El gobierno trata de mantener a una parte de la población en un corralito de ilusiones: es la gente que debería votarlos a ellos en octubre.
Tienen que fidelizarlos hasta las elecciones para lograr una eventual mejora en la representación parlamentaria de La Libertad Avanza y presentarla como un aval popular masivo y multitudinario, cuasi plebiscitario, a las nuevas reformas pro empresarias que planean realizar.
El corralito de los votantes mileístas tiene dos componentes fundamentales.
Por un lado, las ficciones ideológicas que vienen sembrando Milei y sus amigos desde hace unos años sobre los milagros de la economía “libre”, las ventajas del ajuste y la motosierra, las cataratas de inversiones que se aproximan, para lo cual “hay que darle tiempo” al gobierno para que fructifiquen los sacrificios que “todos realizamos”.
Por otro lado, están los “logros” económicos que el gobierno presentará como credenciales para reclamar la victoria. Entre estos últimos, la estabilidad de precios y el libre acceso al dólar para la gente común ocuparán un lugar destacado. El dólar accesible “sin límites” viene asociado a las compras de bienes y servicios importados, que gracias a la política cambiaria oficial están entrando más baratos que los producidos localmente.
Ambos argumentos electorales requieren que se sostenga el dólar quieto.
El dólar quieto es la variable central del esquema económico-electoral mileísta, y en torno a él se observarán los próximos cimbronazos económicos.
Algunas encuestas, que buscan captar fenómenos menos epidérmicos que las simpatías electorales, empiezan a reflejar que la preocupación por el aumento de los precios está cediendo lugar en las prioridades de la población al tema de los muy bajos ingresos y de las crecientes amenazas de desempleo.
No falta tanto tiempo para octubre, pero los desequilibrios acumulados por la gestión mileísta en la economía, la sociedad y la política no permiten augurios optimistas para la salud del proyecto neocolonial.
Lo que muestra el voto en el Congreso
El equilibrio fiscal, pieza clave de la retórica mileísta, está en entredicho.
A pesar de que no hay un discurso opositor claro que ayude a la comprensión colectiva, hay ciertos excesos de salvajismo oficial que la sociedad, en democracia, no está tolerando: la destrucción del Garrahan como símbolo máximo de malignidad ajustadora; la desprotección de las personas con discapacidad; el hambreamiento de los adultos mayores; la falta de ayuda a una ciudad arrasada como Bahía Blanca.
Es evidente que hay un choque de intereses materiales entre sectores sociales enfrentados que no está explicitado. Para el gobierno, esta disputa distributiva es un juego de suma cero: sólo sacándole a los sectores sociales subordinados se puede construir un equilibrio fiscal que contemple transferirles todos los fondos que sean necesarios a los sectores de más altos ingresos, del país y del exterior.
Milei, previsiblemente, ya declaró ante empresarios, como corresponde, que va a continuar como sea con el ajuste. Esto lleva a otro punto de fricción político: empieza a crecer una contradicción entre la continuidad de la legalidad y de los mínimos resortes democráticos (por ejemplo, el funcionamiento del Congreso o la aplicación de las leyes sancionadas legalmente) y las necesidades del ajuste salvaje y antisocial que se está ejecutando.
Por otra parte, se agrieta el bloque político que ha hecho de soporte a las políticas mileístas en este año y medio. Los que le votaron todo, los que concedieron el cheque en blanco para que avanzara con el programa maximalista de las corporaciones y permitieron que se perpetraran hasta hace unos días un conjunto de desmanes institucionales insólitos (como la destrucción del INTI, del INTA, de Vialidad Nacional, del Instituto Nacional del Cáncer o el desfinanciamiento de ARSAT), empiezan a no acompañar al gobierno y a poner algún reparo a la depredación.
El fanatismo en la defensa a rajatabla del equilibrio fiscal oculta algo que debería ser permanentemente resaltado por la oposición: incluso si se aceptara por un momento que “el equilibrio fiscal es fundamental”, ese supuesto logro está actualmente basado en la degradación económica y social del 60% de la población.
También debería decirse, explicar, convencer, que igual o un mejor resultado de equilibrio fiscal se podría lograr con una combinación de mejora en la capacidad recaudatoria del Estado y la aplicación de alícuotas impositivas más elevadas a los sectores de altos y altísimos ingresos.
La votación opositora en el Congreso ha generado lo previsible: caída de las acciones en la bolsa porteña y suba marginal del dólar, que ya acumula un incremento que parece estable, con lo que hay que esperar las consabidas remarcaciones que afectarán al bolsillo popular o el incremento del ingreso de productos importados con una mayor sangría de dólares.
El aumento de la inflación erosiona el corralito de los creyentes en Milei. El aumento de las importaciones socava la confianza de los mercados en la viabilidad de este proyecto.
