EL BESTIARIO SEXUAL DE LA ESMA

La especialidad oculta de los señores del mar

 

Fueron dados de baja en la Armada Argentina Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías, todos con alias de animales, que constituyeron la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA. Allí no solo torturaron y mataron a casi cinco millares de personas. También violaron a las prisioneras. Su exclusión de la fuerza es consecuencia de la pena de inhabilitación y prisión perpetua que recibieron en juicios con todas las garantías de la ley que quebraron y de la democracia contra la cual atentaron.

 

 

Violaciones

Tres víctimas autorizaron a difundir sus nombres junto a sus relatos:

  • Silvina Labayru fue violada entre dos o más represores al menos en diez oportunidades. Alberto Eduardo González la obligó a tener relaciones. Un mes después de haber dado a luz, el Tigre Acosta la llevó a una salita, le dijo que estaba muy gorda y que “como no había entregado a nadie, no estaba probada su recuperación; la mejor manera de demostrarles que no los odiaba, era manteniendo una relación si quería salir a reencontrarse con el marido y su bebé”.
  • Mabel Zanta, secuestrada entre el 6 y el 23 de septiembre de 1978, declaró abusos sexuales, manoseos, desnudez, torturas… Un guardia apodado Lobo la llevó a un baño, donde le apuntó con una pistola a la cabeza mientras la penetraba.
  • Rosa Paredes, secuestrada junto a su esposo el 12 de marzo de 1979, fue confinada hasta el 22 de junio. También era manoseada además de las torturas. Hasta finales de 1980, estuvo sometida a “libertad vigilada”. Le caían a la casa cada tanto en supuestas visitas de control, en que la sometían varias veces.

 

Violador Alberto Eduardo González.

 

 

 

 

Jurisprudencia

El juicio de 1985 sólo emitió condenas contra ex Comandantes en Jefe que integraron las sucesivas juntas militares y apenas abrió la posibilidad en el punto 3 de la sentencia, contra los autores inmediatos de los delitos. En tiempos de Raúl Alfonsín, la figura emblemática de la ESMA era Alfredo Astiz, tan ejemplificadora como para obturar otros reclamos.

Aunque los avances “fueron más consecuencia de la lucha social que del aparato judicial”, resumió Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, quien recuerda que la ley de Obediencia Debida excluía del perdón la apropiación de bebés, la de bienes y las violaciones sexuales. No obstante, pasarían décadas antes de que hubiera procesos específicos por este último delito.

Recién en el siglo XXI fue juzgado un represor de la ESMA, Héctor Febres, hasta que cuatro jornadas antes de la sentencia, en el día de los derechos humanos de 2007, su cuerpo apareció envenenado.

Un nuevo tramo de la Megacausa ESMA comenzó el 11 de diciembre de 2009. Los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 fueron juzgados por delitos contra las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga; las muertes de las monjas francesas Alice Domon, Leonie Duquet y del escritor Rodolfo Walsh.

Luego de casi dos años de oír a ocho decenas de sobrevivientes más otros 120 testigos, el 26 de octubre de 2011 el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires, conformado por Ricardo Farías, Daniel Horacio Obligado y Germán Castelli, pronunció la primera sentencia de entre 18 años y prisión perpetua a dieciséis represores, entre los que estaban los seis que acaban de ser degradados.

 

 

 

 

 

 

Las acusaciones por violencia sexual fueron derivadas al Juzgado Federal 12, de Sergio Torres, donde se abrió otra causa con la intervención del fiscal Eduardo Taiano.

 

 

 

Avances

De acuerdo al relevamiento de Flor Alcaraz para Latfem  (Crímenes sexuales como delitos de lesa humanidad), recién desde 1999 el Código Penal tipicó la violación como “delito contra la integridad sexual”. El año previo había tenido lugar la primera sentencia de un Tribunal Penal Internacional que definió las violaciones de las tutsis en Ruanda como un delito contra la humanidad. Aquí, recién hacia 2010 se condenó a perpetua por sus violaciones sexuales en la Base Aérea de Mar del Plata a Gregorio Rafael Molina.

En 2012, la Procuración General de la Nación fijó las Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales en el terrorismo de Estado (Resolución 557): no sólo es autor quien eche mano sobre la víctima, también lo es “quien ejerza fuerza sobre ella, quien ordene el abuso, quien sea responsable del centro clandestino o todo el que realice un aporte (…) determinante”.

