El apriete

El escándalo de una resolución de Casación

 

El titular de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, logró un escandaloso acuerdo de la Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal para modificar uno de los puntos clave del proyecto de derogación regímenes de jubilaciones especiales que hasta ahora no pudo voltear en el Congreso. Luego de una reunión que mantuvo el viernes a la mañana con dos jueces de Casación, los jefes de las salas aprobaron una resolución para volver a convocar a dos jueces recién jubilados días. Si bien la resolución habla de un caso en particular –los jueces José Valentín Martínez Sobrino y Julio Panelo–, la virtual reposición del estado judicial para ambos podría ser usada como antecedente apenas el Senado convierta en Ley la media sanción de la reforma en diputados. Consultado por El Cohete a la Luna, el prestigioso previsionalista Miguel Fernández Pastor señala que la resolución es un apriete corporativo hacia el Congreso.

 

Jueces Martínez Sobrino y Panelo, la jugarreta.

 

“Yo creo que la resolución en sí misma debería ser considerada nula porque no está fundada”, dice Fernández Pastor. “Por lo menos no está fundada la urgencia por la cual se convoca a los jueces que es lo que correspondería. Sólo dice que lo hace a simple pedido de los beneficiarios. Suena más a curro que un tema real. Hace menos de veinte días, el presidente les aceptó la renuncia a los jueces porque ya no los necesitaba el gobierno, entendido como sus tres poderes, y a los 20 días, venir y pedir: yo quiero entrar de vuelta y que ese entrar de vuelta signifique cobrar un 30% más, me parece que en principio muestra una ilegalidad absolutamente manifiesta”. Fernández Pastor también entiende que “es una manera de meterle presión a los senadores para decir: nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para romper la derogación del artículo 16 y creo que el Senado no debería comerse justamente ese apriete. Hay que recordar que la corporación judicial ha venido atacando esa derogación diciendo que Argentina se queda sin jueces, cosa que es una absoluta falsedad porque la subrogación puede ser tranquilamente reemplaza con jueces de instancias inferiores. Así que me parece que hay una ilegalidad manifiesta y un juego de presiones sobre el Parlamento para que no saque la Ley y me parece que están buscando el privilegio eterno de los jueces”.

 

 

Antecedentes

Martinez Sobrino es un integrante muy activo de la Asociación de Magistrados, encabezada por Gallo Tagle. Fue uno de los jueces más implacables con la situación de salud de Florencia Kirchner. Hasta noviembre del año pasado, ocupaba una silla vacante en el Tribunal Oral Federal 5 donde tramita la preparación de los juicios de Hotesur y Los Sauces contra la vicepresidenta Cristina Fernández y su familia. Desde ese Tribunal, Martínez Sobrino impulsó la detención de Florencia. Y fue reticente a la hora de otorgarle el permiso de salida a Cuba. Cuando en noviembre venció su la suplencia, su lugar fue ocupado por el juez Adrián Grümberg. Pero Martínez Sobrino hizo todo tipo de movimientos para permanecer atornillado a esa silla, y se quejó por el desplazamiento ante la Cámara de Casación que en diciembre de 2019, finalmente, confirmó a Grümberg.

Corrido de una de las sillas que tiene a CFK en la mira, él y Panelo llevaban adelante otros juicios orales. En algunos juntos y en otros separados. En los que están separados, las ausencias no son un problema porque pueden ser reemplazados por el cuarto juez. El problema técnico está planteado en uno de los Tribunales en los que están juntos, el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py donde son, o eran, titulares, con juicios en los que Martínez Sobrino quiere permanecer.

El TOF 6 lleva adelante un juicio oral sobre el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. El TOF tiene otros dos jueces, pero para funcionar necesita tres. Fernández Pastor sostiene, desde su sano sentido común, que el número podría ser alcanzado con una convocatoria a jueces inferiores o de otros espacios. Pero el reglamento interno de los tribunales impide el reemplazo de jueces cuando existe un debate iniciado. Por eso, el caso plantea un dilema técnico. El dilema podría haberse resuelto por otra vía. Hay quienes dicen que la jurisdicción de estos casos no es de Casación sino del Tribunal de juicio, previa intervención de las partes. Acá el planteo no lo hicieron las partes, sino quienes salieron corriendo a ejecutar una jubilación «reservada», que es un privilegio que solo tiene el régimen especial de los jueces y ningún otro mortal. La Casación, en tanto, entendió que debía meterse. Los dos jueces encontraron así una justificación técnica para volver a las sillas y la Casación un argumento para sentar precedentes para nuevos pedidos.

 

 

Los jugadores

La resolución firmada por los presidentes de Salas –Angela Ledesma, Mariano Borinsky, Daniel Antonio Petrone, Eduardo Rodríguez y Guillermo Yacobucci–, advierte que hace la convocatoria de los dos jueces porque ellos lo pidieron y entienden que la decisión está amparada en una Ley como la 24.018 en su artículo 16 que aún sigue vigente, al menos por una semana.

Así dice: que ante el pedido decide convocar a los jueces a “continuar en el conocimiento y tramitación de causas en las que hubieran iniciado la audiencia debate oral y público prevista en el artículo 359 del CPN en procura de asegurar la mejor y más eficiente prestación de Justicia”, en conformidad con lo dispuesto en la Ley vigente, número 24018 artículo 16, entre otras.

El artículo 16 de la Ley 24018 es uno de los puntos centrales del proyecto del Congreso. Es el que permitía convocar a los jueces jubilados a ocupar una vacante, con un plus de 30%. El texto original con factura en la dictadura de Onganía, modificado por Bignone, fue introducido tal cual en la Ley 24.108 durante el gobierno de Menem, y fue usado en el fallo conocido como Gaibisso para declarar inconstitucionales todos los intentos de modificación del régimen de los jubilados judiciales porque les da estatus de jueces –aunque reservistas– a los jueces jubilados, dice Fernández Pastor al explicar que los jueces dicen que están incluidos en el artículo 110 que es el de la intangibilidad de la Ley judicial.

La modificación propuesta impide volver a convocarlos con lo que no sólo se quedan sin el 30%  de plus, sino que pierden el estatus de reservistas y de jueces con todos los privilegios, y quedan emparentados a los jubilados normales. Con obligación de pagar impuesto a las ganancias, por ejemplo.

Esto es lo que está en la base de la discusión. Y Gallo Tagle es uno de las personas que más intervino a favor de los jueces en estos debates. Primero intentó una modificación en Diputados. Y ahora intenta en el Senado. Según publicó el diario Clarín, tomó en sus manos una negociación de último momento para buscar que senadores de la oposición, como Martín Lousteau, consigan introducir alguno de los seis cambios de mínima que propusieron los jueces. Por lo menos, los vinculados a no prohibir a los jueces jubilados que subroguen juzgados vacantes y una cláusula provisoria que garantice los derechos adquiridos. En ese contexto, su presencia en la Cámara de Casación no es un detalle.

La resolución salió firmada el viernes a la tarde, día y hora poco habitual para acuerdos de Superintendencia. Pocas horas antes, Gallo Tagle estuvo en el despacho del juez Don Eduardo Riggi con Petrone, uno de los jueces que firmó. Los jugadores, su presencia, el texto de la resolución y el contexto trasforman a la resolución en una daga. Y a los que firmaron, en jugados: tres de ellos ya tienen jubilación reservada, es posible pensar que así también se garantizan su propia auto-convocatoria.

 

 

 

 

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