DOS PROCLAMAS

La proclama de San Nicolás y la del nacionalismo popular y democrático

 

Las patronales agropecuarias agrupadas en la Mesa de Enlace participaron del acto de 9 de julio en el que se hizo pública una proclama, que bautizaron con el nombre del lugar del evento, la ciudad de San Nicolás. Sobresalió la presencia de la invitada “política”, Patricia Bullrich, referente del Macri-bolsonarismo. El texto difundido por los organizadores consta de 8 puntos, que representan una clara defensa de intereses sectoriales, pero no sólo eso, sino que también se enlazan con una tradición de la cultura política argentina de raíz liberal, que con el paso del tiempo asumió su afirmación y revisión por el neoliberalismo. El carácter de esa tradición tiene fuertes perfiles de clase, que promueve la organización institucional de la Nación bajo las premisas de una República liberal, de carácter contradictorio con los principios de funcionamiento de una organización democrática de la vida popular.

 

 

Constitucionalismo del siglo XVIII

En su primer punto dice la proclama:

  “Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible”. 

 

 

El escrito de este punto omite referirse al Poder Judicial, que es el que en la Argentina lleva el peso del más grave deterioro de prestigio y confianza, por lo que requiere de una profunda reforma. Hoy está constituido como una corporación que se apropió de un poder del Estado. Está compuesto por muchos jueces cuyos fallos y medidas de amparo responden claramente a las necesidades del poder económico concentrado, como en el caso de la regulación de los precios de los servicios de comunicación informáticos que resultan esenciales en tiempos de pandemia. La Corte Suprema, su organismo máximo, ha dictado fallos cuestionables en términos constitucionales, como otorgarse la facultad de resolver sobre la aplicación o no de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reservándose una competencia reñida con la Constitución Nacional. Un Poder Judicial que convirtió a la prisión preventiva en un instrumento de persecución política. La crisis del Poder Judicial no se remite al ámbito nacional sino que rige también en los niveles provinciales, como en el caso jujeño, donde el Poder Ejecutivo diseñó una estructura a su gusto para formalizar su objetivo represivo sobre Milagro Sala y la Organización Barrial Túpac Amaru. También en Santiago del Estero y otras provincias los poderes judiciales se dedican a dictar desalojos de tierras de familias que las poseen desde tiempos ancestrales.

La Proclama acude, tácitamente, a colocar la Constitución como un texto de limitación de los poderes elegidos por el pueblo. No dice nada del arcaico Poder Judicial, diseñado para la República liberal, cuya reforma es indispensable para la democracia argentina y constituye una de las tareas urgentes para revivificar la institucionalidad del país.

 

 

La fuente de la riqueza

El punto 2) de la proclama es claramente plutocrático, su texto reza así: }

“Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales”.

¿Qué refiere el texto respecto a la actividad productiva como fuente de riqueza? Esta se construye con la disponibilidad de recursos naturales con que el hombre cuenta para transformar y enriquecer, y con la aplicación de trabajo humano sobre aquéllos. Es una verdad de Perogrullo afirmar que sin las distintas esferas de la economía en funcionamiento un país no puede sostenerse. Pero a lo que se dirige este punto del escrito de San Nicolás es a reclamar dos reformas ofertistas y neoliberales:

  • a) menos impuestos y
  • b) menos derechos para los trabajadores.

Así es que en una sociedad que se despliega en un sistema con propiedad privada de los medios de producción, lo que exigen los autoconvocados por la Mesa de Enlace es más concentración del ingreso y la riqueza, a lograr mediante la baja de tributos y con el aumento del poder de los patrones sobre los trabajadores. Los reunidos en San Nicolás velan cuestiones de disputas por la distribución del ingreso y la riqueza, con una máscara que alude a requisitos productivos. Sin esas dos reformas, dicen, no se podría producir. Así se quiere debilitar y castigar a quienes son el verdadero motor de la producción de riqueza, quienes llevan concretamente a cabo la actividad productiva, mientras se predica desfinanciar al Estado, con la consecuencia inevitable de que con menores ingresos se dispondrá de menos recursos para la reducción de la pobreza, que afecta a más del 42% de la población. Este punto revela que la Proclama se propone una ofensiva de clase contra los trabajadores y sindicatos y está en las antípodas de perseguir la construcción de un Proyecto Nacional compartido.

 

 

El derecho de propiedad

En el punto 3) la orientación de la Proclama queda más develada cuando sus escribas dicen:

“Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución”. 