En tal cambio de paradigma incidieron tanto el abogado Pablo Parenti como, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky, quien detalló las particularidades de ser mujer en la ESMA y escribió documentos para su reflexión. Con el testimonio de Olga Wornat y Miriam Lewin en su libro Putas y guerrilleras (2014) se ve un doble castigo: “Al ‘algo habrán hecho’ para estar cautivas, se imprimió el ‘algo habrán hecho’ para sobrevivir”, resumió Alcaraz.

Ya en sede judicial, hacia 2013, Susana Ramus denunció haber sido violada por tres represores (archive.org). Tenía 27 años al ser secuestrada, desnudada, torturada y sometida. Fue llevada por un guardia “verde” a limpiar el baño “para que me despejara un poco. Pero me llevó a un cuartito y me violó. Se lo comenté al personal. Chamorro (director de la ESMA) me explicó que le parecía mal, que tomaría medidas. Lo trasladaron al sur”. Después fue atacada por dos oficiales: “Rádice me llevó a un hotel y me violó. Lo mismo (Juan Carlos) Rolón. Se lo comenté a Acosta y me dijo que podía salir y tener relaciones con oficiales, pero no con otro personal ni con detenidos, que era decisión mía. Lo tomó para el lado que no entendí…”. Luego de denunciarlos, las condiciones de su cautiverio empeoraron.

Graciela Beatriz García entró a declarar seguida por la mirada de su hostigador Néstor Savio en todo su recorrido. Relató que en la ESMA, Pernías la recibió a trompadas y que, después, el represor intentaría un abuso del que “pude zafar”. En otra oportunidad fue llevada con más mujeres a una quinta donde había marinos. “Acosta sugirió que había que elegirnos. Cada una terminó con uno. Terminé al lado de la piscina con (Pablo) García Velasco. Ahí no me pasó nada”, no fue abusada. “En la ESMA, otro día, Acosta me ofreció un pedazo de torta; era un montón para las condiciones en que estábamos. Me llevó dos veces a un departamento en Olleros y Libertador; traía sábanas en una valijita marrón. Después yo volvía al grillete, las esposas y al balde para hacer necesidades”. Mencionó otro departamento en Ecuador y Santa Fe: “Ahí me llevaba el mayor Mazzola, los fines de semana. A veces iba Acosta”. Relató que Inés Cobos le contó haber sido abusada por Acosta.

 

 

Laura Conte y otros familiares de víctimas. Foto: Matías Pellón-Ministerio Público Fiscal.

 

 

Sobre las audiencias que continuaban en 2015, El Cohete consultó a Fernando Tebele, del medio alternativo La Retaguardia, que suele transmitirlas. LR había publicado notas que fueron exhibidas por “Sérpico” Cavallo con la intención de deslegitimar a los fiscales. Para Tebele, esa actuación demostraba su alcance a material de inteligencia, ya que donde estaba preso no tenía internet. El tribunal le permitió hacer eso y además “rechazó ampliar los cargos a delitos sexuales”.

Sin embargo, la sumatoria de denuncias de orden íntimo determinaron que la fiscal Mercedes Soiza Reilly requiriera al TPCF 5 que se ampliase la acusación por los delitos de violación sexual agravada. En su alegato, contabilizó testimonios de 39 víctimas de abusos: “Los crímenes sexuales fueron parte del recorrido de ilicitudes tendientes a completar el plan de exterminio”. Soiza Reilly señaló que “las denuncias de violencia sexual recién adquirieron relevancia en los últimos años del proceso”, que llevaba más de una década y citó once antecedentes de la jurisprudencia. “En los años ‘80 fue invisibilizada, no se trabajó con perspectiva de género y no se relevaron de manera diferenciada los casos de violaciones y abusos sexuales, tratados como parte de las torturas”.

 

Mercedes Soiza Reilly, Fiscales, 2015.

 

 

 

 

 

Causa ESMA Unificada

Soiza Reilly, acompañada por los fiscales generales Guillermo Friele y Abel Córdoba, sumó 108 horas de alegato tras cinco meses de exposición desde el 6 de julio de 2015. Lamentó no poder mencionar a cada víctima: para Tigre Acosta, pidió perpetua por cientos de casos de privación ilegal de la libertad agravada y, entre otros delitos, 5 abusos deshonestos y 3 violaciones.

