Casi un año después de que Javier Milei anunciara que en 2025 su primer objetivo sería impulsar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la ciudadanía ha sido informada por el Presidente Donald Trump de acuerdos comerciales históricos alcanzados con la Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala, que permiten “un acceso sin precedentes a los mercados de algunos de los socios estratégicos más importantes de Estados Unidos de Centroamérica y Sudamérica”. Cabe señalar que Guatemala y El Salvador ya tenían un acuerdo comercial con Estados Unidos, por lo que en ambos casos se trataría de una renegociación.
En efecto, el jueves 13 la Casa Blanca publicó un comunicado en el que Trump informa también que estos acuerdos consolidan “compromisos en materia de seguridad económica y nacional”. Así, según el comunicado, los acuerdos ayudarán a los agricultores, ganaderos, pescadores, pequeñas empresas y fabricantes estadounidenses a incrementar las exportaciones de Estados Unidos y ampliar las oportunidades de negocio con esos cuatro países. El Presidente no dice cómo ayudarán estos acuerdos a los cuatro países latinoamericanos. Solo se puede constatar que la negociación se llevó a cabo a hurtadillas, a espaldas de la ciudadanía y sin debate por parte de los actores productivos.
Toda vez que sólo una élite conoce los detalles, no cabe duda de que se trata de una negociación poco democrática. Al optar por el secretismo absoluto de las negociaciones, el gobierno argentino le ha ahorrado al estadounidense los recursos para financiar la campaña a favor de estos. Con razón, el ex representante comercial estadounidense, Robert Zoellick, decía, luego de que se suspendieran las negociaciones del ALCA, que en América Latina había varios Presidentes dispuestos a firmar cualquier acuerdo bilateral, antes de leerlo.
Los acuerdos de libre comercio suscritos por otros países latinoamericanos con Estados Unidos hace más de cuatro lustros se realizaron en numerosas rondas de negociaciones que duraron al menos un año (estos son México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana y los cinco pertenecientes al Sistema de Integración Centroamericana: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala). En dichas negociaciones participaban, en una sala adjunta, representantes de los sectores que se verían afectados por la firma del acuerdo, así como representantes de la sociedad civil. Los jefes negociadores de los países informaban a los participantes reunidos en la sala adjunta los resultados en cada ronda, y respondían a las interrogantes planteadas. El voluminoso texto de estos fue publicado por las Cancillerías o Ministerios de Comercio Exterior en sus respectivos sitios web antes de ser debatidos en los Congresos para su aprobación.
La millonaria propaganda oficial financiada por la hoy casi desaparecida Agencia Oficial para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) que prometía empleo, mayores salarios, crecimiento industrial, presencia de inversiones extranjeras directas y un boom de exportaciones al mercado estadounidense, dejaba poca visibilidad a miradas distintas. Pero la información disponible en el proceso de la negociación hizo posible que, aunque opacada por la propaganda a favor, hubiera espacio para advertir sobre los potenciales perjuicios.
Sueños de opio
Cuando a fines del año pasado el Presidente Milei anunció que su primer objetivo era firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2025, dijo también que ese tratado debería haberse firmado hace 19 años. “Imaginen lo que hubiéramos crecido en estas casi dos décadas si hubiéramos comercializado con la primera potencia mundial”.
Las expectativas de Milei sobre las bondades de estos acuerdos no tienen sustento. Veinte años o más de vigencia de estos acuerdos de países latinoamericanos con Estados Unidos proyectan más sombras que luces. Así, el superávit comercial que mantenían esos países con el país del norte se revirtió y se convirtió en déficit, pues la importación de bienes de consumo se incrementó de forma exponencial. Si bien tuvo lugar una modernización de algunos sectores empresariales, se produjo una destrucción del tejido industrial, aumento de la informalidad, la migración y la violencia.
Milei dice que el acuerdo con Estados Unidos tendrá un enfoque orientado al acceso a la apertura de nuevos mercados y a la inversión. No toma en cuenta que aprovechar un mercado que se abre requiere el apoyo de un Estado, al cual él aborrece, en programas de capacitación, promoción, entre otros. La apertura económica sin una estrategia de protección para industrias vulnerables destroza el tejido industrial local, con la correspondiente pérdida de empleo, y profundiza la primarización de la economía, reduciendo el valor agregado de las exportaciones.
En cuanto al capítulo de inversiones incluido en el acuerdo comercial, este apunta a reducir la capacidad de los países en desarrollo y emergentes para adoptar políticas industriales capaces de coordinar mejor la actuación de las empresas extranjeras en sus territorios. Por eso se eliminan los requisitos de desempeño a esa inversión extranjera directa. Es decir, el Estado no puede exigirles a los inversionistas que su producción tenga un determinado grado de contenidos nacionales, ni poner un límite a la exportación de bienes o servicios; tampoco que utilice preferentemente bienes producidos en su territorio ni relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el de las exportaciones (o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión); no hay exigencias de transferencias de tecnología ni preservación de niveles de empleo.
