El agente secreto

Rechazo de nuestras elites al desarrollo industrial y la soberanía política

 

En febrero de este año se estrenó El agente secreto (O agente secreto), dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, Gabriel Leone, Tânia Maria y un elenco extraordinario. La historia transcurre en 1977, durante la dictadura militar en Brasil, bajo el gobierno del general Ernesto Geisel, cuyo retrato omnipresente nos observa en cada oficina pública. Marcelo, un profesor universitario viudo, llega a Recife para buscar a su hijo pequeño e irse al exilio. Lo persiguen los sicarios enviados por un empresario que lo detesta por un conflicto que parece menor, relacionado con la universidad y unas patentes. Como ocurre en Aún estoy aquí (Ainda Estou Aquí, 2024), película de Walter Salles que relata la historia del ingeniero Rubens Paiva, detenido y desaparecido por la dictadura militar; Kleber Mendonça Filho opta por describir el horror del régimen desde la mirada íntima de una familia. Al igual que con el entorno familiar de Rubens Paiva (en particular con su esposa, que lo busca incansablemente), la relación entre Marcelo, su hijo pequeño y sus suegros trasmite la angustia y el peligro inminente de la época sin necesidad de subrayados. El director confía en nosotros, espectadores, y evita condenarnos a una explicación tan pedagógica como tediosa. El otro aspecto atractivo de la historia es que describe el componente empresarial de la dictadura, un tema muchas veces soslayado. Henrique Ghirotti, el empresario que persigue a Marcelo, está conectado con el régimen militar y desprecia a los investigadores universitarios por asimilarlos a una militancia de izquierda que, según él, no comprende el país que se viene. Esa relación promiscua entre el sector privado y las Fuerzas Armadas nos recuerda La historia oficial (1985), de Luis Puenzo, protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro. En ambas películas, la dictadura es analizada desde el relato íntimo, donde los incentivos materiales de quienes apoyan al régimen cohabitan con sus efectos trágicos.

La primera escena de El agente secreto –en una estación de servicio de la ruta donde se mezcla el aire festivo del carnaval y un cadáver en medio de la nada– anuncia el tono de la película. El protagonista se esconde bajo un nombre falso y, como suele ocurrir en los thrillers, que ignoremos sus razones sólo potencia la intriga. La historia va y viene, a través de raccontos, entre los ‘70 y el presente, donde una joven investigadora estudia lo ocurrido con Marcelo, siguiendo su derrotero a través de los diarios de aquella época y grabaciones más o menos clandestinas.

Resulta difícil no hacer un paralelismo entre la historia que desarrolla El agente secreto y nuestro presente calamitoso. El desprecio de Ghirotti hacia los investigadores, el eficientismo bobo que lo lleva a eliminar subsidios en áreas cuyo interés no comprende o incluso el cipayismo que lo impulsa a pretender frenar el desarrollo científico local, son toxinas que encontramos hoy en el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, considerar que ambos modelos de desarrollo, el de Argentina y el de Brasil, son similares, sería injusto hacia nuestros vecinos.

Hace unos días, el Presidente Lula Da Silva encabezó en São Paulo la ceremonia de exhibición del F-39E Gripen, avión supersónico desarrollado a partir de un acuerdo de cooperación técnica con la empresa sueca Saab. Brasil se ubica de esa forma entre los pocos países del mundo con capacidad para producir aviones de combate de estas características. “El proyecto permite la consolidación de nuestro poder disuasorio, ampliando la capacidad de garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional”, afirmó el ministro de Defensa, José Múcio. A diferencia de la Argentina, el desarrollo aeronáutico brasileño no ha sufrido los vaivenes políticos, ni siquiera entre gobiernos democráticos y dictaduras. De hecho, el primer avión diseñado por la empresa aeronáutica Embraer fue realizado pocos años después del derrocamiento del Presidente João Goulart en 1964, cuando el general Humberto Castelo Branco instauró una dictadura militar que perduraría hasta 1985. Sin esa primera aeronave, diseñada hace sesenta años, Lula no podría haber arrojado champagne sobre el fuselaje del primer avión de caza supersónico fabricado en América Latina.

 

Foto: Sebastiao Moreira.

 

Luego del fin de las dictaduras en la región, la Argentina y Brasil llevaron a cabo un proyecto aeronáutico común: el CBA 123 Vector, un avión diseñado para 19 pasajeros, desarrollado por Embraer y la Fábrica Militar de Aviones argentina. La experiencia de esta última era mayor que la de su par brasileña, por haber sido pionera en el desarrollo de aviones a reacción como el Pulqui I (1947), el primer jet diseñado y fabricado en la región, y, entre otras aeronaves, el Pampa (1984).

