EL CONSENSUALISMO FALLIDO

 

El gobierno nacional está afrontando un momento crítico. Esta situación no tiene razones originadas centralmente en la cuestión estructural ni coyuntural de la economía, devenidas de su nivel de actividad o del precio relativo de la divisa, el tipo de cambio, pues ambas variables no se encuentran afrontando problemas de desequilibrios sustantivos. El tema del endeudamiento externo turbio y de un caudal sin precedentes heredado del gobierno de los liberales de Juntos por el Cambio, resulta un condicionamiento clave que contribuyó a la construcción de este momento crítico.

Pero lo determinante de que ese condicionamiento haya llegado a provocar el arribo a esta  situación crítica es producto de razones que tienen que ver con los siguientes enfoques conceptuales:

• El consensualismo que eligió la conducción del Poder Ejecutivo como lógica de resolución de conflictos ha sido un grave error. Como se ve más adelante en los gráficos que muestran el nivel de actividad económica y la evolución del tipo de cambio, no existen causalidades que exhiban fundamentos justificativos de las remarcaciones de precios permanentes y de la continuidad de la caída del salario real. Mientras tanto, el programa de 2019 del Frente de Todos que tenía como objetivo fundamental la recuperación de las percepciones de los sectores de ingresos fijos, que son la mayoría del pueblo, permanece pendiente. La conquista del gobierno por parte de una fuerza que se ha reclamado nacional y popular, exigía y tenía condiciones para establecer una enérgica política de ingresos para mejorar el desastre distributivo que habían desencadenado las políticas del PRO y la UCR. Además, en el último año, concluida la pandemia, se puede divisar que el nivel de actividad económica es notable y podría favorecer el cumplimiento de esas metas. Pero ese aumento del nivel de producción se hizo en el marco de la mejora general de los balances empresariales, cuyos números informan sobre beneficios notables que muestran la posibilidad de una mayor tributación progresiva por parte del gran patronato. Es inconcebible en este plano la resistencia al pago de tributos sobre la renta inesperada, asociado a los cambios de precios de los bienes exportables, que se elevaron aún más con el inicio de la guerra en Europa. Los niveles de actividad de la economía se pueden verificar en el siguiente gráfico.

La idea de no conflictividad también se desplegó en la negociación con el FMI, organismo con el cual se discutió largamente una reestructuración de deuda que fracasó y fue reemplazada por una refinanciación. Ese reemplazo se produjo cuando el país se había quedado con niveles insignificantes de reservas, debido a que había elegido el cumplimiento sin roces de todas sus obligaciones con el organismo multilateral. El FMI se había quedado como acreedor de la Argentina en un nivel cuyo cumplimiento en los plazos estipulados era materialmente imposible. La gestión del Ministro Guzmán no utilizó ninguna fricción que mostrara que el país no estaba dispuesto a arreglar a cualquier precio su deuda con el FMI. El comportamiento adoptado frente a la astuta y opaca Kristalina Georgieva fue la credulidad, respecto a que el lavado de cara que el organismo había hecho con el cambio de directora-gerenta obedecía a una nueva etapa del Fondo, en la que se comportaría más heterodoxa y comprensivamente con el país.

Finalmente, cuando los dólares se acabaron, cayeron las caretas y Georgieva volvió al discurso de la productividad de las políticas de ajuste basadas en la penuria popular. No hubo ni condonación de sobrecargos, ni consideraciones en la tasa de interés, ni tampoco extensión de plazos. Las consideraciones con relación a que se firmó un acuerdo que era el menos malo posible carecen de rigor, porque se refinanció con vencimientos imposibles de cumplir y con metas que no pasarán de ser alcanzadas en el período inicial para luego quedar sometidas a un seguro e inevitable incumplimiento en las etapas siguientes. Estas refinanciaciones llevan a otras que implicarán mayores exigencias del FMI. La “candorosa” Georgieva ya no se priva de agregar a los “sacrificios virtuosos”, la consideración de ajustes estructurales. Así van construyendo el programa de transformaciones regresivas del país.

