Dos docenas de policías bonaerenses acaban de ser desafectados por poner su tiempo y material estatal al servicio de una candidatura de La Libertad Avanza (LLA), mientras planeaban encaramarse en la conducción de la Fuerza.
El oficial superior de más alto rango entre los complotados había sido expuesto por Horacio Verbitsky hace trece años.
Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela ya había sido desafectado en una de las depuraciones de Carlos Arslanian, cuando era ministro bonaerense de Seguridad del gobernador Felipe Solá. Según la resolución publicada en el Boletín Informativo 60 del 23 de agosto de 2005, el oficial incurrió en “faltas graves” de acuerdo con los incisos a y h del decreto 3326/04: “actos u omisiones que impliquen corrupción” y “todo acto que importe el incumplimiento de un deber legal impuesto al agente, en tanto se verifique de este una grave afectación a la ética, el respeto, la integridad y la honestidad”.
¿Cómo se recicló para regresar a un puesto de comando en “la Bonaerense”?
Cuando fue echado, no existía la Policía Ecológica, que se creó el 20 de diciembre de 2005. En 2007, la gobernación pasó a manos de Daniel Scioli, reelecto en 2011 cuando el secretario ecológico de la Nación era Juan José Mussi y otro berazateguense era y continúa siendo el único juez federal del departamento quilmeño, Luis Armella.
Junto a ambos trabajó Ortiz Valenzuela (legajo 23.836). En su currículum hizo constar que integraba la Policía Ecológica con el rango de teniente 1.º cuando se desempeñó como auxiliar del juzgado. Con tal antecedente accedió a ser empleado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR), un consorcio entre Estados municipales, el provincial y el nacional, que siempre preside el secretario de Ambiente del Poder Ejecutivo nacional.
Allí, a las órdenes de Mussi, el policía fue el encargado de coordinar la fiscalización de industrias, como reconoce en su cuenta de LinkedIn: “director de Fiscalización en la Secretaría de Ambiente de la Nación”.
Su desempeño coincidió con el de Gabriel Husain, quien también cumplió funciones junto a Armella en causas penales sobre contaminación ambiental y en ACuMaR, en cuya Secretaría de Planificación trabajan los hermanos Zinij: Daniel, ingeniero, y Gabriel Zinij, arquitecto.
La designación de esos funcionarios fue solicitada por Armella a Mussi, que de buen grado aceptó a los amigos de su vecino y socio político. No fue lo único. También los familiares del juez pasaron a comer de la ancha mano ambiental gracias al armado de empresas a las que Mussi encargaba trabajos para la limpieza del Riachuelo, que el juez apuraba para que se contratara de forma directa o simulaban concurso de precios.
Al día siguiente de que el director de este medio lo revelara, hacia agosto de 2012, los acomodados de Armella debieron irse de la función. La revelación periodística fue confirmada por la Auditoría General de la Nación y por una auditoría interna de ACuMaR. Ahora, como comisario mayor, Ortiz Valenzuela acaba de ser descubierto como el máximo oficial en actividad que ha complotado contra el gobernador, que tiene como aliado al intendente de Berazategui, Mussi, el primero que siguió a Jorge Ferraresi en distanciarse de Cristina Fernández.
Los demás
Lo acompañaban cuatro comisarios inspectores (el rango inmediato inferior al de mayor): Hildo Javier Vázquez (legajo 27141); José Luis Rodríguez (legajo 27443); Gustavo Adrián Herrera legajo 21036) e Ignacio Martín Candia (legajo 21324).
Hildo Javier Vázquez trabajó jornada completa desde junio de 2000 en el Ministerio de Seguridad con sede en La Plata, donde ocupó cargos de conducción desde 2006 como jefe de Delegaciones y jefe de División Operativa con Materiales Peligrosos, en la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, hasta que lo descubrieron. Se presentaba como “un profesional con experiencia en seguridad y organización”, ya que su educación tenía directa relación con su trabajo.
