EL ACARREO DEL CURRO

Para el gobierno de la patria contratista, donde hay una necesidad nace un negocio

 

Para el gobierno de la patria contratista, donde hay una necesidad nace un negocio. Es el caso del servicio de grúas y acarreo en el que las empresas pagan un canon de sólo 55.000 pesos por mes y levantan 14 vehículos por hora a un valor de 6.000 pesos por cada vehículo. Es decir, en menos de una hora amortizan este ridículo canon y que sólo lo cubrirían con levantar 9 vehículos.

Las dos empresas que se reparten otro de los tantos negocios de la ciudad son Dakota–STO y BRD–SEC.

Dakota–STO significa Sistema de Transito Ordenado. Paradójicamente no tiene ordenadas ni sus cuentas, ya que no presentó sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos cuatro años.

Por otra parte, la empresa BRD–SEC en su página web oficial se jacta de haber logrado crecer y diversificarse a lo largo de sus 40 años de existencia hasta integrar proyectos industriales, financieros y de servicios. Un exitoso microemprendimiento.

Ambas empresas vienen operando con licitaciones vencidas hace 20 años por sucesivas prórrogas y ganando 547 millones de pesos en 2021 a cambio de chirolas.

Los ganadores y perdedores son siempre los mismos.

 

 

 

 

 

 

Las irregularidades legales

Para que una empresa privada preste un servicio público, tiene que haber ganado una licitación pública. Este procedimiento está previsto en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires. En ella, no se establece un límite a las prórrogas de licitaciones vencidas. Sin embargo, el Artículo 7 establece los principios generales que debe respetar toda contratación. Entre ellos:

  • Legalidad (todo contrato debe respetar el ordenamiento jurídico);
  • Razonabilidad (debe tenerse en cuenta el interés de la comunidad);
  • Libre competencia entre los que estén en condiciones de prestar el servicio.

Ninguno de estos principios se respeta aquí. Tenemos una licitación vencida hace 20 años. Es muy claro que, vencido el contrato, debía quedar sin efecto y llamarse a nueva licitación. Además, es llamativo que en las sucesivas prórrogas no se haya actualizado el canon insignificante que mencionamos al comienzo.

 

 

 

El Estado buchón

Desde el Frente de Todos, el legislador Juan Manuel Valdés presentó el 19 de julio un proyecto en la Legislatura  que proponía suspender el servicio hasta que se concrete la licitación. Entretanto, preveía que se garantice el acarreo de aquellos vehículos que obstaculicen el tránsito de personas con discapacidad. “Frenemos el negociado de las grúas. Presenté un proyecto para suspender el acarreo hasta que regularicen a las dos empresas a cargo con concesiones vencidas hace 20 años. Juntan millones, molestan a los vecinos y sus papeles no están en regla”, expresó.

 

 

 

La reacción no se hizo esperar: Tan solo 10 días después, el gobierno llamó a la tan esperada licitación, pero con algunas curiosidades.

Los vecinos podrán pedir la grúa si ven algún vehículo en infracción, mal estacionado, en cualquier calle de la ciudad, incluso en la puerta de su casa. La denuncia se podrá realizar por Boti (el canal de atención a través de WhatsApp), la línea telefónica 147 o en los perfiles de Twitter, Facebook o Instagram.

Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas explicaron que las grúas no realizarán ningún patrullaje por la Ciudad, sino que se trasladarán hacia un lugar determinado de acuerdo a la demanda en tiempo real. Cuando se definan  las nuevas prestadoras, van a recibir un pago mensual por el servicio, mientras que la Ciudad percibirá la multa que paguen los infractores.

Aquí vemos una brillante jugada de marketing barato: el gobierno de la Ciudad ahorrará costos operativos haciendo trabajar a los vecinos en busca de infractores, mientras llena sus ya rebosantes arcas con las multas por mal estacionamiento que van de casi 6.000 pesos hasta 17.000, sumado al acarreo que cuesta casi 7.000 pesos.

Según datos oficiales, entre enero de 2021 y junio de este año el Gobierno recibió más de 200.000 denuncias por vehículos estacionados en lugares indebidos.

El promedio da unas 500 denuncias por día. Además, para agilizar el sistema de buchoneo, el gobierno porteño instalará en cada una de las zonas dos playas de acarreo y las nuevas grúas deberán incorporar un sistema GPS y sensor de límite de velocidad para un seguimiento y control.

En una ciudad con una pobreza que oscila entre un 21,6% [1] y 27% [2] de la población, es lindo ver a un gobierno de la Ciudad enfocado pura y exclusivamente en un curro.

 

 

 

 

 

[1]Según la Dirección General de Estadística y Censos (DGEYC) de la CABA
[2]Según el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)

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