El axioma de Juez

 

Luego de las elecciones primarias del año pasado, el vencedor en la interna cambiante de Córdoba, Luis Juez, se reunió en la Bolsa de Comercio con un grupo de empresarios y profesionales interesados en la posibilidad de despedir trabajadores sin pagar indemnización. Le preguntaron qué proyectos impulsaría desde el Senado.

Miren muchachos. Les voy a ser absolutamente sincero. Nosotros no vamos a proponer nada. Lo que vamos a hacer es no dejarlos gobernar. Rechazarles todo lo que propongan— respondió Juez.

La frase refleja una decisión política de la coalición cambiante, empecinada igual que sus mandantes económicos en convertir el año que resta para la apertura del proceso electoral en un vía crucis para el Presidente Alberto Fernández y su gobierno. Eso es lo que la oposición ya hizo en 2010, con la mayoría obtenida en las elecciones legislativas del año anterior.

La única excepción a esta línea fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso se explica por el vínculo estrecho que mantienen con el organismo, por la conveniencia de equiparar a Fernández con Maurizio Macrì y por los cuestionamientos de la Vicepresidenta y del diputado Máximo Kirchner. Contra ellos, a cualquier lado.

Pero en el resto, tanto las representaciones UceReistas como Cívico Libertadoras y Procaces se atienen al axioma Juez, lo cual se agrava por la paridad de fuerzas en ambas cámaras del Congreso, donde nadie tiene la mayoría. Esto, que vale tanto para las cuestiones institucionales como económicas y sociales, requiere decisiones extraordinarias por parte del gobierno nacional y de las fuerzas políticas y sociales que lo llevaron allí, porque la oposición le negará el agua y la sal.

La asamblea realizada ayer  en Rosario de funcionarios nacionales cuyo denominador común es la ausencia o escasez de inserción territorial , sugiere que desde el gobierno no lo comprenden y prefieren atribuir sus dificultades a los cuestionamientos internos, de cuyo contenido tampoco dan cuenta. Uno de los expositores instó a recuperar la alegría de las peleas que el gobierno no da. Otra usó la metáfora de Milton Friedman sobre el dinero lanzado desde un helicóptero. Y una tercera, autora de un libro dedicado a denigrar a una compañera, consideró imperdonable mostrarle alguna división al pueblo. Todo depende de quién y cuándo.

El Consejo

El jueves, el Senado dio media sanción al proyecto de ley que modifica la composición del Consejo de la Magistratura, pero no es obvio que la Cámara de Diputados vaya a confirmarla. Los cambiantes insisten en que votarán en contra y no abundan los posibles aliados, pese al desmarque de la consejera-diputada Graciela Camaño respecto de Roberto Lavagna. Mientras el ex ministro sostuvo que el presidente de la Corte debe encabezar también el Consejo, la legisladora coincide con el atajo oficial: el artículo 114 de la Constitución dice que lo integrarán representantes “de los jueces de todas las instancias”, lo cual incluye a la Corte, pero no que deba presidirlo, con lo cual tendría doble voto en caso de empate.

El propio presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, dijo que le parecía difícil que esta semana la ley pudiera aprobarse. Si el axioma de Juez prevalece y ninguna cámara logra imponer su criterio, recobraría vigencia una ley derogada hace 15 años, por la insólita decisión que adoptó la Corte Suprema el 16 de diciembre. El trasfondo de ese fallo es la sorda disputa que la Corte mantiene por la administración de los recursos del Poder Judicial, desde que la Constitución se la atribuyó al Consejo, hace 28 años.

 

 

La bolsa y la vara

Nadie fue más claro en el debate que el senador salteño Juan Carlos Romero, quien cuestionó lisa y llanamente la cláusula constitucional que atribuye al Consejo no sólo la selección de los magistrados y la apertura del proceso de remoción, sino también la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto de la administración de justicia, y las facultades disciplinarias sobre magistrados. A su juicio, esa gaffe constitucional puede corregirse con la ley, poniendo en manos de la Corte la bolsa del presupuesto y la vara del castigo, base de un poder corporativo tan espurio como antidemocrático.

Desde que la Constitución creó el Consejo, en 1994, y la primera ley dispuso su conformación en 1997, la Corte Suprema se resistió a ceder ambas prerrogativas. En eso coincidieron presidentes tan distintos como Julio Salvador Nazareno, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El agravante para Rosatti es que firmó el fallo por el cual se beneficiaría con la presidencia del Consejo, ostensible conflicto de intereses del que hace caso omiso.

 

 

Nazareno, Lorenzetti, Rosatti. Nada cambia.

 

 

El proyecto que aprobó el jueves el Senado insiste, como la reforma de 2013, que  los representantes de los cuerpos de elección popular en el Consejo no deben ser necesariamente abogados, y esta es otra faceta del conflicto de poderes con la Corte. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional aquella cláusula, lo cual forzó en 2017 la renuncia al Consejo del senador sanjuanino Ruperto Godoy, quien no es abogado. Los senadores peronistas eligieron para reemplazarlo a Mario Pais, pero Lorenzetti demoró su juramento las horas necesarias para que, con una mayoría obtenida mediante ese artificio, el Consejo suspendiera ese mismo día al camarista Eduardo Freiler, quien no ha cesado de reclamar su reincorporación.

Pese a descartar la ley vigente como infiel a la Constitución, la Corte dispuso que siguiera en vigencia por otros 120 días corridos, que vencen esta semana. Ya fuera de toda razonabilidad constitucional convocó a sesiones extraordinarias al Congreso y lo intimó a sancionar una nueva ley. Los actos que el Consejo dicte a partir del día 121, que es el próximo sábado, serán nulos, dijo la Corte.

Con este fallo desatinado, el tribunal que hoy conducen el ex intendente de Santa Fe, Horacio Rosatti, y el abogado de Clarín y La Nación, Carlos Fernando Rosenkrantz, quienes votaron por sí mismos como presidente y vice, se aventura en profundidad por la senda de la acción política, abierta durante la gestión del Ihering de Rafaela. Este aporte judicial a la ofensiva de acoso y derribo contra el gobierno, al mismo tiempo que la oposición rechazaba en el Congreso el Presupuesto 2022, es inestimable.

En 2014, la Corte rechazó una solicitud de inconstitucionalidad de la misma ley. La diferencia es que aquella la presentó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y ésta el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que agrupa a los mayores estudios porteños, cuyos clientes son las grandes empresas locales y, sobre todo, transnacionales. Es decir, la rama jurídica de la AmCham.

Que el máximo tribunal diga blanco un día y negro otro, respecto de la vigencia de la misma ley, es una originalidad argentina que en otros lados no se consigue.

Quienes argumentaron acerca de la importancia para la democracia de que el tribunal se atenga a sus precedentes para robustecer la confianza pública en las instituciones fueron precisamente Rosatti, en su página de Internet, y Rosenkrantz, en la causa Schiffrin. Ambos tienen los codos lustrosos de tanto borrar lo que escribieron antes.

 

 

 

Igualdad o equilibrio

Como explicación de este cambio de jurisprudencia sobre la misma ley, la Corte afirma que en el recurso del Colegio Público, se pretendía una “representación igualitaria” de los diferentes estamentos contemplados en la Constitución, mientras que los abogados de la City reclaman por la supuesta “ausencia de equilibrio”. La Corte tuvo seis años para pronunciarse de oficio y ni siquiera se siente obligada a explicar por qué eligió firmarlo recién en diciembre último. El corazón de la política tiene razones que la razón del derecho no comprende.

El equilibrio, dice el fallo de diciembre, consiste en la imposibilidad de que alguno de los cuatro estamentos pueda llevar adelante acciones hegemónicas o controlar al Consejo por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos.

