Dólares adentro
Los dólares del colchón volvieron al centro de la escena. El gobierno presentó una nueva modificación de la ley de inocencia fiscal, sancionada el 27 de diciembre pasado. La explicación oficial es que busca simplificar el régimen y ofrecerles mayor seguridad a los contribuyentes, pero los números sugieren otra razón: la adhesión quedó por debajo de las expectativas y el Ministerio de Economía decidió ampliar los beneficios.
Hasta ahora, 170.115 contribuyentes completaron el trámite, mientras que otros 99.000 iniciaron declaraciones, las guardaron como borrador y no dieron el último paso. En febrero había apenas 5.800 adhesiones, en abril eran 42.000, en mayo llegaban a 80.000 y en junio se sumaron poco más de 50 contribuyentes. Si bien el movimiento se aceleró sobre el vencimiento, no alcanzó la escala que esperaba el gobierno.
Aproximadamente 1,2 millones de personas físicas y unas 600.000 personas jurídicas están alcanzadas por el impuesto a las ganancias en la Argentina. Un universo de por sí relativamente pequeño.
El objetivo de esta actualización de la Ley de Inocencia Fiscal continúa siendo el mismo: convencer a los argentinos de que incorporen al sistema financiero una parte de los dólares que conservan fuera de los bancos. Luis Caputo estima ese stock en unos 170.000 millones de dólares. La promesa oficial es que esos fondos aumentarán la bancarización, ampliarán el crédito y, después, la inversión y el empleo. La secuencia es más aspiracional que real. El sistema ya tiene una elevada liquidez en dólares y, sin embargo, el crédito no aparece con la fuerza anunciada.
La ley tiene dos patas. La primera simplifica la declaración jurada del impuesto a las ganancias para las personas físicas alcanzadas. En el régimen anterior, el contribuyente debe reconstruir ingresos, deducciones, bienes, autos, ahorros e inversiones. En muchos casos, esto requería contratar a un contador sólo para completar el trámite.
El régimen simplificado invierte esa relación. ARCA muestra la información que ya tiene cargada. El contribuyente la revisa, corrige lo necesario y acepta la declaración. El laberinto de formularios se resume, al menos en la presentación oficial, en un clic.
La segunda pata es más ambiciosa. Apunta a los dólares que nunca fueron declarados. El contribuyente puede incorporar fondos al sistema bancario sin pagar por los períodos anteriores y queda protegido por el denominado tapón fiscal. Esa exteriorización no podrá utilizarse para revisar hacia atrás su situación tributaria ni como prueba de una infracción previa.
El gobierno sostiene que no es un blanqueo; no obstante, contiene los dos elementos centrales de cualquier blanqueo: el ingreso de activos que no estaban declarados y la renuncia del Estado a reclamar por el incumplimiento anterior.
La nueva iniciativa amplía todavía más los beneficios sancionados en diciembre pasado.
- Elimina los límites de patrimonio e ingresos para adherir. El esquema deja de estar dirigido únicamente a pequeños y medianos contribuyentes. Podrá ingresar cualquier persona humana residente, sin importar el tamaño de su fortuna.
- Modifica el criterio de discrepancia significativa. Hasta ahora, el contribuyente podía perder los beneficios si ARCA determinaba una diferencia igual o superior al 15% del impuesto declarado. El proyecto mantiene ese porcentaje, pero agrega un piso de cinco millones de pesos. Si el ajuste queda por debajo de esa cifra, la discrepancia no será considerada significativa.
- Incorpora un derecho a rectificar. Si ARCA detecta una diferencia, el contribuyente tendrá quince días hábiles para corregir la declaración, pagar el monto correspondiente con intereses y permanecer dentro del régimen. Una inconsistencia ya no provocará la caída automática del beneficio.
- Establece que si el contribuyente paga el ajuste, lo discute y luego obtiene una resolución definitiva favorable, el Estado deberá devolverle el dinero con intereses dentro de los 45 días hábiles.
Pero la modificación más importante no está en esos mecanismos. Está en la cláusula sobre la ventana de tiempo.
El proyecto fija hasta el 31 de diciembre de 2027 el período habilitado para el ingreso de fondos no declarados. No es sólo una prórroga para quienes todavía dudan.
Durante ese período, cada adhesión clausura la posibilidad de que una administración futura utilice esa exteriorización para fiscalizar los ejercicios anteriores. La exteriorización produce un cierre hacia atrás. Aunque en el futuro aparezca una administración con otra política tributaria, no podrá utilizar esa información para reconstruir la capacidad contributiva, investigar inconsistencias o reclamar impuestos por los períodos alcanzados por el tapón fiscal.
El gobierno actual no se limita a definir cómo controla el Estado durante su mandato, también restringe las facultades del Estado que venga después. La ley, de ese modo, transforma una decisión del gobierno de Milei en una limitación para el próximo gobierno. El Estado de 2028 recibirá una parte de su memoria fiscal borrada.