Nada advierte ni controla el FMI respecto de admisiones en el movimiento de capitales que perjudican el fortalecimiento de la tenencia de divisas en la Argentina. Hace meses que la Comisión Nacional de Valores venía teniendo una política que favorecía el despliegue del mercado de contado con liquidación, el que permite a las empresas fugar divisas indirectamente. Durante la gestión saliente que dirigió la CNV, se habilitó la participación a nuevos tipos de operadores en ese mercado, lo que amplió en los últimos tiempos el volumen operado en este espacio financiero. El CCL registraba los precios más altos de los mercados no oficiales, por encima el MEP y del dólar ilegal, arrastrando el precio de estos últimos dos hacia arriba. Es decir que los ámbitos regulados por la CNV estaban fuera de sintonía respecto de los objetivos gubernamentales para lograr reducir la brecha cambiaria. Tuvo que suceder que ante la llegada de la ministra Batakis se le requiriera información al organismo sobre las empresas que habían operado en una jornada en el CCL, para que la conducta de la que fuera dirección de ese organismo durante los primeros cinco semestres del gobierno del Frente de Todos, en un momento de corrida cambiaria, eligiera proteger los nombres requeridos del sector privado a satisfacer la necesidad de información del sector público. Producida la modificación de la conducción de la CNV se tomaron medidas técnicas que limitaron las tenencias de CEDEARS (certificados de tenencia de títulos y valores extranjeros que cotizan en mercados externos y también en local), a la vez que se establecieron plazos que relacionan el acceso al MULC y la operación con esos certificados. En el gráfico de abajo se muestra el volumen de transacciones operadas con CEDEARS durante el período previo y el de la reciente corrida cambiaria..

 

Un precio muy alto se pagó por haber incluido en la Ley de Solidaridad, sancionada en el comienzo del gobierno del Frente de Todos, topes de autolimitación para fijar tasas de retenciones. Con el objetivo de mostrar una actitud dialoguista con los sectores exportadores de la cadena agroindustrial se incluyeron esos máximos de tasas a los derechos de exportación, cuyos niveles e instrumentación son facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. Hoy queda exhibido que los agentes del sector leyeron la actitud amistosa como de debilidad y han aprovechado la suba de los precios internacionales de los commodities que exportan para apropiarse plenamente de la renta agraria diferencial, transfiriendo al mercado local el impacto de los precios internacionales, lo que ha devenido en una mayor concentración de la propiedad y el ingreso, y en una disminución de los salarios y de los ingresos fijos reales, causado fundamentalmente por el alza de los alimentos.

La autolimitación legal de atribuciones constitucionales es introducir reglas para temas en los que el constituyente dejó en forma deliberada la decisión a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.  Esto constituyó una concesión al poder económico, adoptando un criterio opuesto al espíritu de lo que habían sido las resoluciones sobre tasas móviles de derechos de exportación relacionadas con el precio de los granos u otros productos alcanzados por esos derechos, dictadas en el primer gobierno de Cristina Fernández; y contra las que se levantaron los que pretendían apropiarse privadamente de toda la renta diferencial de las tierras con una fertilidad que es la más productiva del mundo. Aun en tiempos de guerra, desde el Ministerio de Agricultura se adoptó una actitud permanente y ostensible de desalentar cualquier suba de la tasa de esos derechos, conducta que llevó a prescindir de la herramienta más poderosa para contener la tasa de inflación, pues las retenciones tienen una efectividad inigualable para el desacople de los precios internos de los internacionales.

Existía la fallida suposición que el complejo agroindustrial se comportaría liquidando normalmente su producción si se le concedía esta política que lo ha favorecido a costa del bienestar de los sectores populares. Sin embargo, hoy cuando el BCRA está carente de un nivel de reservas para evitar inaceptables e inexplicables presiones devaluacionistas, la oligarquía de la cadena agroindustrial tiene 15.000 millones de dólares retenidos, especulando con el desenlace de una devaluación innecesaria desde el análisis económico y que provocaría un nuevo salto inflacionario con una peor distribución del ingreso. Obsérvese en el siguiente gráfico que el nivel del tipo de cambio multilateral tiene niveles que rondan su media histórica y que, por lo tanto, el gobierno tiene un margen de acción para evitar presiones inflacionarias por el lado externo, sumando a la necesaria elevación de las tasas de derechos de exportación la conservación del nivel actual del tipo de cambio.

