¿Dónde está Arshak Karhanyan?

El Ministerio de Seguridad publicó una recompensa de 5 millones para hallar al oficial

 

Arshak Karhanyan, de 28 años, estudiaba en la UTN y se especializaba en sistemas y tecnología. Había ingresado a la entonces Policía Metropolitana en 2014 para trabajar en el área de Cibercrimen y fue uno de los peritos en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Con la creación de la Policía de la Ciudad, fue asignado al área de División Investigaciones y luego trasladado a la comisaría vecinal 7B. El 24 de febrero de 2019 Arshak se reunió veinte minutos con Leonel Herba, su compañero de trabajo. Salió de su casa, dejó sus dos teléfonos celulares adentro y su moto estacionada en la entrada. Se llevó el arma reglamentaria, su placa y la tarjeta de débito. Pasó por el cajero automático y fue a comprar una pala al hipermercado Easy. Karhanyan nunca volvió. Una cámara de seguridad ubicada en la intersección de Paysandú y Rivadavia lo registró por última vez. Desde entonces, ni él ni sus pertenencias jamás fueron halladas. 

Este martes, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó una recompensa de 5 millones de pesos para hallar al oficial Arshak Karhanyan. El anuncio se realizó luego de que el Presidente, Alberto Fernández, recibiera en la Casa Rosada a Vardush Davtyan, su madre. En el mismo encuentro estuvieron presentes el Ministro de Justicia, Martín Soria; de Seguridad, Sabina Frederic y los legisladores Leandro Santoro y Victoria Montenegro. 

A dos años de su desaparición, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó en el expediente judicial solicitando ser tenida como parte querellante y que la causa pase al fuero federal para que se investigue bajo la hipótesis de desaparición forzada. El pedido se justifica en que la víctima pudo haber sido privada de su libertad con alguna participación de una fuerza estatal, en este caso, miembros de la Policía de la Ciudad. La fiscal actuante realizó la misma solicitud y alertó sobre graves irregularidades en la investigación.

El 28 de abril el juez Baños rechazó el pedido de la Secretaría de ser querellante y de remitir la causa al fuero federal al no coincidir con la hipótesis de desaparición forzada, y reasumió la investigación de la causa que hasta ese entonces se encontraba delegada en la fiscalía. Esta resolución fue apelada por la Secretaría y la Fiscalía. Lo cual derivó en que la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirme lo resuelto por Baños. Frente a esta situación se interpuso un recurso de casación que fue admitido por la Cámara de Apelaciones, y actualmente el tema se encuentra a estudio de la Cámara Nacional de Casación Penal desde el 9 de agosto.

Según el ministro Soria, se trata de una causa que tuvo «muy pocos avances» con «pericias plagadas de irregularidades, donde se le dio intervención a la misma Policía de la Ciudad, con resultados lamentablemente negativos y teléfonos celulares que se borraron misteriosamente», además de aportes de datos de cámaras de seguridad «de un día antes o después del hecho» o la recuperación de información «que se volvió a borrar de los discos rígidos».

La prueba más sólida que daría cuenta de la complicidad de miembros de la Policía de la Ciudad se relaciona con la pericia realizada sobre su teléfono celular. La misma fue ordenada a la Unidad de Cibercrimen de la propia Policía y demostró que habían eliminado todo el contenido del celular. La misma pericia la repitió la Policía Federal. Allí se logró restablecer el contenido a través de una copia de seguridad, aunque no en su totalidad. Una junta de peritos integrada por expertos de distintas fuerzas confirmó que la pericia inicial –a cargo de la Policía de la Ciudad- estuvo plagada de errores. El informe señala que «no se respetaron las buenas prácticas de la informática forense”.

Además, según destaca el fiscal en su dictamen de febrero de este año, en un determinado momento en que se había ordenado la realización de diversos allanamientos sobre miembros de la Policía de la Ciudad sospechados, jefes de esa fuerza y hasta el Secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron a ver al fiscal y al juez. Después de eso, el juez desistió de realizar los allanamientos.

Frederic opinó que «no se haya tomado alguna acción sobre la pérdida de información en la pericia y que la fuerza no haya iniciado un sumario es una muestra del desinterés en el profesionalismo”. Además declaró: «El Presidente dijo que no puede ser que en este país desaparezca una persona y no se sepa nada de ella».

 

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