DOS VISIONES OPUESTAS

El gran poder económico prioriza el control político de la economía más allá de su puro interés económico.

El debate de ideas y la diputa entre sectores y clases sociales, entre las organizaciones del poder económico y los espacios conformados por el sindicalismo combativo y representaciones de pymes, se despliega respecto a dos visiones opuestas en relación a la política económica:

  • La crítica a la intervención del Estado en la economía y el reclamo de la iniciativa y centralidad privada en la determinación de precios, la regulación de las condiciones laborales y el carácter, el destino y nivel de la inversión. Aceptación del alineamiento de los precios del mercado interno con los internacionales.
  • La reivindicación de la intervención estatal, con objetivos de una distribución del ingreso más igualitaria, mediante la adopción de medidas extramercantiles (como determinadas formas de control de precios y/o seguimiento de su formación en las cadenas de valor). Desacople de los precios del mercado interno respecto de los internacionales.

De estas dos perspectivas sobre la economía derivan dos proyectos de sociedad antagónicos en cuanto a la distribución del ingreso, la relación entre la política y la economía y la asignación de recursos hacia las distintas áreas productivas. También las diferencias son sustanciales en relación al nivel de la inflación y las estrategias para controlarla, como así también respecto de la oscilación de ese nivel de precios.

Comercio exterior e intervención del Estado

Un tema sustantivo es la opción por el alineamiento de los precios internos con los internacionales o no. En Argentina esto resulta un tema de gran significación. Siempre que se presenta una suba de los precios internacionales de los bienes-commodities que exporta el país, la suba de los precios internos es automática, cuando no hay medidas que la eviten. Si la soja duplica su valor internacional,  aumentará en el mercado interno en proporción similar, expandiéndose el efecto a todos los bienes que ajustan por su precio, como lo hacen la tierra, su renta y distintos insumos para la producción de otros cereales y oleaginosas. El impacto lo reflejarán los bienes agroindustriales fabricados con esos insumos y que también experimentarán la mejora de su valor internacional. En las actuales circunstancias,  los precios de todos los bienes que conforman las exportaciones tradicionales agropecuarias están en alza. Si no se toman medidas que desacoplen los precios locales de los internacionales, y siendo las exportaciones típicos bienes-salario, la pérdida del poder de compra de las remuneraciones es sustantiva. Si la demanda de los bienes que subieron de precio resulta inelástica, entonces por el efecto de la baja del ingreso real de los sectores de remuneraciones fijas se reducirá fuertemente la demanda sobre la producción de la industria dedicada al mercado interno. Así, el cambio de las condiciones internacionales modificará las señales de precios en la economía, impulsando su reprimarización. Con este rumbo no existe un proyecto de desarrollo racionalmente conducido, sus ritmos fluctúan al ritmo de la navegación de la economía internacional.

La distribución del ingreso y asignación de recursos van a la deriva por el mismo oleaje. Si por la correlación de fuerzas sociales se impondría un aumento de salarios, crecerán los costos industriales y habrá presiones al alza de sus precios, estimulando la puja distributiva y la inflación.

La mejora de los precios internacionales provoca un crecimiento de la renta diferencial de los propietarios agropecuarios, compartida con la cadena agroindustrial y las multinacionales agroexportadoras, una mejora de ingresos que no expresa ninguna causalidad referida a esfuerzos inversores o mejoras de la productividad. Esa renta deviene del derecho de propiedad de la tierra y de condiciones de inserción en la cadena productiva ligada a esa propiedad. Por eso las retenciones constituyen una herramienta eficiente para el desacople, que resulta un objetivo valioso. Las retenciones son una forma de intervención coyuntural del Estado en la economía. Si fueran móviles constituirían una política permanente de carácter racional, para establecer una lógica de precios internos que respete una razonado sistema de desacople de los vigentes en el mercado mundial.  Sin embargo, los requerimientos de una política que pretenda la diversificación productiva y la evitación de los desarreglos de su marcha introducidos por los cambios de los precios de sus bienes exportables, necesitan de más instituciones. U

n ente como la Junta Reguladora de Granos, como lo insinuó Omar Plaini – secretario del sindicato de canillitas-, y cuya recreación fue llevada al Congreso por la senadora del Frente de Todos por Río Negro Silvina García Larraburu – quien acaba de presentar un proyecto de Ley a tal fin- resultaría en un paso decisivo para el mencionado desacople y también para diferenciar los precios internos entre productores de distinto tamaño, zona, productividad de la tierra, etc. Otras alternativas serían la creación de una Agencia Estatal que intervenga en el sector, o una empresa testigo de dimensiones que con su participación en el comercio exterior pueda fijar la orientación de las condiciones en que se desarrollan las exportaciones, mejorando la transparencia de ese mercado.

