La detención e incomunicación de una legisladora camporista jalonó una escalada que busca frenar la recuperación de la centralidad política encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Junio había empezado con una movida de dama, cuando CFK anunció que sería candidata a una banca en el Poder Legislativo. El inmediato contra-anuncio circuló desde el cuarto poder, donde se dio por sentado que el Judicial confirmaría la condena contra la ex titular del Ejecutivo. El 9 de junio, aniversario de los fusilamientos de peronistas en 1956, ya se especulaba hasta con la hora en que se conocería el fallo. Las 27 fojas llegaron el día 10, con las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema, que confirmaron la proscripción de la líder más convocante. Los alfiles mediáticos clamaron “jaque al PJ”. Sin embargo, con la dama inmovilizada, el tablero peronista se acomodó en función de una estrategia que adelantaba varios movimientos.
El miércoles 11, el diputado José Luis Espert fue echado de un simposio en la Universidad Católica Argentina, cuando se enredó con sus recuerdos discursivos de que a Florencia Kirchner debió costarle mucho ser “hija de una gran puta”.
El lunes 16 (en el 70° aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada gobernada por Juan Perón), militantes kirchneristas fueron hasta al Conurbano norte a derramar bosta equina en la casa del aspirante a gobernador bonaerense. “Acá está la mierda de Espert”, aclararon en un pasacalle.
Más allá del discurso del diputado sobre una “invasión” o “ataque”, las imágenes repetidas prueban que sólo se vació el contenido de bolsas en la vereda, donde se dejó el pasacalle. A pesar de la insistencia en preguntar por el estado de la salud o anímico de la esposa, el legislador minimizó: “Estamos bien, no pasó nada, fue todo en la puerta”.
El propietario en San Isidro subrayó tres veces su condición bonaerense, provincia que aspira a gobernar. Tras la denuncia ante el Poder Judicial, la respuesta a la incursión bostera fue encabezada por Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado de San Isidro, quien ordenó detener a una funcionaria del Ministerio de la Mujer en la Gobernación de Axel Kicillof. La amplificación de su nombre y cargo no guardaba proporción con su conocimiento público, al punto que primero se la consignó como Alessia (del latín, “mujer llena de dinamismo”) cuando en su Instagram figura como Alexia (del griego, “protectora o defensora de la humanidad”) Abaigar.
Ese miércoles 25, desde el Poder Ejecutivo, la ministra Patricia Bullrich posteó: “A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, y a la noche tira caca a la casa del diputado”. La titular de Seguridad adelantó que ya trabajaban para detener a un segundo implicado, algo que no debería estar en su conocimiento sino en el del Poder Judicial, que tardaría hasta esta semana en avanzar con las detenciones.
Este miércoles 2 de julio, horas después de que los peronistas asistieran a actos recordatorios por la muerte de su líder, cuatro militantes fueron detenidos bien temprano en sus casas de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz. Una de las tres incomunicadas es Eva Mieri, concejal de Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza. Al cierre de esta edición, Abaigar había obtenido el arresto domiciliario por problemas de salud y el resto de los militantes había recuperado la libertad, excepto Mieri, que según Arroyo Salgado “podría eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación” en caso de ser liberada.
Tres horas después de las detenciones, la jefa comunal posteó: “Todo ilegal y antidemocrático, dentro de ‘la investigación’ que tiene detenida a Alessia en Ezeiza desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado Espert. No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar”. Luego, desafió al legislador a competir en las urnas.
Por pedido de Arroyo Salgado, durante esta madrugada allanaron, y siguen ahora, varios domicilios particulares, más el municipio de Quilmes.
Tienen incomunicada a @evamieri desde hace más de tres horas.
Todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de “la investigación”… pic.twitter.com/IQHUNhy2sz
— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) July 2, 2025
Mieri había encabezado la lista de concejales, por lo que reemplazó a Mayra durante sus licencias. Preside el bloque en el Deliberante local. Fue secretaria de Ambiente, área donde tenían una camioneta Chevrolet S10 donada por una empresa constructora, que resultó ser el vehículo blanco con el guardabarro derecho abollado que se ve en las filmaciones de las cámaras domiciliarias de San Isidro.
