El dólar ocupa la escena como punto de tensión de la economía argentina. No por un salto, sino por su quietud en un contexto de inflación que no cede. Mientras el gobierno lo utiliza como ancla para contener los precios, el establishment advierte por un atraso cambiario que erosiona la competitividad. Detrás de esa discusión aparecen dos condicionantes que ordenan todo el esquema: la carga de la deuda, con el Fondo en el centro, y un drenaje persistente de divisas que impide que los dólares se acumulen.
Dólar
El dólar permanece en el centro de la escena, pero no por un salto brusco, no por una corrida, sino por lo contrario: por su quietud. Mientras el tipo de cambio nominal se mantiene estable, la inflación volvió a acelerarse en el primer trimestre de 2026. Esa combinación reabre una discusión recurrente en la Argentina: ¿Hay atraso cambiario o no?
La escena tiene algo de déjà vu: un precio clave planchado, otros precios corriendo y una economía que empieza a mostrar fisuras por abajo. No es la primera vez que pasa. Tampoco están dadas las condiciones para asegurar que será la última.
El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió confrontar de frente con ese diagnóstico. Lo hizo en la Bolsa de Comercio, con un tono más cercano a la tribuna que al seminario técnico.
“Tenemos que terminar de comer el cuento de que para ser competitivos hay que devaluar”, dijo. Y fue más allá. “Me parece patético. A los que piden devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”.
Del otro lado, el establishment, local e internacional, salió a responder en bloque.
El banco Barclays publicó un informe que empieza con una herejía para el discurso oficial: una moneda puede estar sobrevaluada incluso si hay superávit comercial. Lo dice de entrada, sin rodeos.
El argumento tiene filo. Recuerda la experiencia argentina entre 1998 y 2004. Un período donde también convivieron superávit comercial externo con problemas de competitividad interna.
La recomendación es explícita: corregir el tipo de cambio. Y hacerlo antes de que el calendario político complique la decisión. Para Barclays, devaluar ahora es menos costoso que hacerlo más cerca de 2027.
El banco Citigroup advierte sobre el fenómeno: la apreciación del peso en un contexto de estabilidad cambiaria, ingreso de capitales y regreso del carry trade. En criollo: entran dólares financieros, se abarata el dólar en términos reales, y suben los costos en dólares de la economía doméstica.
Las críticas sincronizadas también llegaron desde el plano local. Carlos Melconian eligió una de esas imágenes de sobremesa “Vos producís dólares en Vaca Muerta y se los lleva la tía al colchón o aparecen en Punta Cana”.
Melconian agrega un elemento clave: el Banco Central compra dólares, pero las reservas no crecen al mismo ritmo. Una parte se explica por pagos de deuda, pero otra tiene otro destino: unos 2.500 millones de dólares mensuales que terminan en manos del sector privado.
Aunque en este contexto la mención a la fuga de divisas suene a egresado de FLACSO, Melconian es parte del sistema. Presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, fue también el referente económico de Patricia Bullrich en 2023 y no descarta una candidatura presidencial propia hacia 2027.
Su trayectoria lo ubica en un lugar preciso: es expresión de la ortodoxia económica local, de los sectores empresariales tradicionales, de la alianza histórica entre sistema financiero, grandes grupos económicos y política económica pro-mercado. No habla desde afuera, habla desde adentro.
Otra que intervino en el debate fue Marina Dal Poggetto, una criatura del desarrollismo de Miguel Bein, quien fundó la consultora EcoGo, desde donde mantiene vínculos fluidos con bancos, fondos y grandes empresas. Dal Poggetto no representa exactamente el mismo núcleo que Melconian. Es una economista leída en Wall Street y escuchada por quienes miran la Argentina como activo financiero. Pero su diagnóstico es igual de incómodo para el gobierno.
Describe un dólar que cayó fuertemente desde el pico electoral y una inflación que corre al 3% mensual. Incluso si la inflación bajara al 2%, dice Dal Poggetto, el tipo de cambio seguiría apreciándose en términos reales.
Lo sintetiza en una frase: el talón de Aquiles es el programa financiero. El riesgo país no baja, el crédito externo no vuelve, y la estabilidad depende de que el esquema no se rompa.
Ahí aparece el corazón del modelo: el dólar como ancla. O más precisamente, como válvula. Se lo usa para contener la nominalidad, para evitar que los precios se desordenen más rápido.
Pero no es neutro. Nunca lo es.
Contiene la inflación en el corto plazo, favorece a quienes consumen bienes importados o servicios dolarizados, pero al mismo tiempo asfixia a los sectores que dependen de la competitividad cambiaria: industria, economías regionales, exportadores.