El rechazo de las organizaciones del gran empresariado a estos instrumentos resulta unánime y tiene como sustento su adhesión al liberalismo neo. Ese rechazo está impregnado por el dogma del “estado de confianza”  que predomina sobre la “maximización de las ganancias en condiciones de pleno empleo”. El “estado de confianza” requiere la ausencia de fortaleza del poder de los trabajadores para disputar la distribución del ingreso, asociada con la renuncia estatal a una intervención decisiva en la economía. Un presupuesto chico, con un gasto social restringido, con el mayor nivel de la inversión delegado en el sector privado, constituye la garantía –por incapacidad- de la no intervención del Estado. El gran poder económico ha optado por priorizar el control político de la vida económica más allá de la maximización de su puro interés económico. Esta es una barrera no menor para un proyecto nacional que intente una política de desarrollo y de promoción de la igualdad. Este posicionamiento es un freno a la industrialización, la diversificación productiva, la disminución de la pobreza y a la mejora del nivel de empleo.

De la inflación

Las mismas razones llevan a los grupos de poder concentrado a adherir a los enfoques monetaristas de la inflación, adjudicandola a la emisión monetaria, que derivaría del déficit fiscal, que a su vez sería causado por el nivel del gasto público. La misma posición para oponerse a la intervención del Estado se acomoda también al diagnóstico sobre las causas de la inflación. Sin embargo, en Estructura productiva y determinación de precios (CEFID-AR, 2006), Borzel y Kiper hallaron que “los precios internos mayoristas de la siderurgia, la química básica, el petróleo y los cereales estuvieron fuertemente relacionados con los precios internacionales de dichos productos En contextos de devaluación y subas de precios internacionales ello redundó en un significativo incremento de los precios pagados por los compradores locales y, dada la menor variación relativa de los costos, en un sustancial aumento de las ganancias unitarias de los productores… La lógica de determinación de precios descripta se vio favorecida por los altos niveles de concentración de algunos de los mercados analizados (como la siderurgia o el petróleo crudo). En el mismo sentido parece haber incidido la significativa transnacionalización de la estructura productiva de dichos sectores, que tiende a reforzar los estímulos al alineamiento de los precios domésticos con los vigentes en el mercado internacional… En otros casos, como en la cadena cárnica o láctea, los determinantes específicos de los precios se vincularon fundamentalmente a la emergencia de «cuellos de botella» y a las tensiones en la disputa por el excedente entre los distintos actores del entramado sectorial… Por su parte, en sectores de elevada concentración como el cemento y la cerveza se verificaron dinámicas de precios significativamente divergentes respecto de los costos, las cuales redundaron en fuertes incrementos de la rentabilidad unitaria… La evolución de los precios de los medicamentos se vio afectada por la influencia del valor de los insumos importados sobre la estructura de costos, particularmente en momentos de depreciación del tipo de cambio. Por otra parte, la rigidez a la baja de los precios ante la apreciación de la moneda daría cuenta de la existencia de efectos asimétricos en la relación entre el tipo de cambio y los precios del sector; asimetría que no puede ser disociada del elevado poder de mercado que detentan las empresas farmacéuticas… En el caso de los bienes que se comercializan fundamentalmente en nuestro país los principales factores explicativos de la formación sectorial  de precios resultaron ser el costo de los insumos y el margen de beneficios perseguido por los empresarios”.  Como se ve en el estudio  sectorial el peso de los precios internacionales, de la variación del tipo de cambio, de la concentración de la oferta y de la puja distributiva en las cadenas productivas constituyen las diferentes razones que explican la inflación, alejadas del dogma repetido por la ortodoxia neoliberal.