Exhibía una lista de especialidades en su formación, desde la Escuela Vucetich (2004) hasta la Universidad Católica (2022). Se interesó por la oratoria, además de acreditar un diploma en Prensa y Comunicación en Zonas de Emergencias, tema sobre el que se formó también en Chile.
En la Universidad de Texas, hizo media docena de cursos entre 2017 y 2019, año que complementó con otro en la Embajada de Estados Unidos, cuyo nuevo jefe designado buscará convencer a los gobernadores de lo conveniente de no ser como Kicillof.
El comisario inspector Ignacio Martín Candia tiene un homónimo (cuya vinculación no pudo ser corroborada) a cargo de un Estudio Jurídico Candia en Quilmes —Necochea 2445— que publicitaba en 2019.
Hacia marzo de 2021, el comisario con legajo 21324 (DNI 22.502.037, nacido en 1972) fue designado director de Control Disciplinario.
La misma Resolución 298 de 2021 designó en Necochea como jefe de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas Principal a Eduardo Daniel Sosa, legajo 167409 (DNI 25.898.245, nacido en 1977). Allí estuvo hasta el 26 de noviembre de 2024, cuando fue reemplazado por Mariano Alberto Di Fiori, oficializado por Resolución 520 de marzo de este año.
Durante la pandemia, el estudioso comisario inspector Vázquez iba acompañado por los comisarios Candia y Nixdorff (la prensa local lo consignó como Sebastián, mientras que el sancionado esta semana es Nixdorff Nicolás Facundo, CUIT 20-27824942-6) a capacitar en actuación ante hechos de Covid-19, en tanto personal de la Dirección de Prevención Ecológica.
Comisarios y subcomisarios
Con el primer rango fueron apartados Claudio Ezequiel González (legajo 27328); Pablo Andrés Yotoff (legajo 27483); José Víctor González (legajo 27332) y Nicolás Facundo Nixdorff (legajo 26684).
Sus subalternos inmediatos los siguieron: Ricardo Aníbal Quintana (legajo 164063); Lucas Emiliano Alincastro (legajo 164646); Pedro Ricardo Leone Andrada Gieco (legajo 165795); Eduardo Daniel Sosa (legajo 167409) y Eduardo Javier Quero (legajo 173555).
Nixdorff y Alincastro actuaron juntos a principios de este mes sobre una clínica en Merlo —la San Juan Bautista— por arrojar a la vía pública residuos patogénicos.
También el subcomisario Pedro Ricardo Lionel Andrada Gieco, a pesar del vacío en su cuenta LinkedIn, ha llevado sus saberes de licenciado en Seguridad e Higiene, y en tanto titular del Destacamento Regional de la Policía Ecológica, para disertar ante la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz sobre “Buenas Prácticas Agropecuarias y Legislación Ambiental”.
Andrada Gieco (legajo 165795) es otro de los acusados del complot, al igual que el oficial principal Ezequiel Germán Gallotti (legajo 166129), con cuenta igual de vacía en LinkedIn, a pesar de ser encargado de operaciones en la Policía local, asentado en San Miguel.
Ocho oficiales
Gonzalo Federico Verón Cuenca (CUIT 20-26251830-3) trabaja desde hace ocho años y medio en el municipio de Tres de Febrero, cuyo intendente, Diego Valenzuela, se pasó del PRO a LLA. Este teniente 1.° (legajo 154924) fue puesto como jefe de Comando y Control de las cámaras de vigilancia urbana y el desplazamiento de móviles, con 90 personas a cargo en tres turnos.
Es otro estudioso: en la Universidad de Tres de Febrero, dedicó un año y medio a la Especialización en Gestión de Tecnología e Innovación. En la Torcuato Di Tella, cursa una maestría en Políticas Públicas.
Dice en su cuenta de LinkedIn: “Estoy siempre abierto a nuevas oportunidades de colaboración y proyectos”.
