EL ASESINATO DE UN OBISPO

Pasados 45 años, el asesinato del obispo Carlos Ponce de León continúa impune

 

El pasado lunes se cumplieron 45 años de la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León. Ante la existencia de suficientes elementos de prueba que demuestran que se trató de un asesinato, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario –a cargo del fiscal general Adolfo Villate y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray– continúan batallando para que se indague a los imputados. Con ese objetivo, el 1° de junio apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad la decisión del juez Marcelo Bailaque que –en sintonía con la dictadura cívico-militar y eclesiástica de 1976–, mantuvo la sentencia que cerró el expediente en 1978 como un caso de accidente de tránsito, tal como lo considerara el Juzgado Penal 3, a cargo de Oberdan Andrín.

El 11 de julio de 1977, el entonces obispo de San Nicolás perdió su vida en el kilómetro 212 de la ruta nacional número 9, partido de Ramallo, cuando una camioneta Ford F-100, supuestamente conducida por Luis Antonio Martínez, se le cruzó en forma transversal al Renault 4L que manejaba. Esa mañana, Ponce de León se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, acompañado por Víctor Oscar Martínez.

En 2004, el entonces fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray detectó varias anomalías en aquel expediente de 1977, lo cual lo llevó a solicitar la reapertura de la causa: luego de la muerte de la víctima, no se había practicado examen médico externo del cadáver por parte del médico de policía o perito médico forense que determinase evidentes causas de muerte que desaconsejaran practicar la correspondiente autopsia, tal cual lo indicaba el Código Procesal Penal; tampoco se agregó al expediente certificado médico alguno que estableciera las causas de la muerte, sino sólo un supuesto “testimonio” de la historia clínica de la Clínica San Nicolás; el acta de defunción agregada tampoco hacía referencia a la presentación de certificado médico alguno que estableciera la causa de la muerte; ni se practicó pericia accidentológica por parte de perito policial especializado o de perito ingeniero mecánico que estableciera –en forma fehaciente, inequívoca o presuntiva– la mecánica del siniestro.

Fue así como Murray comprobó que la investigación no había agotado las diligencias necesarias como para definir con certeza que se trató de un accidente. Sumada la denuncia formulada en 1984 por el testigo Martínez ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), se pidió la reapertura de la causa que lleva más de 17 años. Se espera que la Cámara Federal de Rosario ordene al juez Bailaque indagar a los imputados para que el Poder Judicial avance en determinar cómo murió Ponce de León. Pruebas documentales y testimoniales acreditan que el obispo estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia por parte de los órganos represivos de la dictadura cívico-militar, como también que recibía en forma constante amenazas de muerte.

 

Testigo acusado

Martínez, testigo directo del asesinato, recordó en diálogo con El Cohete a la Luna: “Ponce me llamó el 10 (de julio) por la noche, me dijo: ‘Salimos mañana a las 5:30 A.M.’ No me dijo el lugar exacto. Éramos conscientes que él estaba bajo vigilancia”. Martínez fue como un hijo para el obispo Ponce de León. Cuando falleció su madre y él mantenía una relación difícil con su padre, se tramitó ante el juez para que le otorgaran la tenencia. Así fue como Ponce de León se hizo cargo de Martínez.

En viaje, “me entregó sobres y carpetas. ‘Vamos a Buenos Aires’, me dijo”. ‘Dormí, los muchachos nos siguen’, fueron las palabras de Ponce de León al joven, que tenía 19 años. Era normal que fueran perseguidos por la fuerzas. “Tomó el camino que bordea el hotel Colonial en San Nicolás. Desde hacía meses íbamos por diferentes caminos. Siempre se colocaba detrás un Ford Falcon. Esto desde que gobernaba la dictadura. Ya en la ruta, creo que estaba adormecido, el impacto fue todo lo que supe después”, rememora Víctor Martínez.

El testigo sostuvo –y sigue sosteniendo– que luego del impacto “me sacaron del coche. El ‘Tata’ Ponce estaba tirado a mi lado. Siento un ruido seco, como cuando se coloca en descanso el fusil de esa época. Y una voz –la de (Manuel Fernando) Saint Amant– que grita: ‘¡Rematalo!’ Luego ya no desperté, sino por la noche, en la Clínica San Nicolás. Ana María Rath fue quien me dijo que Ponce murió”. El 12 de julio por la noche, Víctor Martínez fue sacado de la clínica en calidad de detenido por las fuerzas conjuntas controladas por el coronel Saint Amant. “Me llevan a la calle Ameghino –posiblemente–, me interrogan brutalmente sobre actividades subversivas y el jefe de Prefectura me rescata y me lleva a la sede” de esa fuerza de seguridad.

Martínez, testigo clave en la reapertura de la causa, fue denunciado por falso testimonio. “El juez (Carlos Villafuerte Ruzo) comienza una persecución y me abre una causa por falso testimonio”, explica. “El denunciante es Héctor Walter Navarro, amigo personal de Villafuerte Ruzo. Así las cosas, tenemos dos causas: la mía por falso testimonio y la de Ponce, que está durmiendo el sueño injusto”. Martínez está en la larga espera de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de Rosario inicie el juicio oral y público por falso testimonio agravado. El fiscal Murray está imputado por instigador a su falso testimonio. La osadía de intentar hacer justicia es reprimida por el espantoso Poder Judicial.

 

Murray y Villafuerte Ruzo. Lo bueno y lo malo del Poder Judicial.

 

 

La abogada de Víctor Martínez logró que Villafuerte Ruzo sea apartado. Luego siguió con la causa el juez Martín Martínez, que también fue apartado. Ahora es Bailaque, quien no ha demostrado más que seguir en línea con sus antecesores para que la causa continúe sin justicia.

 

 

 

Modelo de juez y cuñado

Mientras Murray, como fiscal federal de San Nicolás, buscaba verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona, el juez federal Villafuerte Ruzo se encargaba de prolongar esa búsqueda. Su animosidad evidente en entorpecer las causas de lesa –en especial la de Ponce de León– ha sido una de sus características. Es, sin duda, uno de los responsables de que todavía no exista justicia por el asesinato del Obispo.

Villafuerte Ruzo tiene como cuñado al general (R) Enrique Benjamín Bonifacino, quien realizó toda una carrera al servicio del terror. Está casado con su hermana Ana María Villafuerte Ruzo. En 1975, en el Ejército consideraron que era hora que Bonifacino tuviera a su cargo una jefatura de unidad y recibió el pase al Regimiento de Infantería 11 de Montaña “General Juan Gregorio Las Heras”, en Tupungato, provincia de Mendoza. El regimiento a su cargo participó del Operativo Independencia en Tucumán, del 25 de enero al 11 de marzo de 1976. El 24 de marzo de ese año partió en comisión de servicios a Mendoza a “cubrir objetivos”. En 2016, cuando se juzgó a los responsables del Operativo Independencia, Bonifacino debió estar entre los acusados. Se encontraba procesado, pero fue apartado por incapacidad para afrontar el juicio por motivos de salud.

En 2010 abordé a Enrique Benjamín Bonifacino. Su posición estaba clara: “Los milicos metieron la pata cuando entregaron el gobierno a (Raúl) Alfonsín. Tendrían que haber puesto condiciones como lo hicieron en Uruguay, como lo hicieron en Chile, como lo hizo parte de la Marina en determinado momento”, expresó. Sobre el Operativo Independencia, del que participó, dijo: “Había que meterse, te tenías que meter en el monte, no sabías en qué lugar de la nuca te iban a meter un tiro”. También se refirió a las apropiaciones de bebés: “En su momento esas adopciones se hacían porque ninguna familia quería recibir a las criaturas. No sabían que tenían hijos, porque muchos se basaban en secretos. Vos tenías un hijo que estaba metido, pero no sabías que estaba metido. Bueno, así es la historia”.

 

Enrique Benjamín Bonifacino (2010), esperando el colectivo a cuadras de su domicilio, Juramento 2070, CABA

 

 

Villafuerte Ruzo también estuvo a cargo del asalto con toma de rehenes que tuvo lugar en la sucursal del Banco Nación de Villa Ramallo el 16 de septiembre de 1999. El centro de operaciones fue la escuela secundaria 1, pegada al Banco. Desde allí todos los grupos tácticos policiales tejieron su estrategia: robar del kiosco escolar todas las golosinas que se comieron mientras esperaban órdenes.

En la madrugada del 17 de septiembre, dos de los tres asaltantes salieron en el Volkswagen Polo del gerente Carlos Cháves con tres rehenes como escudos. En pocos segundos se produjeron 170 disparos, de los cuales 46 impactaron en el auto. Los rehenes Cháves y Carlos Santillán (contador del Banco) murieron dentro del vehículo como resultado de la balacera policial. Flora Lacave –esposa del gerente– se salvó milagrosamente. También Carlos Martínez, uno de los ladrones. El supuesto jefe de la banda, que contó con la complicidad policial, murió dentro del automóvil. El juez estaba conversando con comisarios dentro de la escuela en el momento que empezaron los disparos y ante la mirada atónita de todos los presentes –no sin cierta aparatosidad–, se arrojó cuerpo a tierra. En medio de lo trágico del momento, su única acción fue desopilante.

 

 

Ese buen pastor

Que muchos en la zona pudieron salvar su vida gracias a las acciones de Ponce de León, no quedan dudas. Víctor Martínez rememora su humanidad: “Ponce era entusiasta militante de la causa de los trabajadores. Siendo auxiliar en Salta, creó el primer sindicato de empleadas domésticas”. También señala que fundó “La Tregua”, para que los trabajadores tuvieran vacaciones junto al mar con sus hijos. La Tregua era una parcela de campo, ubicada a orillas del río Quequén Salado, a unos 2.000 metros del mar. “Levantó cabañas, donde se quedaban los trabajadores en grupos que se renovaban cada 15 días. ‘El Tata’ cocinaba para todos. Se compuso una zamba en su honor; se la cantábamos en los fogones de despedida de los grupos”.

 

 

Ante la Cámara

Ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, el fiscal general Villate y el auxiliar fiscal Murray solicitaron que se declare la nulidad por cosa juzgada del fallo dictado el 19 de julio de 1978 y se exhorte al juez Bailaque a que “de manera inmediata proceda a ordenar la recepción de declaración indagatoria de quienes aparecen como responsables de los hechos”. Ellos son:

  • Antonio Federico Bossie, mayor del Ejército, oficial jefe de Inteligencia y Operaciones del área Militar 132 y del Batallón de Ingeniero de Combate 101 de San Nicolás. Realizó tareas de inteligencia calificando de oponente y blanco al obispo;
  • Bernardo Luis Landa, capitán del Ejército. Cumplía funciones como oficial jefe de Personal y de Logística de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Ayudante del jefe de la Unidad, el teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant (falleció en 2016);
  • Omar Andrada, mayor del Ejército. Cumplía funciones como jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101. Junto a Bossie, realizó tareas de recolección de información e inteligencia marcando a Ponce de León como oponente y blanco a eliminar;
  • Luis Américo Muñoz, capitán y segundo jefe de la Sección San Nicolás;
  • Carlos Sergio Bottini, integraba el directorio de la sociedad anónima propietaria de la camioneta utilizada para producir el homicidio del obispo de San Nicolás y supuestamente era acompañante del conductor de la misma;
  • Luis Antonio Martínez, empleado de la firma propietaria de la camioneta que supuestamente conducía y fue utilizada para producir el homicidio.

En la apelación, Villate y Murray señalaron claramente que se detectó la huella de bloqueo del Renault 4 que conducía el fallecido obispo Ponce de León, pero que no se explica –ni nadie explica, enfatizaron– que en el sumario de 1977 no existía huella de frenado de la camioneta Ford F-100, cuando Luis Antonio Martínez declaró haber aplicado los frenos. También destacaron la importancia del dictamen pericial emitido por el ingeniero y licenciado en Accidentología y Prevención Vial Jorge Oscar Geretto, que demostró:

  • “Que la mecánica de la colisión o de siniestro nunca pudo darse como lo relató en la causa penal de 1977 el supuesto conductor de la Camioneta Ford F-100 Luis Antonio Martínez”;
  • “que el vehículo Ford F-100 se encontraba detenido y cruzado en forma transversal a la mano Rosario-Buenos Aires de la Ruta Nacional 9 al momento de ser colisionado por la Renoleta conducida por monseñor Ponce de León”;
  • “que de haberse encontrado tripulada, el chofer y acompañante de la camioneta Ford F-100 hubieran tenido secuelas por lesiones similares o aún más graves que las padecidas por el obispo Ponce de León que le ocasionaran la muerte»;
  • “que conforme los dichos de Sergio Carlos Bottini y de Luis Antonio Martínez, nunca pudieron realizar el recorrido entre González Catán y Ramallo en el término de tres horas, recorrido que les hubiera insumido al menos una hora más”.

Para los fiscales Villate y Murray, “el peso de las fundamentaciones del ingeniero Geretto, sumado a la tecnología de punta utilizada para llegar a sus conclusiones, en comparación con la pobrísima exposición de los peritos de Gendarmería Nacional, hace que este Ministerio Fiscal no tenga duda alguna que deba tenerse por certera y muy probable la mecánica del hecho y las conclusiones a las que arriba dicho experto, coincidente con la hipótesis de este Ministerio Público”.

¿Habrá justicia para Ponce de León o pesará más la parte reinante y putrefacta del Poder Judicial que a 45 años de su asesinato se la sigue negando?

 

 

 

 

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