Avanza el proceso de descomposición institucional de la Administración Nacional de Parques Nacionales, que tiene bajo su jurisdicción 39.000 kilómetros cuadrados de las tierras de mayor valor medioambiental de la Argentina. Sin un documento oficial que lo explique, la gestión va camino a convertir y reducir la mayor institución pública estatal de protección de los ambientes silvestres en una gestora de mayores oportunidades para el capital privado vinculado al turismo, el desarrollo inmobiliario y el modelo de “producción de naturaleza” de algunas ONG. Algunos daños en la naturaleza pueden ser irreversibles.
La censura, la persecución ideológica, la desregulación de actividades que ponen en riesgo la seguridad de las personas, la expulsión por distinta vía de cuerpos técnicos y científicos, el desconocimiento sistemático de las recomendaciones técnicas para la toma de decisiones administrativas, la resignación de las políticas de conservación en beneficio de explotaciones comerciales y el avance de la frontera inmobiliaria en áreas rurales son algunos de los elementos que surgen de un paneo por los parques del país.
Sergio Martín Álvarez, un arquitecto que participa de la burocracia estatal en el área de transporte desde hace décadas, acaba de ser designado nuevo presidente del directorio de Parques ad honorem, para evaluar activos millonarios en servicios ambientales y potencial inmobiliario. La cartera a su cargo incluye los íconos del mercado del turismo generadores de divisas, las cataratas del río Iguazú (Misiones), el glaciar Perito Moreno (Santa Cruz) y el lago Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), con ONG manejando grandes superficies del litoral marítimo e imponiendo sus propios modelos de conservación. Fundación Rewilding Argentina (FRA) impuso intendentes afines en los parques Iberá e Impenetrable y actúa sin dificultades en toda la Patagonia.
Un técnico del parque El Palmar (Entre Ríos) acaba de renunciar a su puesto como contratado, hastiado de la extorsión constante de trabajar bajo la presión del despido. Otro fue cesanteado en represalia a su activismo en defensa del agua y en oposición a la megaminería. Los ataques a los puestos de trabajo son constantes. La censura incluye directivas de no mencionar en los documentos internos palabras tales como “cambio climático” y “conservación”, así como circulares de mantener estricto silencio sobre las celebraciones de los pueblos originarios durante el solsticio de invierno, el año nuevo nativo.
A la vez, son innumerables las notas de organizaciones ambientalistas y de trabajadores del sector advirtiendo sobre los daños a la naturaleza que implican algunas decisiones administrativas en distintos parques, lo que permite inferir el modelo de gestión de la administración libertaria. Son ejemplificadores los conflictos actuales en Cataratas del Iguazú; en Ciervo de los Pantanos, delta del Paraná, norte de la provincia de Buenos Aires; y en Leoncito, Mendoza.
Parque de diversiones
Las actividades recreativas en un espacio protegido deberían estar lejos de ser entendidas como un parque de diversiones, con renovación permanente de propuestas de consumo para el turismo. Ese riesgo lo advirtieron y reiteraron los cuerpos técnicos respecto a las autorizaciones pedidas por Iguazú Argentina S.A. (IASA), la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tiene la concesión para la construcción, conservación, administración y explotación de las obras e instalaciones de infraestructura para la atención de los visitantes. La firma ganó la licitación de 1995 y, después de varias renegociaciones del contrato original, la concesión finaliza en el año 2027.
IASA explota actividades nocturnas bajo la luna llena y otras durante el amanecer, horarios en los que el parque está cerrado al público.
