EL CASO BBC

El Senado no exorbitó sus facultades constitucionales

 

Introducción

El Artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional dispone que es atribución del Presidente de la Nación nombrar a los jueces de los tribunales federales inferiores, en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Paralelo a ello, es resorte del Presidente de la Nación llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión, que expirarán al fin de la próxima Legislatura (cfr. Artículo 99 inciso 19).

Como subyace de lo expuesto, surge que la norma constitucional está lejos de dar una respuesta inequívoca al problema de los traslados de magistrados. ¿Están autorizados por la Constitución Nacional? Si lo están, ¿bajo qué condiciones?

La Acordada 7/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación da una respuesta a la cuestión interrogada. La mayoría del alto tribunal estableció que los traslados pueden realizarse sin el acuerdo del senado, cuando se cumplen dos requisitos, a saber:

  1. el traslado se realiza a un cargo de igual jerarquía y
  2. para el ejercicio de una competencia material igual o similar.

Lo novedoso de la situación examinada es que se presenta un nuevo tópico no considerado previamente por la jurisprudencia cortesana. ¿Puede el Honorable Senado de la Nación revisar un traslado realizado en condiciones de perfecta legalidad? Dicho en otras palabras: la estabilidad del decreto de designación en el nuevo cargo, ¿goza del mismo grado de indemnidad que el primer acuerdo?

 

 

El problema

El acuerdo del Senado para el nombramiento en un nuevo cargo, ¿exorbita las atribuciones de esa cámara? ¿Interfiere en las atribuciones de los demás poderes del Estado?

El Poder Ejecutivo ¿requiere un nuevo acuerdo para trasladar un juez? Si no lo requiere: ¿significa que el Senado no puede revisar el traslado?

 

 

Modo de resolución del problema

La situación planteada está lejos de poder ser resuelta mediante un procedimiento deductivo. El juez no está en condiciones de aplicar un mero silogismo, para arribar a la solución justa de la controversia examinada. Por ello resultará imperativo que el juez dialogue con los hechos en confluencia con los principios y valores constitucionales. De tal manera que el juez, en definitiva, resultará el creador de la norma aplicable en correspondencia de las normas, principios y valores que son aplicables al caso.

Así las cosas, la decisión impone un estoico y laborioso discernimiento del asunto controvertido, en diálogo con el acervo de conceptos que proporciona la tradición jurídica (normas; jurisprudencia; doctrina). Va de suyo que el camino hacia la respuesta no comenzará de cero, sino que deberá realizarse a partir del bagaje de conocimientos a la mano de los operadores jurídicos .

Es lógico que el catálogo de respuestas que podemos hallar en los antecedentes jurisprudenciales, es por naturaleza provisorio y se irá incrementando como consecuencia de la aparición de nuevos planteos.

Entonces resulta inocultable, que en el caso examinado surge un campo de tensión entre el principio de estabilidad de los actos administrativos y las facultades privativas del Honorable Senado de la Nación para dar el placet para el ejercicio del nuevo campo, lo que obliga a ponderar un razonable equilibrio.

 

 

Consideraciones

En ese orden de ideas, no podrá pasar desapercibido que la cuestión examinada remite necesariamente al modo en que el Honorable Senado de la Nación ejerce una atribución que la Constitución Nacional, le concede en términos precisos e inequívocos (cfr. Inciso 4 del Artículo 99).

En tal sentido, bien puede decirse —parafraseando al juez Maqueda— que la cuestión debatida involucra en esta instancia, la responsabilidad y autoridad del Congreso de la Nación en el ejercicio de una atribución consagrada expresamente en la Norma Fundamental, que en sí misma es más política que legal. (Fallos: 334:144, sentencia del 2 de marzo de 2011).

En las condiciones indicadas, es pertinente consignar que recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantuvo los estándares de abstención jurisdiccional respecto de las denominadas facultades privativas del Poder Legislativo. (Cfr. Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación s/ acción declarativa de certeza, CSJ 000353/2020/CS00124/04/2020, Fallos: 343:195.)

