La celebración de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York ha evidenciado una vez más sus severas limitaciones estructurales para enfrentar los crecientes conflictos bélicos y desafíos globales como el cambio climático o la inteligencia artificial. Criticada por mandatarios como Javier Milei, quien la tachó de “organización inútil” abocada a imponer agendas “orwellianas” –como las Agendas 2030 y 2045–, la ONU subsiste como el único foro en el mundo donde, al menos en su Asamblea General, los representantes de los 193 países tienen la oportunidad de ser escuchados bajo las mismas reglas. Así, el pleno presenció desde la elocuente intervención de Lula da Silva en la apertura y el masivo abandono de las delegaciones ante Benjamín Netanyahu, hasta la patética intervención de Keiko Fujimori, la retórica imperial y amenazante de Donald Trump o la desafiante alocución del iraní Masoud Pezashkian.
La importancia de esta suerte de cónclave mundial no es menor a pesar de que se sostiene en una institucionalidad profundamente antidemocrática, donde las grandes potencias blindan sus intereses mediante el derecho al veto en el Consejo de Seguridad, vicio que se replica en la elección del secretario general, que viene teniendo lugar desde julio con el fin de sustituir a Antonio Guterres, cuyo mandato vence en diciembre. Esta lógica de exclusión y parálisis no es exclusiva de la diplomacia política; se extiende de forma idéntica hacia los pilares de la arquitectura económica internacional.
Un secretario general manso para el poder
Desde hace al menos un par de décadas existen propuestas y una fuerte presión internacional para democratizar y hacer más transparente el proceso de elección del secretario general de las Naciones Unidas. Los BRICS, por ejemplo, exigen que la elección sea un proceso transparente, basado en el mérito, y que acabe con los pactos secretos en el Consejo de Seguridad. Asimismo han liderado la presión diplomática para que la equidad de género sea un eje democrático central en la selección. En más de 80 años de historia de la ONU, nunca ha habido una mujer al frente de la Secretaría General.
El Grupo ACT (Accountability, Coherence and Transparency), compuesto por 27 países pequeños y medianos (como Suiza, Costa Rica, Jordania y Uruguay, entre otros), exige que el Consejo de Seguridad presente múltiples candidatos a la Asamblea General en lugar de recomendar a una sola persona, para que todos los Estados miembros de la ONU ejerzan un verdadero voto democrático. Asimismo, la campaña global “1for8Billion”, una coalición de más de cien organizaciones de la sociedad civil y Estados, impulsó reformas democráticas que dieron lugar a la adopción de las resoluciones 69/321 y 79/327 de la Asamblea General, que obligaron a que el proceso actual de elección para reemplazar a Guterres cuente con audiciones públicas televisadas, debates abiertos gestionados por medios internacionales.
A pesar de estos maquillajes democráticos, el proceso definitivo se decide en las denominadas “encuestas de intención” (straw polls), a puerta cerrada dentro del Consejo de Seguridad, y la decisión está en manos de sus cinco miembros plenos (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia).
El candidato al cargo puede contar con los votos de los diez miembros rotatorios de dicho Consejo, pero basta el veto de uno de los cinco miembros permanentes para que se caiga la candidatura. El resto de los países solo ratifican la decisión de los cinco poderosos del Consejo de Seguridad, en Asamblea General. No intervienen en la elección.
Actualmente lideran las encuestas informales figuras de la región como Rebeca Grynspan de Costa Rica y Carolyn Rodrigues Birkett de Guyana. La candidata Michelle Bachelet, dos veces Presidenta de Chile, ex directora ejecutiva de ONU Mujeres y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, renunció a su candidatura el 19 de septiembre al saber que no contaba con el respaldo suficiente. A través de un video en sus redes sociales, dijo: “Puede que algunos piensen que no era el momento adecuado para el tipo de candidatura que yo pretendía representar, en un contexto en el que soplan fuertes vientos en contra de principios como el multilateralismo; en contra del derecho internacional, que se viola repetidamente; en contra de la realidad del cambio climático, que algunos siguen negando a pesar de las pruebas científicas; y en contra de la democracia y los derechos humanos, que se encuentran amenazados”. “Por el contrario, aunque se trataba de una tarea ardua desde el principio, sigo convencida de que era precisamente el momento de alzar la voz en defensa de estos principios, que he situado con orgullo en el centro de mi candidatura”.
La lucha contra el poder de veto en el Consejo de Seguridad
Frente al súper-poder que tienen los países con derecho al veto, han surgido innumerables propuestas, inclusive dentro de la propia ONU. Un ejemplo de ello es la Iniciativa Franco-Mexicana sobre la regulación del veto presentada en septiembre 2015. En aquella oportunidad, presentaron una declaración política sobre la suspensión del derecho de veto en casos de atrocidades masivas. Su objetivo es lograr que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad asuman un compromiso voluntario y colectivo para no utilizar el derecho de veto cuando se deban tomar decisiones frente a genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos a gran escala, y así evitar el bloqueo de la ayuda humanitaria. El lunes el Reino Unido se incorporó a esta iniciativa, que alcanzó 128 Estados firmantes, lo que la sitúa a solo un país de distancia de conseguir el respaldo de los dos tercios de los miembros de la ONU (129 de 193), un hito político importante pero legalmente insuficiente pues se requiere que los cinco miembros con poder de veto lo firmen.