Ver esta publicación en Instagram
El Departamento de Conservación rechazó esas actividades comerciales argumentando que “los horarios en los que el área protegida permanece cerrada constituyen un momento único para que la fauna pueda desenvolverse sin la presencia antrópica. Actualmente se realizan monitoreos de fauna, los cuales muestran que los picos de actividad de los animales se realizan en los momentos en que el Área Cataratas permanece cerrada al público. Esto quedó evidenciado en el informe realizado por personal técnico del Departamento de Conservación que asistió a la prueba piloto el día 2 de febrero del 2024, en el cual se menciona cómo las aves apostadas en las cercanías de los miradores fueron perturbadas por el arribo de los visitantes. Los horarios nocturnos y crepusculares son los de mayor circulación de fauna y, por ende, los momentos donde se produce la mayor cantidad de atropellamientos de fauna nativa. Un profesional está realizando un muestreo de animales atropellados en las rutas y caminos dentro del Parque Nacional Iguazú, revelando un alarmante número de mortandad animal. Los resultados preliminares muestran que casi la totalidad de los atropellamientos se producen durante la noche y la madrugada”.
Ese documento del año pasado sostiene que “en los últimos años se evidencia que la frecuencia de solicitud de eventos especiales va en aumento, pareciendo olvidar que nos encontramos en un área natural protegida y no en un parque de diversiones”.
Las promociones actuales indican que no fue tenida en cuenta la observación técnica del área de conservación. Es más, en abril la empresa presentó el proyecto “Atardecer en Garganta del Diablo”, con un cronograma anual. Prevé “musicalizar el ambiente con sonidos de baja frecuencia, a través de un tipo musical denominado lo-fi, que se caracteriza por contener un tempo muy lento, entre 60 y 90 beats por minuto. El lo-fi es un género que puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la concentración y promover el estado de relajación”, consta en la presentación empresaria. Qué dirán las aves y los monitos del lo-fi. La frivolidad y la mercantilización sin límites.
Además, en las últimas semanas, la Fundación Amigos de los Parques requirió a José María Hervás, intendente del Parque Iguazú, que explique si tiene relación familiar con Guadalupe Hervás Gutani, responsable de conservación de la concesionaria IASA. El pedido formal fue ingresado el 27 de mayo y sigue sin respuesta. Roberto Gabriel Enríquez, empresario misionero, es la cara visible de la UTE.
Pantano real y simbólico
Los humedales son los ecosistemas más amenazados en la Tierra. En 2018 se creó por ley el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (PNCP), integrado por la Reserva Natural Otamendi (Administración de Parques Nacionales) y la Reserva Natural de Usos Múltiples Río Luján (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), creándose un espacio protegido de 5.300 hectáreas aproximadamente con la máxima categoría de restricción legal que permite la ley argentina. Está inserto en una matriz de humedales que ocupa valles de inundación de las cuencas fluviales del río Paraná de las Palmas (cuenca del delta del río Paraná), el río Luján, el arroyo de la Cruz y Las Rosas. Es, también, espacio disputado por la ampliación de la frontera inmobiliaria para sectores de alto consumo, que suman intervenciones con polders, diques y vallas que impactan en el régimen hídrico.
La totalidad de los trabajadores de ese parque y lxs becarios del Conicet vinculados al proyecto reclamaron a Fernando Zaffalón, intendente del PNCP, que haga cesar el trabajo ilegal de Brenna y Asociados, que inició sin autorización la apertura de un camino dentro de la jurisdicción nacional para su uso particular. Brenna ejecuta el proyecto Bahías del Paraná de Paraje de los Ciervos S.A., un conglomerado de urbanizaciones náuticas localizado sobre la costa, pero sin conexión vial con la trama urbana próxima a la ciudad de Campana. Sin estudio de impacto ambiental actualizado y sin autorización administrativa, la empresa inició los trabajos de demarcación de una ruta de cinco kilómetros y 40 metros de ancho, detallaron lxs trabajadores en un informe a su jefe superior inmediato.
“La reconversión del espacio agrícola productivo al uso residencial privado en urbanizaciones cerradas y también por usos industriales y obras hidráulicas. Todas estas obras de infraestructura implicaron el relleno de varios miles de hectáreas de humedales que han sido aislados mediante endicamientos y terraplenes en los últimos años con fuertes impactos acumulativos concurrentes, modificando tanto la composición como el funcionamiento de los mismos y, por ende, afectando la provisión de bienes y servicios muy valiosos para el bienestar humano”, planteó el equipo técnico de este parque en septiembre del año pasado.