Tanto el Ministerio de Justicia cuando la Procuración General alegaron en la causa que el equilibrio constitucional no se vulneraba, ya que los representantes de los órganos políticos “obedecerían a distintas afiliaciones partidarias e inclinaciones políticas”. Para la Corte “es la mera posibilidad de que se verifiquen acciones hegemónicas entre los estamentos la que rompe el equilibrio constitucional”. Es decir, no importa la realidad, sino una hipotética colusión entre adversarios políticos, que no se produjo ni una vez en 15 años.

 

 

 

Un Lorenzetti auténtico

En su disidencia parcial, Lorenzetti coincide en declarar la inconstitucionalidad por falta de equilibrio, pero rechaza que recobre vigencia la ley anterior, derogada hace 16 años, porque “implica arrogarse funciones legislativas, algo absolutamente incompatible con la función judicial”. Claro que, en la década pasada, al declarar inconstitucionales las leyes de democratización de la justicia, Lorenzetti usó el argumento de “evitar el caos institucional o la eventual paralización de la administración de justicia”, para decretar la vigencia del “régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080”. De este modo, la Corte asume el rol que en el derecho continental europeo tiene el Tribunal Constitucional y que en el ordenamiento argentino no existe.

El voto de Lorenzetti es risible también en otro aspecto: sostiene que numerosos integrantes de “los colegios de abogados”, así, en general, sin precisiones, defendieron los derechos humanos con “coraje y patriotismo” en tiempos del terrorismo de Estado. Sin duda, hubo abogados que se destacaron en esa materia. Pero extender esa idea al Colegio de la City de Buenos Aires es una broma de mal gusto. En 1976, esa entidad sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República. En 1981, cuando Videla dejó el gobierno, destacó “la independencia con que han actuado los jueces” y sobre los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad considera que son una “persecución política” basada “en la venganza”.

La Corte también dijo que todos los nuevos consejeros deben asumir al mismo tiempo. ¿Qué ocurriría si el Senado presidido por CFK, y la Cámara de Diputados que conduce Sergio Massa, no designaran antes de noviembre a los nuevos representantes de cada cámara en el Consejo de 20 miembros, un diputado ucerreista y un senador procaz?  El tema volvería así al pantano judicial. Dada la extravagancia a la que se lanzaron los cuatro jueces de la Corte Suprema, todo es posible.

 

 

El fondo para el Fondo

La oposición cambiante también se niega a votar la constitución de un fondo para pagar la deuda al FMI, con parte de los dólares fugados del país, que se estiman en un 80% del PIB de un año, alrededor de 400.000 millones de dólares. En las audiencias que comenzaron la semana pasada en las comisiones del Senado, el evolucionado senador radical Martín Lousteau insistió en llamar blanqueo Daniel Muñoz al proyecto de ley del FdT, e intentó caracterizar como fuga el depósito en el exterior de los fondos que Santa Cruz cobró por regalías atrasadas cuando se privatizó YPF, y la compra de dólares que CFK depositó en una caja de seguridad durante el gobierno de Macrì. En ambos casos se trataba de fondos declarados ante la AFIP, lo cual los diferencia del dinero objeto del proyecto de ley, que se refiere a recursos que evadieron las obligaciones con el fisco. Horacio Rovelli ejemplificó con el caso de Arcor (una de las empresas que junto con el Grupo Clarín y Techint conducen la Asociación Empresarial AEA, el principal grupo de presión patronal). Rovelli dijo que Arcor no declaró en sus balances ganancias que justificaran la cantidad de dólares que adquirió en el Mercado oficial de cambios.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evasión y fuga

Fuentes de la AFIP que están trabajando en el tema afirman que al Mercado Único y Libre de Cambios sólo es posible acceder con dinero blanco, ya que los bancos y las financieras tienen la obligación de comprobar que el dinero que se utiliza no esté vinculado con el lavado de activos. Cuando las corporaciones quieren fugar capitales, utilizan otros mecanismos, como los precios de transferencia, préstamos dentro de la misma compañía, triangulaciones. Además, la pérdida contable en el balance de una empresa endeudada en el exterior con obligaciones negociables en dólares, puede obedecer a las diferencias de cambio por la variación del dólar año a año, y no al flujo de efectivo, que es lo que le permite comprar dólares. Al monitoreo sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para determinar que quienes adquieren divisas lo hagan con fondos debidamente declarados en Bienes Personales (cuando se trata de personas humanas) y en Ganancias (en el caso de las empresas), se agrega el intercambio de información sobre colocaciones financieras de argentinos en el exterior, utilizando los mecanismos automáticos creados para ello por el G-20 y la OCDE.

Después de analizar más de 2.000 casos de 2016 y 2017 informados por esa vía, se identificaron 577 irregularidades que permitieron recaudar 770 millones de pesos en impuestos evadidos, apenas una gota en el océano. Ahora se abrirán las investigaciones de 2018 y 2019. Las fuentes concluyen que no es correcto equiparar fuga con evasión. Esto mide la dificultad que encontrará la posible nueva ley en su aplicación. Está por verse la solidez de las expectativas puestas en la creación de la figura del colaborador, que sería premiado con uno de cada tres dólares que consiga hacerle pagar al evasor, y en el levantamiento del secreto fiscal. Ese mecanismo funciona bien en Estados Unidos y en varios países europeos.

La justicia de pagar las deudas con recursos aportados por quienes fugan capitales y/o evaden impuestos es indiscutible, y a la oposición se le hará cuesta arriba aplicar al tema el axioma Juez. Pero la factibilidad de recaudar de ese modo cifras congruentes con la magnitud de lo adeudado dista de ser evidente.

En la publicación del Consejo Atlántico, Martin Mühleisen, quien entre 2017 y 2020 fuera director de Política y Estrategia del FMI, se quejó por el escaso apoyo político que ha tenido en la Argentina un programa que considera “minimalista”, y porque el Fondo privilegiara la geopolítica sobre la economía. En 2018, el Consejo Atlántico entregó a Maurizio Macrì el premio Ciudadano Global, por «su incansable esfuerzo por renovar el rol de la Argentina como un fundamental actor global». Dos días antes, el FMI había extendido a 57.100 millones de dólares el préstamo a su gobierno. Esta semana, Macrì divulgó su almuerzo con Donald Trump y luego dijo que había que estar listos «para el segundo tiempo del cambio».

Mühleisen expresa ahora el temor de que el nuevo préstamo otorgado al actual gobierno puede dar la impresión de que el dinero del FMI está disponible para curar los males financieros de cualquier país que lo demande con suficiente fuerza. “A diferencia de los países que recibieron financiamiento de emergencia al comenzar la crisis de Covid-19, los problemas de la Argentina son en gran parte caseros. Aun siendo miembro del G-20 su economía ha sido mal manejada durante décadas” y no se emprendieron “reformas cruciales que encaminaran al país en una trayectoria de crecimiento sustentable”. El nuevo crédito es otra oportunidad perdida de mostrar que intenta apartarse de ese pasado, lo cual disminuye la capacidad del Fondo para convencer a gobiernos dubitativos de que emprendan las reformas necesarias, dice. Sus conclusiones son inquietantes: “Aun no es demasiado tarde para que el directorio del FMI retome la iniciativa. Durante la próxima revisión, un G-7 decidido podría presionar por un mínimo de reformas que mejoren las posibilidades de éxito del programa” y corrijan “un mal precedente antes de que el mundo enfrente una nueva recesión”. Como se ve, no sólo el kirchnerismo está tensando los músculos al aproximarse la primera visita de revisión del FMI. Observar a los sectores beneficiarios de la evasión y la fuga es la actitud política más correcta, lo cual no equivale a decir que la operación sobre ellos vaya a ser fácil y exitosa.

 

 

El capital circula. por Azul Blaseotto.