Malos vientos desde la derecha
A pesar de que el gobierno, por sus prácticas criminales en materia de salud pública, de destrucción de funciones vitales del Estado, de hambreamiento de sectores sociales débiles y de promoción de discursos de odio y violencia, merecería ser combatido con mucha más contundencia por los sectores populares y democráticos, lo cierto es que en las últimas semanas empezaron a ser sus propios mentores, aliados y socios políticos los que han empezado a socavar su legitimidad y credibilidad.
No fue sino el J.P. Morgan, una muy influyente empresa financiera, la que recomendó hace pocas semanas retirarse de la plaza argentina debido a las dudas que el rumbo incierto del programa económico les generaba a sus evaluadores de riesgo. Lo estaba señalando en relación con el plan del tándem Milei-Caputo, quintaesencia del amor y la subordinación al capital financiero internacional. ¿Quién se estaba equivocando?
En un artículo que publicó Sergio Berensztein en La Nación el día viernes 11 de julio, con el sugestivo título de “Ante un nuevo régimen económico que adolece de consenso político”, el autor —que asume una mirada de defensa de lo que se está haciendo, pero toma nota de las debilidades políticas del proyecto económico— cita las opiniones de potenciales inversores del exterior y sus demandas en relación con nuestro país.
Es interesante detenerse en esas miradas, no porque reflejen una verdad profunda que los argentinos debemos aprender, sino por todo lo contrario: nos dan información sobre lo inconsistentes e ideologizados que son los que encarnan a los supuestos “inversores internacionales”.
Relata Berensztein: “Wells Fargo [un banco que además brinda otros servicios financieros] acaba de enfatizar los riesgos políticos y la caída del optimismo respecto de la situación económica [en la Argentina]. Algo similar se verifica en el reporte del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), el prestigioso think tank basado en Washington D.C., elaborado luego de una reciente visita al país: alaba lo ambicioso del programa económico y los logros alcanzados, pero reclama más consenso, una aceleración en la implementación de las reformas estructurales y acumulación de reservas”. Y más adelante, citando al mismo IIF: “Falta de todo: despejar los enormes interrogantes que la estrategia de estabilización genera, en particular en el plano cambiario, y esperar que la recuperación de la economía sea más generalizada, incluyendo el consumo masivo”.
Estos párrafos pueden ser considerados una síntesis de la incoherencia, insensibilidad e incomprensión del capital financiero sobre la realidad argentina.
No cesan de aplaudir un programa de empobrecimiento y desmantelamiento de los mejores logros de la Argentina (salud, ciencia y tecnología, cultura), un programa que agrede económicamente a la población y la sume en la mayor incertidumbre.
Eso y no otra cosa aplauden al unísono los “inversores internacionales” y lo que es mucho peor, también aplaude y vitorea toda la derecha local (grandes empresarios, economistas, partidos “moderados”, medios masivos, formadores de opinión). Derecha que no cesa de demostrar que no le interesa ni le preocupa el bienestar de la población argentina, ni el destino del país.
Pero después de aplaudir “lo ambicioso del programa”, los del tanque de pensamiento ¡reclaman más consenso! Aquí podemos inferir que consenso no guarda relación alguna con bienestar popular. El consenso en este mundo de la gobernanza neoliberal consiste en los enjuagues necesarios entre la cofradía política, independientemente de lo que le ocurra a la población. La idea subyacente es: si el Congreso aprueba las leyes, aunque sean un desastre para la población, son legítimas y no hay ningún problema, porque quien se resiste al cumplimiento de esas leyes emitidas por un Parlamento “democrático” puede ser legítimamente reprimido por el poder estatal. Por eso enfatizan tanto en el tema del “consenso” entre políticos, exclusivamente. Ese es el consenso parlamentario que hubo hasta ahora y que posibilitó la labor de destrucción mileísta.
Claro que eso introduce una tensión notable entre lo que le va pasando a los votantes con el ajuste despiadado y lo que hacen y dicen sus “representantes” para seguir convalidando el ajuste a favor del capital. Probablemente algo de esto sea el trasfondo del mal clima entre los gobernadores provinciales y el Poder Ejecutivo, que llenó de niebla la celebración de otro aniversario de la Independencia Nacional. Los gobernadores de todo signo político ven que los están mandando al despeñadero político, en aras de un ajuste hecho para beneficiar al gran capital. Muchos no tienen ningún problema ideológico con eso, pero sí se preocupan de su propia supervivencia política. Quisieran, simplemente, que los dejen sobrevivir en la semicolonia.
“La aceleración de las reformas estructurales” que reclaman los financistas, vale la pena reiterarlo, consiste en más negocios para el capital: a) que les transfieran las jubilaciones a las entidades financieras privadas; b) que se minimicen los costos salariales y derechos laborales de los trabajadores, y c) que le bajen los impuestos al gran capital.