En este entendimiento, el acto por el que se desaprueba un pliego, es un acto que se ha cumplido en el ámbito de las facultades que le son privativas al Honorable Senado de la Nación, con arreglo a la atribución expresamente consagrada en la Constitución Nacional. Ciertamente, la función jurisdiccional no debe alcanzar al modo del ejercicio de tales atribuciones, de cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido la regla general de la no justiciabilidad de las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder. Esta interpretación la ha sostenido desde 1865 (Fallos: 53:420). También es coherente dentro del sistema jurídico argentino, en el que se adopta el principio de división de poderes que obliga a los magistrados a respetar la independencia de las otras autoridades de la Nación (Fallos:354:43; 321:3236, considerando 16), sin que les sea posible juzgar el modo en que ellas ejercen sus competencias.

El rechazo de la pretensión del tridente BBC resulta absolutamente esencial para salvaguardar el interés de la soberanía popular y la defensa de la transparente manifestación de la voluntad de los ciudadanos, a riesgo de quedar afectado el pleno imperio de la Constitución Nacional.

En esa inteligencia, deviene necesario consignar que la Constitución Nacional no dispone un límite temporal para revisar los traslados de jueces y, más aún, destaco que la temporalidad está establecida para la duración de los nombramientos que requieren la aquiescencia del Senado de la Nación.

Es que, en efecto, una cosa es que la práctica constitucional haya tolerado la designación de jueces sin el acuerdo del Senado y, otra muy distinta, es que se juzgue que la voluntad presidencial puede estar por encima de la voluntad del Senado de la Nación, concluyéndose la existencia de una zona de reserva administrativa insólita para la designación de jueces.

La conclusión precedente es aplicable tanto para el caso de jueces que fueron trasladados en cumplimiento de lo previsto en la Acordada 7/2018, como también para el caso del tridente BBC, que no cumple manifiestamente con los requisitos de igual jerarquía y competencia material.

 

 

 

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1 comentario
  1. Ricardo Comeglio dice

    Yo le doy datos que llevan a un análisis silogístico de la cuestión por la que se llega a una conclusión deductiva:
    1) Las Acordadas de la CSJ son inconstitucionales desde la sanción de la reforma constitucional de 1994 que impone en el art. 114 de la Carta Magna, que la «administración de justicia» será exclusiva facultad del Consejo de la Magistratura. El que nadie lo haya planteado no es un problema de la Constitución sino de las personas que habitamos la Nación que no defendemos a la Constitución y mucho más de las autoridades que al asumir juran defenderla. Se le tiene miedo a la Corte y por eso nadie se anima a decirle que sus Acordadas son inconstitucionales, eso habla de la inmadurez jurídica de la Argentina.

    2) El art. 18 de la Constitución dice que los «habitantes de la Nación» no pueden ser sacados de los «… jueces designados por la ley antes del hecho de la causa».

    2.a) La garantía constitucional ahí consagrada es de los «habitantes de la Nación» a tener un juez «natural», no de los jueces a ser jueces naturales, por lo que todo el tema a dilucidar siempre debe tener en cuenta que el principio constitucional a garantizar es de los habitantes de la Nación, no el de los jueces en tanto tales.
    Un juez tiene la misma garantía para el caso de que sean «juzgados» y hasta para el caso de resolver un reclamo que ellos hagan de cuestiones administrativas relativas a su propio cargo, tal como es éste caso. Ahora bien, para que el reclamo administrativo de un juez tenga entidad de tal, es decir de reclamo, el mismo debe estar fundado en un derecho y en este caso ellos fundan ese derecho en un Decreto del Presidente Macri con el que se los nombró.
    Entonces el asunto es dilucidar si ese Decreto reviste la calidad de constitucional o no y dado que el art. 18 de la Carta Magna habla expresamente de «jueces designados por la ley», lo único que queda entonces es saber si ese Decreto presidencial puede ser considerado «ley» en los términos que la Constitución alude.

