El berenjenal de los traslados

Avanzan los concursos para ocupar cargos mientras una decena de jueces permanecen en un limbo

 

El primer día hábil de agosto retomó la actividad de tribunales tras la feria de invierno y en la Justicia está pendiente la resolución de un tema clave: los traslados de jueces. Las situación más espinosa se vincula a unos diez magistrados que se encuentran en una situación irregular: prestaban servicios en un juzgado, Cámara o tribunal y fueron trasladados a otros con competencias que exceden a las que habían concursado (por ejemplo, la electoral), en su mayoría en tiempos de Mauricio Macri, a discreción. Sus puestos anteriores fueron ocupados por otros jueces por concurso, y ahora, con la disposición de que todos los traslados son provisorios, no tienen adónde volver. Entre los jueces trasladados hay magistrados de todos los colores políticos, aseguró a El Cohete a la Luna un vocero del Consejo de la Magistratura.

La discusión por los traslados de los jueces viene de larga data. En 2018, el macrismo aprobó el “Reglamento de Traslado de Jueces”, que un año más tarde fue objetado por el Consejo de la Magistratura. En noviembre de 2020, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional en el fallo Bruglia y Bertuzzi y ratificó que la única forma de acceder a un cargo de juez es concursar y ser elegido por el Poder Ejecutivo en base a una propuesta vinculante “en terna” del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública. Además, el Máximo Tribunal estableció que todos los traslados son transitorios. En el voto de los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, planteó que si se considera “definitivo” un traslado, automáticamente se estarían convalidando dos opciones para el nombramiento de jueces, con lo cual quedaría habilitada la posibilidad de “designaciones discrecionales” que afectarían la independencia del Poder Judicial. Los traslados deben cumplir con el procedimiento constitucional previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte.

El tema quedó flotando en el aire y, en el primer semestre de este año, el Consejo avanzó tanto en los concursos para jueces –desde febrero, con alguna interrupción durante el pico de la pandemia de Covid-19, y hasta ahora, que se tomaron exámenes presenciales en Tecnópolis– como en las etapas posteriores: la corrección de las pruebas y las entrevistas personales. Según la consejera Graciela Camaño, que preside la Comisión de Selección, se hicieron 25 concursos.

En el Consejo distinguen tres categorías de traslados:

  • Traslados que respetaron todos los requisitos exigidos. En esta situación, hasta julio del año pasado había 11 jueces. Entre ellos, magistrados de primera instancia, de tribunales orales y camaristas.
  • Traslados que no respetaron todos los “requisitos formales”, pero en los que no existió “vulneración alguna al procedimiento constitucional de designación de jueces”. En la mayoría de los casos el “requisito formal” que no se cumplió fue el de alcanzar la antigüedad de cuatro años desde la fecha de posesión de su cargo. En esta categoría, a julio del año pasado, estaban 17 jueces: Fernando Marcelo Machado Pelloni, Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos, Alejandro Noceti Achával, Osvaldo Onofre Álvarez, Víctor Arturo Pesino, Marcelo Roberto Alvero, María Cecilia Inés Maiza, Mario Silvio Fera, José Luis Galmarini, Nelson Javier Jarazo, Ricardo Recondo, Gabriela Vázquez, Ana María Figueroa, Liliana Edith Abreut de Begher y Marta Liliana Snopek. Sobre estos casos, el Consejo resolvió que no resultaba pertinente formular observaciones u objeciones porque “los requisitos soslayados no provocan un vicio constitucional”.
  • Por último, los traslados de jueces que no cumplen con la Constitución porque no habían obtenido el acuerdo del Senado, como marca el trámite que significa el nombramiento de un juez frente a un juzgado o como parte de un tribunal. Esos 10 magistrados fueron: Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Oscar Bruglia, Eduardo Guillermo Farah, Germán Andrés Castelli, Esteban Eduardo Hansen, Pablo Daniel Bertuzzi, Federico Hernán Villena, Enrique Gustavo Velázquez y María Verónica Skanata. En estos casos había asimetrías, es decir, no había equivalencia entre los cargos de origen y destino. Había distinta competencia material o bien distinta jurisdicción de la que habían obtenido acuerdo del Senado.

