En 1921, el Presidente Augusto Leguía inauguró la plaza San Martín en la capital peruana, en conmemoración del centenario de la Independencia. Es uno de los lugares más bellos de Lima y, como lo exigía el urbanismo de aquella época, el estilo es más o menos francés. Además de pavimento de granito, bancas de mármol, macizos de plantas geométricos y fuentes de agua, tiene una estatua ecuestre del Libertador que desde lo alto de su pedestal parece dudar antes de encarar el cruce de los Andes. El escultor, el valenciano Mariano Benlliure, padeció un rechazo similar al que sufrió unos años antes, en 1900, el francés Auguste Rodin con el monumento a Domingo F. Sarmiento ubicado en los bosques de Palermo. Aunque debemos reconocer que las críticas a Rodin fueron mucho más extremas (La Nación consideró que era “difícil concebir algo más feo, más vulgar, casi repulsivo y, por lo tanto, menos parecido a Sarmiento que el perfil de su estatua”). En el caso de la estatua de Benlliure, los entusiastas del “protector de la libertad del Perú” no podían concebir que su héroe pudiera ser retratado para la posteridad en un momento de humana vacilación.
Un siglo antes, el 10 de julio de 1821, San Martín había entrado triunfante en la Ciudad de los Virreyes y declarado la Independencia del Perú. También organizó la hacienda pública y reformó el comercio; abolió el servicio personal de los indígenas, la encomienda y la mita, sistemas que consideró “un atentado contra la naturaleza y la libertad”; declaró la libertad de vientres y emancipó a los esclavos que tomasen las armas junto a los patriotas. Accesoriamente, y ya en plena batalla cultural —como diríamos hoy—, ordenó demoler los monumentos y referencias del antiguo régimen y fundó la Biblioteca Nacional del Perú, aún vigente.
Unos meses después, San Martín promulgó el Estatuto Provisional, que definió la forma de gobierno y la administración hasta que el pueblo peruano estableciera su propia Constitución. Una de las cláusulas del documento hace referencia a la deuda pública: “Animado el gobierno de un sentimiento de justicia y equidad, reconoce todas las deudas del gobierno español que no hayan sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú y hostilizar a los demás pueblos independientes de América”. En un párrafo esencial, San Martín abrazaba el concepto de deuda odiosa, una doctrina de derecho internacional que sostiene que una deuda contraída por un gobierno contra los intereses de su propio pueblo no debe ser pagada por el nuevo gobierno. Se considera que esta deuda es ilegítima porque fue contraída en perjuicio de los ciudadanos con el conocimiento de los acreedores, que por eso deben asumir la responsabilidad que les toca.
Es un principio que los Estados Unidos institucionalizarían unos años después, en 1868, con la Enmienda XIV, que se agregó a la Constitución después de finalizada la Guerra de Secesión. Ese conflicto sangriento fue el corolario del enfrentamiento entre dos proyectos opuestos de país: el norte en plena industrialización, proteccionista por necesidad e influido por la inmigración, y el sur tradicionalista, con una economía centralizada en la producción agrícola con mano de obra esclava y con tendencias librecambistas, ya que no tenía grandes industrias que defender (en nuestra guerra civil, lamentablemente, el sur venció al norte: el modelo agroexportador ganó la partida sobre el industrialista). La Enmienda sigue el mismo principio del Estatuto Provisional establecido por San Martín: “La validez de la deuda pública de los Estados Unidos autorizada por ley, incluyendo las deudas incurridas para pagos de pensiones y premios por servicios hechos para suprimir la insurrección o rebelión, no será cuestionada. Pero ni los Estados Unidos, ni Estado alguno, asumirán ni pagarán deuda u obligación alguna que se haya incurrido para auxiliar la insurrección o rebelión contra los Estados Unidos, ni reclamo alguno por emancipación o pérdida de esclavos; declarándose que todas esas deudas, obligaciones y reclamos se considerarán ilegales, nulas y sin valor”.
