"Dinamitar el Astillero"

 

La represión a los trabajadores del Astillero Río Santiago y la amenaza de cierre de la empresa resultan en una síntesis de los programas económicos de los distintos gobiernos pero también de los procesos de resistencia y movilización de los sectores populares. El Astillero es una empresa estatal que desde los inicios de sus actividades a fines de la década de 1930 y hasta la de 1990 permaneció bajo la administración de la Armada Argentina. En el año 1953 fue integrado a la empresa Astillero y Fábricas Navales del Estado (AFNE) que se ocuparía conjuntamente de la gestión de la Fábrica de Explosivos de Azul (FANAZUL), recientemente objeto de políticas de ajustes redundantes en la reducción del trabajo y el despido de su personal.

En octubre de 1969 AFNE fue la primera empresa en conformarse en sociedad anónima de capitales públicos, bajo los términos de la Ley 18.394. Un proceso gradual de desguace y desinversión avanzó sobre esta fábrica durante la década de 1980 y se pronunció con las políticas neoliberales y privatizadoras de la siguiente. En 1992 el Poder Ejecutivo ordenó la ocupación de la fábrica al Ministerio de Defensa, a los fines de garantizar su privatización, el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina llegó a las instalaciones por el Río Santiago y mantuvo control del espacio fabril por cuarenta y cinco días. Los trabajadores sindicalmente organizados lograron impedir la privatización del astillero, que finalmente pasó a la administración a la Provincia de Buenos Aires en 1993, fruto de un extenso proceso de resistencia, con una trayectoria de acción colectiva: dinámica asamblearia, fuerte apelación a la acción directa y la ocupación del espacio público.

 

Una producción estratégica

Fue el primer astillero integrado de América Latina, es decir que podía producirse completamente un barco en sus instalaciones. Puntualmente, compuso el reducido universo de empresas de producción estratégica (naval militar), diversificada (naval comercial y grandes bienes de capital) que fueron administradas por una fuerza militar. Pese a esto, las experiencias de sus más de tres mil trabajadores se entrelazaron con el marcado fenómeno de movilización y confrontación social de los años finales de la década de 1960 y la primera mitad de la de 1970. Los procesos de organización de base, movilización y demanda colectiva se inscribieron en una cotidianeidad distintiva, que la dirección de la empresa buscaba asimilar al cuartel, y que requirió de potentes procesos de empoderamiento para la construcción de una agencia que guiara la diferenciación de intereses y los procesos de lucha. Así, una serie de disputas por el uso del espacio fabril y el reparto de los beneficios económicos —en torno al valor de venta de la fuerza de trabajo— se dirimieron en una dimensión simbólica en relación a la apropiación del astillero como estandarte de valores nacionales y se plasmaron en el plano material en un ciclo de lucha que abarcó los últimos meses de 1974 y hasta febrero de 1976. El orgullo por el trabajo bien hecho, el prestigio vinculado al dominio del oficio y la búsqueda de la excelencia acompañaron y fortalecieron consignas que en una extensa temporalidad confluyeron en una síntesis, que logró aunar las diferentes identidades políticas de sus trabajadores. La defensa del Astillero era y es equivalente a la defensa de la industria nacional. Hoy como en la década de 1990 las reivindicaciones versan, no ya sobre los salarios, sino contra la pérdida de los puestos de trabajo y la resistencia al cierre del Astillero.

La represión a este colectivo de trabajadores también cuenta entre las continuidades. Las innovaciones al respecto se corresponden con los diferentes momentos en la acción represiva del Estado. El terrorismo de Estado desplegó en el Astillero Río Santiago toda su brutalidad. Cuarenta y cuatro trabajadores, muchos de ellos delegados sindicales de base, fueron detenidos ilegalmente y permanecen desaparecidos; doce fueron asesinados entre fines del año 1975 y 1976. Cerca de setenta trabajadores resultaron víctimas de alguna de las formas de represión ilegal y clandestinas desarrolladas por la última dictadura militar: detenidos/desaparecidos —sometidos a torturas y vejámenes— luego liberados; detenidos/clandestinizados posteriormente “legalizados” a “disposición del Poder Ejecutivo Nacional” y traslados finalmente al circuito de reclusión legal. La inscripción de este colectivo obrero en circuitos destinados al secuestro, tortura, detención ilegal y muerte con desaparición de los cuerpos o reclusión con supresión de las garantías constitucionales que el Plan Sistemático de Represión instrumentó para miles de ciudadanos requiere y precisa de reposiciones que den cuenta de las especificidades de los procesos represivos.

 

Militarización y lock-out

Ante el proceso de conflictividad obrera en la planta, la Armada Argentina desplegó una serie de prácticas represivas —como la militarización del espacio de trabajo y el lock-out— que con anterioridad al 24 de marzo de 1976 logró derrotas parciales, expresiones menores y diversas, pero no por eso menos contundentes. La incumbencia institucional de la Armada en la empresa y el entramado territorial en que el astillero se encontraba emplazado, área natural para el arma de acuerdo al Plan de Capacidades del año 1975 (PLACINTARA) , profundizó las condiciones de indefensión de estos trabajadores. El PLANCINTARA funcionó como un marco que estandarizó prácticas de coordinación represiva entre once Fuerzas de Tareas dispersas a lo largo del territorio nacional, con el objetivo de facilitar la destrucción de las personas y las organizaciones. La voluntad represiva de la Fuerza de Tareas N° 5 "Agrupación Río Santiago" (FT5) sobre los trabajadores del astillero implicó una re-composición hegemónica del orden en la empresa. A partir del 24 de marzo de 1976, la FT5 fue la principal fuerza operativa que desarrolló la represión clandestina e ilegal en la región de Ensenada y específicamente en el área de Río Santiago y convirtió al ARS en una unidad operativa sin relegar la actividad que allí se desarrollaba. Muchas de las víctimas de esta Fuerza de Tareas —tanto del astillero como de otras empresas de la zona— fueron trasladadas a la Escuela Naval que funcionaba frente a la planta desde el muelle del Astillero Río Santiago.

Al incorporarse de pleno al funcionamiento del esquema represivo de la FT5, la empresa prestó vehículos e infraestructura que fueron utilizados en el secuestro y traslado de las víctimas, habilitó el uso de un espacio y cedió un área a la Sección de Tracción Terrestre de la FT5, pero además, en el marco de una caída generalizada de los salarios y de despidos, alcanzó mayor facturación, mayor tonelaje de porte bruto entregado y mayor cantidad de acero elaborado por agente.

Hoy como ayer, en el marco de profundización de políticas de desregulación del mercado, los procesos de incremento de la productividad de la mano de obra, caída del poder adquisitivo del salario y pérdida de puestos de trabajo son las primeras expresiones  y comprenden al conjunto de las actividades industriales. La reciente recomendación presidencial de "dinamitar" el astillero sin dudas generó nuevas condiciones para la organización obrera y también, porque no, para la disposición de las Fuerzas de Seguridad de una resolución violenta ante la demanda de este colectivo. El pasado reciente nos muestra que los procesos de ajuste económico en la Argentina son inseparables del despliegue de violencia por parte de los instrumentos represivos del Estado. La represión a los trabajadores del Astillero Río Santiago y la amenaza de cierre de la empresa resultan en una síntesis de los programas económicos de los distintos gobiernos pero también de los procesos de resistencia y de la vigencia de las tradiciones de movilización de los sectores populares.

 

 

Para seguir leyendo:

Barragán, Ivonne (2017), "Modalidades situadas de gestión de la autoridad y su registro en la espacialidad fabril. La Armada Argentina en el Astillero Río      Santiago (1969-1975)" ANUARIO IEHS, N° 32,  (1), Pp. 75-95.

http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2017%201/05%20Anuario%20IEHS%2032(1)%20a.Barrag%C3%A1n.pdf

Frassa, Juliana (a), "Mercados internos de trabajo y relaciones laborales. La gestión del trabajo en una empresa estatal argentina en contextos de precarización" en Revista GTP Gestión de las personas y tecnologías. Universidad de Santiago de Chile, Edición N°7, Mayo de 2010.

http://www.revistagpt.usach.cl/sites/revistagpt.usach.cl/files/paginas/gpt07.pdf

Ivonne Barragán es Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y Doctora en Historia
 por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como 
becaria posdoctoral de CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la FCS-UBA 
y se interesa por los procesos construcción y circulación de repertorios políticos en la Armada Argentina 
y la reconstrucción de su estructura para la represión a civiles durante la segunda mitad del Siglo XX.

 

 

 

 

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