A esa limitación se suma la inversión de la carga de la prueba. Ya no será el contribuyente quien deba explicar una diferencia patrimonial, sino que ARCA tendrá que demostrarla utilizando únicamente la información que exista en sus propios sistemas. Lo que el organismo no haya detectado, cruzado o almacenado a tiempo quedará fuera del expediente. El Estado renuncia a mirar hacia atrás y también reduce las herramientas con las que podrá mirar hacia adelante.
Ese es uno de los principales cuestionamientos constitucionales al proyecto. El Congreso puede modificar impuestos y establecer beneficios. La discusión es hasta dónde puede avanzar en la renuncia a las facultades permanentes de fiscalización, en especial cuando esa renuncia condiciona a gobiernos que todavía no fueron elegidos.
También aparece el principio de igualdad ante la ley. Quien declaró sus bienes y pagó los impuestos correspondientes no recibe ninguna compensación. Quien mantuvo fondos ocultos puede incorporarlos sin costo por los años anteriores y obtener, además, protección frente a futuras fiscalizaciones. El cumplidor financió al Estado cuando correspondía, mientras que el incumplidor recibe una ventana para regularizarse sin una carga equivalente.
El régimen tampoco excluye a los funcionarios públicos. El argumento oficial es que la inocencia fiscal no elimina las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de activos ni corrupción.
Pero el punto cuestionado es otro. El funcionario puede incorporar patrimonio no declarado y beneficiarse con una limitación tributaria que reduce la información disponible para reconstruir su evolución patrimonial.
La discusión coincide con la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a 2025 de los funcionarios ante la Oficina Anticorrupción. Como se prorrogó hasta el 30 de agosto, los ministros todavía no las han hecho públicas. El gobierno pide que los ciudadanos confíen sus dólares al sistema y su gabinete demora la fotografía de su propio patrimonio.
En el argumento oficial para justificar que los funcionarios puedan adherir a inocencia fiscal hay otra clave: la ley no deroga las normas contra el lavado de activos. ARCA puede comprometerse a no investigar hacia atrás, pero los bancos no pueden prometer lo mismo. Continúan obligados por las normas de la Unidad de Información Financiera a conocer a sus clientes, determinar su perfil económico, monitorear movimientos y reportar operaciones sospechosas.
Por eso el ingreso de fondos no se resuelve con un clic. Una persona puede quedar protegida frente al organismo recaudador y, al mismo tiempo, tener que justificar ante el banco el origen de los dólares.
Las provincias abren otra zona gris. La ley nacional no obliga a los fiscos provinciales a adherir. Puede existir un tapón frente a ARCA y una fiscalización distinta sobre ingresos brutos, sellos o tributos patrimoniales locales. Un contribuyente podría quedar protegido por la Nación y expuesto ante su provincia. La seguridad prometida dependerá entonces del domicilio y de las decisiones de cada jurisdicción.
La conferencia de prensa para presentar estas modificaciones sobre la ley sancionada en diciembre volvió a realizarse en el microcine del Ministerio de Economía. La vez anterior, Caputo había expuesto su programa financiero, cual teatro negro. Esta vez sobre el escenario apareció el ventrílocuo y su marioneta. Arrancó el ministro solo y afirmó que el ingreso de dólares permitiría aumentar el crédito, la inversión y el empleo. “Eso es justicia social”, dijo.
También aseguró que quienes mantienen el dinero fuera del sistema están mal asesorados y se retiró sin responder preguntas. Entonces ingresaron al escenario del microcine Sonia Becherman, Ricardo Paolina y Liban Kusa, tres contadores de prestigiosos estudios privados encargados de explicar una política pública.
Volvamos a la promesa de Caputo: los dólares depositados se convertirán en crédito. Pero la cadena no funciona de manera automática. El propio ministro reconoció que el sistema financiero ya tiene una elevada liquidez, impulsada en buena medida por los depósitos que dejó el blanqueo anterior. Sin embargo, esa abundancia de dólares no produjo una expansión equivalente del crédito. La contradicción queda planteada por el discurso oficial. Si el blanqueo anterior ya dejó un sistema financiero con abundante liquidez y eso no alcanzó para impulsar el crédito, la pregunta es por qué una nueva ola de depósitos produciría ahora un resultado diferente.
La operación tiene, además, otro trasfondo. Lo cierto es que esos dólares fortalecen la liquidez del sistema y contribuyen a mejorar el nivel de reservas, porque una porción de los depósitos queda inmovilizada en el Banco Central y contabiliza en sus balances.
La explicación no está sólo en la oferta de dinero, sino que también aparece del lado de la demanda y del riesgo. Los datos de morosidad son alarmantes. Por eso los bancos prefieren prestarle los dólares al Tesoro. Por diferentes vías, “los ahorros de los argentinos” terminan sosteniendo el esquema con el que se paga la deuda.