Algunas de estas situaciones se subsanaron durante estos últimos 12 meses: Farah volvió a la Cámara Federal y Niremperger y Skanata obtuvieron el acuerdo del Senado. A la audiencia pública convocada en septiembre del año pasado se presentaron todos, excepto Bruglia, Bertuzzi y Castelli. También faltó la oposición de Juntos por el Cambio.

A Germán Castelli, en marzo último, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó volver al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín, para el que fue designado por concurso. No puede permanecer en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 de Capital Federal donde tramita, entre otras, la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta. Hasta allí fue trasladado por un decreto de Macri en octubre de 2018.

En la última reunión de la comisión, que se extendió por más de tres horas, se diferenció entre los “traslados horizontales” (aquellos que son dentro de un mismo ámbito, como una Cámara, un tribunal oral o un juzgado de primera instancia) de aquellos que implican un ascenso en la jerarquía. Este fue el caso de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que eran jueces de tribunal oral (incluso fallaron en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad en la ESMA) y por disposición del gobierno de Cambiemos ascendieron a camaristas.

 

Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, ascendidos a camaristas por el macrismo.

 

 

 

 

El concurso 461

La Corte Suprema, por mayoría, en el fallo de noviembre del año pasado ordenó que se convoque a un nuevo concurso para cubrir las dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal y que se garantice el derecho de Bruglia y Bertuzzi a participar. El concurso se abrió ese mismo mes y es el 461. El examen se tomó a fines de febrero en Tecnópolis. Se presentaron unos 50 postulantes, entre ellos Bertuzzi, que quedó en el puesto 13 del orden de mérito provisorio, con un total de 161 puntos entre el examen (75) y los antecedentes (86). En el primer lugar quedó el juez Fernando Poviña, actual magistrado federal en Tucumán, con 173,65 puntos. En el segundo puesto quedó Ignacio Labadens, actual secretario del Tribunal Oral Federal 1, que obtuvo mejor calificación en el examen (94 puntos) y algo menos en los antecedentes (78 puntos), por lo que sumó 172 puntos en total. Más atrás quedaron los jueces Javier López Biscayart (en el puesto 11, con 164,40 puntos), Sebastián Casanello (en el puesto 17, con 157,20 puntos) y Ernesto Kreplak (en el puesto 43, con 121 puntos). La primera mujer de la lista es Agustina Inés Rodríguez, coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) quien, con 166,75 puntos se ubicó en el puesto 8. Bruglia no se presentó.

Tras la evaluación de los exámenes –a cargo de un jurado integrado por Javier De Luca, Claudia Rezek, Alberto Montbrun y Mirta Sotelo–, una subcomisión integrada por los consejeros Ricardo Recondo y Vanesa Siley analiza las impugnaciones. Ese trabajo se vio algo demorado porque a mediados de año Recondo contrajo coronavirus. Tras el examen que rinden los postulantes, se tienen en cuenta los antecedentes y se arma el orden de mérito. Luego se abre un período de impugnaciones del que surge un nuevo orden de mérito y se hacen las entrevistas personales. En este caso, al concursarse dos cargos, se elegirán a seis postulantes. Por la ley de cupo vigente en el Consejo, dos deberán ser mujeres.

 

 

A la CIDH

Tras el revés que sufrieron en la Corte el año pasado, Bruglia y Bertuzzi se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington –donde pidieron una entrevista personal–, para denunciar al Estado argentino por lo que consideran un proceso de “remoción política”. Pidieron una “medida cautelar urgente” para que se suspenda el concurso 461, que busca designar por concurso los dos cargos para la Cámara Federal. Bruglia y Bertuzzi consideraron agotados los recursos de jurisdicción interna tras el fallo del Máximo Tribunal.

En el texto de la presentación, al que accedió El Cohete, Bruglia indica que fue designado juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal en 1993, un año antes de la reforma constitucional de 1994, a partir de la cual comenzó a intervenir en los concursos el Consejo de la Magistratura. Pablo Bertuzzi sí concursó y obtuvo el acuerdo del Senado y la posterior designación, en 2008, por parte de la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo nombró juez de cámara en el Tribunal Oral Criminal Federal (TOF) 1 de La Plata. Bruglia y Bertuzzi aseguran que se vio afectada la “estabilidad e inamovilidad de los jueces federales”.