    2.b) Dice mucho de la forma de analizar el tema el consignar con precisión qué está en discusión y lo que está en discusión aquí es la palabra «designados» y la palabra «ley».
    Bruglia, Bertuzzi y Castelli no fueron «designados» por Macri sino que fueron «trasladados» del cargo jurisdiccional original en el que fueron «designados», a un cargo jurisdiccional nuevo en el que no fueron «designados», por lo tanto el cargo que ostentan desde que Macri los «trasladó» no es el original, no es en el que fueron «designados por la ley». Esto hace que los «habitantes de la Nación» han sido «sacados» del juez natural del que habla el art. 18 de la Constitución Nacional.
    Esto lleva a concluir que si no se los mantiene en los cargos que ostentan luego del Decreto de Macri, no son «removidos», sino que simplemente se deja sin efecto una decisión presidencial de traslado que era inconstitucional con la generación de una nueva decisión presidencial que modifica la anterior.
    Este cambio de decisión presidencial pasa a ser entonces el motivo de un nuevo análisis con el fin de saber si realmente se produjo de forma constitucional o no.
    Si se considera que un traslado de un juez del cargo jurisdiccional original a otro, realizado por Decreto presidencial, es un acto constitucional, no queda más que concluir que un posterior nuevo traslado, realizado también por otro Decreto presidencial, es otro acto constitucional, con lo cual si el Decreto de Macri es declarado constitucional por la Corte, el Decreto de Alberto por el cual vuelve a estos 3 jueces a su cargo jurisdiccional original, también es constitucional.
    No asentir con esta conclusión lógica luego del silogismo propuesto es sólo por considerar quién es el autor del Decreto presidencial más que por una posición jurídica robusta y constitucionalmente aceptable. Si un Decreto de Macri es constitucional entonces uno de Alberto en el mismo sentido pero modificando el anterior de Macri, también es constitucional.

    3) El art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional habla de que el Presidente de la Nación «nombra» los jueces con acuerdo del Senado. Nada dice la Carta Magna de que el Senado los nombra o que el Consejo de la Magistratura los nombra, sino que la «atribución» es sólo exclusiva del Presidente, claro que condicionado a elegir para ese nombramiento a uno de los 3 aspirantes que le «propone» el Consejo de la Magistratura y siempre teniendo el «acuerdo» del Senado. Pero el nombramiento es privilegio exclusivo del Presidente.
    Esto nos lleva a discernir entonces si que Bruglia, Bertuzzi y Castelli hayan sido «trasladados» por Macri cumple con la definición de «nombramiento» al que alude la Constitución Nacional.
    Si los constituyentes hubieran querido dejar en poder del Presidente de la Nación la «atribución» del «traslado» de los magistrados, es más que evidente que hubieran consignado eso en el texto de la Carta Magna, pero no lo hicieron, porque la única atribución que le dieron fue la de «nombrar» los magistrados y se la dieron con condiciones inexcusables. Esto nos lleva a concluir que «nombrar» un juez no es lo mismo que «trasladarlo» y que la atribución del Presidente sólo es constitucional en tanto los «nombre», no para «trasladarlos».
    Se podría asignar aquí preponderancia a la teoría jurídica por la que se concluye que quien puede lo más, puede lo menos, pero no es el caso si de lo que hablamos es de «atribuciones» presidenciales, por cuanto el art. 29 de la Constitución Nacional es claro al señalar expresamente que: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.».
    En la definición de «persona alguna» entra claramente la de «jueces designados por la ley» al que alude el art. 18 de la misma Carta Magna, por lo que ningún juez designado por la ley puede quedar con facultades extraordinarias por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced.
    Si ningún juez puede tener facultades extraordinarias tales que lo deje a su merced la vida, el honor o las fortunas de todos los argentinos, es más que evidente que siempre debe existir una instancia superior de control de sus actos que pueda dejar sin efecto sus resoluciones.
    ¿Quién controla las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia para que no tenga la facultad extraordinaria de que quede a su merced la vida, el honor o las fortunas de los argentinos?
    La respuesta hay que buscarla en la misma Constitución por ser la que se encargaría de regular esa irregularidad manifiesta.
    Ya vimos que el art. 99 inc. 4 de la Carta Magna le da la atribución al Presidente para «nombrar» jueces, lo cual deja muy claro y evidente que no podría ser jamás la Corte Suprema de Justicia quien pueda «nombrar» un juez, como tampoco podría hacerlo el Consejo de la Magistratura. Sólo lo puede hacer el Presidente de la Nación.
    Esto deja a la Corte Suprema con un problema entre manos ya que si no puede «nombrar» jueces, tampoco puede ir en contra de un nombramiento realizado por el Presidente de la Nación, claro que sólo si ese nombramiento fue de acuerdo a la Constitución y ésta le da la atribución al Presidente con la condición de que elija de entre 3 candidatos que para el cargo le proponga el Consejo de la Magistratura y luego eleve el pliego de nombramiento al Senado para que éste de su acuerdo.
    Esto nos deja con una claridad deductiva más que evidente:

    3.a) Si el Presidente no elije de entre 3 candidatos que le propone el Consejo de la Magistratura, el nombramiento del juez no es constitucional.

    3.b) Si el Presidente no eleva el pliego de nombramiento al Senado para su acuerdo, el nombramiento del juez no es constitucional.

    3.c) Si el Senado no le da el acuerdo al candidato propuesto por el Presidente, el nombramiento del juez no es constitucional.

    4) Un Decreto presidencial por el cual «traslada» jueces no es «nombrar» jueces, que es la única atribución que tiene el Presidente de la Nación según la Constitución para el caso de los magistrados, por lo que «trasladar» jueces no estaría dentro de las atribuciones que la Carta Magna le otorga al Presidente de la Nación. Pero esa atribución de «trasladar» jueces ¿en cabeza de quién queda entonces de acuerdo a la Constitución Nacional?
    El art. 114 de la Constitución Nacional indica la forma de crear un Consejo de la Magistratura y señala las atribuciones del mismo, entre las que coloca «… la administración del Poder Judicial». Queda entonces saber ¿qué es la administración del Poder Judicial? y más aún, discernir si dentro de la definición de administración está la posibilidad de «trasladar» jueces.
    Esta «administración» del Poder Judicial es la atribución por la cual la Constitución Nacional regula aquella irregularidad de las facultades extraordinarias a las que alude el art. 29 de la propia Carta Magna y que dejaría a la Corte Suprema sin la posibilidad de quedar a su merced la vida, el honor o las fortunas de los argentinos, ya que no está en condiciones de «nombrar» jueces por la atribución exclusiva que de ello tiene el Presidente de la Nación, pero tampoco podría «trasladar» jueces porque esa atribución es un claro acto de «administración del Poder Judicial», con lo cual sería exclusiva del Consejo de la Magistratura.
    Si la Corte Suprema de Justicia no puede nombrar ni trasladar jueces, es más que claro que no puede convalidar ningún acto de nombramiento o traslado que no se haga conforme a lo que indica la propia Constitución, porque de no hacerlo así estaría ejecutando un acto que le otorgaría una atribución que la Carta Magna no le ha asignado y que además en su art. 29 le prohíbe ejercer.
    La Corte Suprema sólo puede decidir sobre actos ajenos, no puede ejecutar actos que signifiquen tener una atribución que la Constitución no le otorga y que en realidad le prohíbe tener.
    Por ello es que fácilmente es deducible que la Corte Suprema sólo debe decidir si el Decreto del Presidente Macri por el que «trasladó» jueces de una jurisdicción original a otra, es constitucional o no y en el caso de decidir que no lo es debe aceptar que ese acto inconstitucional se debía subsanar de acuerdo a la manda de la misma Carta Magna, la cual señala cuál es el procedimiento para «nombrar» y «trasladar» jueces.

    CONCLUSIÓN:
    Nombra magistrados sólo el Presidente de una terna que le presenta el Consejo de la Magistratura y con el acuerdo del Senado.
    Traslada magistrados sólo el Consejo de la Magistratura por tener la atribución constitucional de «administrar el Poder Judicial».
    El Presidente no tiene atribución constitucional para trasladar jueces.
    El Consejo de la Magistratura no tiene atribución para nombrar jueces.
    La Corte Suprema de Justicia no tiene atribución para decidir algo diferente a esa manda constitucional, so pena de quedar incursa en el delito de prevaricato por no hacer respetar lo consignado en la Constitución Nacional.
    Si así no lo hiciera la Corte de Justicia, entonces los «Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.»

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