El 3 de enero de 2026 quedará marcado como el día en que la arquitectura del derecho internacional, pacientemente construida durante más de un siglo, terminó de colapsar bajo el peso de una nueva era de intervencionismo unilateral. Durante la madrugada de este sábado, una incursión relámpago ejecutada por la Fuerza Delta estadounidense en el corazón de Caracas culminó con el secuestro y traslado forzoso del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, fuera de su territorio nacional.
El presidente Donald J. Trump, desde su residencia en Mar-a-Lago, no tardó en confirmar el éxito de la operación, calificándola como un ataque a gran escala realizado en conjunto con fuerzas del orden de los Estados Unidos. Casi de forma simultánea, la fiscal general de ese país, Pam Bondi, detalló los cargos presentados en el Distrito Sur de Nueva York, acusando a Maduro de conspiración para el narcoterrorismo y la importación de cocaína, asegurando que enfrentará “toda la ira de la justicia estadounidense".
Este suceso guarda una similitud histórica ineludible con la captura del líder panameño Manuel Noriega en 1989. Al igual que en aquel entonces, Washington utilizó acusaciones de narcotráfico para justificar el despliegue de fuerzas especiales contra un mandatario y excolaborador de la CIA que había declarado su victoria en elecciones disputadas y que enfrentaba una importante presión militar externa. En el caso panameño, la justicia estadounidense procesó al líder capturado por delitos de drogas, tras una corta invasión que superó rápidamente a las fuerzas de resistencia locales. La historia parece repetirse con el uso de tácticas de presión extrema para forzar la salida y el juzgamiento de líderes regionales bajo la jurisdicción de Washington.
Reacciones regionales
La respuesta internacional no se hizo esperar, evidenciando una profunda fractura en la percepción de la seguridad hemisférica. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó una condena categórica, calificando los bombardeos y la captura como "actos inaceptables" que representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela. Lula advirtió que estos hechos sientan un precedente extremadamente peligroso para la comunidad internacional, señalando que atacar países violando flagrantemente el derecho internacional es "el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo". Para el mandatario brasileño, esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y amenaza la preservación de la región como una zona de paz.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fundamentó su rechazo en la legalidad internacional, citando textualmente el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a los miembros a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Sheinbaum condenó enérgicamente las acciones militares unilaterales ejecutadas por las fuerzas militares de los Estados Unidos contra objetivos en territorio venezolano. En su comunicado, hizo un llamado urgente a cesar cualquier acto de agresión, reafirmando que América Latina y el Caribe es una zona de paz construida sobre el respeto mutuo y la proscripción de la fuerza. La mandataria mexicana insistió en que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver diferencias, instando a la ONU a actuar inmediatamente para desescalar las tensiones y generar condiciones para una solución pacífica y sostenible.
En contraste absoluto, el presidente y “felpudo en jefe” de los argentinos, Javier Gerardo Milei, celebró lo que denominó el "secuestro de Nicolás Maduro", calificando la intervención norteamericana como un triunfo de la libertad, alejándose así de la tradición neutralista y pacifista histórica de la República Argentina.
El ocaso del orden basado en reglas
La intervención en Venezuela se inscribe en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN 2025) del gobierno de Trump, que incluye su corolario homónimo a la Doctrina Monroe. A 200 años de la doctrina original, este corolario busca afianzar una preeminencia incontestada de los Estados Unidos en las Américas, asegurando que el continente permanezca libre de la influencia de competidores estratégicos.
Asistimos, así, al eclipse definitivo del orden internacional basado en reglas. La decisión de recurrir a la fuerza militar sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU —siguiendo, en el caso de los Estados Unidos, hitos previos como las intervenciones en Kosovo (1999) e Irak (2003)— demuestra que los actores poderosos han dejado de sentir que deben pagar un precio por la arbitrariedad en el derecho internacional. Lo más relevante de este ataque es que la administración estadounidense carece de todo fundamento legal, actuando bajo una práctica decididamente imperial que trata a la región como un perímetro de defensa innegociable.
El petróleo como objetivo y la falacia de la irrelevancia
Sin embargo, la agresión perpetrada no responde únicamente a una retórica de seguridad, sino a un objetivo material concreto: apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, específicamente de su petróleo y minerales. Este interés desmiente categóricamente la tesis de la "irrelevancia de América del Sur" que a menudo se promueve para persuadir a la región de su propia impotencia y facilitar su dominación.
La región no es un espacio marginal, sino que es un baluarte de recursos cuya estabilidad es indispensable para que los Estados Unidos sostengan su competencia global. La atención persistente de Washington hacia el sur, desde la Doctrina Monroe de 1823 hasta la actualidad, no es fruto del azar, sino del reconocimiento de que América Latina posee una importancia estratégica vital para sus intereses de poder. La narrativa de la irrelevancia funciona, entonces, como una herramienta de dominación para asegurar el flujo ininterrumpido de bienes comunes sin tener que negociar por ellos con soberanías fuertes.
La excusa del narcoterrorismo
Para ejecutar este ataque evitando los controles constitucionales que exigen la aprobación del Congreso para una declaración de guerra, la administración Trump aplicó una clara estratagema legal: acusar a Maduro de ser el jefe del "Cártel de los Soles". Al presentar la invasión no como un acto de guerra contra un Estado soberano, sino como una operación de lucha contra el narcotráfico, la Casa Blanca eludió la necesidad de respaldo legislativo.
Sin embargo, los datos técnicos contradicen abiertamente esta excusa. Investigaciones del New York Times, basadas en cifras de la propia DEA y de las Naciones Unidas, demuestran que Venezuela está fuera del "narcomapa" principal de los Estados Unidos. Según la cartografía de flujos de estupefacientes, el 74% de la cocaína que llega a los Estados Unidos se transporta por la ruta del Pacífico, mientras que solo el 8% lo hace a través del Caribe. Venezuela no figura como un país de relevancia en la producción o el tránsito de drogas ilícitas.
Incluso la crisis del fentanilo, que causa decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos, no tiene vinculación alguna con Venezuela. Los informes oficiales establecen que la producción ilícita de fentanilo proviene de laboratorios en México con precursores asiáticos, transportándose mayoritariamente por tierra hacia la frontera norte. Por lo tanto, el uso del argumento del narcoterrorismo para disparar misiles en el Caribe y secuestrar a un presidente carece de basamentos y funciona meramente como un pretexto geopolítico para erosionar la soberanía venezolana.
Esta selectividad política queda al descubierto con la contradicción flagrante del indulto presidencial otorgado por Trump hace exactamente un mes a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Hernández fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por liderar un "narcoestado" y facilitar el contrabando de 500 toneladas de cocaína, jactándose de meter la droga "en las narices de los gringos". El indulto a quien fue condenado por narcotráfico y ahora es considerado un aliado estratégico, mientras se invade Venezuela bajo el mismo pretexto, demuestra que la misión antinarcóticos de Washington es puramente selectiva y motivada por fines políticos de cambio de régimen.
Memoria histórica: la coincidencia con Malvinas
La fecha elegida para esta agresión, el 3 de enero, está cargada de un simbolismo doloroso para la región. Coincide exactamente con el aniversario de la ocupación militar británica de las Islas Malvinas en 1833, un acto de fuerza que expulsó a las autoridades argentinas y a su población, marcando el inicio de una posesión colonial que persiste hasta hoy. Se trata del imperialismo de las grandes potencias que se manifiesta con la misma brutalidad contra la independencia y la integridad territorial de los Estados medianos y pequeños.
El historial de intervenciones estadounidenses en el Cono Sur se remonta a un par de años antes de la ocupación británica de Malvinas. Ya en 1831, la corbeta estadounidense USS Lexington atacó y destruyó el asentamiento argentino en Puerto Soledad, en las Malvinas. Aquel ataque de 1831 allanó el camino para la posterior usurpación británica. La actual agresión militar contra Venezuela, exactamente 193 años más tarde de la usurpación británica de nuestras islas, se suma a esta larga cronología de atropellos a la soberanía sudamericana.
Nada justifica un "Estado matón"
Es necesario señalar, como sugiere Pablo Stefanoni, que el régimen venezolano ha atravesado un proceso de descomposición interna, combinando ineficacia con autoritarismo y perdiendo su legitimidad electoral tras los últimos comicios. Frente a las penurias y la represión, es incluso comprensible —como reconoce el analista— el deseo de cambio de muchos venezolanos. Sin embargo, este escenario no justifica bajo ninguna circunstancia el secuestro de un mandatario ni ataques militares unilaterales.
Estados Unidos está actuando como un "Estado matón", sostenido únicamente en su superioridad militar, lo que nos retrotrae a un mundo del siglo XIX manejado al antojo de las grandes potencias sin siquiera la hipocresía de los discursos sobre derechos humanos o democracia que se utilizaban en décadas pasadas. Lo que vemos hoy es un imperialismo desembozado que sabotea las instituciones de gobernanza global para imponer su voluntad por la fuerza.
América del Sur como Zona de Paz
Frente a la arbitrariedad internacional, resulta imperativo defender la identidad de América del Sur como una Zona de Paz. Esta condición no es fortuita, sino el resultado de una histórica tradición de resolución pacífica de controversias y de apego al derecho internacional. El sistema de defensa argentino, por ejemplo, tal como sostiene la vigente Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN 2021), se fundamenta en el concepto de legítima defensa (Art. 51 de la Carta de la ONU) y rechaza cualquier empleo unilateral de la fuerza destinado a provocar cambios de gobierno.
La tradición diplomática sudamericana cuenta, asimismo, con pilares jurídicos esenciales para resistir estas presiones. Entre ellos, cabe recordar las doctrinas Calvo y Drago (de origen argentino), que fijaron la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención, deslegitimando la acción militar unilateral.
Para navegar en este contexto de inestabilidad, es crucial en el futuro recuperar instancias de coordinación regional como lo fue en su momento el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la UNASUR. El CDS fue diseñado para favorecer el diálogo, generar medidas de confianza mutua y permitir que los propios actores regionales definieran sus preocupaciones de defensa de manera coordinada y soberana, evitando que los espacios fueran cubiertos por las instancias hemisféricas comandadas por Washington.
En definitiva, los gobiernos de América del Sur deberían rechazar la autopercepción de irrelevancia que lleva a una "pedagogía de la impotencia" y reafirmar la capacidad para proteger sus recursos y su futuro común. Solo mediante la indispensable recreación de mecanismos regionales de resolución de disputas se podrá evitar que la región vuelva a ser el campo de juego de ambiciones imperiales que desprecian la paz y el derecho. De lo contrario, intervenciones militares como la de ayer continuarán repitiéndose indefinidamente a lo largo de la historia.
Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
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