Por la colaboración en un proyecto partidario, se lo sancionó junto a los oficiales principales Nadia Iris Carrizo (legajo 165929); Ezequiel German Gallotti (legajo 166129); el subinspector Emiliano Miguel Herrera (legajo 180863). También se sancionó a los ayudantes Juan Eduardo Borja (legajo 193329), Denis Enzo Flores (legajo 422560); el mayor Elvio Adán López (legajo 159048) y el teniente Gustavo Alejandro Parra (legajo 164904).
Respuesta política
Aquellos policías son investigados por su “inconducta disciplinaria”, según el expediente ISA 1050-88554/725, ya que “habrían obtenido y facilitado información de su actividad policial a terceros ajenos a la institución para ser usados con fines político-partidarios, contrariando las prohibiciones estatuidas”.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, declaró por radio: “Una denuncia anónima a Asuntos Internos daba cuenta de la confabulación de 24 policías. En ese grupo se incluía el candidato como policía retirado; utilizaban oficinas y elementos del Estado para brindarle apoyo”. Agregó que los oficiales habrían diseñado “proyectos” y “medidas” para lo que sería “un golpe al comando institucional”.
Advirtió: “Si quieren hacer política, que salgan de la fuerza y que vayan con Bondarenko a hacer política en La Matanza”.
¿Quién es?
En efecto, Maximiliano Ivan Bondarenko pidió su retiro como comisario. Su incursión política fue registrada por la prensa local. A comienzos de 2017, durante el gobierno de Cambiemos, fue coordinador del Centro de Documentación Rápida en el Cruce Varela, dependiente del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), lo que fue ilustrado por el semanario Verdad e Investigación.
Al año siguiente, ya como concejal varelense, presidió la Comisión de Seguridad del Deliberante, desde donde pidió expulsar del Concejo a Daniel Zisuela, procesado por regentear una red de prostitución con menores para satisfacer a personeros del poder regional, consignó La Colmena.
“Tampoco se lo vio más por las calles varelenses al concejal ex Cambiemos (¿actual Frente Todos?) de Juntos por el Cambio, Maximiliano Bondarenko. Atrás quedaron sus publicaciones caminando las lodosas calles, arremangado, llevando chapas y mercadería a los vecinos del fondo. Parece que cuando estaba en Cambiemos por lo menos andaba por los barrios; ahora no se lo ve más”, criticó Blanco sobre Negro, en abril de 2020.
Había roto aquel espacio para armar un bloque unipersonal. Venía de jugar en el PRO en torno al círculo de Emilio Monzó, de donde salió también Mario Molver, funcionario del ReNaPer que encabeza la nómina a concejales de LLA en Berazategui, cuya segunda nominada es la mujer de quien no puede aparecer debido a una causa por homicidio.
Para 2021, cuando terminaba su mandato, no le quedó otro espacio que la lista del panradicalismo que encabezaba Facundo Manes, con quien aspiró a la intendencia. Fue retratado por el diario Infosur haciendo stand-up en los colectivos mientras repartía barbijos durante la pandemia.
“Nunca presentó proyectos importantes”, dijeron concejales opositores al Centro Informativo local, lo que es corroborado por José Luis Calegari de la Agencia La Barriada, parte de la Red Angelelli: “La lista de Bondarenko nunca se enfrentó al poder de Pereyra / Watson”. Allí agregan que “ni bien ingresó a LLA, hizo nombrar a su mujer a un cargo de la ANSeS; dice ser de Varela, pero hace años que vive en el costoso City Bell”.
Desde febrero, como referente del operador Sebastián Pareja, encabeza a los aspirantes provinciales, con ingreso asegurado. Habla de inseguridad sin mirar atrás: quien le sigue es María Sotolano, la diputada nacional cuyo chofer salía a robar por Quilmes, como se probó aquí.
En cuanto a sus seguidores de (ex) uniforme, fue la ministra de Seguridad de la Nación quien salió a contenerlos con un posteo:
El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política.
No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a… pic.twitter.com/3DoRm8xkxF
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 24, 2025
Desde la dinámica ciudad de Quilmes, un funcionario integrante del PJ aportó otro simpático posteo:
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí