El año bisagra del macrismo

La puja del gobierno con los trabajadores crecerá en 2019

 

2018 es el año bisagra del período macrista. Hasta aquí había sido el minué del ajuste. Tras la gran devaluación donde se perdió la mayor parte del poder adquisitivo del salario, se aplicaron los más brutales tarifazos, rebajaron las jubilaciones y pensiones y se cristalizó el ajuste por la vía de la inflación. A partir del acuerdo con el Fondo Monetario internacional, el gobierno fue por todo. El bono de la vergüenza pactado con lo que queda del triunvirato de la CGT pretende frenar el ímpetu reparatorio de las paritarias protegidas por cláusulas de revisión. El 21F, cuando en la Avenida 9 de Julio las bases sindicales exigían un plan de lucha sostenido a los pocos dirigentes que habían convocado y estaban presentes, se patentizó en la calle que el ajuste anunciado, firmado y proclamado era contra los trabajadores. Ese lanzamiento callejero marcó todo el 2018 y explica un sinnúmero de luchas en defensa de los puestos de trabajo, de aumento del salarios y de rechazo al ajuste y la represión. El testimonio de algunos de los dirigentes que estuvieron a la cabeza de esas luchas es un relato cronológico de esta larga batalla. Ninguna de esas peleas ha concluido pero tampoco ni un solo ajuste pergeñado ha sido aceptado por los afectados. La puja está en pleno desarrollo y se manifestará nuevamente en toda su crudeza a partir del 1 de enero de 2019. La bisagra se trabó y la puerta quedó a medio camino: ni abierta ni cerrada.

 

ADOLFO BARJA, Secretario General del Sindicato Unido de Trabajadores Portuarios, explica así la situación del sector: “El SUTAP todavía sigue en conflicto en los tres puertos que permanecen en manos de la provincia de Buenos Aires (Dock Sud, Coronel Rosales y San Nicolás) después del menemato. El gobierno de Vidal le pega a nuestro sindicato porque es la única voz en contra de los consorcios. Para nosotros los consorcios son figuras administrativas de privatizaciones encubiertas y hay algunos negocios demasiado importantes para el sector. Por ejemplo, el puerto de Dock Sud factura anualmente 1.000 millones de pesos y cuatro vivos se quieren llevar ese negocio. Desde hace tres años el gobierno no hace nada por estos puertos y aun así siguen funcionando como corresponde. Por eso el planteo de quitar la cuota sindical, por eso la apretada a los compañeros: porque somos el único sostén contra la privatización de estos puertos. Creemos que en lo que le queda de mandato a este gobierno querrán hacer el consorcio y nos vamos a oponer. Aunque nos dejen sin plata y aprieten a los compañeros, nos vamos a oponer a esa privatización encubierta. Los puertos son la entrada y salida de nuestras riquezas. Ya pasó en la Vuelta de Obligado, en la lucha entre Unitarios y Federales. YPF y Aerolíneas Argentinas son empresas estratégicas para la Nación y la Administración de Puertos es una empresa que siempre dio ganancias, no solo socialmente hablando sino también económicas, y es la que mantenía todos los puertos. Por eso cuando se habla de puertos desde la política no tienen en cuenta ese hecho, porque están metidas las multinacionales y las trasnacionales.

DANTE MALDONADO, secretario de Prensa del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, da cuenta del largo proceso de resistencia al desmantelamiento de la Empresa Provincial de la Energía (EPEC).

“El conflicto se inició a comienzos de 2018 con el relevo en la empresa de cuatro gerentes de carrera por cuatro funcionarios provenientes de Buenos Aires. Por instrucciones directas del gobernador Juan Schiaretti, en el momento en que el sindicato exigía el ingreso de más personal, estos gerentes prepararon cuatro resoluciones para limitar el pago de horas extras, las comisiones al interior provincial para las tareas de mantenimiento del sistema interconectado y los reemplazos de las jefaturas”.

“El sindicato convocó a una masiva Asamblea General el 11 de abril y decidió realizar una marcha hasta el Edificio Central de EPEC. El gobernador respondió mandando al Directorio a que denunciara el convenio colectivo de Trabajo ante el Ministerio provincial y contrató en forma directa a una consultora privatista para la confección de un proyecto de marco regulatorio eléctrico provincial”.

“El Convenio Colectivo está homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo que la empresa trasladó la denuncia del Convenio Colectivo ante el ministerio conducido por Triaca, quien apresuradamente se comprometió con el gobernador Schiaretti a darle curso a las reformas pretendidas por la EPEC. El sindicato contrató a la especialista Noemí Rial, que logró que el ministerio le comunicara a la EPEC que no era posible ningún cambio del Convenio Colectivo sin acuerdo de todas las partes, con lo que el 16 de octubre se dieron por terminadas las reuniones en la Secretaría de Trabajo de la Nación, cayéndose la pretensión de los funcionarios de la EPEC. A través de la sanción de tres leyes inconstitucionales, el gobernador violó tres artículos del convenio colectivo: la tarifa de empleado, el ingreso de personal por bolsa de trabajo y el aporte empresario para el Fondo Compensador para el personal jubilado. Ante esta acción autoritaria, el sindicato ha presentado múltiples acciones judiciales y el 21 de junio presentó una denuncia penal contra el directorio de EPEC en la justicia provincial por ‘estafa por administración fraudulenta’ y el 31 de julio en la Justicia Federal por ‘ofrecimiento de valores negociables y balances falsos'”.

“El proyecto de marco regulatorio eléctrico, que será presentado finalmente en la Legislatura Provincial, prevé el desguace de EPEC y la concesión de la venta de energía a favor de empresas privadas a través de la figura de comercializador. No obstante la empresa inició en mayo la privatización periférica de la toma de lecturas, la reparación de la flota de vehículos y la intervención en el Centro de Cómputos”.

“Entre el 11/4/18 y el 13/12/18 el gremio cumplió 33 paros de dos horas con movilización, 12 días de paro por 24 horas, 44 asambleas de dos horas en los sectores de trabajo y 70 días de trabajo a convenio con quite de colaboración. Todas estas acciones fueron acompañadas con radio abierta en la vía pública y volanteadas. Además se realizaron intervenciones culturales en distintas plazas de la zona céntrica de Córdoba”.

“Se realizaron reuniones con organizaciones gremiales, sectores estudiantiles y principalmente con centros vecinales, concretando masivas marchas junto a la comunidad. Se realizaron escraches al gobernador de Córdoba en actos públicos en las localidades de Alta Gracia, Cabalango, Villa Allende y en el ingreso del barrio privado donde reside su familia”.

“Ante el sostenido plan de lucha, el gobernador ha respondido con el encarcelamiento de compañeros por cuatro días, juicio de anulación de tutela sindical de cinco compañeros y denuncia al secretario general Gabriel Suárez por amenazas al gobernador y obstrucción de la obra pública”.

“El 4 de septiembre se realizó en la sala Agustín Tosco un histórico Plenario Sindical y Social contra las políticas de ajuste y contra la privatización de EPEC con la participación de más de 40 organizaciones de todos los sectores gremiales y sociales.”

 

LOS METRODELEGADOS. Esto nos resumieron Beto Pianelli y sus compañeros: “En septiembre del 2018 el sindicato del Subte cumplió 10 años en medio del conflicto gremial más largo de la joven historia de la AGTSyP”.

“Durante los 137 días de la confrontación supimos tener paciencia. Remontando la historia de este colectivo de trabajadores, desde cuando el viejo cuerpo de delegados era atacado por el tridente del gobierno, la empresa y la UTA, hay una tradición que consolidó el valor de las asambleas para reclamar en nombre de todos. Se sumaban más compañeros al pedido cuanto más serio era el reclamo: se seguían paso a paso las instancias de negociación y, si eran fuertes las razones del pedido, entonces sí, todos firmes para llevar adelante cualquier medida de fuerza hasta arriesgar lo más preciado, el puesto de laburo. Ya no hay despidos en el Subte”.

