El ajuste llega a los municipios

 

El gobierno bonaerense, mediante una serie de iniciativas contenidas en los proyectos de Ley de Presupuesto e Impositiva para el ejercicio 2019, tiene la firme decisión de afectar a los municipios de su territorio.

Por un lado, a través de mayores gastos por la transferencia de funciones desde el ámbito provincial (en algunos casos a raíz de su descentralización desde el gobierno nacional aprobadas en el Presupuesto Nacional) y, por el otro, por la menor recepción de transferencias financieras automáticas.

También se prevén mayores restricciones respecto al uso de recursos provenientes de transferencias automáticas provinciales, e, incluso, se pretende limitar la capacidad de los municipios bonaerenses para actualizar los valores de sus propias tasas municipales.

Por el lado de la transferencia de costos, según el mensaje de elevación del Presupuesto provincial del año 2019 estas son las medidas que incrementan los gastos o disminuyen los recursos municipales:

 

CEAMSE

Se suprime el pago que actualmente realiza el gobierno provincial por el servicio de disposición final de residuos. Se estima que los gobiernos locales deberán absorber unos $2.534 millones

 

Subsidios al Transporte

A raíz de la eliminación a nivel nacional (más allá de la supervivencia de un pequeño fondo, bajo la forma de transferencias no automáticas), los gobiernos municipales bonaerenses deben afrontar mayores erogaciones por $2.450 millones, si quisieran evitar el aumento del boleto en las líneas de transporte locales. Sin embargo, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires indica que la diferencia entre la tarifa y el costo del servicio (subsidio), en los municipios que cuentan con líneas municipales, sería de $5.914 millones en el AMBA y de $1.270 millones en el interior provincial, lo que totalizaría $7.184 millones.

A esto se suma el subsidio al gasoil, que hasta ahora no está claro si lo mantendrá la provincia. En el AMBA es de $2.516 millones y en el interior de $678 millones, lo que arroja un valor de $ 3.194 millones.

Ambos componentes, entonces, extienden el costo a absorber por los municipios bonaerenses a $10.378 millones, algo más de 4 veces lo indicado por el ejecutivo provincial.

 

Tarifa Social Eléctrica

A partir de la decisión del gobierno nacional de transferir su costo a las provincias, la gobernadora María Eugenia Vidal pretende trasladarlo a los municipios. Este costo no está cuantificado. Pero, según la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en el interior de la provincia de Buenos Aires existen 573.000 beneficiarios y en el AMBA (incluye la CABA) 1.310.140 beneficiarios.

En el cuadro tarifario vigente del ENRE, el cargo fijo mensual es de $30,69 y el variable es de $1,962, y la tarifa social bonifica el 100% de los primeros 150 kwh y el 50% de los otros 150 kwh hasta llegar a 300 kwh.

Por ende, si suponemos que de 1,3 millones de beneficiarios del AMBA, el 60% son bonaerenses, sumados a los 573.000 del interior, esto da un total de 1.359.000 beneficiarios. Si la mitad de ellos consume 150 kwh promedio por mes en un año y el otro 50% un total de 300 kwh promedio por mes en un año, el cálculo arroja una cifra de $6.500 millones anuales.

 

Fondo Provincial Solidario

La eliminación por el gobierno nacional del Fondo Federal Solidario impacta tanto sobre los gobiernos de nivel provincial como en los municipios. Según información del Ministerio de Economía de la provincia, el acumulado de enero a agosto de 2018 de las transferencias a municipios por este concepto totalizó $1.024 millones. A partir de septiembre se eliminó.

Un cálculo lineal permite indicar que en los últimos cuatro meses de 2018 los municipios dejan de percibir unos $512 millones y, considerando que en 2019 habrá una mayor recaudación de las retenciones a la soja y sus derivados, es estimable que el valor de la pérdida en 2019 se acerque a los $2.305 millones.

Un resumen de políticas que implican mayores gastos (o menores recursos recibidos) para los municipios en 2019, da lo siguiente:

 

Concepto	Estimación Mínima (en millones de pesos)	Estimación Media (en millones de pesos)	Estimación Máxima (en millones de pesos)
CEAMSE	2.534	2.534	2.534
Tarifa Social Eléctrica	6.500	6.500	6.500
Transporte	2.450	7.184	10.378
Fondo Sojero	2.305	2.305	2.305
Total	13.789	18.523	21.717

 

Estimación mínima según el proyecto de Ley de Presupuesto, estimación media acorde a 
la Defensoría del Pueblo, estimación máxima incorporando, dentro de lo proyectado por 
la Defensoría del Pueblo, el subsidio al gasoil.

 

Las mayores restricciones

Se trata, por una parte, de una mayor restricción en el uso de recursos provenientes de transferencias automáticas provinciales. Por otro lado, se busca limitar la capacidad de los municipios para incrementar la recaudación de sus propias tasas, no permitiendo actualizarlas de forma acorde al incremento del costo de los servicios prestados.

 

Fondo Educativo Provincial

El gobierno provincial le impone a los municipios del Conurbano aplicar el 100% de los recursos a infraestructura escolar. En cambio, a los municipios del interior el 70% de esos recursos. A los municipios del Conurbano se les transfirió por ese concepto la suma de $2.489 millones, de enero a septiembre de 2018. En todo 2018 recibirían $3.320 millones.

Por los recursos previstos en el presupuesto provincial, los recursos de ese Fondo para los municipios del Conurbano no serían menos de $4.450 millones en 2019,  lo que al imponerles esa restricción en el uso les condiciona el destino de esos fondos en aproximadamente $1.335 millones.

Resulta llamativo cómo crece la restricción a los municipios para desplegar y sostener políticas educativas acordes a su realidad local, a la vez que se les exige destinar recursos de origen provincial a una política (mantenimiento de la infraestructura escolar) que es de clara responsabilidad provincial, en un intento por deslindar responsabilidades por los futuros problemas (inevitables dado lo magro de los recursos asignados en relación a lo amplio de las necesidades más básicas en la materia) que se vayan a producir en este ámbito.

 

Cepo a las tasas municipales

Las autoridades provinciales proponen impedir que las tasas municipales se puedan actualizar, en 2019, en un porcentaje mayor al 38%, acorde al incremento previsto para el impuesto inmobiliario provincial.

Ello resulta lesivo para la autonomía municipal, para la buena salud de las finanzas de los gobiernos locales bonaerenses (dado que, con una inflación  del orden del 50%, resulta en una disminución real) y para la posibilidad de seguir prestando servicios con normalidad (dado que la norma, obviamente, no puede impedir que el costo de los mismos aumente muy por encima del 38% de referencia).

Esta batería de limitaciones, restricciones y ajustes a las finanzas de los municipios bonaerenses representa, según las estimaciones conservadoras, unos $15.100 millones que deberían aportar los municipios. Resulta imprescindible que la Legislatura provincial actúe como un contrapoder (de hecho en términos constitucionales es independiente del Ejecutivo) cuidando la autonomía municipal y la capacidad fiscal de los municipios para hacerse cargo de sus funciones. Aprobar un presupuesto que incorpora estas iniciativas tan opuestas al interés del pueblo bonaerense sería un grave error.

 

(*) Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento

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