset de violencia estatal, exige a sectores de la sociedad criolla local materializar en actos los discursos de democracia y multiculturalidad.

 

 

(Javier Grosso realizó la cartografía para este informe)

 

 

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