El pacto de San José de Costa Rica al cual adhirió la Argentina y al que la Reforma de 1994 le dio rango constitucional dispone: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. Vale decir que el derecho de propiedad, efectivamente está garantizado, como derecho relativo y limitado por la utilidad pública y el interés social, no como derecho absoluto a secas. Pero la Constitución Nacional además garantiza en su artículo 14 bis que  “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil… participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario… el acceso a una vivienda digna”.

Entonces el funcionario público deberá garantizar el derecho de propiedad relativo y limitado, compatibilizándolo con estos derechos del artículo 14 bis, que tienen el mismo rango que el de propiedad, ya que Argentina ratificó y constitucionalizó los instrumentos dictados en el ámbito del Derecho Internacional de los derechos humanos, que tienen como principio la no preeminencia de ningún derecho sobre otro. El derecho de propiedad no precede al derecho a la vivienda, por poner un ejemplo. Tampoco al de la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Estos dos últimos, por ejemplo, están pendientes de cumplirse mientras el santificado derecho a la propiedad rige con aspiraciones, de los que la tienen en forma concentrada, a dotarlo de primacía. Interesa el lenguaje que se utiliza cuando se dice “todo funcionario público”, que revela un desinterés de las patronales agrarias respecto a las condiciones de origen de los gobernantes y legisladores cuya fuente de poder radica en la decisión popular, respecto de aquellos funcionarios encargados de colaborar con los primeros.

 

 

Una sociedad de clases

En el punto 4) plantea un justo objetivo:

“Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros)”.  

Hasta aquí no hay polémica con lo reclamado –en general justo, aunque no distingue a los sujetos por tamaño y poder—, pero sí con lo no reivindicado. Nada se pide para los sectores postergados, vulnerables, que también se han quedado sin actividad (¿o las changas no son dignas?). Ese contraste entre la fina sensibilidad para la gente como uno y la insensibilidad frente a las masas de argentinos empobrecidos e invisibilizados, da cuenta sobre la impregnación de la Proclama de San Nicolás con una Argentina meritocrática, de elegidos y entenados, en donde quede naturalizada la desigualdad, el que siempre habrá pobres y que el dominio de la política resida en una oligarquía. Finaliza el punto 4) diciendo que

 “Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse, ya que es el propio Estado el que les impide trabajar en nombre del bien común; y las limitaciones a su actividad no deben prolongarse ni un minuto más de lo estrictamente necesario”.

Nuevamente la solución queda propuesta en la reducción de impuestos. No se comenta nada de la utilización del direccionamiento crediticio del Estado para resolver el problema, o de una política de subsidios, que impidió que la recesión fuera mucho más grave durante el primer año de pandemia.

 

 

Maridaje político

El punto 5) hace una opción partidaria. Fue Juntos por el Cambio, la opción electoral neoliberal la que caracterizó falsamente la suspensión de la educación presencial como una violación al derecho a la educación, mientras se trataba de proteger la salud para defender el derecho a la vida, en el medio de una peste. Los trastornos en la vida cotidiana causados por el coronavirus fueron utilizados en el intento de reservar y conquistar una clientela electoral, para una Alianza política que en el anterior período de gobierno sumió al país en un inédito nivel de endeudamiento. Así queda plasmada la opción partidaria de la Mesa de Enlace en el texto:

“Que la educación es un derecho inalienable, y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable”.

Larreta dixit.

 

 

 

Reprimarización y privatización absoluta de la renta agraria

El  punto 7) refleja el interés sectorial de los propietarios de tierras que gozan de niveles altísimos de renta diferencial, producto de la pródiga naturaleza del suelo argentino. Ahí aparece la defensa de los grandes beneficios y rentas que obtienen en la actual coyuntura internacional. Fortíssimo:

“Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible”.

Reclaman la privatización completa de la renta de las tierras argentinas, que están en un primer nivel de fertilidad mundial. No dicen que la única fuente de reservas proviene de las exportaciones —aunque esto sería técnicamente cuestionable, también— sino que hablan de única fuente de ingresos. No es una falla, es una intencionalidad, es la formulación: Argentina somos nosotros.  Una política económica sin retenciones, ni desdoblamiento cambiario, lleva a la reprimarización del país. A un incesante ascenso de la tasa de desempleo. A una polarización social sin antecedentes. La regulación del sector externo, los cupos y restricciones constituyen una política para defender el derecho a la alimentación.

El pueblo votó una política económica con intervención del Estado. No votó neoliberalismo. La proclama empieza pidiendo respeto cuidadoso a la propiedad privada, aludiendo a la Constitución y termina exigiendo un programa rechazado por el voto ciudadano.

