Disparen sobre la educación pública

El gobierno porteño insiste en absorber los institutos de formación docente en una nueva estructura

 

Nueve meses pasaron desde que la Ministra de Educación e Innovación porteña, Soledad Acuña, presentó el proyecto de la UniCABA (Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires). En el mismo se pretendía eliminar los veintinueve profesorados existentes concentrando la formación docente de gestión estatal en el ámbito de la UniCABA. El documento que fue dado a conocer en diciembre del pasado año constaba de dieciséis artículos endebles de contenido y pobres en su redacción. Masivas movilizaciones unificadas del conjunto de institutos de formación docente que se oponían a su implementación lograron frenar su tratamiento. El 31 de agosto pasado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta volvió a insistir con un segundo documento de creación de la universidad docente, de veintiséis artículos. Al igual que en el proyecto de Acuña, el nuevo texto se elaboró de espaldas a la comunidad educativa, que no fue convocada a una mesa de diálogo para aportar su voz al debate.

Similar aunque tramposo en su redacción, el articulado del nuevo proyecto se dividió en tres secciones. El primer título refiere a la formación docente, el siguiente al planeamiento, evaluación, información estadística y acreditación de la formación docente, y el último a la creación de la UniCABA. La maniobra del oficialismo ante el fuerte rechazo que generó el primer escrito presentado consiste en plantear una supuesta coexistencia de los institutos de formación docente con la UniCABA. A primera vista, en un contexto donde el gobierno sostiene que es necesario el ajuste, duplicar la estructura institucional resulta al menos curioso. Incluso porque los profesorados existentes tienen graves problemas de infraestructura, falta de mejoras salariales y se encuentran ausentes políticas de fomento que incentiven el estudio de la carrera de magisterio. La redacción del documento busca un lenguaje atractivo e interesante, como artimaña para conseguir consensos. El espíritu del proyecto es el mismo y el objetivo final es el vaciamiento y eliminación de los institutos. 

Según la letra, el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad realizará una evaluación externa en los institutos de formación docente conforme a criterios y modalidades que no quedan definidos en la normativa. Esto abre dos caminos de conflicto. El primero le deja la posibilidad al gobierno de cerrar los institutos que no se adecuen a los estándares que considere, creando una coexistencia temporaria entre los profesorados y la UniCABA, con el fin último de que la universidad docente termine por absorber la totalidad de los institutos. El segundo peligro es la mercantilización y privatización de la educación pública que conllevan las evaluaciones externas. En el comercio de la educación estos exámenes son el rubro más redituable. Según la Internacional de la Educación (IE), la evaluación docente es la consecuencia de imposiciones unilaterales de las autoridades de gobierno, con el apoyo y el aval de las instituciones financieras internacionales (BM,BID). Sin ir más lejos, el gobierno de Mauricio Macri, cumpliendo con las exigencias de la OCDE, ya realizó negocios con Pearson Education (desprendimiento de la editorial Pearson y ex dueña del Financial Times) por utilizar sus servicios. Estas pruebas estandarizadas se integran con tablas de valores donde se construyen indicadores sin tener en cuenta los diversos contextos educativos y poco tienen que ver con las instancias de enseñanza y de aprendizaje. Las mediciones tampoco toman en cuenta los impactos no evaluados de las políticas neoliberales tendientes a la comercialización del proceso educativo y sus consecuencias en las poblaciones marginadas de las sociedades. La característica común es que se implementan unilateralmente sin consultar a los docentes, que en su mayoría se oponen a ellas. Los resultados, que no representan un diagnóstico real del estado de la enseñanza, suelen ser presentados por los medios de prensa y utilizados políticamente para atacar a la educación pública y a los docentes. Las conclusiones finalmente se emplean como mecanismos de precarización de las relaciones laborales y de castigo a los trabajadores. La IE estableció en el 2015 que el fortalecimiento de una educación pública de calidad integral pasa por sistemas de evaluación pertinentes, contextualizados y científicos. Donde el aula, los estudiantes y los docentes estén al centro de las preocupaciones de la política pública.

A su vez, el documento deja importantes interrogantes sobre la continuidad de la autonomía de los institutos de formación docente. El Ministerio se adjudica amplias funciones de planeamiento, evaluación y acreditación de la formación docente. En este sentido la cartera educativa intervendrá en la oferta educativa de los institutos, en sus planes de investigación, extensión, en la administración de recursos y en la distribución de matrículas. “Los Institutos de Formación Docente deberán adecuar la gestión administrativa y académica al sistema informático provisto por el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, establece en su artículo sexto.

El proyecto de ley crea la UniCABA en la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La estructura interna propuesta se organizará de acuerdo a los órganos de gobierno y de administración que dictará provisoriamente el rector designado por el Poder Ejecutivo. Nada dice el texto sobre el modo de participación democrática y el co-gobierno de docentes y estudiantes que resulta un bastión fundamental para la educación pública de nuestro país. “Hasta tanto se dote a la UniCABA de presupuesto propio, el Poder Ejecutivo queda facultado a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, a fin de garantizar los recursos”, continúa el articulado. Este punto también preocupa a los estudiantes y docentes, ya que debería quedar garantizado que la partida destinada a los IDF no será recortada y transferida a la nueva institución. Otro aspecto controversial es el famoso artículo veinticuatro donde se le da poder a la Legislatura de la CABA o, durante su receso, al Poder Ejecutivo, de intervenir la UniCABA en casos de: conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funcionamiento, grave alteración del orden público y/o manifiesto incumplimiento de la normativa legal. Cualquier semejanza con un protocolo anti-toma es pura coincidencia.

El oficialismo porteño, sin el apoyo de ningún bloque opositor y contra toda la comunidad educativa, asegura tener los votos para aprobar el proyecto antes de noviembre. Los estudiantes y docentes de los institutos de formación se encuentran en estado de alerta y planean nuevas movilizaciones en defensa de los profesorados.

 

 

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