Del otro lado, devaluar tampoco es gratis. Es una transferencia inmediata de quienes viven en pesos hacia quienes tienen activos en dólares, con un efecto distributivo brutal.
La discusión, en el fondo, es esa. No cuánto vale el dólar, sino quién gana y quién pierde con ese valor.
Caputo eligió un lado. El establishment, otro. Y la economía, como tantas veces en la historia argentina, queda en el medio. Como un sistema tironeado desde extremos que no discuten el modelo, sino cómo sostenerlo.
Los datos empiezan a darle volumen a esa tensión. El tipo de cambio real multilateral se apreció 7% en lo que va del año. Y volvió a niveles similares a los de 2017.
No es un dato neutro. En 2017 la economía parecía ordenada, pero por debajo se acumulaban desequilibrios. El déficit de cuenta corriente crecía. El turismo emisivo se expandía. Las importaciones ganaban terreno. Los dólares llegaban, pero no por exportaciones, sino por deuda y capitales financieros de corto plazo.
El resultado fue conocido: crisis cambiaria en 2018. Y el regreso al FMI.
FMI
Dólar quieto, inflación que empuja, costos en alza. Ese es el cuadro. En ese equilibrio frágil, el Fondo Monetario no es un actor menor. Es el que fija las condiciones. Y el que, en los hechos, determina hasta dónde puede estirarse la cuerda.
La semana que viene, en Washington, esa tensión se vuelve concreta. No es una reunión más. Es el encuentro donde hay que destrabar dos cosas al mismo tiempo: el desembolso pendiente y la continuidad del programa. Una revisión que debía resolverse en enero, que se corrió a marzo y que sigue sin cerrarse. La expectativa del gobierno es que se destrabe un desembolso de 1.000 millones de dólares. No es sólo liquidez. Es señal política. Es validación.
Pero esa validación no es gratis: llega con condiciones. Y con una discusión de fondo que ya no se puede postergar.
El calendario de vencimientos para 2027 es el dato que ordena todo. Son casi 19.000 millones de dólares. No es una cifra abstracta. Está distribuida en pagos concretos, mes a mes, con picos que obligan a tener dólares disponibles de forma permanente.
El primer bloque es el del propio Fondo. Son 5.544 millones de dólares. Es la parte más rígida del esquema. Pagos concentrados en marzo, junio, septiembre y diciembre. Con meses donde los desembolsos superan los 900 millones. A eso se suman intereses y sobretasas. Es el núcleo de la muralla.
El segundo bloque son los organismos multilaterales: Banco Mundial, BID, CAF. Ahí aparecen casi 5.900 millones. Es deuda más dispersa, pero constante. Presiona durante todo el año.
El tercer bloque son los acreedores privados: unos 5.245 millones. Incluye los bonos reestructurados en 2020 y las emisiones posteriores. En 2027 aparece un cambio clave: algunos títulos empiezan a amortizar capital. Ya no es solo pagar intereses. Empieza la devolución del principal.
A eso se suma el frente bilateral. El Club de París. No define el problema, pero agrega presión en momentos específicos.
Ese es el mapa: una muralla de vencimientos. Con pagos distribuidos a lo largo de todo el año, y con una exigencia central: tener dólares disponibles de manera continua.
Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a 2022. La gestión de Martín Guzmán no reestructuró la deuda con el Fondo. La refinanció.
La diferencia no es técnica. Es estructural. Reestructurar implica cambiar las condiciones de fondo. Refinanciar es tomar un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Es correr el problema hacia adelante.
Eso fue lo que ocurrió. El acuerdo reemplazó el stand by de 2018, tomado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero dejó intacta su lógica. El capital no se tocó. El perfil de pagos se desplazó.
El resultado es el actual: un esquema que alivió el corto plazo, pero cargó el mediano. La deuda con el Fondo dejó de ser una urgencia inmediata, pero pasó a ser una restricción estructural. Hoy ese problema ya no está en el horizonte: está en la mesa de negociación.
La deuda con el FMI tiene una particularidad que condiciona todo: tiene prioridad de cobro. Eso significa que, en la práctica, si no alcanza para pagarle al Fondo, no alcanza para nadie. Ni para los organismos multilaterales, ni para los acreedores privados.
Esa jerarquía no es neutra. Impacta directamente en el riesgo país. Porque el mercado sabe que los primeros dólares van al Fondo. Y que el resto queda subordinado a lo que sobre.
Por eso el riesgo país se mantiene alto. Y por eso el acceso al financiamiento externo sigue cerrado. Porque si ya es difícil garantizarle pagos al acreedor privilegiado, mucho más incierto es el repago al resto.