En abril de 2022 la Asamblea General aprobó una medida histórica conocida como la “Iniciativa del Veto” (Resolución 76/262), originalmente impulsada por Liechtenstein, que estableció un mecanismo de convocatoria obligatoria a una sesión de debate en la Asamblea General cada vez que un miembro permanente del Consejo de Seguridad emite un veto. Aunque esta no puede anularlo, el país que lo ejerce debe enfrentar el escrutinio de toda la comunidad internacional en un debate abierto, lo que ha permitido que la Asamblea General le arrebate la centralidad política al Consejo de Seguridad y hacer visible el aislamiento de sus posiciones. Se trata de una suerte de contrapeso democrático interno.
Por su parte, los BRICS ejercen una presión diplomática constante por una reforma del sistema. Pero en este ámbito preciso carecen de una postura unificada: mientras China y Rusia ya poseen asientos permanentes y protegen su estatus, India y Brasil demandan activamente su propio ingreso al Consejo de Seguridad, a pesar de sus fuertes críticas a dicho esquema.
En contraste, África tiene una posición unificada en el Consenso de Ezulwini, de 2005, que refleja la postura de la Unión Africana sobre la reforma de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. La estrategia del bloque africano se basa en tres premisas:
- Rechaza explícitamente aceptar asientos permanentes sin derecho a veto porque sería “institucionalizar una membresía de segunda clase” a un continente que representa a 54 naciones;
- Exige estrictamente dos asientos permanentes con derecho a veto (si es que el veto se mantiene para los demás) y cinco asientos no permanentes; y
- Señala que la Unión Africana decidiría de forma rotatoria qué países ocuparían esas sillas cada cierto periodo, evitando que una sola potencia africana monopolice el poder de la región.
Esta es una diferencia fundamental con América Latina, que no tiene una postura unificada. La Argentina y México se opusieron históricamente a que Brasil formara parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para evitar que representara a la región de forma permanente. Así, Brasil se cortó solo al integrar el G4 (coalición integrada por Brasil, Alemania, India y Japón), que reclama la expansión del Consejo mediante la creación de nuevos asientos permanentes para sí mismos, argumentando que la composición de 1945 ya no refleja la realidad económica ni demográfica del siglo XXI. Por otro lado, el G4 es enfrentado por el denominado Club del Café (oficialmente conocido como el movimiento Unidos por el Consenso, liderado por países como Italia, Pakistán, la Argentina, México y España), que rechaza la expansión de miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. En su lugar, proponen ampliar únicamente los escaños electivos y no permanentes. Proponen pasar de 15 miembros a 27, con lo cual el voto individual de cada miembro permanente pierde peso político relativo. El grupo cuenta con un núcleo de 12 países miembros y el respaldo informal de unos 25 países adicionales.
La asimetría financiera: las instituciones de Bretton Woods
La parálisis de las reformas no es exclusiva de la diplomacia política; se extiende de forma idéntica hacia los pilares de la arquitectura económica internacional.
Las instituciones nacidas del orden de la posguerra, específicamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, operan bajo un diseño estratégico que impide su reforma. A diferencia del principio de “un país, un voto” que rige formalmente en la Asamblea General de la ONU, la gobernanza financiera global se basa en un sistema de cuotas directamente proporcionales al capital aportado, lo que otorga una ventaja abrumadora a las potencias occidentales tradicionales.
Actualmente, Estados Unidos posee de forma exclusiva el 16,49% de los votos en el FMI. Cualquier iniciativa de reforma estructural de envergadura –como la redistribución de las cuotas o el ajuste del poder de voto– requiere una mayoría absoluta del 85% para ser aprobada. Con 16,49% de los votos en el FMI, Estados Unidos retiene la capacidad legal de vetar, por sí sola, cualquier propuesta orientada a equilibrar el sistema de toma de decisiones.
Esta normativa bloquea las legítimas exigencias de los BRICS, que han liderado una persistente presión diplomática para exigir un ajuste urgente del poder de voto que refleje el tamaño real y el dinamismo actual de las economías en desarrollo. A pesar de que los países del BRICS representan ya casi el 35% de la economía global, solo controlan el 18,86% de los votos.
Para eludir el inmovilismo de Bretton Woods, el bloque de los BRICS concentra sus esfuerzos en la edificación de una infraestructura financiera paralela como el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), una entidad multilateral con sede en Shanghai concebida deliberadamente como un contrapeso soberano al Banco Mundial, entidad que prioriza la concesión de créditos en monedas locales destinadas básicamente a financiar grandes proyectos de infraestructura. El NBD es sustancialmente más pequeño que el Banco Mundial, pero su estrategia no es competir de golpe en tamaño, sino en reglas de juego.
Asimismo, los BRICS apuntan hacia la desdolarización mediante el uso de monedas locales en sus intercambios comerciales. El avance financiero más importante se concentra en la sustitución de la red de mensajería interbancaria SWIFT. Ante el riesgo de ser desconectados de este sistema controlado por los países de Occidente, como método de presión política, los BRICS han impulsado el desarrollo de plataformas alternativas como el mBridge, una innovadora plataforma multilateral de monedas digitales de bancos centrales que elude la intermediación de los bancos corresponsales estadounidenses.
En conclusión, la cruda realidad es que el sistema está diseñado para que todo permanezca igual. El camino es largo. Bretton Woods opera como un espejo del Consejo de Seguridad: una estructura blindada para que el control político y financiero global no cambie de manos.
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