Mieri ya no reporta en esa área, lo que llevó a algunos opositores a especular con que el futuro detenido fuera Roberto Gaudio, a cargo de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), quien ya se hallaba en foco por parte de la edila Estefanía Albasetti (de La Libertad Avanza), que buscaba llamar la atención sobre el lugar de tratamiento de basuras en Quilmes (ver Lengua contaminada).
La camporista Mayra Mendoza, reelecta el mismo año en que Javier Milei ascendió a la Rosada, también suena para ser candidata a la gobernación. Su cercanía a Máximo Kirchner y su incondicionalidad con CFK (acaba de tatuarse una tobillera), amplifican todo lo que diga o se haga desde su entorno.
Otra vez, con CFK como eje articulador de toda la política argentina, la dinámica que siguió motorizó a sectores muy diversos. En la conferencia de prensa del bloque de diputados de Unión por la Patria estuvo Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
A la detención de Alexia en Ezeiza se sumó luego la incomunicación de la concejala, que se extendió por dos jornadas, medida de “carácter disciplinario” a juicio de la oposición nacional. De eso dieron cuenta tanto los comunicados de solidaridad como las declaraciones de sectores que no comulgan con el kirchnerismo.
Entre los primeros estuvieron el PJ local y los legisladores propios de varios niveles. También del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes, la APDH del Conurbano Sur, la Asociación de Trabajadores Judiciales, el Movimiento Evita, el Partido de la Victoria por la Tercera Sección y el Grupo Walsh.
Más llamativos, por lo inusuales, fueron los comunicados de Política Obrera o la opinión de un dirigente radical que le reprocha a Ricardo Alfonsín ser K.
Política Obrera (ex PO) de Quilmes comunicó: “La detención de concejales, militantes y el allanamiento a más de cuatro viviendas demuestra una clara intencionalidad política. La Justicia no ha conseguido pruebas fehacientes de la participación de los detenidos. Tampoco ha tomado nota de los múltiples insultos, llamados a asesinar o sus desagradables frases sobre ‘cárcel o bala’ para toda persona que esgrima alguna reivindicación, participe de una huelga o integre un corte de calle por parte del diputado. Lo que hacen estas detenciones es avalar judicialmente el uso de un lenguaje fascista contra las masas”. Junto con el repudio, el comunicado firmado por Joaquín Antúnez denuncia “el estado policial que intenta instalar el gobierno liberticida contra la libertad de expresión y la manifestación y expresión política, (donde) la defensa de Espert y el sobreseimiento al gendarme que dejó malherido al fotoperiodista Pablo Grillo son caras de la misma moneda”.
Desde la UCR, el ex diputado provincial Fernando Pérez (hijo de Carlos Pérez Gresia, quien presidiera el bloque radical en el Senado bonaerense a principios de siglo) también condenó la persecución. Desde su experiencia legal criticó el accionar judicial: “Es una barbaridad… cómo utilizan la Justicia para perseguir dirigentes. La tipificación de los delitos de ninguna manera determina el accionar de la jueza. Si alguien comete un delito debe cumplir la pena que establece la ley. El gobierno (lo vemos en el caso Mengolini y otros) te tira el poder del Estado si pensás diferente. En este caso, tiraron el Poder Judicial al servicio del poder político para perseguir opositores. Aunque repudio lo que hicieron, porque está mal lo que hizo la concejal si se comprueba que fue ella, esa acción tiene una pena, que de ninguna manera es la que ha determinado la jueza, que es una decisión jurídico-política atada a los intereses del gobierno nacional” (ver minuto 82).
En el mismo programa radial se había expresado el presidente del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, Diego Cordera. Entrevistado por Rubén Molina y Sebastián Tecla Farías, dijo (minuto 35): “Es una barbaridad, no sólo lo que ocurre con la presidente del bloque UP, sino con Cristina. La democracia está en juego. El partido judicial está siendo cómplice de atropellos como éste. ¿Dónde está la Justicia para investigar a los que financiaban las campañas de Espert, que hoy están presos en Estados Unidos por narcotráfico? ¿Por qué no investigamos eso en vez de espantarnos porque tiran excrementos en la casa de un dirigente que ha dicho barbaridades? Debe modificarse esa doble vara judicial”.
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