 

 

Divorciar al poder de la política

El punto 8) expresa la clave del proyecto de la Proclama plutocrática:

“Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis”.

Piden la reducción de impuestos, dictaminan que debe financiarse con la reducción del gasto público. Pocos impuestos, poco gasto. Un Estado chico y débil. Quieren gobernar el país desde el descontrol del liberalismo neo, desde los mercados oligopólicos que dominan, desde el monopolio de las divisas que consiguen por ser propietarios del fértil suelo argentino. Es un programa para que la fuente del poder no radique en la elección y participación del pueblo sino en el derecho de propiedad. Una música que desentona con el 9 de Julio, día de la Independencia. Para eso es la especificación de la necesidad del ajuste de la “clase política”. El objetivo es degradar a la política para desplazar la dirección del país y sus proyectos futuros a otros ámbitos. La palabra clase es usada como calificativo para desmerecer lo político. Como todo el poder concentrado, la oligarquía campestre reclama reformas estructurales y ajuste fiscal, en tiempos de negociación con el FMI. Muy inoportuno para los intereses nacionales.

 

 

 

La proclama del nacionalismo popular y democrático

En el mismo día miles de dirigentes gremiales y políticos, intelectuales, profesionales, artistas, trabajadores de la cultura, músicos, religiosos, educadores de una pluralidad de identidades políticas e ideológicas han difundido la Proclama del 9 de julio denominada Independencia económica es más justicia social, trabajo digno, salarios justos y producción nacional, cuyos contenidos axiales proponen un Proyecto Nacional de carácter antagónico con el desplegado en San Nicolás. Un desarrollo de seis páginas señala entre otras cuestiones centrales, no más importantes que otras no reseñadas aquí:

  • Es imprescindible una enérgica reposición de derechos universales, que son la fuente de la justicia social, y que deben desplazar a las ideas de políticas focalizadas, promovidas por el FMI y el Banco Mundial, típicas de la beneficencia que, en lugar de perseguir la inclusión, están dirigidas a debilitar la lucha contra la profundización de la exclusión. Es preciso y posible motorizar la enorme capacidad ociosa —en la mayor parte de los sectores productivos, de más del 40%— y las potencialidades humanas desaprovechadas y marginadas;
  • La consolidación y ampliación de los derechos laborales y sociales conquistados, promoviendo la efectiva y plena vigencia del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional;
  • El crecimiento de los salarios e ingresos por encima de la inflación;
  • El desacople de los precios internacionales y domésticos y el control de prácticas monopólicas y oligopólicas;
  • La creación de trabajo y el robustecimiento del mercado interno;
  • El fomento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales;
  • Que el Estado debe cumplir un rol central, interviniendo, regulando, supervisando, orientando, planificando, generando incentivos y oportunidades para los sectores claves de la economía, produciendo bienes y servicios que favorezcan la integración social y territorial de la Argentina;
  • Reducir la jornada laboral conforme con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, el crecimiento de la masa salarial y la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras no vivan para trabajar, sino que trabajen para vivir;
  • Considerar la explotación de nuestros recursos naturales como un bastión de soberanía política y económica, y de resguardo estratégico. Emprender la reconstrucción de la capacidad empresarial del Estado en áreas estratégicas. Como la minería, donde sería promisoria la creación de una empresa pública, integrada por el Estado nacional y los provinciales. También la creación de una agencia pública que intervenga en el comercio exterior sería un aporte a la transparencia y la adecuada regulación del mismo, que ayudaría a mejorar el resultado fiscal, y a limitar los efectos en los precios internos de las fluctuaciones de los mercados internacionales. La independencia económica se articula, así, con la justicia social;
  • Fortalecer el entramado educativo y científico-tecnológico nacional fomentando las actividades ligadas a la innovación y el desarrollo, para mejorar las condiciones productivas y de vida de la población, superar atrasos sectoriales y regionales y garantizar el equilibrio ambiental;
  • Diversificar la estructura productiva y dar valor a las exportaciones, es una tarea sustantiva. Políticas que cierren la brecha de productividad intersectorial de la estructura productiva son determinantes para superar la restricción externa, para lo cual el papel del Estado resulta clave.

Como se ve, dos visiones del país y dos concepciones del mundo, antagónicas y excluyentes.

 

Proclama del 9 de julio – INDEPENDENCIA ECONÓMICA ES MÁS JUSTICIA SOCIAL, TRABAJO DIGNO, SALARIOS JUSTOS Y PRODUCCIÓN NACIONAL

 

 

 

 

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