Estados Unidos volvió a utilizar el principio de la deuda odiosa casi un siglo y medio más tarde y a unos 10.000 kilómetros de Washington. Al terminar la guerra contra Irak —justificada con acusaciones falsas sobre armas de destrucción masiva imaginarias—, el Presidente George W. Bush solicitó a Francia, Alemania y Rusia (que se habían opuesto a la guerra contra Irak) que renunciaran al reclamo de la deuda que Irak tenía con ellos. Su argumento era moral: acusaba a Sadam Husein de ser un dictador y, por lo tanto, consideraba que esos recursos no habían sido destinados al pueblo iraquí, sino a reforzar la tiranía. Era también un argumento peligroso, como lo señalaron varios medios norteamericanos y europeos, que cuestionaba el derecho de los acreedores y podía, llegado el caso, cuestionar la deuda pública de dictaduras asociadas a los Estados Unidos. A cambio de la buena voluntad de los países acreedores, Bush les ofrecía la posibilidad de participar a través de sus empresas en la reconstrucción de Irak (país devastado a partir de una mentira, como señalamos antes). Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU legitimó la ocupación y cedió la gestión del petróleo iraquí a los norteamericanos, que incluso consiguieron que se levantaran las sanciones contra Irak y que los activos congelados en el exterior (tanto del Estado iraquí como los bienes de Husein) pudieran ser utilizados por el ocupante para la reconstrucción. Un negocio redondo.
Existe otra tradición en nuestro país, a las antípodas del principio de la deuda odiosa, que podríamos llamar el paradigma de la deuda amistosa. Lo estableció el Presidente Nicolás Avellaneda en su discurso al Congreso de la Nación del 1º de mayo de 1876. Su objetivo, vaya casualidad, fue calmar la ansiedad de los tenedores de deuda nacional en plena crisis financiera. Avellaneda afirmó que estaba dispuesto a pagar dicha deuda, aun “sobre el hambre y la sed de los argentinos”. Podríamos decir que desde el fin de la última dictadura cívico-militar, ese fue el principio aceptado por todos los gobiernos; salvo por los de Néstor y CFK —que negociaron una importante quita a la deuda soberana con el argumento contundente de que “los muertos no pagan”— y un breve período del gobierno de Raúl Alfonsín, en el que planteó la creación de un “club de deudores” con otros países latinoamericanos para enfrentar la deuda heredada de las diferentes dictaduras. Una idea que fue frenada de cuajo por los Estados Unidos.
Hace unos días, el ex senador Federico Pinedo escribió en su cuenta de Twitter con referencia al oficialismo nacional: “Creo que desde 1920 no debe haber gobierno con el compromiso de tener superávit fiscal, superávit comercial y honrar todos los pagos de deuda (...).”
Creo que desde 1920 no debe haber gobierno con el compromiso de tener superávit fiscal, superávit comercial y honrar todos los pagos de deuda. Este gobierno compró 30.000 millones de US y pagó el enorme desastre bajando la inflación. Y sigue en lo mismo. https://t.co/Sqdk7kC3ST
— Federico Pinedo (@PinedoFederico) November 26, 2025
Pinedo comete una doble falacia: por un lado, considera que la única deuda del país es la financiera; descartando así otras muchas acreencias que este gobierno mantiene e incluso aumenta: deudas hacia los jubilados, los asalariados, las personas con discapacidad, los pacientes oncológicos, los investigadores, la obra pública y muchas más. Pero, además, es también falso que el gobierno de la motosierra “honre” esa deuda; la refinancia en un ejercicio que hace ya medio siglo —desde Martínez de Hoz en adelante— sólo ha enriquecido a una clase timbera y parasitaria, mientras endeuda al resto.
Hace más de 200 años, el padre de la patria nos señalaba que no todas las deudas se deben pagar, ya que no todas son legítimas, y que el único instrumento confiable para calibrar dicha legitimidad es analizar si esos recursos fueron destinados al bienestar del pueblo. Siguiendo el principio establecido en la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos, si no cumplieran con ese requisito, serían deudas “ilegales, nulas y sin valor”.
El peronismo debería recordarlo la próxima vez que se haga cargo del gobierno y tenga que enfrentarse una vez más a la deuda odiosa y sus poderosos operadores.
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