Dólares afuera
A ese límite se suma otro problema y es que los dólares que el gobierno necesita y no puede conseguir afuera hoy cuestan cada vez más.
El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente volvió a empujar el precio del petróleo hacia la zona de los 100 dólares por barril y reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá el dinero caro durante más tiempo.
El resultado es un contexto financiero más exigente: suben los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el capital global vuelve a buscar refugio en los activos más seguros.
Para la Argentina, eso implica un doble desafío. Por un lado, se encarece cualquier intento de regresar al mercado voluntario de deuda; por otro, los bonos soberanos encuentran un techo porque muchos inversores prefieren cobrar una tasa elevada y prácticamente libre de riesgo en Estados Unidos antes que asumir el riesgo argentino.
Paradójicamente, el mismo conflicto que encarece mejora el principal activo del programa económico exportador y de valorización financiera.
Con el petróleo nuevamente cerca de los 100 dólares, Vaca Muerta gana competitividad y el frente externo se fortalece. La balanza comercial energética acumuló durante el primer semestre un superávit récord de 6.987 millones de dólares, un salto del 87% respecto del mismo período del año pasado. Cerca del 70% de esa mejora proviene del aumento de la producción y el resto de los mayores precios internacionales.
En una lectura lineal, con exportaciones récord, el esquema parece funcionar: más exportaciones, más dólares. Sin embargo, el verdadero desafío nunca fue generar divisas, sino decidir qué hacer con ellas. Y ahí aparece el principal límite del programa. Cuando Luis Caputo reconoce que, tras el blanqueo, el sistema financiero quedó con abundante liquidez, pero esos dólares no se convierten en préstamos para empresas ni financian nuevos proyectos productivos, es donde queda expuesta la poca eficiencia del modelo.
En la arquitectura de Caputo, el multiplicador financiero debía completar el programa. Las exportaciones generan dólares. Esos dólares ingresan al sistema financiero. Los bancos los transforman en crédito y ese crédito financia inversión, empleo y, finalmente, consumo.
Ahí es donde el esquema muestra su principal dificultad. Los dólares llegan y la liquidez también, pero el canal de transmisión no funciona. La falla no está en la llegada de las divisas, sino en el mecanismo que debía reproducirlas sobre el resto de la economía.
Que esto no ocurra no es una casualidad. El dinero es fungible. Los mismos dólares que ingresan al sistema terminan sosteniendo las necesidades financieras del programa: atender vencimientos de deuda, reforzar reservas y apuntalar el equilibrio financiero. No llegan a reproducirse en el sistema financiero local porque ya tienen otro destino.
En paralelo, detrás de esta discusión, aparece una más académica. La tradición ortodoxa sostiene que el ahorro precede a la inversión. La actualización keynesiana plantea el recorrido inverso: las empresas invierten cuando esperan vender más. Es la demanda la que empuja la inversión.
Los datos tensionan esa discusión. Durante la última semana se multiplicaron los obituarios fabriles: desde el cierre de la única fábrica de caucho, propiedad de Marcelo Mindlin, hasta los más de 500 establecimientos del norte con plantas paradas por el costo récord de la energía, que llegó a los 189 dólares por MWh, pico histórico de las últimas tres décadas.
La dinámica inversora se vuelve todavía más nítida cuando se observa lo que ocurre en el resto del mundo.
Los Estados se consolidan como los grandes inversores globales. Los fondos soberanos ya administran activos por 15,1 billones de dólares, un 14% más que un año atrás. El volumen invertido creció 91%, una señal de que el capital está cada vez más concentrado en apuestas estratégicas, según el informe de IE University e ICEX Invest de España.
Noruega, China, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait encabezan ese proceso. Asia y Medio Oriente concentran casi ocho de cada diez dólares administrados por fondos soberanos.
El dato más revelador es el destino de esas inversiones: uno de cada tres dólares colocados durante el último año fue a inteligencia artificial. Es decir, son los propios Estados los que están financiando buena parte de estas tecnologías.
La comparación resulta incómoda. Mientras la Argentina espera que el mercado privado transforme las exportaciones en inversión, las principales economías utilizan capital público para orientar el desarrollo de los sectores estratégicos. No es solamente una diferencia de instrumentos, es una diferencia de concepción sobre cómo se construye el crecimiento.
Puede haber récord de exportaciones, superávit energético y más dólares comerciales, pero la experiencia argentina muestra que producir divisas nunca fue suficiente. Sin instituciones capaces de apropiarse de una parte de esa renta para transformarla en inversión, infraestructura, tecnología o crédito de largo plazo, los dólares vuelven a recorrer los circuitos conocidos: obligaciones externas y fuga de capitales.
El desafío argentino nunca fue producir riqueza. Fue gobernar su destino. Y la promesa de que el crecimiento terminará derramando sobre la economía real seguirá esperando una comprobación empírica. O al Mesías.
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