En el final, miró a los jueces Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia para exhortar: “Lo que digan quedará en la historia democrática de nuestro país. Sus voces serán parte de la reconstrucción de la memoria colectiva de nuestro pueblo. La Justicia viene hoy a colaborar con la lucha que los organismos de derechos humanos llevaron desde siempre. La decisión que tomen expondrá la verdad y será un acto más de reparación, aunque tardía, aunque nunca logre mitigar el dolor instalado en esta sociedad. Hago mías las palabras del poeta cubano José Martí: ‘Los hombres van en dos bandos; los que aman y fundan; los que odian y deshacen’. Solicitamos, entonces, que condenen a los que odiaron, a los que subvirtieron el orden constitucional, a los que avasallaron las instituciones democráticas. Recién ahí se hará justicia por aquellos que amaron”.

 

 

El Tribunal.

 

 

El tercer juicio por este centro clandestino, luego de cinco años, terminó el 29 de noviembre de 2017. “ESMA Unificada” significó el proceso más prolongado en la historia del sistema penal argentino, según ratificó el fiscal Abel Córdoba.

De los 68 acusados llegaron al final 54: once habían muerto; tres fueron apartados del debate por razones de salud. Seis resultaron absueltos. Entre los 29 condenados a perpetua estuvo el grupo de los seis: Acosta, Cavallo, Donda, González, Pernías y Radice.

 

 

 

 

Los 40 imputados

Acosta, Pernías y Alfredo Astiz fueron acusados de cinco abusos; Radice y Cavallo, de tres; Donda, de dos, aunque los imputados fueron 40 (de 67), cuya enumeración consta en el sitio Fiscales: pidieron la ampliación de la acusación a 40 imputados por delitos sexuales.

La especificidad de los delitos sexuales debió esperar a 2020 con demoras debido a la pandemia, hasta que la Sala II de Casación (Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci) intimó a iniciarlas. La primavera de ese 2020 comenzó con el rechazo a las detenciones domiciliarias para Acosta y González, que afrontaron el primer debate por violaciones sexuales.

En las audiencias ante el TOCF 5 integrado por Palliotti y Obligado, aunque esta vez bajo la presidencia de Adrián Federico Grumberg, el fiscal Leonardo Filippini tuvo como auxiliar a Marcela Obetko, con la asistencia de la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos y la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozetta. Acosta y González no quisieron declarar.

El 13 de agosto de 2021, González fue condenado como co-autor de violación agravada con el concurso de otras personas, en diez oportunidades, en perjuicio de una mujer. Le unificó a la pena única de prisión perpetua, la de 20 años impuesta en este debate y una perpetua anterior impuesta por sentencia firme del 26 de octubre de 2011 en la causa 1270 (ESMA II) y sus acumuladas.

Acosta fue condenado como coautor de la violación con el concurso de más personas, en diez oportunidades, y abuso deshonesto reiterado contra una víctima; delitos que repitió contra sendas mujeres, aunque en otras dos acusaciones recibió “el beneficio de la duda”.

El tribunal unificó en la pena de perpetua, la nueva de 24 años y la anterior de la causa 1270 y compresiva de la de 30 años de las causas 1351 y 1604 –por apropiación de bebés–, desde la sentencia de 2012.

Este año, sin embargo, Acosta pretende una libertad condicional debido al tiempo que lleva en prisión. Para ello cuenta con una ayudita de Casación que, al bajarle la pena por torturas y robo de bebés, lo acercó al beneficio, algo que los organismos de derechos humanos ya cuestionaron.

 

 

El violador “Tigre” Acosta. Foto: Matías Pellón-MPF.

 

 

 

 

 

Sin rango

Luego de que el TOF 5 notificara a la Cartera de Defensa la sentencia firme contra los seis, se imponía aplicarles la ley 19.101 para Personal Militar. Por eso, el ministro Jorge Taiana firmó este miércoles 3 la resolución que da de baja a Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Rádice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías. El Ministerio destacó que esta resolución se enmarca en el compromiso con una política de respeto a los derechos humanos y de integración de las Fuerzas Armadas a la sociedad.

 

 

Taiana firmó la baja de los violadores.

 

 

 

 

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