Las reglamentaciones que eliminan la posible articulación de la inversión extranjera con el aparato productivo local tienden a destruir la industria nacional, así como a las pequeñas empresas, las más importantes generadoras de empleo, porque se favorece la compra de productos importados. Ello explica por qué los superávit comerciales que mantenían los países mencionados anteriormente, con la excepción de México, hayan derivado en déficit. La Argentina ha tenido un déficit comercial sistemático con Estados Unidos desde 2005. Solo el año pasado obtuvo un superávit comercial tras una fuerte desaceleración de importaciones por la recesión.
El nudo gordiano de la propiedad intelectual
En todas las negociaciones de los denominados acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, los temas relacionados al capítulo de propiedad intelectual han sido complejos y han extendido los plazos para llegar a un acuerdo. Esto se debe a que las concesiones exigidas por el país del norte son mayores a los parámetros definidos en la Organización Mundial del Comercio en términos de fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual. Sólo como ejemplo: ampliar los plazos de los datos de prueba para patentes de medicamentos y agroquímicos, como siempre lo ha exigido Estados Unidos, incrementará ineludiblemente sus precios.
En efecto, en el brevísimo resumen del capítulo de propiedad intelectual del acuerdo marco de comercio e inversión recíprocos entre Estados Unidos y la Argentina, publicado por la Casa Blanca, se abordan los criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas. Además, se alinea el régimen de propiedad intelectual argentino con los estándares señalados en el Informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), sobre cuyos detalles no hay información disponible. Se trata de un informe anual que publica una lista de países sobre los cuales las asociaciones de empresas estadounidenses vinculadas a diversos ámbitos de la propiedad intelectual exigen la aplicación de la ley ya sea por infracción de derechos de autor y falsificación de marcas, protección de la propiedad intelectual relacionada con productos farmacéuticos, y la protección de variedades vegetales. En el informe de 2025 se incluye una lista de países con vigilancia prioritaria que incumplen la ley (la Argentina, Chile, China, India, Indonesia, México, Rusia y Venezuela) y 18 países que las incumplen en menor grado (Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Vietnam) Varios de los países incluidos en dichas listas han suscrito acuerdos comerciales con Estados Unidos pero no han podido sostener los altos estándares que fueron exigidos en el ámbito de la propiedad intelectual cuando lo suscribieron.
Es precisamente el capítulo de propiedad intelectual donde prácticamente no existen márgenes para negociar. Así lo señaló en 2004 Luis Guillermo Restrepo Vélez, miembro del grupo técnico colombiano que representó al sector salud en la mesa de derechos de propiedad intelectual: “Sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación y que para poder firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es necesario abandonar la estrategia de ‘negociación por intereses’, traspasar las ‘líneas rojas’ y aceptar unas disposiciones que eleven la protección a niveles similares o superiores a los de los tratados firmados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA). Eso tal vez nos hubiera ahorrado conflictos, tiempo y recursos. Que no se diga esto con claridad, me produce vergüenza ajena y dolor de patria”.
Alineación total
En el tema de normas y evaluación de la conformidad, la Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas y regulaciones técnicas de Estados Unidos o internacionales aplicables sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad, lo que implica descartar la opinión de las autoridades argentinas. Asimismo, aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados y las de emisiones estadounidenses. Además, aceptará los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
En el novedoso e injerencista tema de alineación en materia de seguridad económica, la Argentina fortalecerá la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas ajenas al mercado de otros países.
Con respecto a las consideraciones y oportunidades comerciales, la Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos; es decir, de aquellos que tienen una importancia económica y estratégica, combinada con suministro vulnerable. Asimismo, acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja. En cuanto a las empresas estatales y subsidios, la Argentina se comprometió a abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y los subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral. ¿Quién sabe qué negociaron?
La Argentina también se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos al reconocerlo como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales. Además, se abstiene de discriminar los servicios o productos digitales estadounidenses.
Si bien estos acuerdos (el de la Argentina ha sido bautizado como "Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos") adquieren el rango de un tratado internacional, la experiencia ha demostrado que Estados Unidos lo puede incumplir sin consecuencias. Los países latinoamericanos que lo han suscrito han sido gravados con un arancel del 10%, en contravención con el acuerdo. La firma del Acuerdo, que el país del norte aspira que ocurra pronto, tendrá un impacto negativo en el Mercosur, aunque también en la Argentina, si ello implica abandonar la entidad subregional.
Toda vez que Estados Unidos busca introducir, extender y consolidar un cuerpo de reformas legales, especialmente en los ámbitos de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales e inversiones, a cambio del acceso al mercado estadounidense, es imprescindible transparentar las negociaciones. Sobre todo porque estas tienen lugar en un contexto de cambio de devolución de favores por la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino y el ofrecimiento del swap de 20.000 millones de dólares que facilitaron el holgado triunfo de Milei en las elecciones de medio término del 26 de octubre.
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