 

 

Sin embargo, mientras el país requiere de divisas por el daño que provocó la fuga organizada por el gobierno de Macri, y financiada por el FMI, la atención del programa del organismo multilateral, de las cámaras del poder empresarial concentrado y los medios y comunicadores del establishment está puesta en la cuestión fiscal. La idea de achicar el Estado, cuyo machaque fue tan fuerte durante la dictadura terrorista y los períodos neoliberales posteriores, es el eje que ocupa el tratamiento fiscal. Bajar el gasto para disminuir el déficit es el tema excluyente de la economía del poder en el país.

Pero la centralidad que la derecha pone en esta cuestión no es una casualidad. Hoy en el país hay una acentuada lucha de clases desatada por el capital concentrado. Esa lucha de clases se enfila a debilitar el Estado, a achicarlo, a degradarlo, para abrir paso al poder ilimitado de una plutocracia privada que defina y conduzca una reconversión reprimarizadora y antipopular de la Nación. Por eso se pone tanto acento en la cuestión del déficit y su solución por el lado del gasto. El enfoque expuesto conduce a plantear que el debate sobre lo fiscal hoy no tiene su clave en la discusión entre presupuesto equilibrado o presupuesto con déficit. No es un debate keynesiano lo que se plantea. No es en el plano de la economía en el que se despliega el debate instalado. Hoy lo que se discute es cómo se financiaría el equilibrio presupuestario, con menos gastos o con más impuestos.

Menos gastos significan siempre afectar los ingresos populares, porque el gasto público agregado está destinado abrumadoramente a los sectores populares. Las reformas previsionales y la reducción de los planes sociales, o la flexibilización laboral, o la reducción de los aportes patronales, son todas reformas regresivas desde el punto de vista social: pierden los pobres. En cambio el aumento de los impuestos al patrimonio, a las ganancias, a las tierras, a las exportaciones de bienes con renta diferencial, reducen las diferencias sociales porque permiten que las empresas del gran patronato financien la mejora del nivel de vida de las mayorías populares. Los gráficos que se muestran a continuación exhiben los cambios regresivos en la distribución del ingreso de los últimos años.

 

 

 

 

 

 

Revancha clasista y resistencia popular

Lo que no se plantea a fondo por parte de los sectores dominantes de la economía es la necesidad de regular y asignar los dólares que ingresen a las importaciones necesarias para garantizar la continuidad de la actividad económica y una política de desarrollo. El discurso de sus intelectuales orgánicos, en lugar de cuestionar la retención de los bienes exportables, reclama una devaluación para estimular la supuesta decisión que dispare sus ventas. Los medios de comunicación exhiben exposiciones que bajo el manto de un supuesto “realismo” velan la conducta extorsiva de profesionales, periodistas y economistas que postulan un país más desigual. Todos ellos entienden –mejor dicho, dan a entender— que la desigualdad es el resultado de justos premios y castigos al esfuerzo, y constructora de mayores riquezas que beneficiarían al conjunto. La ilusión de que mayor desigualdad combate la pobreza es el éxtasis en el que vibra la música neoliberal de la derecha. Esa forma de pensar la realidad naturaliza como inevitables conductas como la de la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y la fuga de capitales. Frente a esta tragedia del presente esgrimen una consigna a repetición: el peso está apreciado, ¡hay que devaluar! Mostramos más arriba que esto funciona en la lógica de la pos-verdad, que pertenece a la lógica del ocultamiento de lo real.

La orientación irrenunciable de la actual gestión económica debe tener como centro la no devaluación del tipo de cambio. El acuerdo ruso-ucraniano de abrir puertos para aumentar la oferta de los commodities que produce la Argentina creará expectativas de descenso de los precios de los mismos, y sería un momento adecuado para definir una curva de aumento de retenciones que confluyendo con esa perspectiva de baja de precios promueva una liquidación rápida de los 15.000 millones de dólares existentes en productos que están a la espera de ser vendidos.

 

 

 

Despertares

Por otra parte, parecen despertar las movilizaciones populares que reclamarán la necesidad de parar los precios, subir salarios y frenar la inflación, favoreciendo que el Estado se deshaga del temor a los mercados. Se acercan los momentos de calles colmadas de masividad popular con la energía y el clamor de dignidad, respeto y cumplimiento de las demandas populares. Deberán ser tiempos en que el Estado tendrá que aprontarse a hacerse respetar por los que más tienen, mientras apura la solución de los temas sociales por los que fue elegido en el año 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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