Entonces, la política antiinflacionaria para defender los incrementos de los ingresos que son imprescindibles de incrementar a los ciudadanos de ingresos fijos durante 2021, requiere:

  • resistencia gubernamental  a las presiones devaluatorias,
  • seguimiento y ordenamiento de los márgenes y los precios en las cadenas productivas,
  • regulación de la evolución de los precios en los sectores de alta concentración.

A lo que se debe agregar una política tarifaria alineada con los ingresos de los sectores populares. Hará falta, entonces, un Estado con un tamaño capaz de llevar a cabo estas tareas de intervención, acompañado por una adecuada organización y eficiencia. En muchos de los bienes esenciales será imperiosa la reorganización e intervención en las cadenas de distribución.

Credo liberal o democracia

Los clásicos del desarrollo lo concebían como “el resultado de una sucesión de situaciones de desequilibrio”. Así lo expresaba Albert Hirschman para quien “ determinados proyectos de inversión tienden a dar lugar a nuevas oportunidades de negocios en diversos sectores de la economía, sea porque contribuyen a aumentar la rentabilidad (al reducir sus costos de producción) de otros sectores ubicados «aguas abajo» en la cadena productiva, porque permiten un mejor aprovechamiento de las economías de escala al expandir el tamaño de los mercados, o porque aumentan el grado de especialización en el sistema productivo. El análisis individual de costo-beneficio es incapaz de anticipar este tipo de retorno social… las economías en proceso de desarrollo tienden a exhibir ciertas discrepancias sistemáticas entre costos privados y sociales, lo que implica que descansar en el mercado llevaría a una mala asignación de recursos”. Estas características exigen la intervención del Estado con el objetivo del despliegue de nuevas cadenas productivas.

Pero la actitud clasista del bloque de poder en la Argentina actual se opone a la tradición nacional y popular que reivindicó históricamente el papel estatal, concebido como el despliegue de instituciones para la construcción de autonomía nacional  y la igualdad social.

Estado abstenerse

El documento del Foro para la Convergencia Empresarial del 6 de enero de 2021 lleva en su título el intento de impedir la realización de un programa nacional, democrático y popular. El sector privado actor clave en la recuperación argentina, se opone a “medidas tales como la intervención del mercado de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la prohibición de las exportaciones agropecuarias, el congelamiento de precios de alimentos y servicios y de las tarifas de electricidad y gas y la anulación del aumento otorgado a la medicina prepaga el mismo día en que el mismo había sido aprobado”. El empresariado concentrado rechaza el papel fundamental que debe jugar el Estado en un país periférico-dependiente como la Argentina y confronta con la indispensable regulación estatal de precios y tarifas en sectores esenciales, como así también,  con la graduación cuantitativa en determinadas exportaciones para garantizar el normal abastecimiento interno, necesaria en pos de evitar consecuencias perjudiciales de los cambios de los precios internacionales del maíz.

Como sostiene Karl Polanyi,  el credo liberal ha argüido sistemáticamente que la razón de todas las dificultades que experimentaba, devenían de la aplicación incompleta de sus prescripciones. El poder concentrado no está dispuesto a respetar la regulación del Estado, quiere retroceder dos siglos para implantar mercados autorregulados separando completamente la esfera de la política  de la económica. El credo liberal y su dios mercado instituyen que la política no se meta en la economía. Prescriben una ficción democrático-representativa como óptimo institucional, cuyo campo de decisiones tiene amputada la posibilidad de intervenir en los asuntos que son esenciales para el bienestar social. En el siglo XXI la esfera económica quedaría reservada a las decisiones del sector privado, cada vez más concentrado.

Resulta clave para el proyecto nacional y popular asumir su carácter de portador legítimo de la voluntad popular y desarticular la enajenación entre lo económico y lo político. Desacople de precios internos de los internacionales, regulación de los precios de las prepagas y de las tarifas de los servicios de comunicaciones, intervención en el comercio exterior, son parte de funciones democráticas ineludibles. El programa de esferas escindidas promovido por el Foro de Convergencia Empresarial, la Sociedad Rural y la AEA resulta inadmisible para un Proyecto Nacional. El empresariado concentrado está empeñado en evitar las transformaciones económicas decididas por la voluntad de las mayorías populares. La democracia sustantiva dispone la dirección   de la política –así como la determinación de su alcance- para los gobernantes legítimos y no para el poder económico.

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