Esas son las pomposamente llamadas “reformas estructurales” que no tienen nada que ver con dinamizar la economía, sino con incrementar las ganancias corporativas. De tanto repetir estos mantras, hay gente que cree que, si finalmente se aprueban esas reformas, se destrabarán las inversiones que traerán crecimiento económico y progreso a nuestro país. Creen que no hay ningún problema en cómo funciona el capitalismo argentino, sino con la “clase política” que estaría trabando las benditas “reformas”. Esto ya se discutió y se instaló de la misma forma con De la Rúa. Es pura puja distributiva barnizada de anti-política.
También los inversores reclaman “acumulación de reservas”: piden que el gobierno junte divisas para ir pagando los grandes compromisos que se vienen en los próximos años, y que muestre una situación más solvente para que nuevos prestamistas se atrevan a prestarle al país. Como se comprende, nada de esto tiene que ver con un país que crezca, sino con un país que sea una máquina eficiente de pagar intereses al capital financiero.
Pero probablemente lo más incoherente de todo, lo que revela una ignorancia severa de las cabezas financieras, es este párrafo: “Despejar los enormes interrogantes que la estrategia de estabilización genera, en particular en el plano cambiario, y esperar que la recuperación de la economía sea más generalizada, incluyendo el consumo masivo”.
Traduzcamos. Los “enormes interrogantes” son: ¿cuánto tiempo dura este tipo de cambio irreal que está generando una sangría de dólares de la economía sin contrapartida alguna? Y el plano cambiario es “cuándo y cuánto devaluarán”.
Sabemos perfectamente el mazazo que es una devaluación para el bolsillo popular (que los “inversores” están pidiendo). Pero al mismo tiempo, ellos mismos esperan una recuperación “más generalizada” (conscientes de que el crecimiento económico actual es débil y acotado). Aspiran a que se recupere el consumo masivo, cuando acaban de apoyar un ajuste desastroso y reclaman que se salga de la incertidumbre cambiaria con una devaluación que profundizará el derrumbe del salario.
Quisieran que la gente festeje y vote el ajuste, el plan de negocios corporativo que le continuará arruinando la vida. Les parece lo más lógico.
El proceso de colonización material y cultural de nuestro país ha hecho que estemos en manos de gente ignorante, que cree saber o entender algo sobre la Argentina.
Más interesante es la evaluación que realiza el propio Berensztein: “En el Congreso, LLA no podrá, ni con una muy buena elección en octubre, aprobar leyes como las de reforma impositiva, laboral o previsional sin apoyo de otros bloques”. Esto sí es cierto, y constituye la descripción de cómo funcionó el sistema partidario hasta ahora: una minoría de derecha extremista, es apoyada por una fracción parlamentaria bastante más importante, supuestamente más moderada, en la ejecución de un plan antinacional radicalizado.
Así llegamos a julio de 2025.
Pero las aguas de la derecha se están enturbiando.
Si no, no puede explicarse la difusión pública y el trabajo del Poder Judicial en el episodio de las diez valijas que introdujo el 26 de febrero Laura Arrieta en Aeroparque, en un vuelo del avión perteneciente al empresario Leonardo Scatturice, del cual se desconoce la procedencia concreta. En Aeroparque se recibió la orden “de arriba” de no revisar el contenido de lo que llegó del norte.
Tanto Arrieta como Scatturice tienen vínculos diversos y opacos con el gobierno, pero esto no es una situación novedosa. Este es un gobierno plagado de opacidades más que preocupantes que no merecen ninguna atención del establishment local y sus medios. Por ejemplo, las relaciones probadas de Espert, candidato derechista en la provincia de Buenos Aires, con un importante narcotraficante. Nadie, en el espectro liberal-republicano-moderado y decente, se enteró de Espert ni le preocupa, ni le incomoda. Como tampoco importa el origen de los 72 departamentos comprobados de Ritondo. No se enteraron, no hay nada para comentar, no hay ningún escándalo ético para hacer.
Entonces, ¿qué pasa con las valijas de Arrieta-Scatturice?
¿Cómo se enteró Carlos Pagni, quien fue el primero hace unos meses en revelar el episodio? ¿Por qué lo está investigando el Poder Judicial, habitualmente sintonizado con el poder real, y especializado en dormir o diluir causas “inconvenientes” sin ningún problema? ¿Y por qué Clarín y La Nación, esta semana, le dieron a dúo su principal título de tapa a este episodio, que no puede sino ensuciar al gobierno, generar sospechas de corrupción a alto nivel y aportar a una imagen de falta de ética y desapego a la legalidad a nivel internacional?
El enrarecido clima actual requiere de mayor comprensión política por parte de los sectores populares, por la capacidad que tiene el aparato comunicacional del establishment para crear falsas opciones o atribuir culpas a quienes no las tienen.
También se necesita imperiosamente un grado de organización política más grande, que no se limite a los preparativos electorales. Un triunfo popular en octubre sería un gran golpe a la sostenibilidad mileísta, pero no alcanza para afirmar una propuesta alternativa.
Para eso hay que construir desde ahora la sostenibilidad política de un proyecto popular.
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