El autoritarismo se ramifica

Rodríguez Larreta impone la jornada escolar completa sin consultar a la comunidad educativa

 

La historia de la Ciudad de Buenos Aires registra dos fundaciones: la primera en 1536 a cargo de Pedro de Mendoza y la segunda en 1580 por Juan de Garay. La “tercera fundación” de Buenos Aires nos remite a aquellos cambios que impulsó el primer intendente porteño, Torcuato de Alvear, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, orientados a asemejar la ciudad a París con la apertura de Avenida de Mayo, las diagonales e importantes obras de infraestructura.

Luego de 15 años de gestión del PRO, podemos plantear que una “cuarta fundación” por parte del macri-larretismo se basa en la privatización, desfinanciación y desarticulación de todas las dimensiones de lo público y de lo común; la concentración del poder; la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad, de su infraestructura verde, de la diversidad cultural y de la identidad de los barrios porteños; y la entrega de la planificación urbana a las grandes corporaciones inmobiliarias. Esta lógica de transformar lo público en privado y de concentración del poder económico y territorial son los pilares de un modelo de gestión autoritario que tiene como correlato la profundización de la precarización de todas las dimensiones de la vida urbana.

Esta semana el carácter autoritario del gobierno quedó demostrado en dos decisiones de relevancia en materia de espacio público y en educación.

 

 

Retrocede la democracia

Ante los recientes rechazos de la ciudadanía a proyectos inconsultos y mal planificados como los denominados “Calles Verdes”, “Calles compartidas” o el Parque Lineal Honorio Pueyrredón, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta buscó concentrar las decisiones sobre el espacio público centralizando aún más la suma del poder público.

El jueves 3, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley remitido por el intendente local para que la decisión sobre la modificación de las calzadas o la realización de calles de convivencia deje de pertenecer a la Legislatura y sea una atribución discrecional del Poder Ejecutivo.

Estas modificaciones resultan en los hechos en una delegación de facultades de la Legislatura al Ejecutivo que, a través de actos administrativos, tomará decisiones que luego informará a los legisladores. De esta manera, se invierten los roles: las atribuciones de la Legislatura pasan al Ejecutivo, que decidirá las políticas a adoptar.

La nueva norma legaliza una metodología autoritaria que el GCBA intentó llevar adelante en proyectos como “Parques Lineales”, “Calles Verdes”, “Calles Compartidas” y que la Justicia rechazó al considerar que decisiones de esas características tienen que pasar por la Legislatura, tal como indican la Constitución y el Código de Tránsito y Transporte. Estas modificaciones están orientadas a crear mecanismos discrecionales en el Poder Ejecutivo para sortear instancias tanto de la democracia representativa como de la democracia participativa.

La Constitución de la Ciudad en su artículo 80 dispone que la Legislatura legisla en materia de “obras y servicios públicos, cementerios y tránsito y transporte”. El proyecto 1364-J-2022, ahora sancionado definitivamente, elimina el requisito de que las calles de convivencia deban disponerse por ley y establece esta facultad en cabeza del Poder Ejecutivo. A su vez, le otorga la facultad de decidir la instalación de “intervenciones peatonales” como rotondas, estrechamientos de calzadas, reductores de velocidad, dársenas de estacionamiento y/o detención, anclajes para ciclo-rodados y/o dispositivos de movilidad personal, ensanchamiento de aceras, mobiliario urbano, suelo absorbente, superficie vegetada y/o césped, alumbrado, señalización horizontal, vertical o luminosa. Hasta el momento, las modificaciones definitivas de las calzadas de vías públicas debían ser autorizadas por la Legislatura.

 

 

 

 

 

El autoritarismo como modelo de gestión educativa

De manera intempestiva e inconsulta, en agosto de este año el Ministerio de Educación de la Ciudad decidió transformar una decena de escuelas primarias de jornada simple a completa. En algunas escuelas, las familias se enteraron a través de una “encuesta” que tenían que decidir si cambiaban de modalidad o de escuela.

Esta decisión generó el repudio de la comunidad educativa y durante estos meses se realizaron abrazos, festivales y presentaciones en la Justicia para que se respete la opción de las familias a la jornada simple.

El último lunes se publicaron en el Boletín Oficial porteño diez decretos que modifican la modalidad de jornada simple a completa en diez escuelas, en el marco de un contundente paro docente convocado por los gremios UTE y ADEMyS, que denunciaban el desfinanciamiento de la educación pública, el déficit en infraestructura escolar, la falta de titularización de los cargos docentes y la mala calidad de las viandas escolares.