 

 

 

 

El parto de los montes

El encuentro de tres ministros del gobierno nacional con las cabezas del gremialismo empresarial y obrero no arrojó otro resultado que el anuncio del adelantamiento de paritarias (que debían comenzar en pocos días más) y de una canasta de productos esenciales a precios que se suponen razonables. De este verdadero parto de los montes no participó el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, cuyas mediciones adelantan que el IPC de marzo superará el 6%, con picos superiores al 10% en harinas, derivados y cereales; en azúcar, dulces y golosinas; y con aumentos del 6,9% en hortalizas, 7,6% en carnes, 8,9% en frutas, y 15,2% en huevos. Estos porcentajes descomunales están en línea con los índices internacionales que lleva la FAO: para marzo, midieron un incremento del 12,6%.

Al anunciar las cuatro canastas de alimentos y artículos esenciales, Feletti dijo que la inflación es responsabilidad del Ministerio de Economía, que debería “bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares”. De lo contrario “esto se va poner feo”. A su juicio, dado el agudo conflicto entre bloques económicos por la disponibilidad de alimentos, energía e insumos difundidos, que espiralizó sus precios internacionales y desabasteció a los mercados, con una inflación de costos y precios internacionales que la guerra impulsó por encima del 10% en dólares y euros, la suba de precios internos no puede ser contenida con las tradicionales políticas de estabilización monetaria y fiscal, si no avanzan las regulaciones y el control estatal sobre la producción y los precios. Esto se complica en la Argentina por el comportamiento monopólico de la oferta de bienes esenciales.

Si la inflación no puede ser enfrentada con políticas monetarias y fiscales restrictivas, menos aún intentando alcanzar las metas incluidas en el reciente acuerdo con el FMI votado en el Congreso. Lo que urge es un programa de estabilización del Sector Externo que proteja a la economía del marco turbulento que presenta el mundo, que debería incluir:

  • En el Sector Externo-Balance Comercial: derechos de exportación con alícuotas móviles según la fluctuación de los precios internacionales del trigo, el maíz, el girasol y la carne vacuna; y planificación de la importación de insumos críticos, como la soda solvay y el cartón corrugado, frente a la suba de los precios internacionales.
  • En el Sector externo-Cuenta Capital: renegociación del acuerdo con el FMI conforme el impacto de los precios internacionales sobre la economía real y las finanzas públicas. Reestructuración de los plazos de pago y cambio en las pautas de monitoreo. Puesta en vigencia del sistema de tributación de los capitales evadidos ilegalmente del circuito interno del país.
  • En la Economía Real: revisión de precios y costos de la cadena energética orientada a eliminar la fijación de valores en moneda extranjera en insumos producidos localmente. Transparencia de los costos de producción de petróleo y gas. Intervención estatal en la cadena de comercialización de alimentos eliminando eslabones innecesarios.

Desde Brasil, Guzmán le respondió que bajar la inflación es prioritario para el gobierno, pero sólo mencionó medidas de política monetaria y fiscal, como la reducción del déficit y de la emisión monetaria, en los términos pactados con el FMI. Es decir, aquello que Feletti cuestiona por insuficiente.

El axioma Juez es una barrera que se erige frente al programa que insinúa Feletti. Tanto Néstor Kirchner como Cristina confrontaron sin vacilaciones con las grandes empresas y con las cámaras patronales que se creían con derecho a fijar la política económica, ya se tratara de las tarifas de los servicios públicos, la planificación de la inversión o la estructura tributaria, incluyendo las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y cereales. En su último reportaje, pocos meses antes de morir, Kirchner dijo que por sus limitaciones y carencias no supo hacer “miles de cosas” pero no admitió que hubiera otras que no pudo hacer. “Cuando uno tiene la responsabilidad pública, sería una cobardía decir que no pude. Hay cosas que no me animé a hacer, para no desestabilizar, para no profundizar, y que, gracias a Dios, Cristina las está haciendo”.

Han pasado doce años, pero los dilemas siguen siendo los mismos. En Rosario no todos parecen haberse enterado.

 

La música que escuché mientras escribía.

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