El área metropolitana del gran Buenos Aires exige tierras para sus sectores de altos ingresos. Un ejemplo de esta amenaza ambiental es el barrio San Sebastián, un mega-emprendimiento inmobiliario ubicado en Pilar, de 1.110 hectáreas con casi 5,4 km sobre la costa del río Luján y compuesto por 13 barrios; desarrollado y administrado por Eidico. La construcción de esta obra implicó la polderización del sector, eliminando una superficie de aproximadamente 5 km² de la llanura de inundación, provocando una pérdida de la capacidad de almacenamiento de la planicie durante la evacuación de los excedentes hídricos que llegan desde la cuenca alta, y un incremento de las velocidades del flujo que generan, en conjunto, una sobreelevación localizada del nivel de inundación, que se propaga por remanso hacia aguas arriba, advirtió el mismo informe técnico de Parques.
Con esos antecedentes en la zona, persiste la amenaza que representa el proyecto de Paraje de los Ciervos S.A., que pretende abrir un camino para conectar su emprendimiento inmobiliario ribereño con la trama urbana de Campana, atravesando por la reserva natural Otamendi. El equipo técnico del parque asegura que debe realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, ya que el que se presentó y se judicializó es de 2011, que quedó absolutamente desactualizado.
Criminalización
La subordinación del Estado al capital concentrado se constata, sin dudas, en la acción persecutoria que ejerció la intendencia del Parque Nacional Leoncito (Mendoza) contra uno de sus empleados, al que exoneró por su activismo social en favor del agua dulce en peligro por el desarrollo de una megaminera instalada justo al lado del área natural protegida. Federico Soria, integrante de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Uspallata, técnico profesional de Parques desde 2007 con funciones en El Leoncito desde 2016, fue por la patronal después cesanteado. El activista, junto a otro vecino, quedó imputado penalmente por supuestos daños y agresiones a un comerciante defensor de la megaminería. Denunció ante la Organización Mundial Contra la Tortura que Parques Nacionales lo sometió a mobbing durante años por su participación ambientalista opositora a la minera San Jorge, señalando como actor principal de esa persecución a Ariel Quiroga, intendente de El Leoncito.
El ambientalista denunció ante el organismo internacional PSJ cobre mendocino “pretende instalarse sin licencia social, en el entorno natural de Uspallata (lugar donde resido), en las cabeceras de cuenca del Río Mendoza, que abastece de agua al propio Valle de Uspallata. Río abajo, también abastece al oasis agroindustrial Norte, al área metropolitana del Gran Mendoza (1,5 millones de habitantes) e indirectamente, a través de acuíferos libres, al oasis agroindustrial Zona Este. Por consiguiente, el proyecto megaminero San Jorge, representa una seria amenaza para la calidad de vida de la mayor parte de la población de la provincia de Mendoza, su producción agrícola y su industria, que en suma representa la cuarta economía regional del país”.
El 1 de abril, el poder judicial de Mendoza detuvo a Federico, quien se presentó voluntariamente junto a un defensor. Cayó dolido e indignado, en una escena desgarradora que nos recordó que los agentes del capital no tienen límites. Algo así dijo el muchacho de El Palmar en su contundente nota de renuncia.
Las mejores tierras
Las tierras bajo jurisdicción de Parques son 39.000 km², el 1,4% del territorio nacional. Es más que toda la superficie de Tucumán (22.500 km²) y de Misiones (29.800 km²). Son 192 veces la superficie de CABA, pero con poquísima población. Todos los conflictos territoriales que hemos relatado en estas columnas (Mascardi, El Turbio, Alerces, Esteros del Iberá, Quila Quina, la escuela de isla Victoria, la fundación Rewilding) son el fermento de la descomposición —lenta pero firme— de un patrimonio que no tiene precio de tan alto su valor.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí