Dinamizar la industria

Peronismo, planes de desarrollo y mundo del trabajo

 

Cada vez que se habla de logros del peronismo, recurrentemente se mencionan: el Pulqui, la moto Puma, el tractor Pampa, el auto Institec, el avión Huanquero, la Comisión de Energía Atómica, las locomotoras diésel-eléctricas y tantos otros que significan la industrialización a manos del Estado.

Destacamos que esta evocación no es producto de un sentimiento nostálgico, sino que brota de la velada conciencia, siempre combatida por los antagonistas del peronismo, de que no hay desarrollo económico-social sin industrias. Que la industria es la única creadora y distribuidora efectiva de riqueza que la humanidad ha inventado desde sus orígenes.

Ocurre, sin embargo, que la conciencia de lo expuesto es débil o quizás, más que débil, dispersa. A eso han ayudado los gobiernos de saga peronista que no pusieron de relieve esos valores básicos, persiguiendo quimeras (en parte logradas) de gobernabilidad inmediata versus una gobernabilidad más difícil en lo inmediato, pero más permanente: la que proviene de la construcción de una sociedad más autocentrada, integrada social y económicamente, e independiente políticamente y en el plano económico de los poderes internacionales. Este privilegio de lo inmediato, ligado a la promoción de un crecimiento sin desarrollo, ocurrió no solo (aunque principalmente) en el primer gobierno de corte peronista luego del fallecimiento de Juan Domingo Perón, que fue el de Carlos Saúl Menem. Esta constante en cuanto a los intentos de desarrollo se mantuvo, incluso (aunque con matices), en los que podemos llamar “buenos gobiernos peronistas”: los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Estos tres últimos gobiernos, más leales a las tres banderas clásicas del peronismo, lograron reducir la dependencia financiera del país, independizándolo de la tutela de los organismos financieros internacionales, en especial del FMI. También consiguieron reactivar sectores enteros de la producción y promover el crecimiento constante del salario real, mejorando sustancialmente la distribución de la riqueza. Todo ello califica como consecuentes realizaciones de los principios de justicia social y soberanía política invocados por el peronismo como principales fines a perseguir.

En cuanto a la independencia económica, en cambio, ninguno pudo avanzar en las transformaciones legislativas (ley de entidades financieras, ley de sociedades, régimen fiscal, leyes impositivas) y las reconstrucciones estructurales, de redes productivas y cadenas de valor necesarias para evitar volver a caer en la famosa restricción externa y para orientar al país en un camino de desarrollo cuyas inercias comprometieran, mayoritariamente, a los principales sectores sociales y actores económicos, de manera de marcar el rumbo de largo plazo aun en medio de la alternancia de partidos políticos en el gobierno.

Hoy, muchos pensamos que hay que dinamizar esos recuerdos de visión industrial e industrialista de Perón y recuperar, a como dé lugar, el espacio que en la sociedad argentina siempre tuvieron las ciencias duras y las aplicadas. En ese conjunto destacaron, históricamente, las ingenierías. Pero también las ciencias exactas y naturales. Todas ellas fundamento de las aplicaciones y desarrollos industriales, indispensables, entre otras cosas, para una apropiación creativa e independiente de los avances tecnológicos ajenos, tanto como para la gestación de los propios. Ese movimiento de ampliación de la educación, la investigación y la producción científica y tecnológica, a partir de la multiplicación y desarrollo de universidades nacionales distribuidas por todo el país –motivado por la intención de promover la producción autocentrada y la industria en sus distintas facetas–, comenzó aun antes del peronismo. Tuvo su inicio con los primeros gobiernos radicales y la fundación de YPF, pero se potenció en los gobiernos de Juan Domingo Perón, que consagró la gratuidad de la enseñanza universitaria y fundó la Universidad Obrera, hoy UTN.

 

La visión industrial e industrialista de Perón no debe quedar supeditada a la nostalgia.

 

Antes, como ahora, se trata de un movimiento poco valorado y, además, activamente combatido por los intereses extranjeros y por sus aliados internos, los miembros de lo que hemos denominado Oligarquía Negociadora Cipaya Argentina (ONCA). Esta extensión y transformación de la vieja oligarquía comercial y agrícola-ganadera está dedicada ahora a explotar toda clase de renta –en especial la financiera– a través de múltiples modelos de negocios. Todos ellos se caracterizan por el cortoplacismo, la búsqueda de ganancias extraordinarias (medidas en dólares), la asociación con actores económicos transnacionales (casi siempre subordinada) y, muchísimas veces, la fuga de los capitales así reunidos hacia guaridas fiscales, retaceándole al pueblo y a la nación, incluso, el aporte de los impuestos correspondientes a ese ejercicio de apropiación de ganancias sin creación de riqueza productiva genuina.

A esta nueva modalidad de hacer negocios en la Argentina le atribuimos el 2 de abril de 1976 como fecha de nacimiento, día del discurso de presentación de los lineamientos económicos del gobierno cívico-militar encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz y cubierto por el cargo aparente de Presidente por el general Jorge Rafael Videla. Se trata de la partida de defunción, potencial aunque intencional, de la Argentina industrial, de desarrollo científico y tecnológico autocentrado y de pleno empleo. En ella, los sindicatos obreros, las organizaciones industriales y las universidades tenían un peso específico importante, no solo en la organización de la producción y la orientación del proyecto de país, sino en la distribución de la renta nacional y en la cultura imperante, en la cual el principio de solidaridad social tuvo un peso específico decisivo, hoy diluido y marginalizado o, cuando no, en ciertos sectores, completamente ausente.

Este breve recorrido deja entrever algunas de las tareas que el movimiento nacional y popular, el peronismo, y más precisamente, los gobiernos de ese signo, tienen por delante. Para colmo, hoy estamos en vísperas de una cuarta revolución industrial que amenaza con ampliar, aún más, la brecha tecnológica e industrial entre la Argentina y los países “desarrollados”, además de conmover, desde la raíz, las estructuras fundamentales del trabajo asalariado. Quienes hoy ocupan puestos de responsabilidad en ministerios clave (Ciencia y Tecnología, Economía, Producción) muchas veces se han manifestado, en distintos foros, de un modo que muestra una clara conciencia acerca de la necesidad de impulsar el desarrollo industrial, reconstruir cadenas de valor, avanzar en lo tecnológico, promover y asociar ciencia, tecnología y producción. Lo que no queda tan claro es de qué modo y en qué medida el Estado asumirá las responsabilidades que le corresponden en esa tarea, y cuánto se espera que aporte a ello la iniciativa privada. Por sobre todo, cómo se logrará evitar una creciente dependencia de tecnologías, bienes e insumos importados, que comprometan aún más la economía argentina en cuanto a su demanda de dólares y reproduzcan la concentración económica y la fragmentación productiva existentes.

El aumento de las exportaciones, única fuente de dólares genuinos, asociado al control de cambios y al combate a la fuga de capitales, es uno de los caminos decisivos a seguir. Camino que, por otra parte, se está mostrando exitoso, lo cual no ha dejado de manifestar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, se diría que en el país actual hay otro rumbo complementario, centrado en el uso de pesos, que es, después de todo, nuestra moneda nacional, soberana, y que se ha desatendido.

Es imperativo ofrecer trabajo genuino a una población del orden de entre 15 a 22 millones de personas que hoy viven por debajo del nivel de dignidad en sus ingresos. Esta cuenta general es fácil: suponemos linealmente 45 millones de habitantes; de esos, en edad laboral de los 18 a los 60 años son unos 29 millones de personas. Si tenemos registrados unos 7 millones en empleos formales, y suponemos –muy generosamente– que estos están justo en el nivel de dignidad, tenemos unos 22 millones de argentinas y argentinos por debajo de ese nivel. En la pobreza o, el menos, en la precariedad. Sacar a estos 22 millones de personas de la condición precaria en que se encuentran, a través de la generación de trabajo, es la tarea económica y socialmente más urgente e importante que tiene el país.

 

 

Medidas necesarias

Para encarar esa tarea, parecen necesarias un par de medidas que han sido propuestas en algunos foros (entre ellos, el Grupo Bolívar y la CTA Autónoma). Por una parte, independizar la gestión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de los intereses financieros, recuperando soberanía sobre las finanzas y el crédito. Para ello es necesario establecer encajes del 100% y utilizar la emisión soberana en pesos para activar todas las economías regionales, provinciales y la nacional, independizando, en alguna medida, la economía nacional de lo que pase con el dólar, tal como hizo Bolivia desde el inicio de la presidencia de Evo Morales. En esa misma línea, es indispensable discutir la derogación de la ley de entidades financieras vigente, que no es más que una ley tapón sancionada por la dictadura para facilitar el movimiento de los capitales extranjeros que, finalmente, han generado la pobreza endémica que nos asuela.

En segundo lugar, se deben implementar modalidades de economía circular, hoy ampliamente experimentadas, en todo el amplio y variado campo de la economía popular y del trabajo informal. Todo trabajo que se pueda dar, que aporte dignidad a la persona que lo ejerce, es bienvenido. Afrontar el ingreso de la mayor cantidad de personas a la economía circular en grado masivo y en forma perentoria es lo que da un volumen compatible con las necesidades. Para eso hay soluciones en construcciones de viviendas en todo el país con el apoyo de la facultad de Arquitectura de la UBA y del resto del sistema universitario nacional, así como de las administraciones provinciales y del gobierno nacional. Como parte de ese proceso, se trata de organizar, capitalizar y dignificar el sistema de los cartoneros, convirtiéndolos en recicladores urbanos en todo el país, dándoles personería jurídica y fiscal, locales y maquinaria adecuada para trabajar y procesar. En todo el territorio sobran los recursos materiales para hacer esto.

En tercer lugar, vemos posible reactivar, de inmediato, tanto la industria naval –ámbito en el que se han mostrado ya ciertos avances– como la industria ferroviaria, que hoy languidece. De hecho, la bajante del río Paraná ha producido una gran sobrecarga de los caminos para llegar con los cereales a los puertos. Parece absurdo tratar de resolver con acuerdos con otros países nuestros temas ferroviarios. En la Argentina hemos hecho trenes de todo tipo. Hacerlos nuevamente depende sólo de una decisión gubernamental orientada a reactivar inmediatamente la fábrica militar que ha sobrevivido, que puede hacer ya vagones de carga y, con cierta facilidad, trenes de pasajeros. Al igual que con la fabricación de buques y barcazas, se dinamizaría toda una constelación de industrias metalmecánicas argentinas de capital interno (las llamadas pymes) ya existentes, además de promover la creación de otras, nuevas. Todo esto se ha hecho ya en nuestro país, en otras épocas. Con la cantidad de universidades nacionales que tienen Ingenierías varias en sus carreras, este proceso se puede activar nuevamente en muy pocos años.

Por último, como otros actores económicos y de la sociedad civil ya han manifestado en diversos foros, esta reactivación –que podemos llamar “de abajo hacia arriba”, desde el pie hacia las manifestaciones “de punta” – motorizaría también la demanda de soluciones técnicas y desarrollos tecnológicos capaces de proveer de equipos y sistemas de última generación.

Algo semejante puede decirse de otros sectores en los que la industria argentina ha mostrado anteriormente habilidades y que han dejado capacidades instaladas que pueden y deben reactivarse. Entre ellas, califican las industrias de material eléctrico y electromecánico, la hospitalaria y de medicamentos, la alimenticia (hoy dominada por grandes oligopolios) y, en el mismo sentido, incluso la automotriz, si se decidiera impulsar la producción de coches de diseño y fabricación nacional para el trabajo y para los sectores de ingresos medio-bajos.

Cada uno de estos temas, y muchos otros, como el de las industrias ligadas a sectores estratégicos –como son, nuevamente la alimentación, pero también la energía, el transporte, la electrónica y la defensa, además de las finanzas– merecen desarrollos pormenorizados que se orienten por el cruce de aquellas tres variables que citamos antes: el aumento de la soberanía, la promoción de la independencia económica (es decir, el autocentramiento) y la integración social nacional o justicia social.

 

 

 

 

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