Es un problema de secuencia. Y de credibilidad. Sin financiamiento nuevo, el esquema no cierra. Pero sin resolver la carga con el Fondo, ese financiamiento no llega. Ahí aparece el nudo.
En ese contexto, la discusión en Washington no se limita a destrabar el desembolso. Incluye algo más profundo: la necesidad de refinanciar los vencimientos de 2027. No como una opción, sino como condición para que vuelvan los acreedores.
Porque ningún inversor nuevo va a entrar en un país que tiene por delante una muralla de pagos impagable y un acreedor privilegiado que se lleva la prioridad de cobro.
Esa es la clave. La refinanciación deja de ser una decisión técnica. Pasa a ser una precondición para reconstruir el crédito.
En esa mesa de negociación aparecen los nombres propios: Leonardo Madcur, director argentino en el FMI, ex jefe de gabinete de Sergio Massa; y el uruguayo Ernesto Talvi, uno de los dos viceministros de economía importados que integran el gabinete de Caputo.
El diagnóstico en esa mesa es directo: el programa vigente tiene inconsistencias. Exige acumulación de reservas, pero al mismo tiempo obliga a pagar deuda en magnitudes crecientes. Supone una baja rápida de la inflación. Y descansa en la idea de que la Argentina volverá al mercado de deuda. Nada de eso hoy está garantizado.
Así llega la Argentina a la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial que tendrá lugar esta semana en Washington. Con un desembolso por destrabar, con un programa en revisión, y con una certeza que empieza a imponerse incluso entre quienes lo diseñaron: sin alterar la deuda, no hay estabilización posible.
La cuenta
Si se mira el balance completo, la inconsistencia aparece más nítida. No en los titulares. En los flujos.
En el cuarto trimestre de 2025, la economía argentina tuvo un superávit de cuenta corriente de 2.294 millones de dólares. Es el dato que suele destacarse. Exportaciones que superan a importaciones. Una foto ordenada. Pero esa foto es incompleta.
Cuando se desagrega, aparece otra historia. El superávit de bienes fue de 6.283 millones de dólares. Es el motor. Pero ese ingreso se diluye rápido. El déficit de servicios fue de 1.813 millones. Y el de ingreso primario, donde pesan intereses y utilidades, otros 2.953 millones.
Es decir: los dólares que entran por exportaciones se van por tres canales: turismo, fletes y pagos financieros. No es nuevo, pero sí es más intenso. El dato clave está en el año completo. 2025 cerró con déficit de cuenta corriente por 7.582 millones de dólares. Ahí se rompe el equilibrio. Porque ese rojo no se financia solo.
Entonces aparece la cuenta financiera. Y ahí es donde se ve la fuga.
En el cuarto trimestre del año pasado, el ingreso de capitales fue de 2.770 millones, vía emisión de pasivos del gobierno, provincias y empresas. Es decir: deuda nueva. Pero hubo un egreso neto de capitales de 1.850 millones de dólares. No es un número menor. Es salida directa. Pero además hay otro dato más fino: la formación de activos externos.
Durante ese mismo período, los residentes incrementaron sus activos en el exterior en 4.620 millones de dólares. Es decir: compraron dólares y los sacaron del sistema.
La cuenta es simple: entraron 2.770 millones, salieron 4.620 millones. El saldo es negativo: 1.850 millones de dólares. Ese es el drenaje.
El mecanismo es clásico. Mientras el Estado toma deuda o recibe financiamiento, el sector privado acumula activos externos. Se cubre. Se dolariza. Sale.
Eso explica por qué, incluso comprando dólares en el mercado, las reservas no crecen. El Banco Central adquirió 4.386 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Pero aun así, las reservas cayeron. La salida no es solo comercial. Es financiera.
La suma de todos estos componentes dibuja un mapa. No es solo déficit externo. Es fuga estructural.
Y esa fuga convive con una deuda externa sigue creciendo. Alcanzó 320.305 millones de dólares. Y genera el componente más rígido del balance: los intereses.
Por eso la cuenta no cierra. No porque falten dólares en términos absolutos, sino porque los dólares que entran no quedan. Se van por tres canales: pagos, cobertura privada y salida no registrada. Mientras ese drenaje siga activo, cualquier desembolso es transitorio. Un parche.
La economía argentina ya mostró este comportamiento otras veces. Como en los ciclos de endeudamiento de los años '90 o en la fase previa a la crisis de 2018. Ingresos de capital que conviven con salida de activos. La diferencia es que ahora el margen es más estrecho. Las tasas son más altas. Y el Fondo está primero en la fila. Entonces la cuenta se vuelve más exigente. Más rígida. Y más difícil de cerrar.
Hasta que se modifique la estructura, la discusión sobre el dólar seguirá en el centro. No como precio. Sino como síntoma.
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