Desubicados

El Consejo de la Magistratura quiere mudarse a la EXMA

 

El Consejo de la Magistratura acaba de pedir la cesión de dos edificios «sin uso» del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de la ex ESMA. Con la firma de su presidente, el abogado radical Miguel Piedecasas, reclama la Enfermería y el llamado Pabellón Coy, lugares que en dictadura fueron apoyo del núcleo del centro clandestino del Casino de Oficiales de la ESMA. El pedido es complicado no sólo porque en ningún momento dice nada sobre el valor de uno de los lugares más emblemáticos del exterminio de este país. Si no que todo se agrava con un texto que parece la ficha de un negocio inmobiliario: habla de necesitar «más y mejores» lugares y dice una y otra vez que esta mudanza permitirá el ahorro de alquileres millonarios.

Según la nota, la cesión ya parece contar con el aval del ministro de Justicia Germán Garavano. El texto al que accedió El Cohete a la Luna dice que el ministro se «ha evidenciado proclive al planteo y ha colocado la posibilidad de sus buenos oficios en la cesión de estos espacios». Pero uno de los muchos problemas es que el predio tiene un gobierno tripartito integrado por Nación, Ciudad de Buenos Aires y un directorio de organismos de derechos humanos. El directorio en este caso ni siquiera estaba enterado de esta evaluación ni del pedido. Por su lado, los consejeros de la oposición del Consejo de la Magistradura ya comenzaron a hacer rondas de consultas con alguna preocupación.

El abogado santafecino Miguel Piedecasas

El expediente lleva como nombre «Solicitud de cesión de inmueble ex ESMA» con el número 13/2018 y pasó por la Mesa de Entradas de la Secretaría General del Consejo de la Magistratura. Contiene 24 páginas, tiene fecha de enero de 2017 pero sería un error de 2018, porque el abogado que protagonizo la ofensiva contra el camarista Eduardo Freiler en el Consejo, asumió la presidencia en diciembre pasado. El texto tiene alguna imágenes del predio y edificios y un texto firmado por el presidente. Entre los puntos centrales señala:

– Que se ha merituado la necesidad de contar con mejores y mayores espacios físicos para el mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura;
– Que se ha merituado la necesidad de contar con espacios físicos para una mejor prestación del servicio de Justicia que han manifestado en forma reiterada diversos fueros de la Capital Federal;
– Que una alternativa posible es lograr la reubicación de diferentes dependencias del Consejo de la Magistratura y liberar edificios propios para poder instalar allí a juzgados de acuerdo a las imperiosas necesidades y requerimientos de los que ha tomado conocimiento este Consejo;
– Que a su vez, si esta finalidad fuera lograda el Consejo dejaría de pagar costosas erogaciones en materia de alquileres, implicando un ahorro permanente y millonario en las arcas públicas.

Así las cosas, también muestra que la decisión ya está avanzada: dice que la ex ESMA podría albergar a la Escuela Judicial, la Unidad de Derechos Humanos, las comisiones del Consejo, Cuerpo de Auditores y «distintas e importantes dependencias de la administración general». Menciona la intervención de un arquitecto Pablo Mazzeo de la dirección de Infraestructura y refiere reuniones con el Ministro de Justicia en párrafos como este: «Que en este sentido esta dependencia ha mantenido diversas reuniones con el ministro de Justicia de Nación y otras autoridades a los efectos de analizar las posibilidades existentes de que el Estado Nacional pudiera suministrar estructuras edilicias sin costo para su utilización por parte del Consejo. Que concretamente esta dependencia ha planteado que sean asignados dos edificios que se encuentran sin uso actualmente en el predio del ámbito atribuido al Ente Espacio para la Memoria y los derechos humanos de conformación tripartida». También dice que Justicia se «ha evidenciado proclive al planteo». Y que el acuerdo también estaría otorgado ya por la Administración del Consejo en virtud de un triple objetivo que incluye un ahorro millonario, que no está claro si es así.

Como sea, la cosa avanza con una propuesta muy concreta al punto que ya esta definido hasta cuáles serían los dos edificios que el Consejo va a liberar: Sarmiento 877 actual sede de la Administración General del Poder Judicial de la Nación y el edificio de Paraná 386, sede de las vocalías de los Consejeros, Escuela Judicial y Comisión de Reglamentación del Consejo.
Pese a todo, nobleza obliga, todo el tiempo también muestran ciertos dotes de gentileza al incluir frases como «si todo esto prospera».

Pero nadie sabe si las cosas van a prosperar. El Pabellón Coy y la Enfermería son edificios vinculados al funcionamiento del Grupo de Tareas. El Pabellón fue dormitorio de los aspirantes a suboficiales pero en los últimos años de la dictadura fue sede del Grupo de Tareas 3.3.2 para entonces llamado GOEA (Grupo de Operaciones Especiales de la Armada). En la planta baja estaban las salas de armas, logística, la oficina de operaciones y la oficina del Grupo de Tareas. Y en la planta alta, la oficina de documentación, el laboratorio fotográfico, inteligencia y comunicaciones donde Victor Basterra, sobreviviente del CCD, realizó trabajos forzados, situación y ámbito que denunció en 1984. Además, el Tribunal Oral Federal 5 le otorgó valor de prueba judicial al realizar una inspección ocular en ese edificio al comenzar el último juicio oral. En la Enfermería se desempeñaron médicos vistos en el Centro Clandestino y se atendieron a algunos prisioneros.

Pero más allá de esas funciones, el texto del Consejo de la Magistratura tiene algo más: el discurso de reducción de gastos y ahorro millonario del gobierno de Cambiemos que esta vez no viene a ocultar un ajuste hecho y derecho, de alguna manera «ajusta» la historia del espacio al que le quita esencia de lo sagrado. Y en el texto finalmente también son importante el nombre de los actores. De un lado, Garavano. Del otro, Piedecasas.

Piedacasas representa a los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura. Fue quien llevo adelante la ofensiva contra Freiler y uno de los que avanzó con la denuncia sobre Daniel Rafecas. Radical, especialista en derecho civil es de Santa Fé como el presidente de la Corte Suprema con quien compartió una SRL llamada Law & Reaserch, según el archivo de Chequeado. En antropología existe algo llamado «don y contra-don» para explicar las políticas de intercambios en las relaciones humanas. Por eso tal vez la idea de promover el pedido del Consejo de la Magistratura, puede verse como una contraprestación de favores.

aad 13.18(1)

1 comentario
  1. Elena Laizerovich dice

    Totalmente desubicados! Podrían elegir otro lugar, no?

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