Pese al rechazo y los amparos judiciales presentados por las comunidades educativas, el gobierno porteño decretó que diez escuelas primarias de los distritos escolares 18, 16, 7 y 12 cambien de modalidad simple a completa a partir del 2023. Ellas son:

  • Escuela Primaria N° 1 Distrito Escolar 18 Martin Fierro.
  • Escuela Primaria N° 3 Distrito Escolar 18 Monte Castro.
  • Escuela Primaria N° 4 Distrito Escolar 18 Casimiro Aureliano Maciel.
  • Escuela Primaria N° 14 Distrito Escolar 18 Guillermo Enrique Hudson.
  • Escuela Primaria N° 25 Distrito Escolar 18 Estados Unidos de América.
  • Escuela Primaria N° 24 Distrito Escolar 16 Ejército Argentino.
  • Escuela Primaria N° 6 Distrito Escolar 7 Delfín Jijena.
  • Escuela Primaria N° 18 Distrito Escolar 7 Comodoro Clodomiro Urtubey.
  • Escuela Primaria N° 7 Distrito Escolar 12 Jorge Newbery.
  • Escuela Primaria N° 14 Distrito Escolar 12 Enrique G. Parker.

Estas escuelas se encuentran mayoritariamente ubicadas en el centro y oeste de la ciudad: en Monte Castro, Villa Crespo, Villa Santa Rita y Villa Pueyrredón. Al día siguiente de la publicación, las familias de la Escuela 3 del D.E. 18 “Monte Castro” recibieron una notificación donde se indica que a partir de mañana se comienza a implementar la jornada completa para 1°, 2° y 3er. grado. Estos cambios intempestivos e inconsultos tienen múltiples implicancias para el conjunto de la comunidad educativa:

  • La pérdida de la rutina de niñas y niños que deberán abandonar las actividades que actualmente realizan a contraturno.
  • La exclusión de niñas y niños con diversos desafíos de aprendizaje y/o sociabilidad que se verán exigidos a una modalidad que los desborda o deberán cambiar de escuelas.
  • La pérdida de la diversidad social e inclusión en la comunidad de las y los estudiantes.
  • La pérdida de los núcleos sociales de pertenencia.
  • La discontinuidad de cargos docentes por cambio de horarios.
  • La superpoblación de niñas y niños en aulas pequeñas que funcionan en dos turnos y que ahora deben unificarse en la jornada doble.
  • La pérdida de espacios de investigación, biblioteca y arte para ser utilizados como aulas.
  • La incertidumbre en cuanto al cuidado por una infraestructura precaria.

El reclamo no es contra la modalidad de jornada completa, sino porque disminuye la oferta de escuelas de jornada simple. El GCBA debería respetar el derecho de los hogares que por distintas razones eligieron la jornada simple y no realizar un cambio radical sin discusión con las comunidades educativas. Mucho menos en pleno desarrollo del año escolar.

Pese a repetir constantemente que la prioridad es la educación, y a invertir más de 29 millones de pesos por día en propaganda y publicidad para replicarlo por todos los medios posibles, el GCBA viene realizando un recorte presupuestario en la educación que repercute, fundamentalmente, en las condiciones de cursada.

En la primera mitad del año, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ejecutó menos de un tercio del presupuesto asignado a infraestructura escolar. Sobre 3.240 millones de pesos, ejecutó solo 1.064 millones. El dato es sumamente preocupante, ya que el presupuesto en infraestructura escolar es recortado año tras año.

En 2022, el presupuesto destinado a infraestructura escolar era similar al del 2020, es decir 3.068 millones de pesos, de los cuales terminaron ejecutándose sólo 941 millones. El Ministerio de Educación porteño tampoco está ejecutando el dinero que le transfiere la Nación para esta área. De los 230 millones de pesos destinados a mejoras de la infraestructura escolar, sólo utilizó el 3% en lo que va del año.

En cuanto al mantenimiento escolar, en los primeros seis meses solo se ejecutó una tercera parte: de 5.561 millones, se ejecutaron 1.874 millones. Y del programa Becas Estudiantiles sólo se ejecutó el 32,1% en la primera mitad del año.

La subejecución y los recortes sucesivos se traducen en la falta de construcción de escuelas que garanticen la demanda de jornadas completas, sobre todo en la zona sur de la Ciudad, donde existe una enorme demanda insatisfecha. Pero este déficit es enmascarado por el GCBA improvisando este tipo de resoluciones, que no solo afectan a las familias que por diversos motivos han optado por la jornada simple, sino que evidencia el profundo desprecio por la educación pública y la democracia educativa.

 

 

 

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