 

 

 

Salir por arriba

En el Consejo de la Magistratura no cayó nada bien la presentación de ambos jueces ante la CIDH. Aunque todos los consejeros afirmaron que estaban en todo su derecho a hacerlo, la mayoría cree que es un atajo. El presidente del Consejo, Diego Molea, cuestionó a Bruglia, quien refirió que el órgano que selecciona y sanciona a los jueces padecía una “inactividad absoluta”. Molea instó a seguir pensando una ley que regule los traslados: “Nuestra Justicia necesita que todos los cargos estén ocupados”.

 

Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura.

 

 

En la última reunión de la Comisión de Selección, Camaño también respondió a los cuestionamientos sobre que el Consejo “no hace nada” respecto a los traslados. “A quienes sostienen esos argumentos, les recuerdo que el fallo invalida al Consejo para traslados, no tenemos herramientas para ello”. La sentencia del Máximo Tribunal sugiere crear una nueva ley. “No podemos privar al Poder Judicial del instituto del traslado porque es una posibilidad mudarse. Lo que sí no se puede usar políticamente”, dijo la consejera-diputada Camaño.

El diputado Pablo Tonelli dijo que le costaba encontrar el “agujero al mate” después de que la Corte estableciera que todos los traslados son provisorios. Con esta nueva óptica, sólo son viables –argumentó– los traslados horizontales: dentro de un mismo tribunal o de una misma Cámara. “Si los traslados no son definitivos, no sirven para nada y generan más problemas de los que solucionan”, sostuvo. El consejero-juez Alberto Lugones señaló que en países vecinos hay tribunales de “conformación plural”: los magistrados no pertenecen a un tribunal específico, sino a un tribunal o cámaras de todo el país y se sortea una vez al año qué sala integran para dicho período. Consideró que era una alternativa para implementar en la Argentina.

El representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz planteó: “Hoy estamos en un laberinto. ¿Cómo se sale de los laberintos? Por arriba. A través de una ley que fije parámetros claros y que permita darle certidumbre a los jueces”.

Desde el Consejo de la Magistratura afirmaron que la Corte “se metió en un berenjenal” cuando falló en la causa Bruglia y Bertuzzi que todos los traslados son transitorios.

“La única forma de resolver esto para adelante es con una ley. Yo pienso que los jueces con traslados anteriores a la reforma constitucional de 1994 deberían quedarse donde están. Los posteriores a noviembre de 1998 –cuando entró en funciones el Consejo de la Magistratura–, si son de un cargo de igual jerarquía, soy de la idea que no hace falta concursar. Y para los asimétricos, habrá que llamar a concurso”, confió a El Cohete un integrante del Consejo con aceitada llegada a la Casa Rosada.

 

 

A un pasito

El Ejecutivo acaba de remitir al Senado una nómina con 33 cargos de jueces, defensores y fiscales, quienes el 27 y 28 de julio pasaron por la audiencia pública que marca la Constitución. Al frente de las audiencias estuvieron la presidenta y el vice de la Comisión de Acuerdos: Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza) y Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio-Córdoba).

Los 33 son: Juan Carlos Bonzón, Hugo Daniel Navarro, Enrique Jorge Bosch, Patricio Nicolás Sabadini, Ana Silvia Guzzardi, Maximiliano Dialeva Balmacena, Walter José Candela, María Laura Lema, Gustavo Javier Alterini, María Guadalupe Vásquez, Florencia Nallar, María Pilar Rebaudi Basavilbaso, Pablo Alfredo Candela, Juan Perozziello Vizier, María Claudia del Carmen Pita, Marisa Sandra Sorini, Romina Alicia Magnano, Matías Ariel Buenaventura, Iván Javier Gueler, María Virginia Sansone, Mariana Beatriz Vera, Carlos Alberto Calvo Costa, Diego Manuel Paz Saravia, Diego Leonel Freeman, José Agustín Chit, Gonzalo Auguste, Alejandro Jorge Nobili, Noelia Quiroga, Enrique Catani, Andrea Érica García Vior, Gabriel de Vedia, Patricia Silvia Russo y José Alejandro Sudera.

Si el Senado presta acuerdo, se completaría, por ejemplo, la Cámara del Trabajo, un fuero cuestionado abiertamente por el ex Presidente Macri y atacado por el gobierno de Cambiemos. También se integrarían fueros clave como el Civil y el Comercial, donde tramita la causa del Correo Argentino.

 

 

 

 

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