Con esa premisa consiguieron un buen salario, la jornada de 6 horas y erradicar la tercerización de los túneles; recuperaron todas las conquistas de convenio arrebatadas al momento de la privatización en el año ’94, cuando por decreto se barrió con el convenio colectivo de 1975.

“Sabíamos que iba a ser una paritaria difícil. Nos dimos cuenta enseguida de que el gobierno había elegido a los metrodelegados para escarmiento, así como en 2017 lo habían hecho con los docentes de SUTEBA. Por suerte nosotros también pudimos elegir el tipo de pelea que íbamos a dar. Cuando nos dejaron afuera de la mesa paritaria y firmaron con la UTA un acuerdo anual del 13%, denunciamos públicamente que esa cifra era inaceptable, que exigíamos volver a la mesa. Reunidos en plenario de delegados, nos preparamos para la pelea. En este conflicto, más que en ningún otro, entendimos que era fundamental tener al público usuario como aliado principal”, relata la secretaria de Organización del sindicato, Virginia Bouvet.

“Trabajadores y usuarios por un subte de calidad” fue la consigna y la excusa para servir café a los usuarios en estaciones cabeceras, mientras los molinetes se liberaban para dejar viajar gratis a la gente. Cada una de las medidas o, más exactamente, cada ronda de medidas, fue planeada en los once plenarios de delegados realizados entre los meses de abril y agosto de este año. El secretariado ejecutivo y los delegados se reunían en sesiones plenarias: la mesa hacía una propuesta de medidas de fuerza que incluía volanteadas, café al usuario y apertura de molinetes, o paros parciales de pocas horas, de una o dos líneas a la vez; la oposición hacía también sus propuestas de medidas y entonces los delegados bajaban a consultar las mociones en asamblea. La más votada se llevaba adelante entre todos.

Cuenta Beto Pianelli: “Exigíamos lo que pediría cualquier sindicato: ser convocados a negociar. Pasaban las semanas, subía de a poco la intensidad de las medidas, no se obtenían resultados. La empresa y el gobierno apostaron al desgaste, suspendieron a 40 compañeros de base por abrir molinetes, llovieron telegramas que pedían desafueros para delegados y directivos. Desde el Ministerio de Trabajo trabaron la recaudación de la cuota sindical. Como no funcionaba esa máquina de impedir mandaron a la infantería a reprimir el paro de la línea H y se llevaron 16 compañeros detenidos, entre ellos al secretario adjunto del gremio, Néstor Segovia”.

Siguieron los plenarios, las asambleas, las medidas. El café y las volanteadas de La Hoja del Pasajero a usuarios y público en general. Se iban sumando aplausos en las cabeceras cuando estiraban la mano pidiendo La Hoja y lo iban leyendo durante el viaje.

La organización, paciencia y confianza permitió sortear cada uno de los obstáculos. Se llenó de apoyos de adentro y solidaridad de afuera. Tras los desplantes y fanfarronadas de los funcionarios que llamaban ilegal al sindicato, el día que los convocaron para mejorar el acuerdo salarial, ya habían ganado. Un susurro se estaba haciendo grito en los túneles: “Acá no se rinde nadie”.

 

 

 

 

 

 

 

1 comentario
  1. Roberto Esteban Pintos Sánchez dice

    Con esa cara taimada, y de acuerdo a los datos precisos de este artículo CACAretti se ha revelado como uno de los cuatro grandes traidores al campo popular, funcionales a los pestilentes globitos amarillos. Es de esperar que andando este crucial 2019 se vaya quedando junto a ORTObey y PiCHOTTO los tres completamente solos. MASSAmorra ha olfateado a tiempo que la “ancha Avenida del medio” se parece mucho a un oscuro callejón sin salida. Y como de esos cuatro es el único que puede arrimarse tímidamente a un 10% de los votos se está dando cuenta que enfrentar a Cristina en esas condiciones no es negocio. Sobre los otros tres miserables, es de esperar que pronto pasen a ser sendos cadáveres políticos.

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