El Vector resultó demasiado caro para ser comercializado, pero, así como Brasil capitalizó esa experiencia, la Argentina sólo asumió pérdidas. Cuando algunos técnicos solicitaron al gobierno fondos para el desarrollo aeronáutico, Domingo Cavallo, el entonces ministro de Economía, les contestó que si tenían proyectos tan buenos, que se los vendieran al Citybank. La bravuconada ilustra una letanía tenaz de nuestra derecha, hoy extrema derecha, que consiste en calibrar el interés de la ciencia y la tecnología para la Argentina en base a un criterio inmediato de ganancia empresarial, obviando las implicancias de largo plazo de este tipo de proyecto para el desarrollo del país. Finalmente, en julio de 1995, la norteamericana Lockheed Martin Corporation, el mayor contratista de armas del Pentágono, adquirió la Fábrica Militar de Aviones; operación habilitada por un oportuno decreto del Presidente Carlos Menem. El valor estratégico de dicha empresa fue denostado por aquel gobierno, que la redujo a un simple costo; como ocurrió hace unos meses con IMSA (anteriormente Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.), empresa recuperada por el Presidente Alberto Fernández, y primera privatización bajo la gestión de Milei. IMSA fabricaba –entre otros equipamientos– turbinas, torres eólicas, y reactores de abastecimiento, elementos fundamentales para los sectores de energía hidroeléctrica, solar, eólica y nuclear. Al igual que la empresa aeronáutica, la empresa metalúrgica fue vendida por monedas. “Privatizamos IMSA”, se jactó el ministro Caputo, el Timbero con la Nuestra, en su cuenta de Twitter; con un tono similar al usado por su antecesor Cavallo hace tres décadas con la venta a precio vil de nuestra empresa aeronáutica.

 

 

Hace unos días, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió la sentencia contra la Argentina establecida por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien había impuesto a la Argentina una indemnización de 18.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. El fallo considera que la jueza interpretó de forma errónea la ley argentina y que dicha ley debe prevalecer por sobre cualquier norma corporativa de la empresa expropiada. El fondo Buitre Burford Capital perdió esta batalla.

 

 

Lo notable es que el oficialismo y sus adláteres mediáticos y económicos festejaron el fallo como un éxito propio. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner” afirmó el Presidente de los Pies de Ninfa en su lenguaje de matón de salita azul. En realidad, el fallo convalida no sólo la expropiación del 2012, sino la estrategia de defensa establecida por CFK, Axel Kicillof, el ex procurador del Tesoro Carlos Zannini y el ex procurador adjunto Sebastián Soler, y seguida con buen criterio por los técnicos actuales de dicha dependencia. Milei, como la mayor parte de la runfla financiera, denunció la expropiación por considerarla una “confiscación ilegal”, es decir, convalidó el reclamo buitre.

 

 

El Presidente de los Pies de Ninfa siguió así los pasos de Mauricio Macri, quien, en 2014, pidió aceptar el fallo a favor de los fondos Buitre en la causa del canje de deuda soberana: “Ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga”. Una aceptación que se tradujo en el pago voluntario dos años más tarde, apenas asumió como Presidente, de una suma mayor a la reclamada por los acreedores, ya que, con notable generosidad, la Argentina pagó incluso los honorarios de los abogados, que no estaban incluidos en la demanda inicial.

 

Por si quedara alguna duda sobre su lugar en el mundo, Milei acaba de anunciar un nuevo proyecto: “Hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones: para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”. Con una cortesía encomiable, le está avisando a los fondos buitre que, la próxima vez, la van a ganar. Olvida, o parece olvidar, que su gobierno se sostiene gracias a Vaca Muerta, cuyo control fue el resultado de la expropiación que tanto detesta.

 

 

Podemos establecer una línea roja entre la venta de la Fábrica Militar de Aviones, la privatización de YPF, la de IMSA y la destrucción de la ciencia y la tecnología que llevó adelante cada gobierno neoliberal, incluyendo el actual. Hay una coherencia que tiene que ver con el rechazo visceral al desarrollo industrial y, en el fondo, a la soberanía política. “¡Qué vocación de colonia, hermano!”, afirmó CFK el 25 de mayo de 2023 durante un acto en la Plaza de Mayo, al cumplirse 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Se refería a la oposición, pero podemos ampliar esa definición a gran parte de nuestra élite empresarial, que descree incluso de su propia grandeza y por ello mantiene su apoyo al gobierno de la motosierra, que proclama un seguidismo perruno hacia los Estados Unidos.

Para retomar el título de la película de Kleber Mendonça Filho, nuestra élite empresarial es el agente secreto que opera contra el desarrollo del país. La burguesía nacional, ese socio tan buscado por el peronismo, conforma junto el Lobizón, la luz mala y el Nahuelito, el bestiario imaginario de la Argentina. Es por eso que el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país depende casi exclusivamente del Estado.

Es una premisa que el peronismo debería tener en cuenta cuando, de forma casi inevitable, vuelva al poder.

 

 

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